Crítica:
El texto original es una sucesión de denuncias sindicales sin dar espacio a la réplica de Guillén o Villar. Es un festín de acusaciones que, aunque contundentes, dejan el relato a medias.
Los trabajadores de la agencia que investiga Adamuz denuncian falta de medios y gastos «despilfarrados»
AITAT: Mucho viaje y cero informes
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AITAT: Mucho viaje y cero informes
Montar una agencia para investigar tragedias es muy noble en el papel, pero en la práctica la AITAT parece más un grupo de WhatsApp mal gestionado que una autoridad técnica. Apenas tres meses después de nacer, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ya tiene las costuras reventadas. Mientras los investigadores están en un limbo administrativo, sin presupuesto ni medios básicos —algo así como intentar cocinar un banquete sin gas y con la nevera vacía—, el presidente y algunos consejeros disfrutan de desplazamientos costosos a Madrid porque no han querido cambiar su residencia. Es la clásica ingeniería del gasto público: hambre para el que trabaja y banquete para el que firma. La UGT ha soltado la bomba: ni un solo informe aprobado y las recomendaciones sobre el accidente de Adamuz flotan en el aire, deliberadamente. Mientras tanto, la Abogacía del Estado pide dinero por cada consulta, como si fuera un abogado de barrio cobrando por minuto. El reparto de puestos en el Portal de Transparencia es un delirio de plazas duplicadas y suprimidas que ni el propio presidente, Gonzalo Guillén, parece conocer. Detrás de este decorado, el sindicato apunta a Belén Villar, directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, como la arquitecta de este 'proyecto personal'. Según UGT, el caso Koldo y las prisas post-Adamuz desplazaron a Villar de la presidencia, dejando el sillón a Guillén, amigo personal de Benito Núñez, secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo. El proceso de selección fue un espectáculo de plazos extendidos y dimisiones sospechosas. Para rematar la faena, Guillén canceló la reunión del 30 de septiembre donde se debatió la detección de roturas de carril. En resumen: una agencia 'independiente' que depende del Ministerio para respirar, pero es muy autónoma a la hora de gastar.
Millones a Filipinas mientras tú ahorras
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente y mira el ticket del supermercado como quien mira una película de terror, el Gobierno ha decidido que el presupuesto tiene un exceso de oxígeno. Con las Cortes disueltas y el país en modo pausa hasta el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprovechado el silencio para jugar al Monopoly con dinero real. El plato fuerte es un 'sablazo' de 20.000.000 de dólares destinados al Emerging Asia Sustainable Infrastructure Fund SCSp. Sí, han leído bien: millones de dólares para montar infraestructuras sostenibles en Filipinas, financiados a través del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES). Es una generosidad conmovedora, especialmente cuando se piensa en los baches de nuestras carreteras. Pero el festín no termina en Asia. El Ejecutivo ha soltado otras contribuciones voluntarias por 24.435.000 euros. Entre los invitados a comer están el PNUD, el EFI, ONU-Habitat, el PMA y la OCHA, que se reparten 10.495.000 euros. El resto del pastel se divide entre la Unesco, la SEGIB, el CAF, CARICOM, UNFPA, la OCDE, Unicef y la UNRWA. Sobre esta última, el detalle es exquisito: el Gobierno sigue soltando fondos a una agencia donde la propia ONU admitió que nueve empleados participaron en los atentados del 7 de octubre contra Israel. Si esto parece un despliegue de altruismo, recordemos que el 13 de octubre ya se habían 'despachado' unos 180 millones. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial se llevó 50 millones, la Asociación Internacional de Fomento del Grupo Banco Mundial 80 millones y la Iniciativa de Condonación de la Deuda Multilateral (MDRI) del FAfD otros 51.294.540 euros. Todo muy sostenible, todo muy humanitario, y convenientemente alineado con las aspiraciones de Yolanda Díaz y Luis Planas en la OIT y la FAO. Una ingeniería financiera brillante para dejar huella fuera, mientras aquí seguimos contando los céntimos.
