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La Plataforma per la Llengua ha denunciado a media docena de comercios en Baleares por no utilizar el catalán, exigiendo al Govern de Marga Prohens que los obligue por ley. La entidad, conocida como los 'espías del catalán', busca recuperar la Ley de Comercio de 2001 que garantizaba el uso del catalán en la rotulación y atención al público. Aunque Baleares es bilingüe, la Plataforma per la Llengua omite el castellano en sus exigencias. En 2025, recibieron 89 quejas lingüísticas, la mayoría en establecimientos comerciales. La entidad ofrece un servicio de defensa de derechos lingüísticos con especialistas.
La sociedad Joasa 2012, vinculada al exministro José Bono, ha triplicado su valor contable desde 2020, coincidiendo con su desembarco empresarial en República Dominicana y la posterior adquisición de activos en Marruecos. El patrimonio neto pasó de 287.707 euros en 2020 a 1.004.812 euros en 2024, mientras que el activo total se elevó a 1.843.275 euros. Bono obtuvo la nacionalidad dominicana en octubre de 2020 de la mano de Luis Abinader y constituyó varias sociedades en Santo Domingo. La empresa también adquirió cinco propiedades en Tánger por 259.901 euros entre 2023 y 2024. El crecimiento de Joasa 2012 refleja la expansión empresarial de Bono en el extranjero, coincidiendo con el respaldo del Gobierno español al plan de autonomía de Marruecos para el Sahara Occidental en 2022, posición que Bono apoyó públicamente.
La propuesta de incluir la anguila europea como 'en peligro de extinción' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ha sido rechazada por seis comunidades autónomas pesqueras. A pesar de que los científicos llevan años alertando sobre su declive crítico, con una caída del 90% desde los años 60, el sector se resiste a aceptar una prohibición total debido al alto valor económico de este producto premium. El Ministerio ha creado un grupo de trabajo con las CCAA para discutir medidas, pero los expertos dudan que sea efectivo. La situación refleja la tensión entre conservación y economía, así como la fragmentación en la gobernanza europea sobre el tema.
El Gobierno español está considerando crear una 'Criteria pública' para aglutinar empresas de Defensa, incluyendo Indra y EM&E, propiedad de la familia Escribano. La Sepi, el brazo inversor de Moncloa, podría comprar una participación mayoritaria en EM&E por alrededor de 1.000 millones de euros. Esto daría a la familia Escribano un peso superior al 25% en la empresa fusionada, lo que ha generado recelos en Bruselas. El objetivo es crear un 'campeón nacional' en Defensa, similar a CriteriaCaixa, para garantizar el control sin interferencias. Se especula con nombres como Ángel Simón o Carlos Ocaña para liderar el holding. La operación podría incluir otras empresas como Navantia y Airbus. Mientras tanto, el Gobierno se mueve en la sombra para sondear la opinión de Estados Unidos y podría usar la batalla judicial entre Indra y Santa Bárbara como palanca para forzar cambios en la dirección de Indra.
En un giro inesperado del caso de atropello en masa ocurrido en el corazón de La Coruña durante el verano pasado, el presunto autor ha confesado que su intención era simplemente 'llamar la atención'. Este dramático suceso, que dejó seis personas heridas, ha generado un profundo impacto en la comunidad local. Las diligencias policiales, ahora en manos del juzgado correspondiente, revelan detalles inquietantes sobre los motivos detrás de este acto. Con una población siempre alerta, la ciudad sigue procesando los ecos de este evento que ha puesto a prueba su resiliencia. La investigación continúa, arrojando luz sobre las circunstancias que rodearon este lamentable incidente.
La Comunidad de Madrid ha hecho sonar las alarmas sobre la situación energética en la región, calificándola de 'crítica' debido a la propuesta de planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el periodo 2025-2030. El consejero Carlos Novillo presentó un informe que advierte de que 116.000 nuevas viviendas previstas en desarrollos del Sureste podrían quedarse sin suministro eléctrico, lo que podría retrasar su puesta en marcha más allá de 2030. Además, la propuesta compromete iniciativas estratégicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial, afectando proyectos clave para el desarrollo económico y tecnológico de la región. Novillo criticó la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de 'elefante en la habitación' y 'agujero negro' que podría detener el progreso de Madrid y España. El informe subraya la importancia de la energía nuclear para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico a corto y medio plazo, y advierte de que su cierre provocaría un incremento del coste de la electricidad y dificultaría el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. La Comunidad de Madrid ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la situación de la central nuclear de Almaraz.
