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Hay quien juega al Monopoly con el dinero público, pero Donald Trump ha decidido jugar al 'SimCity' con la democracia estadounidense. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático porque no le da el cambio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha estado operando en la sombra con un plan que parece sacado de una película de espías de bajo presupuesto: comprar una máquina de votación para aprender a hackearla. Sí, así de sofisticado es el plan de gestión. Según una investigación de ProPublica, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) recibió la orden directa de adquirir un equipo electoral y reportar sus grietas de seguridad a la Casa Blanca. Dos exfuncionarios, que ahora hablan desde el anonimato para evitar que los pongan en una lista negra, sugieren que la intención no era mejorar el sistema, sino tener un 'as bajo la manga' para invalidar cualquier resultado que no encajara en la narrativa oficial. Es la ingeniería financiera aplicada al voto: si no ganas, rompes la máquina. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien puede reírse con 174 millones de votantes en juego— es que el plan chocó con la propia eficiencia del gobierno. El escuadrón DOGE de Elon Musk, en su cruzada por recortar gastos como quien recorta el presupuesto de detergente en casa, despidió precisamente a los agentes de CISA que sabían cómo entrar en esas máquinas. El resultado fue un círculo de incompetencia donde los subordinados tuvieron que explicarle a la Casa Blanca que, básicamente, habían despedido al cerebro de la operación. Ryan Macias, consultor de CISA, lo resume con una claridad lapidaria: entre 2025 y septiembre de 2026, los expertos que deberían proteger las elecciones fueron 'literalmente inexistentes'. Se han cargado años de confianza con los estados y proveedores en un abrir y cerrar de ojos, priorizando el capricho del jefe sobre la estabilidad del sistema.
Hay quien confunde la gestión de un país con la producción de un reality show de prime time. Pete Hegseth, el Secretario de Defensa que parece haber saltado del set de televisión al Pentágono sin pasar por el filtro de la decencia, decidió que la ejecución de Nidal Hasan debía ser un evento 'multimedia'. La idea era sencilla: transmitir en vivo cómo un pelotón de fusilamiento acaba con el psiquiatra del ejército que asesinó a 13 personas en Fort Hood en 2009. Un espectáculo digno de una feria medieval, pero con fibra óptica. El plan era romper récords históricos. No veíamos un fusilamiento militar desde noviembre de 1945, ni una ejecución pública desde 1936. Pero claro, el cálculo político es como una cuenta bancaria en números rojos: no aguanta más desplantes. Donald Trump, que ya había firmado la sentencia, se dio cuenta de que convertir la muerte en un 'stream' no era precisamente el mejor marketing para las elecciones intermedias. El giro de guion llegó el jueves vía Truth Social. Trump, en uno de sus habituales monólogos digitales, admitió que, aunque el morbo sirve como 'disuasorio', hay gente 'buena' que prefiere no ver a alguien morir por pantalla. Un detalle conmovedor, considerando que mantuvo la puerta abierta para que las víctimas presencien el acto porque 'merecen presenciar la JUSTICIA'. La realidad es que el sentido común ganó por goleada cuando los datos de Ipsos aterrizaron en el Despacho Oval: 8 de cada 10 estadounidenses rechazaban el streaming. Ni siquiera el núcleo duro del MAGA se tragó el pastel; el 64% de los republicanos dijo que no. Al final, el espectáculo se canceló no por humanidad, sino porque el rating social estaba en el subsuelo.
