Crítica:
La noticia es un ping-pong de declaraciones sin pruebas tangibles. El hecho de que el telegrama sea 'reservado' deja la verdad en un limbo administrativo convenientemente opaco.
Exteriores afirma que envió las resoluciones del Supremo a los consulados por telegrama
Voto de nietos: ¿Telegramas o secretos?
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Joyas del AVE: El 'regalito' de Zapatero
Hay regalos que no caben en el presupuesto de una familia media ni en la moral de un exmandatario. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con el ticket del supermercado, José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en su caja fuerte un despliegue de piedras preciosas que parecen sacadas de un catálogo de Aladino. La Fiscalía Anticorrupción, bajo la batuta de Elena Lorente, acaba de recibir un 'regalito' informativo desde Jeddah: una exdirectiva española sostiene que aquellas joyas no fueron gestos de cortesía del rey Abdalá bin Abdulaziz en 2007, sino el pago en especie por haber colocado el AVE en La Meca. La ingeniería financiera es sencilla: negociaciones en 2009, cuando Zapatero aún habitaba La Moncloa, y un contrato firmado el 14 de enero de 2012, justo cuando cerraba la maleta del despacho presidencial. Según el testigo, el 'sablazo' sería una comisión ilegal del 2,5% del contrato de mantenimiento. Olvídense de los 1,3 millones de euros que tasó Ansorena; la fuente afirma que el valor real supera los 4 millones. Estamos hablando de un collar de oro blanco con esmeraldas de Zambia de 278.000 euros y piezas con zafiros de Tailandia de 220.000 euros. Básicamente, el equivalente a varias vidas de un trabajador medio convertidas en accesorios de lujo. Zapatero dice que no las declaró a la Agencia Tributaria porque no tenía 'afán patrimonial'. Una perla retórica fascinante: poseer rubíes de 155.000 euros sin querer enriquecerse es como ganar la lotería y decir que el dinero no te interesa, pero que te lo guardas por si acaso. El juez José Luis Calama no ha comprado la recusación contra la joyería Yanes, manteniendo la segunda tasación. Al final, el tren de alta velocidad parece haber dejado una estela de diamantes que ahora, convenientemente, empiezan a brillar bajo la luz de la justicia.
Zapatero: Joyas, AVE y el truco calendario
Hay quien confunde un regalo diplomático con una transacción comercial, y José Luis Rodríguez Zapatero parece haber llevado esa confusión al nivel maestría. La trama es sencilla: el expresidente dice que el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz le regaló doce piezas de joyería en 2007. Un detalle adorable, si no fuera porque poner la fecha en 2007 es el truco clásico para que el delito ante Hacienda haya prescrito y el asunto quede archivado en el cajón de los recuerdos. Pero aquí entra en escena un testigo ante la Fiscalía Anticorrupción que ha decidido romper el tablero. Según este testimonio, las joyas no fueron un 'detalle' de cortesía, sino un pago en especie por llevar el AVE a Arabia Saudí. Y lo más jugoso: la entrega no fue hace diecisiete años, sino en 2019, cuando Pedro Sánchez ya calentaba el asiento de La Moncloa. Si esto es cierto, el intento de Zapatero de jugar al calendario para evitar responsabilidades se desmorona como un castillo de naipes. Estamos hablando de un lote de joyas cuyo valor supera los 4 millones de euros; una cifra que, mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, se mueve en las oficinas del PSOE como si fueran canicas. La testigo es tajante: el pago corresponde a los contratos de obra 2011-2017 y al mantenimiento iniciado en 2018. No es solo el hormigón del tren, es el servicio postventa. Todo esto dentro de un volumen de negocio que supera los diez mil millones de dólares. El testimonio, fechado el 10 de septiembre en Jeddah, no se anda con chiquitas y habla de tráfico de influencias y 'pagos de voluntades' conocidos por altos cargos. Al final, parece que en la alta política, el lujo no es un capricho, sino la moneda de cambio para que los trenes lleguen a su destino.
Vivienda social: ¿Jóvenes al sofá o inmigrantes?