Sánchez en Oliva: Falcon, promesas y abucheos
Hay una coreografía que el presidente Pedro Sánchez domina mejor que el manual de protocolo: el aterrizaje de emergencia con promesa adjunta. Este martes, el jefe del Ejecutivo aterrizó en Oliva para supervisar el Puesto de Mando Avanzado tras la dana Adam, un temporal que ha dejado cuatro víctimas mortales y miles de desalojados en La Safor y La Marina Alta. Lo hizo acompañado de Juanfran Pérez Llorca, aunque el verdadero comité de bienvenida fueron los abucheos de los vecinos, que tienen la memoria más fresca que el barro que aún cubre sus calles. Como es costumbre en estos guiones, Sánchez activó el modo 'salvador': anunció que el Consejo de Ministros declarará la zona afectada gravemente y prometió movilizar recursos económicos. Es la misma canción que escuchamos el 29 de octubre de 2024 o durante la erupción del volcán de La Palma; promesas que, para muchos, se han quedado en un 'cheque sin fondos' mientras la reconstrucción real sigue siendo un espejismo. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo sube el precio del aceite, estas 'movilizaciones inmediatas' suenan a ruido blanco. Cuando el ambiente se puso tenso, el presidente aplicó la maniobra clásica: trasladar la culpa al cielo. Habló de 'emergencia climática' y pidió un 'gran acuerdo de país', usando la metáfora del elefante en la habitación para señalar a quienes no compran su ecologismo. Mientras tanto, el PP y Vox, con Nando Pastor y José María Llanos a la cabeza, diseccionaron la logística del viaje. Según ellos, Sánchez no fue a pisar barro, sino que hizo un 'transbordo blindado': del Falcon al helicóptero, evitando el contacto humano como quien evita una multa de tráfico. Una visita encapsulada en seguridad donde el único contacto real fue el sonido de los silbatos.
Amor, bolas blancas y purgas en Valladolid
Hay que tener un valor extraordinario para intentar vender el 'amor' cuando la realidad huele a juzgado y a purga interna. En Valladolid, la cúpula del sanchismo montó un espectáculo que haría palidecer a cualquier guía espiritual de aeropuerto. Pedro Sánchez, escoltado por sus fieles, intentó resetear su imagen —esa que quedó congelada en un gesto de asco viral y en el besamanos estratégico a Begoña Gómez— usando el sentimiento como escudo contra las investigaciones judiciales. Óscar Puente, el ministro de Transportes, decidió que el PSOE ya no es un partido político, sino una secta sentimental. Proclamó que son el «partido del amor», elevando el romance de Moncloa a dogma de Estado. Básicamente, nos dice que si no te gusta su gestión, es porque no sabes querer. Por su parte, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, se puso mística y simplificó la democracia a nivel de juego de billar: votar al PSOE es elegir la «bola blanca» (la paz), mientras que el PP y Vox son la «bola negra» (el odio). Una dicotomía tan profunda como un charco en agosto. Para distraer del ruido, Sánchez soltó la promesa estrella: subir el SMI «todos los años» que aguante en la silla. Un caramelo electoral clásico mientras, en el patio trasero, la casa se cae a trozos. Mientras gritaban 'viva el amor', en Palencia la militancia decía 'vete tú'. La renuncia en bloque de toda la candidatura al Congreso en esa provincia es el mejor termómetro de la realidad: el amor de Ferraz es, en realidad, una imposición a mano alzada que ningunea a los suyos. El 29 de noviembre sabremos si el electorado compra este esoterismo político o si prefiere una gestión que no necesite amuletos ni bolas blancas para sostenerse.
Mónica García: mucha X y poca sanidad
Hay una coreografía política que ya conocemos: elegir la víctima que mejor quede en el feed de X. Mónica García, nuestra ministra de Sanidad desde noviembre de 2023, ha decidido jugar a los rescatistas en Ceuta. Con la pluma cargada de indignación, ha denunciado que 'una veintena de migrantes' fueron agredidos por militares. Un gesto noble, sí, pero que tiene el tamaño de un parche mal puesto sobre una herida abierta. Mientras la ministra se pone la medalla de defensora de las minorías, en los pasillos del Hospital Universitario de Ceuta el ambiente es otro. Allí, el 'reconocimiento a la labor sanitaria' que ella menciona suena a broma de mal gusto, a esas palmadas en la espalda que no pagan el alquiler ni curan las heridas. La realidad es que, mientras Mónica mira hacia el horizonte ideológico, un celador acabó ingresado de urgencia el pasado viernes. ¿El motivo? Un paciente marroquí con sospecha de meningitis decidió que el brazo del trabajador era un snack. Un mordisco que no solo dejó marca en la piel, sino que obligó al sanitario a jugar a la ruleta rusa con la evolución de una enfermedad cerebral. No es un caso aislado; es la norma. A finales de septiembre, el sindicato CSIF ya gritaba que las amenazas de muerte y las emboscadas a la salida del turno son el pan de cada día. Es la paradoja del sillón ministerial: defender la ley para unos mientras se ignora que el personal de salud es, por ley, autoridad sanitaria. Para la ministra, las agresiones a sanitarios parecen ser 'gajes del oficio', aunque el CSIF insista en que recibir un mordisco o una amenaza de ajuste de cuentas no entra en la descripción del puesto de trabajo. Mucha retórica para la foto, pero muy poco algodón para quien cura.