Montar una agencia para investigar tragedias es muy noble en el papel, pero en la práctica la AITAT parece más un grupo de WhatsApp mal gestionado que una autoridad técnica. Apenas tres meses después de nacer, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ya tiene las costuras reventadas. Mientras los investigadores están en un limbo administrativo, sin presupuesto ni medios básicos —algo así como intentar cocinar un banquete sin gas y con la nevera vacía—, el presidente y algunos consejeros disfrutan de desplazamientos costosos a Madrid porque no han querido cambiar su residencia. Es la clásica ingeniería del gasto público: hambre para el que trabaja y banquete para el que firma. La UGT ha soltado la bomba: ni un solo informe aprobado y las recomendaciones sobre el accidente de Adamuz flotan en el aire, deliberadamente. Mientras tanto, la Abogacía del Estado pide dinero por cada consulta, como si fuera un abogado de barrio cobrando por minuto. El reparto de puestos en el Portal de Transparencia es un delirio de plazas duplicadas y suprimidas que ni el propio presidente, Gonzalo Guillén, parece conocer. Detrás de este decorado, el sindicato apunta a Belén Villar, directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, como la arquitecta de este 'proyecto personal'. Según UGT, el caso Koldo y las prisas post-Adamuz desplazaron a Villar de la presidencia, dejando el sillón a Guillén, amigo personal de Benito Núñez, secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo. El proceso de selección fue un espectáculo de plazos extendidos y dimisiones sospechosas. Para rematar la faena, Guillén canceló la reunión del 30 de septiembre donde se debatió la detección de roturas de carril. En resumen: una agencia 'independiente' que depende del Ministerio para respirar, pero es muy autónoma a la hora de gastar.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente y mira el ticket del supermercado como quien mira una película de terror, el Gobierno ha decidido que el presupuesto tiene un exceso de oxígeno. Con las Cortes disueltas y el país en modo pausa hasta el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprovechado el silencio para jugar al Monopoly con dinero real. El plato fuerte es un 'sablazo' de 20.000.000 de dólares destinados al Emerging Asia Sustainable Infrastructure Fund SCSp. Sí, han leído bien: millones de dólares para montar infraestructuras sostenibles en Filipinas, financiados a través del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES). Es una generosidad conmovedora, especialmente cuando se piensa en los baches de nuestras carreteras. Pero el festín no termina en Asia. El Ejecutivo ha soltado otras contribuciones voluntarias por 24.435.000 euros. Entre los invitados a comer están el PNUD, el EFI, ONU-Habitat, el PMA y la OCHA, que se reparten 10.495.000 euros. El resto del pastel se divide entre la Unesco, la SEGIB, el CAF, CARICOM, UNFPA, la OCDE, Unicef y la UNRWA. Sobre esta última, el detalle es exquisito: el Gobierno sigue soltando fondos a una agencia donde la propia ONU admitió que nueve empleados participaron en los atentados del 7 de octubre contra Israel. Si esto parece un despliegue de altruismo, recordemos que el 13 de octubre ya se habían 'despachado' unos 180 millones. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial se llevó 50 millones, la Asociación Internacional de Fomento del Grupo Banco Mundial 80 millones y la Iniciativa de Condonación de la Deuda Multilateral (MDRI) del FAfD otros 51.294.540 euros. Todo muy sostenible, todo muy humanitario, y convenientemente alineado con las aspiraciones de Yolanda Díaz y Luis Planas en la OIT y la FAO. Una ingeniería financiera brillante para dejar huella fuera, mientras aquí seguimos contando los céntimos.
Hay una coreografía que el presidente Pedro Sánchez domina mejor que el manual de protocolo: el aterrizaje de emergencia con promesa adjunta. Este martes, el jefe del Ejecutivo aterrizó en Oliva para supervisar el Puesto de Mando Avanzado tras la dana Adam, un temporal que ha dejado cuatro víctimas mortales y miles de desalojados en La Safor y La Marina Alta. Lo hizo acompañado de Juanfran Pérez Llorca, aunque el verdadero comité de bienvenida fueron los abucheos de los vecinos, que tienen la memoria más fresca que el barro que aún cubre sus calles. Como es costumbre en estos guiones, Sánchez activó el modo 'salvador': anunció que el Consejo de Ministros declarará la zona afectada gravemente y prometió movilizar recursos económicos. Es la misma canción que escuchamos el 29 de octubre de 2024 o durante la erupción del volcán de La Palma; promesas que, para muchos, se han quedado en un 'cheque sin fondos' mientras la reconstrucción real sigue siendo un espejismo. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo sube el precio del aceite, estas 'movilizaciones inmediatas' suenan a ruido blanco. Cuando el ambiente se puso tenso, el presidente aplicó la maniobra clásica: trasladar la culpa al cielo. Habló de 'emergencia climática' y pidió un 'gran acuerdo de país', usando la metáfora del elefante en la habitación para señalar a quienes no compran su ecologismo. Mientras tanto, el PP y Vox, con Nando Pastor y José María Llanos a la cabeza, diseccionaron la logística del viaje. Según ellos, Sánchez no fue a pisar barro, sino que hizo un 'transbordo blindado': del Falcon al helicóptero, evitando el contacto humano como quien evita una multa de tráfico. Una visita encapsulada en seguridad donde el único contacto real fue el sonido de los silbatos.
