La noticia es un despliegue de datos contundentes, aunque peca de no profundizar en quiénes son los otros inquilinos privilegiados. El contraste entre el desahucio de la anciana y el alquiler 'low cost' de la familia Gómez es el clavo final del ataúd.
Hay gente que sueña con viajar a Bali o jubilarse en una playa, pero Leire Díez tiene aspiraciones más exóticas: le hacía ilusión firmar actas del voto por correo. Así de sencillo. Mientras el ciudadano medio pelea con la aplicación de la banca para que no le cobren una comisión ridícula, la 'fontanera' del PSOE navegaba por Correos con la soltura de quien tiene el mapa del tesoro. Empezó en Filatelia —donde los sellos son el refugio de los nostálgicos— y acabó en Relaciones Institucionales, pero el verdadero imán fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Fuentes internas cuentan que insistió bastante para entrar en la gestión del voto postal. Correos, en un ejercicio de gimnasia mental digno de medalla olímpica, negó que fuera 'responsable' del proceso, pero la propia Díez se delató en Facebook el 3 de marzo de 2024, presumiendo de haber trabajado 'mano a mano' en aquel despliegue. El ascenso no fue cuestión de méritos, sino de una ingeniería financiera y personal exquisita. El combustible fue Fernando Ramírez Ruiz, el responsable de RRHH y 'íntimo' de María Jesús Montero, despedido el 30 de julio de 2026. El premio: un puesto de unos 100.000 euros anuales. Para que entendamos el sablazo: el proceso selectivo fue un teatro donde solo compitieron Díez y un agente a tiempo parcial. La UCO de la Guardia Civil ya ha puesto nombre y apellidos al 'empujoncito': Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos y jefe de gabinete de Pedro Sánchez, quien coordinó esta contratación 'estratégica'. Según los mensajes interceptados en mayo de 2021, el trato fue un simple 'ok, vamos hablando'. Así se cocinan los cargos públicos hoy: menos currículum y más WhatsApps entre amigos.
Hay regalos que no caben en el presupuesto de una familia media ni en la moral de un exmandatario. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con el ticket del supermercado, José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en su caja fuerte un despliegue de piedras preciosas que parecen sacadas de un catálogo de Aladino. La Fiscalía Anticorrupción, bajo la batuta de Elena Lorente, acaba de recibir un 'regalito' informativo desde Jeddah: una exdirectiva española sostiene que aquellas joyas no fueron gestos de cortesía del rey Abdalá bin Abdulaziz en 2007, sino el pago en especie por haber colocado el AVE en La Meca. La ingeniería financiera es sencilla: negociaciones en 2009, cuando Zapatero aún habitaba La Moncloa, y un contrato firmado el 14 de enero de 2012, justo cuando cerraba la maleta del despacho presidencial. Según el testigo, el 'sablazo' sería una comisión ilegal del 2,5% del contrato de mantenimiento. Olvídense de los 1,3 millones de euros que tasó Ansorena; la fuente afirma que el valor real supera los 4 millones. Estamos hablando de un collar de oro blanco con esmeraldas de Zambia de 278.000 euros y piezas con zafiros de Tailandia de 220.000 euros. Básicamente, el equivalente a varias vidas de un trabajador medio convertidas en accesorios de lujo. Zapatero dice que no las declaró a la Agencia Tributaria porque no tenía 'afán patrimonial'. Una perla retórica fascinante: poseer rubíes de 155.000 euros sin querer enriquecerse es como ganar la lotería y decir que el dinero no te interesa, pero que te lo guardas por si acaso. El juez José Luis Calama no ha comprado la recusación contra la joyería Yanes, manteniendo la segunda tasación. Al final, el tren de alta velocidad parece haber dejado una estela de diamantes que ahora, convenientemente, empiezan a brillar bajo la luz de la justicia.