Parece que en los Países Bajos han descubierto la cura contra la precariedad juvenil: el sofá de mamá y papá. La ministra de Vivienda, Elanor Boekholt-O'Sullivan, del partido D66, ha lanzado una perla que hace que cualquier alquiler en Madrid o Nueva York parezca un regalo de Navidad. Básicamente, sugiere que los jóvenes pueden seguir viviendo en el cuarto de invitados mientras las viviendas sociales se reservan para inmigrantes y refugiados. Una lógica aplastante: si tienes padres que te aguanten, no necesitas techo propio; si acabas de llegar, el Estado te pone la llave. Esta gimnasia mental ocurre mientras el mercado inmobiliario europeo se comporta como una subasta salvaje. En España, los datos de la Asociación Española de Economía (Springer) son un jarro de agua fría: las oleadas migratorias entre 1998 y 2008 inflaron los precios un 11%, y el periodo de 2016 a 2024 añadió otro 5,6% a la factura. Mientras el ciudadano medio ve cómo su capacidad de ahorro se evapora como el alcohol en un horno, la ministra Boekholt-O'Sullivan justifica el salto de prioridad alegando que, si no lo hacen, tendrían que abrir más centros de acogida. Es el clásico 'elige tu veneno'. La hipocresía tiene un aroma particular cuando recordamos que el acuerdo de coalición prohibía dar prioridad a los inmigrantes. Por eso, figuras como Jurgen Nobel (VVD) exigen disculpas, y la diputada Mona Keijzer ha tenido que preguntar en la Tweede Kamer si la prioridad son los jóvenes que llevan años en listas de espera o los recién llegados. Al final, la ministra ha intentado matizar sus palabras, pero el daño ya está hecho. Traducido al lenguaje de la calle: 'Tú qué quieres, chaval, que tienes el WiFi de tus padres gratis; el piso social es para otro'.
Sánchez lanza 'lluvia de ayudas' preelectoral
Hay una fecha mágica en el calendario: el 29 de noviembre. Para Pedro Sánchez, no es solo un domingo de urnas, sino el límite para desplegar el catálogo de 'regalos' del Estado. El Gobierno acaba de activar el modo precampaña con una lluvia de decretos que parecen sacados de un manual de marketing electoral. Empezamos con 45 millones para residencias universitarias, un sablazo al presupuesto que llega justo cuando el estudiante medio sobrevive a base de pasta blanca y esperanza. Pero el plato fuerte llega este martes con un real decreto-ley del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La jugada es maestra: aprobarlo ahora y dejar que la Diputación Permanente del Congreso lo convalide mientras el país se prepara para votar. Entre las medidas, rescatamos el sentido común tardío: las parejas de hecho podrán acreditar la viudedad mediante los hijos, sin el calvario burocrático de antaño. Un detalle humano, sí, pero que llega con el reloj electoral haciendo tic-tac. Luego están las bajas laborales. Se abre la puerta a la protección por menopausia, aunque el Gobierno es tan detallista que ha olvidado decir qué patologías entran exactamente. En el caso de las víctimas de violencia de género, el esquema es quirúrgico: 60% de la base reguladora hasta el día 20 y 75% después. Para los padres de niños con cáncer, la flexibilidad ahora es la norma, permitiendo prestaciones simultáneas. Lo más llamativo es el salto en las pensiones por actos terroristas y huérfanos de violencia de género, blindadas ahora a dos salarios mínimos interprofesionales (2.442 euros mensuales), lo que supone un incremento del 36%. Y para cerrar el círculo de la 'generosidad' preelectoral, triplican el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, pasando de 100 a 300 euros por beneficiario. Es la ingeniería financiera del altruismo oportuno: el dinero público como el mejor de los mítines.
Sánchez gasta miles de millones sin presupuesto
Gestionar un país sin Presupuestos Generales es, en teoría, como intentar llevar la casa con una lista de la compra de hace tres años: se supone que deberías limitarte a lo básico para no acabar en la ruina. Pero Pedro Sánchez ha descubierto el truco del almendruco. Mientras el ciudadano medio ve cómo el ticket del supermercado se convierte en una película de terror, el Ejecutivo ha desplegado una ingeniería financiera que dejaría perplejo a cualquier contador de barrio. Según el estudio de Raymond Torres para Funcas, el Gobierno ha logrado que el gasto público se desborde hasta situarse 78.000 millones de euros por encima de lo previsto. No es un error de cálculo; es un sistema. Hemos pasado de unos 407.000 millones en las cuentas de referencia a un desembolso efectivo de 436.000 millones en 2024, escalando hasta los 458.000 millones en 2025. Y ojo, que para 2026 la previsión es alcanzar los 485.000 millones. Es como si dijeras que vas a gastar 100 euros en el cine y acabas comprando el cine entero con el dinero del alquiler. ¿Cómo lo hacen? Con 'tretas' legales: ampliaciones de crédito, créditos extraordinarios y transferencias que funcionan como el cajero automático de un primo rico. El desglose es un poema: 23.000 millones para la Seguridad Social, 18.000 millones para las comunidades autónomas y 14.000 millones para corporaciones locales. Lo más cínico es que este festín se financia con una recaudación que ha subido un 24%, impulsada por la inflación y el hecho de que el Gobierno no ha actualizado los tramos impositivos. Básicamente, el Estado gana más porque todo es más caro y el contribuyente paga más sin que nadie mueva un dedo. Un desorden institucional disfrazado de eficiencia que convierte la planificación parlamentaria en un mero trámite decorativo.