La Guardia Civil ha actuado contra un matrimonio por delito de usurpación y otro de urbanismo después de que estuvieran ejecutando obras en el Hacho, en un territorio de Defensa cedido a la Ciudad de Ceuta. La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (EPRONA), se inició tras un requerimiento de colaboración del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local en noviembre pasado. Los agentes municipales habían sido alertados por ciudadanos que localizaron una obra en ejecución en la zona forestal del Monte Hacho, donde varias personas levantaban muros de bloque y estructuras metálicas. La inspección ocular conjunta y las posteriores gestiones de investigación confirmaron que la parcela afectada es propiedad del Ministerio de Defensa, catalogada como suelo rústico y de especial protección, y que las obras carecían de cualquier tipo de licencia o autorización. El dictamen pericial indicó que las obras no eran legalizables dada la clasificación del terreno. Por ello, se procedió a la lectura de derechos en calidad de investigadas a dos personas responsables de la promoción y ejecución de la construcción ilegal. Este caso se suma a otros similares en la zona, como el caso de octubre de 2025 donde el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dictó sentencia condenatoria contra tres personas por hechos similares cometidos en 2024.
El juez Arturo Zamarriego, que investiga las cloacas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional toda la documentación relacionada con la operación Leire. Esta petición se produce en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en la que figura como investigada Leire Díez Castro, exmilitante socialista detenida en diciembre junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso. La operación Leire ha generado gran expectación debido a las presuntas maniobras de Díez Castro para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles. En este contexto, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró el 2 de febrero ante el juez Zamarriego, admitiendo haberse reunido con Díez en dos ocasiones para recibir audios relacionados con la 'policía patriótica' y supuestas escuchas en las saunas del padre de Begoña Gómez. Además, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, también reconoció haber mantenido una reunión con Díez, acompañado de Cerdán y su mano derecha, Juanfran Serrano, quien permanece en la secretaría de Organización del partido.
La Administración General del Estado (AGE) se prepara para implementar una jornada laboral de 35 horas semanales a partir de marzo, según lo aprobado por la comisión permanente. Esta medida, respaldada por sindicatos como UGT y CCOO, busca mejorar la productividad sin afectar la contratación. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, destacó que la reducción horaria no impactará en la Oferta de Empleo Público y que prácticamente el 90% de las administraciones locales ya han adoptado esta jornada. Sin embargo, ciertos colectivos como trabajadores de instituciones penitenciarias y personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla requerirán un ajuste adicional, previsto para abril. La implementación será adaptada por cada departamento, con una reducción diaria de media hora para quienes actualmente trabajan 37,5 horas de lunes a viernes. Araque también criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su anterior negativa a implementar las 35 horas hasta que el Estado lo hiciera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2022-2024, que también incluye otros pendientes como la recuperación de la jubilación parcial y la reclasificación profesional.
El Tribunal Supremo ha cuantificado en 79.942,70 euros las costas del juicio que resultó en la inhabilitación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, estaba siendo representado por el letrado Gabriel Rodríguez Ramos, quien justificó sus honorarios argumentando la complejidad del caso y la falta de precedentes en la filtración de información reservada por parte de un fiscal general. García Ortiz fue condenado por revelar secretos y deberá pagar esta cuantiosa suma además de una multa de 17.200 euros. La minuta del abogado de González Amador asciende a 64.778,78 euros, a lo que se suman 13.603,32 euros de IVA y 1.560,38 euros por los honorarios de la procuradora. El letrado defendió que nunca antes un fiscal general había protagonizado una filtración semejante, involucrando a un representante público de un partido rival. Rodríguez Ramos detalló sus honorarios, cobrando 250 euros por la preparación de cada interrogatorio y 750 euros por cada recurso de apelación.
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Rocío Delgado