Hay quien confunde un regalo diplomático con una transacción comercial, y José Luis Rodríguez Zapatero parece haber llevado esa confusión al nivel maestría. La trama es sencilla: el expresidente dice que el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz le regaló doce piezas de joyería en 2007. Un detalle adorable, si no fuera porque poner la fecha en 2007 es el truco clásico para que el delito ante Hacienda haya prescrito y el asunto quede archivado en el cajón de los recuerdos. Pero aquí entra en escena un testigo ante la Fiscalía Anticorrupción que ha decidido romper el tablero. Según este testimonio, las joyas no fueron un 'detalle' de cortesía, sino un pago en especie por llevar el AVE a Arabia Saudí. Y lo más jugoso: la entrega no fue hace diecisiete años, sino en 2019, cuando Pedro Sánchez ya calentaba el asiento de La Moncloa. Si esto es cierto, el intento de Zapatero de jugar al calendario para evitar responsabilidades se desmorona como un castillo de naipes. Estamos hablando de un lote de joyas cuyo valor supera los 4 millones de euros; una cifra que, mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, se mueve en las oficinas del PSOE como si fueran canicas. La testigo es tajante: el pago corresponde a los contratos de obra 2011-2017 y al mantenimiento iniciado en 2018. No es solo el hormigón del tren, es el servicio postventa. Todo esto dentro de un volumen de negocio que supera los diez mil millones de dólares. El testimonio, fechado el 10 de septiembre en Jeddah, no se anda con chiquitas y habla de tráfico de influencias y 'pagos de voluntades' conocidos por altos cargos. Al final, parece que en la alta política, el lujo no es un capricho, sino la moneda de cambio para que los trenes lleguen a su destino.
En el teatro de la política española, el guion de siempre: uno grita que el otro es un insumiso y el otro responde con la solemnidad de quien acaba de descubrir el fuego. Esta vez, el campo de batalla es el derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Alberto Núñez Feijóo, con el dedo índice bien puesto, ha soltado que el Gobierno está 'bordeando la insumisión' al ignorar las resoluciones del Tribunal Supremo que suspenden el voto de quienes no acreditaron ser descendientes de exiliados del franquismo. Es el clásico choque de trenes donde el ciudadano, como siempre, es el que se queda esperando en el andén. Desde el búnker de José Manuel Albares, la respuesta ha sido rápida y con un toque vintage: dicen que enviaron todo 'por telegrama'. Sí, han leído bien. En la era del 5G y la fibra óptica, Exteriores presume de haber usado el telegrama para avisar a los consulados. Es como intentar actualizar el software de un iPhone enviando una carta certificada. El Ministerio defiende el 'rigor y la honorabilidad' de sus cónsules, mientras Feijóo confía ciegamente en la Junta Electoral Central, pero mira al Gobierno con la misma sospecha con la que uno mira una oferta de 'todo incluido' que parece demasiado barata. Lo más jugoso llega cuando se pide ver el dichoso telegrama. Ahí es donde la transparencia se convierte en un juego de escondite: 'documentos reservados'. Básicamente, nos dicen que el papel existe, que está pegado en algún tablón de anuncios de un consulado perdido por el mundo, pero que nosotros no podemos verlo porque es secreto de Estado. Es la magia de la administración: el dato está ahí, pero el acceso es como intentar entrar en una discoteca VIP sin conocer al portero.
Parece que en los Países Bajos han descubierto la cura contra la precariedad juvenil: el sofá de mamá y papá. La ministra de Vivienda, Elanor Boekholt-O'Sullivan, del partido D66, ha lanzado una perla que hace que cualquier alquiler en Madrid o Nueva York parezca un regalo de Navidad. Básicamente, sugiere que los jóvenes pueden seguir viviendo en el cuarto de invitados mientras las viviendas sociales se reservan para inmigrantes y refugiados. Una lógica aplastante: si tienes padres que te aguanten, no necesitas techo propio; si acabas de llegar, el Estado te pone la llave. Esta gimnasia mental ocurre mientras el mercado inmobiliario europeo se comporta como una subasta salvaje. En España, los datos de la Asociación Española de Economía (Springer) son un jarro de agua fría: las oleadas migratorias entre 1998 y 2008 inflaron los precios un 11%, y el periodo de 2016 a 2024 añadió otro 5,6% a la factura. Mientras el ciudadano medio ve cómo su capacidad de ahorro se evapora como el alcohol en un horno, la ministra Boekholt-O'Sullivan justifica el salto de prioridad alegando que, si no lo hacen, tendrían que abrir más centros de acogida. Es el clásico 'elige tu veneno'. La hipocresía tiene un aroma particular cuando recordamos que el acuerdo de coalición prohibía dar prioridad a los inmigrantes. Por eso, figuras como Jurgen Nobel (VVD) exigen disculpas, y la diputada Mona Keijzer ha tenido que preguntar en la Tweede Kamer si la prioridad son los jóvenes que llevan años en listas de espera o los recién llegados. Al final, la ministra ha intentado matizar sus palabras, pero el daño ya está hecho. Traducido al lenguaje de la calle: 'Tú qué quieres, chaval, que tienes el WiFi de tus padres gratis; el piso social es para otro'.
