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El presidente Pedro Sánchez ha reiterado su postura de 'no a la guerra' ante la escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras España mantiene alrededor de 1.400 militares desplegados en zonas afectadas por el conflicto o en sus inmediaciones. Un contingente de mil efectivos participa en misiones de la ONU y la OTAN en Líbano, Irak y Turquía. Además, la fragata Cristóbal Colón ha sido enviada al Mediterráneo oriental para reforzar la protección de Chipre tras un ataque con drones contra la base británica de Akrotiri. El Gobierno defiende que esta presencia militar no forma parte de la ofensiva contra Irán, sino de misiones defensivas y de protección de aliados europeos. La decisión ha generado un debate político, con el PP cuestionando la falta de autorización previa del Congreso para el despliegue naval. El Gobierno se apoya en la Ley de Defensa Nacional para justificar su actuación. Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la posición española tras las elecciones de Castilla y León.
En un gesto que ha tensado las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, Donald Trump ha exigido una lista detallada de las multinacionales españolas con participación pública que operan en territorio estadounidense, incluyendo datos sobre sus consejos de administración y la identidad de los directivos designados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta medida se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países, agravadas por la negativa del Ejecutivo español a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para acciones militares contra Irán. La petición, formulada a través de la representación diplomática estadounidense en Madrid, podría ser un preludio de medidas de presión como la suspensión de contratos con empresas españolas como Indra, Telefónica y Navantia, que mantienen una significativa actividad en EEUU. El antecedente de Venezuela, donde la Administración Trump diseñó una estrategia similar antes de intervenir en el país, ha generado preocupación sobre las intenciones reales detrás de esta exigencia. La escalada verbal de Trump contra el Gobierno español ya ha comenzado a tener consecuencias tangibles, como el veto a compras de compañías propiedad de fondos norteamericanos debido al riesgo de que la Administración estadounidense las frene.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a medio millón de inmigrantes por la vía rápida ha desatado un fraude masivo en Marruecos. La Fiscalía de Tánger investiga decenas de solicitudes de visado español sospechosas de falsificar documentos y datos. El Consulado General de España en Tánger denunció actividades fraudulentas tras detectar irregularidades en contratos de trabajo, certificados de salario y extractos bancarios presentados para obtener el visado Schengen. La policía judicial ha iniciado una investigación preliminar que involucra a personas implicadas en el fraude, indagando en el posible uso de entidades ficticias con fines fraudulentos. El aumento de solicitudes ha desbordado los consulados marroquíes en España, como el de Madrid, que ha tenido que ampliar su horario para atender la demanda. Otros consulados, como el de Argelia o Pakistán, también han registrado colas kilométricas. La Policía Nacional ha alertado de los riesgos de esta regularización masiva, especialmente en cuanto a la verificación de antecedentes penales de posibles delincuentes.
La tasa de paro en España cerró 2025 en el 9,9%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), pero esta cifra oculta una realidad más cruda. La reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz alteró la forma de computar el paro, excluyendo a los fijos discontinuos inactivos. En 2025, alrededor de 850.000 personas con contrato fijo discontinuo estaban inscritas en las oficinas de empleo sin trabajar, pero no computaban como parados. Si se incluyeran, el paro real ascendería a 3,37 millones, elevando la tasa al 13,5%. Entre 2022 y 2025, el paro oficial se redujo en más de 700.000 personas, pero la caída real fue de apenas 130.000. El Gobierno maquilla las cifras, ya que más del 94% de la supuesta mejora se debe a cambios estadísticos, no a un aumento real del empleo. El número de fijos discontinuos ha crecido de 300.000 en 2019 a más de 900.000 en 2025, sustituyendo al contrato temporal como mecanismo de ajuste, pero con el efecto de 'desaparecer' el paro de las estadísticas.
En un contexto de máxima incertidumbre energética debido a la ofensiva contra Irán, que ha disparado un 100 % el precio del gas, la industria nuclear española defiende su papel crucial en la estabilidad del sistema eléctrico y la reducción de emisiones. Las centrales nucleares españolas aportaron el 19,7 % de la electricidad en 2025 con solo el 5 % de la potencia instalada, operando más horas a plena potencia que cualquier otra fuente energética. El presidente de la Sociedad Nuclear Española, Paulo Domingues, destacó que la nuclear contribuye de manera decisiva a la seguridad del suministro y no depende de mercados spot o diarios, lo que la hace menos vulnerable a variaciones inmediatas de precios. El sector advierte que prescindir de la nuclear en el contexto actual es 'jugar con fuego'. El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, también recomendó a la UE apostar por la energía nuclear junto con las renovables como pilares del sistema eléctrico europeo. Mientras tanto, varias centrales nucleares españolas están paradas debido a la baja demanda y la alta fiscalidad, lo que genera ineficiencias en el sistema eléctrico.
El sistema eléctrico español sufrió un nuevo apagón parcial el 28 de enero, afectando a la gran industria durante dos horas. Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad del sistema en un contexto de creciente dependencia del gas natural procedente de EEUU, que representa el 44% del consumo nacional. El ingeniero Juan Franco ha analizado la situación y concluye que el sistema no está adaptado a la realidad energética actual, siendo vulnerable debido a la regulación europea y las exigencias adicionales del Gobierno de Pedro Sánchez. La transición hacia un modelo 100% renovable está erosionando la seguridad del suministro debido a la sustitución de generación síncrona convencional por fuentes renovables no gestionables. Para abordar estos desafíos, se necesitan tecnologías de almacenamiento y estabilización de red, como volantes de inercia y centrales de bombeo hidráulico reversible. El estudio de Franco destaca la urgencia de acelerar los trámites administrativos para nuevas centrales de bombeo, la necesidad de inercia explícita y la hibridación tecnológica para garantizar la estabilidad del sistema.
Con 321 votos a favor y 268 en contra, el Parlamento alemán aprobó esta semana una reforma que endurece las condiciones para recibir subsidios de desempleo, generando un intenso debate sobre su impacto en los colectivos más vulnerables. La nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, afectará a unos cinco millones de beneficiarios del actual «pago ciudadano» (Bürgergeld). Según la reforma, aquellos que rechacen ofertas de empleo o no acudan a citas con las agencias de empleo enfrentarán sanciones que pueden llegar a la suspensión total de la ayuda, incluyendo el pago del alquiler. El Gobierno defiende que estas medidas refuerzan la responsabilidad individual y los incentivos laborales, mientras que la oposición y organizaciones sociales advierten que pueden perjudicar a quienes más lo necesitan. El debate también se ha trasladado a España, donde figuras del PP como Alma Ezcurra han mostrado su apoyo a medidas similares, argumentando que las ayudas públicas deben ir acompañadas de obligaciones para reincorporarse al mercado laboral.
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