Amnistía Internacional: ¿Informe serio o montaje cutre?
Hay quien confunde un rasguño con un calvario y un informe apresurado con una sentencia judicial. Daniel Canales, el enviado de Amnistía Internacional, aterrizó en Ceuta el 10 de septiembre y, en apenas cinco días —lo que tarda cualquiera en hacer el check-in de un hotel—, redactó un informe que lanza la palabra 'tortura' como quien lanza un dardo a ciegas. Todo esto mientras Juan Ramón Lucas, en RNE el 30 de septiembre, le daba las gracias por unas declaraciones que parecen escritas con tinta de conveniencia política. El contraste es un puñetazo en la cara. Mientras AI juega a los detectives con testimonios que suenan a cuento chino, la realidad en el terreno es otra. El 27 de agosto, entre 30 y 40 personas rodearon un vehículo del Ejército en Benzú para lanzarle piedras del tamaño de un ladrillo; a los dos días, otro militar caía herido. Tenemos guardias civiles agredidos, un militar con el peroné fracturado y hasta el sindicato JUPOL alertando sobre el uso de aguafuerte y explosivos caseros. Pero claro, en la escala de valores de algunos, un peroné roto es ruido blanco, mientras que un hematoma en la rodilla por caerse en un terraplén —como admite el testimonio de 'M.'— es, según Canales, 'brutalidad objetiva'. La ingeniería narrativa es fascinante: un vídeo llamado VIOLENCIA_v5 que mezcla imágenes de un porrazo con planos de un coche militar sin conexión real, como quien monta un TikTok cutre para ganar likes. El resultado fue el banquete perfecto para Verónica Barbero de Sumar y Enrique Santiago del PCE, que no tardaron en lanzarse a la yugular de la Legión y los Regulares. Al final, nos venden que caminar descalzo por el monte es tortura, pero ignoran que los militares son los que terminan en el hospital Gómez Ulla. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica.
Amnistía y siestas: el 1-O sin factura
Hay una forma de arte muy específica en la administración pública española: el arte de hacer que el tiempo borre los pecados mientras el reloj de la burocracia avanza a paso de tortuga con reuma. El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, acaba de darnos una masterclass de eficiencia inversa. Después de siete años de deliberaciones, silencios y papeleo, la causa contra Carles Puigdemont y otros treinta encausados por el desvío de fondos del 1 de octubre de 2017 se ha archivado. Sí, archivado. Sin sentencia. Como quien tira el ticket de la compra antes de darse cuenta de que le han cobrado el detergente dos veces. La indignación interna no es por la Ley de amnistía de Pedro Sánchez —que es el borrador final que limpia la pizarra—, sino por la gestión de la consejera Elena Hernáez. Resulta que Hernáez, designada en noviembre de 2021 gracias a un pacto entre el PP de Pablo Casado y el PSOE, decidió que en lugar de dictar sentencia, era más elegante enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un movimiento táctico que convirtió siete años de trabajo en un monumento al vacío. Es el mismo patrón que ya vimos con los ERE del PSOE en Andalucía: mucho ruido, mucha carpeta y, al final, un silencio administrativo que asusta. Lo más delirante es el contraste financiero. El Tribunal de Cuentas ya había admitido en abril de 2019 que se volaron 417 millones de euros en la llamada 'acción exterior' y embajadas catalanas. Pero, en un ejercicio de timidez contable digno de un niño escondiendo una nota mala, el tribunal solo llegó a reclamar 3,4 millones en un procedimiento unificado. Al final, la resolución es lapidaria: como no se probó que el dinero viniera de fondos de la Unión Europea y la amnistía ya está sobre la mesa, nos olvidamos de todo. Siete años de sueldos públicos para concluir que no hay que cobrar nada. Un negocio redondo.
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