Hay una fecha mágica en el calendario: el 29 de noviembre. Para Pedro Sánchez, no es solo un domingo de urnas, sino el límite para desplegar el catálogo de 'regalos' del Estado. El Gobierno acaba de activar el modo precampaña con una lluvia de decretos que parecen sacados de un manual de marketing electoral. Empezamos con 45 millones para residencias universitarias, un sablazo al presupuesto que llega justo cuando el estudiante medio sobrevive a base de pasta blanca y esperanza. Pero el plato fuerte llega este martes con un real decreto-ley del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La jugada es maestra: aprobarlo ahora y dejar que la Diputación Permanente del Congreso lo convalide mientras el país se prepara para votar. Entre las medidas, rescatamos el sentido común tardío: las parejas de hecho podrán acreditar la viudedad mediante los hijos, sin el calvario burocrático de antaño. Un detalle humano, sí, pero que llega con el reloj electoral haciendo tic-tac. Luego están las bajas laborales. Se abre la puerta a la protección por menopausia, aunque el Gobierno es tan detallista que ha olvidado decir qué patologías entran exactamente. En el caso de las víctimas de violencia de género, el esquema es quirúrgico: 60% de la base reguladora hasta el día 20 y 75% después. Para los padres de niños con cáncer, la flexibilidad ahora es la norma, permitiendo prestaciones simultáneas. Lo más llamativo es el salto en las pensiones por actos terroristas y huérfanos de violencia de género, blindadas ahora a dos salarios mínimos interprofesionales (2.442 euros mensuales), lo que supone un incremento del 36%. Y para cerrar el círculo de la 'generosidad' preelectoral, triplican el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, pasando de 100 a 300 euros por beneficiario. Es la ingeniería financiera del altruismo oportuno: el dinero público como el mejor de los mítines.
Gestionar un país sin Presupuestos Generales es, en teoría, como intentar llevar la casa con una lista de la compra de hace tres años: se supone que deberías limitarte a lo básico para no acabar en la ruina. Pero Pedro Sánchez ha descubierto el truco del almendruco. Mientras el ciudadano medio ve cómo el ticket del supermercado se convierte en una película de terror, el Ejecutivo ha desplegado una ingeniería financiera que dejaría perplejo a cualquier contador de barrio. Según el estudio de Raymond Torres para Funcas, el Gobierno ha logrado que el gasto público se desborde hasta situarse 78.000 millones de euros por encima de lo previsto. No es un error de cálculo; es un sistema. Hemos pasado de unos 407.000 millones en las cuentas de referencia a un desembolso efectivo de 436.000 millones en 2024, escalando hasta los 458.000 millones en 2025. Y ojo, que para 2026 la previsión es alcanzar los 485.000 millones. Es como si dijeras que vas a gastar 100 euros en el cine y acabas comprando el cine entero con el dinero del alquiler. ¿Cómo lo hacen? Con 'tretas' legales: ampliaciones de crédito, créditos extraordinarios y transferencias que funcionan como el cajero automático de un primo rico. El desglose es un poema: 23.000 millones para la Seguridad Social, 18.000 millones para las comunidades autónomas y 14.000 millones para corporaciones locales. Lo más cínico es que este festín se financia con una recaudación que ha subido un 24%, impulsada por la inflación y el hecho de que el Gobierno no ha actualizado los tramos impositivos. Básicamente, el Estado gana más porque todo es más caro y el contribuyente paga más sin que nadie mueva un dedo. Un desorden institucional disfrazado de eficiencia que convierte la planificación parlamentaria en un mero trámite decorativo.
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