Hay que tener un valor extraordinario para intentar vender el 'amor' cuando la realidad huele a juzgado y a purga interna. En Valladolid, la cúpula del sanchismo montó un espectáculo que haría palidecer a cualquier guía espiritual de aeropuerto. Pedro Sánchez, escoltado por sus fieles, intentó resetear su imagen —esa que quedó congelada en un gesto de asco viral y en el besamanos estratégico a Begoña Gómez— usando el sentimiento como escudo contra las investigaciones judiciales. Óscar Puente, el ministro de Transportes, decidió que el PSOE ya no es un partido político, sino una secta sentimental. Proclamó que son el «partido del amor», elevando el romance de Moncloa a dogma de Estado. Básicamente, nos dice que si no te gusta su gestión, es porque no sabes querer. Por su parte, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, se puso mística y simplificó la democracia a nivel de juego de billar: votar al PSOE es elegir la «bola blanca» (la paz), mientras que el PP y Vox son la «bola negra» (el odio). Una dicotomía tan profunda como un charco en agosto. Para distraer del ruido, Sánchez soltó la promesa estrella: subir el SMI «todos los años» que aguante en la silla. Un caramelo electoral clásico mientras, en el patio trasero, la casa se cae a trozos. Mientras gritaban 'viva el amor', en Palencia la militancia decía 'vete tú'. La renuncia en bloque de toda la candidatura al Congreso en esa provincia es el mejor termómetro de la realidad: el amor de Ferraz es, en realidad, una imposición a mano alzada que ningunea a los suyos. El 29 de noviembre sabremos si el electorado compra este esoterismo político o si prefiere una gestión que no necesite amuletos ni bolas blancas para sostenerse.
Hay una coreografía política que ya conocemos: elegir la víctima que mejor quede en el feed de X. Mónica García, nuestra ministra de Sanidad desde noviembre de 2023, ha decidido jugar a los rescatistas en Ceuta. Con la pluma cargada de indignación, ha denunciado que 'una veintena de migrantes' fueron agredidos por militares. Un gesto noble, sí, pero que tiene el tamaño de un parche mal puesto sobre una herida abierta. Mientras la ministra se pone la medalla de defensora de las minorías, en los pasillos del Hospital Universitario de Ceuta el ambiente es otro. Allí, el 'reconocimiento a la labor sanitaria' que ella menciona suena a broma de mal gusto, a esas palmadas en la espalda que no pagan el alquiler ni curan las heridas. La realidad es que, mientras Mónica mira hacia el horizonte ideológico, un celador acabó ingresado de urgencia el pasado viernes. ¿El motivo? Un paciente marroquí con sospecha de meningitis decidió que el brazo del trabajador era un snack. Un mordisco que no solo dejó marca en la piel, sino que obligó al sanitario a jugar a la ruleta rusa con la evolución de una enfermedad cerebral. No es un caso aislado; es la norma. A finales de septiembre, el sindicato CSIF ya gritaba que las amenazas de muerte y las emboscadas a la salida del turno son el pan de cada día. Es la paradoja del sillón ministerial: defender la ley para unos mientras se ignora que el personal de salud es, por ley, autoridad sanitaria. Para la ministra, las agresiones a sanitarios parecen ser 'gajes del oficio', aunque el CSIF insista en que recibir un mordisco o una amenaza de ajuste de cuentas no entra en la descripción del puesto de trabajo. Mucha retórica para la foto, pero muy poco algodón para quien cura.