Ratios escolares: promesas rápidas, plazos lentos
El Gobierno ha descubierto que el calendario electoral es el mejor motor de eficiencia administrativa. A pocos pasos del 29-N, el Ejecutivo ha decidido jugar al Tetris con las aulas, pero solo con las piezas que no requieren pasar por el Congreso. Es la clásica maniobra de 'maquillaje de última hora': mientras que bajar las ratios en Primaria (de 25 a 22) o en la ESO (de 30 a 25) es un camino lleno de espinas y leyes suspendidas, los decretos rápidos son como comprar el pan; se hacen sin complicaciones. Milagros Tolón, al mando del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, lidera esta estrategia de 'recortes selectivos'. Para los más pequeños, la receta es clara: cuatro bebés por aula para menores de un año, seis para los de uno a dos y ocho para los de dos a tres. En el ciclo de 3 a 6 años, el tope sería de 20 alumnos. Suena idílico, pero la letra pequeña es un ejercicio de paciencia infinita: la implantación total se espera para el curso 2029-2030. Básicamente, nos prometen el paraíso educativo para cuando los niños de hoy ya estén pensando en la universidad. En Bachillerato, el plan es bajar de 35 a 30 alumnos, y en la FP de Grado Básico, de 20 a 15. Pero ojo, que esto también es un viaje largo hacia el 2029. Mientras tanto, Primaria y Secundaria se quedan en el limbo, manteniendo los 30 alumnos por clase en la ESO. Es una ingeniería financiera del tiempo: regalar promesas hoy para cobrar los votos mañana, sabiendo que el esfuerzo real se diluye en un horizonte de cinco años. Una jugada maestra donde lo 'complicado' se archiva y lo 'estético' se acelera.
Empresas: el éxodo catalán hacia Madrid
Hay quien dice que el amor es ciego, pero el capital tiene la vista de un halcón y un olfato implacable para el peligro. Mientras algunos políticos siguen jugando al Monopoly con el mapa de España, la realidad de los Registradores es un jarro de agua fría: en los nueve primeros meses de 2026, Cataluña se ha convertido en la estación de autobuses donde todo el mundo quiere billete de salida. El saldo es desolador: 823 empresas hicieron las maletas y solo 521 se atrevieron a aterrizar. Un agujero contable de 302 negocios que no es una anécdota, sino una hemorragia que triplica el desastre de Castilla La Mancha y sus 106 fugas. En el otro extremo del tablero, Madrid celebra un banquete. Con 1.797 aterrizajes, la capital no solo atrae, sino que succiona. Su saldo positivo de 505 empresas deja a Canarias, con sus modestas 50, como un juego de niños. Es la ley de la gravedad económica: el dinero huye de donde siente que le van a poner una multa por respirar. La hipocresía es el plato fuerte. Mientras el gobierno de Illa intenta maquillar la situación, el saldo negativo de Cataluña ya pulveriza todo lo visto en 2025, cuando la pérdida fue de apenas 109 empresas. Joseo Bou, de Empresaris de Catalunya, no se anda con rodeos y pone el dedo en la llaga: el cierre de nucleares, el caos de la Sagrera, el Prat a medio hacer y una política inmobiliaria que parece diseñada para espantar al inversor. Al final, gestionar una región como si fuera un experimento social tiene un precio, y ese precio es que 4.634 empresas hayan decidido que cambiar de sede es más rentable que esperar a que la administración aprenda a decir 'bienvenidos'.
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