Pymes se rebelan: ley daños emocionales
En la sala de reuniones del Ministerio, mientras los relojes del tiempo de la política marcaron 20 meses de negociaciones, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, se preparó para lanzar la nueva edición de la prevención de riesgos laborales. La propuesta, que se espera apruebe en primera lectura y pase luego al Congreso, pretende convertir la lista de la compra de las pymes en un catálogo de "daños emocionales" y relaciones interpersonales, conceptos que, según los representantes de Cepyme y CEOE, son tan indeterminados como la distancia entre la Tierra y la Luna. La ley, que reemplazaría la norma de 1995, exige a los dueños de empresas con entre 10 y 25 trabajadores que adopten un servicio de prevención propio y que evalúen riesgos graves por fenómenos meteorológicos, algo que, en la práctica, significa que la oficina de la pyme debe llevar un tablero de alerta como si fuera una central de tráfico. El aumento de burocracia se traduce en un gasto adicional que las microempresas, que ya están entre la chatarra y la innovación, no pueden absorber. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, aplaude las subvenciones públicas a la prevención, pero advierte que la nueva ley no ajusta sus requerimientos a la escala de las pymes, convirtiéndolas en una especie de cárcel de papel. La petición de los delegados de prevención de la zona indica que, para una empresa de 8 empleados, la figura se vuelve un peso de más, y su sustitución por delegados territoriales parece un truco barato. El representante de las empresas de empleo temporal señala que la ley cambió de fase a fase, como si la reforma fuera un juego de ajedrez sin tablero. Al final, la propuesta de Díaz no solo vuelve a la ley al siglo pasado con un nombre moderno; también convierte el trabajo diario en una contabilidad de emociones que nadie entiende y un coste que nadie paga. Pymes, que antes podían contar con una política de prevención clara, ahora tienen que leer un manuscrito legal que parece escrito en otro idioma, y la realidad es que la nueva legislación, lejos de proteger a los trabajadores, los pone en la cuerda floja de una normativa que apenas se ve.
Mario Herrera