El Gobierno ha descubierto que el calendario electoral es el mejor motor de eficiencia administrativa. A pocos pasos del 29-N, el Ejecutivo ha decidido jugar al Tetris con las aulas, pero solo con las piezas que no requieren pasar por el Congreso. Es la clásica maniobra de 'maquillaje de última hora': mientras que bajar las ratios en Primaria (de 25 a 22) o en la ESO (de 30 a 25) es un camino lleno de espinas y leyes suspendidas, los decretos rápidos son como comprar el pan; se hacen sin complicaciones. Milagros Tolón, al mando del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, lidera esta estrategia de 'recortes selectivos'. Para los más pequeños, la receta es clara: cuatro bebés por aula para menores de un año, seis para los de uno a dos y ocho para los de dos a tres. En el ciclo de 3 a 6 años, el tope sería de 20 alumnos. Suena idílico, pero la letra pequeña es un ejercicio de paciencia infinita: la implantación total se espera para el curso 2029-2030. Básicamente, nos prometen el paraíso educativo para cuando los niños de hoy ya estén pensando en la universidad. En Bachillerato, el plan es bajar de 35 a 30 alumnos, y en la FP de Grado Básico, de 20 a 15. Pero ojo, que esto también es un viaje largo hacia el 2029. Mientras tanto, Primaria y Secundaria se quedan en el limbo, manteniendo los 30 alumnos por clase en la ESO. Es una ingeniería financiera del tiempo: regalar promesas hoy para cobrar los votos mañana, sabiendo que el esfuerzo real se diluye en un horizonte de cinco años. Una jugada maestra donde lo 'complicado' se archiva y lo 'estético' se acelera.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca o reza para que el casero no le suba el alquiler según el humor del día, el Estado juega al Monopoly con el dinero de todos. Resulta que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) tiene un parque inmobiliario de 203 inmuebles —entre 85 viviendas y 89 locales— que hasta ahora eran el secreto mejor guardado del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Lo verdaderamente surrealista no es que existan, sino que 147 de ellos están vacíos. Sí, el 72 % de su patrimonio es aire puro en plena crisis de vivienda, mientras el ministro Óscar López firmaba desahucios con la misma naturalidad con la que uno firma un ticket del supermercado. Pero el lujo de la inacción tiene sus privilegios. La crónica de la hipocresía alcanza su clímax con la sauna «Adán». El padre y el tío de Begoña Gómez disfrutaron de un inmueble en una de las zonas más caras de Madrid con un contrato firmado en mayo de 1986 por la risa de 3.266 euros anuales. Para que nos entendamos: mientras tú pagas el alquiler de un zulo, la familia de la mujer del presidente mantenía un negocio de 'relax' pagando, en junio de 2024, apenas 882,15 euros al mes tras una actualización del 3,30 %. Un chollazo institucional. Ahora, que el agua ha llegado al cuello, Muface quiere deshacerse del Fondo Especial porque mantener paredes y techos les produce una "gran carga de trabajo". El Plan Muface Avanza2 2026-2028 proponía venderlo todo este otoño, pero el Gobierno ha dado un volantazo. En lugar de vender, quieren pasarle la pelota a Casa 47. Menos transparencia, más burocracia y los mismos pisos vacíos mirando al vacío.
Hay gente que sueña con viajar a Bali o jubilarse en una playa, pero Leire Díez tiene aspiraciones más exóticas: le hacía ilusión firmar actas del voto por correo. Así de sencillo. Mientras el ciudadano medio pelea con la aplicación de la banca para que no le cobren una comisión ridícula, la 'fontanera' del PSOE navegaba por Correos con la soltura de quien tiene el mapa del tesoro. Empezó en Filatelia —donde los sellos son el refugio de los nostálgicos— y acabó en Relaciones Institucionales, pero el verdadero imán fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Fuentes internas cuentan que insistió bastante para entrar en la gestión del voto postal. Correos, en un ejercicio de gimnasia mental digno de medalla olímpica, negó que fuera 'responsable' del proceso, pero la propia Díez se delató en Facebook el 3 de marzo de 2024, presumiendo de haber trabajado 'mano a mano' en aquel despliegue. El ascenso no fue cuestión de méritos, sino de una ingeniería financiera y personal exquisita. El combustible fue Fernando Ramírez Ruiz, el responsable de RRHH y 'íntimo' de María Jesús Montero, despedido el 30 de julio de 2026. El premio: un puesto de unos 100.000 euros anuales. Para que entendamos el sablazo: el proceso selectivo fue un teatro donde solo compitieron Díez y un agente a tiempo parcial. La UCO de la Guardia Civil ya ha puesto nombre y apellidos al 'empujoncito': Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos y jefe de gabinete de Pedro Sánchez, quien coordinó esta contratación 'estratégica'. Según los mensajes interceptados en mayo de 2021, el trato fue un simple 'ok, vamos hablando'. Así se cocinan los cargos públicos hoy: menos currículum y más WhatsApps entre amigos.
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Margarita Caballero