El título promete un análisis detallado sobre los acuerdos voluntarios para la salida de trabajadores mayores, pero el contenido se centra más en los procedimientos laborales y los sectores que los utilizan. La información es precisa y detallada, pero podría profundizar más en las causas y consecuencias de este aumento en los acuerdos voluntarios. La crítica es constructiva y no sensacionalista.
Iberdrola ha cerrado el primer semestre de 2025 con un beneficio neto de 3.562 millones de euros, un 13,8% menos que en la primera mitad de 2024. El EBITDA alcanzó los 8.287 millones de euros, impulsado por el negocio de redes, que representa más de la mitad del resultado operativo del grupo. Los ingresos permanecieron estables en 22.743 millones. La compañía ha anunciado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros para invertir en redes en EEUU y Reino Unido. Se prevén inversiones globales por 55.000 millones de euros en redes durante 2026-2031. Iberdrola estima un retorno medio del 9,5% sobre fondos propios netos. La inversión bruta total anual será cercana a los 15.000 millones de euros. Los resultados operativos reflejan una evolución robusta en todas las áreas clave. Las inversiones totales ascendieron a 5.662 millones de euros, con un enfoque en redes y renovables. El flujo de caja operativo aumentó un 15% hasta los 6.796 millones de euros. La deuda neta consolidada se redujo en 3.000 millones, situándose en 52.700 millones. Iberdrola incrementó la retribución al accionista hasta 0,6451 euros por acción. La compañía presentará su nuevo plan de inversión a largo plazo el 24 de septiembre.
El Banco de España confirmó que la demanda de crédito se frenó en el segundo trimestre de 2025. La Encuesta de Préstamos Bancarios reveló que la demanda de préstamos a empresas y de crédito a hogares para consumo y otros fines dejó de crecer, mientras que la de préstamos a familias para adquisición de vivienda se desaceleró. Después de cuatro trimestres de crecimiento continuado, la demanda de préstamos se mantuvo sin variaciones en el segundo trimestre de 2025. La banca había constatado un crecimiento del crédito este año por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. De cara al futuro, las expectativas son negativas: las entidades financieras encuestadas prevén que los criterios de concesión de préstamos se mantengan estables y que la demanda no presente variaciones relevantes. El Banco de España endureció los requisitos de capital de los bancos para frenar la concesión de hipotecas y contener la escalada de precios de la vivienda. El porcentaje de solicitudes de crédito rechazadas habría aumentado ligeramente en los dos segmentos de hogares.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) movilizará a los funcionarios en septiembre ante el empeoramiento de los servicios de Muface. En los últimos seis meses, 65.000 personas han pasado de la opción privada a la sanidad pública a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En 2024, el 70% de los nuevos funcionarios prefirió la sanidad pública. La salida de DKV del concierto, con 200.000 mutualistas, acentuó este movimiento. Adeslas y Asisa ganaron 70.000 asegurados cada una, mientras el INSS se llevó 60.000 personas. El peso de la opción privada ha descendido 20 puntos en 15 años. La tesorería de Muface se redujo de 282 millones a menos de 8 millones de euros. El presupuesto para costes farmacéuticos está casi agotado, con el 88% consumido en copagos y el 70% en gastos hospitalarios. CSIF reclama una adaptación del copago a los pensionistas y promete movilizaciones.
El Banco Central Europeo (BCE) ha vendido 35.000 millones de euros en bonos españoles en un año, reduciendo su participación en la deuda pública española a mínimos de 2021. El BCE tenía 358.395 millones de euros en bonos españoles en abril, lo que supone el 25% del total de la deuda pública en circulación. Esta cantidad es la más baja desde julio de 2021. El organismo ha dejado de recomprar bonos que vencían desde 2024 y ha vendido más de 55.000 millones de euros desde su máximo en 2022. La deuda pública española supera el 100% del PIB y es considerada un riesgo para la economía. El Gobierno tiene previsto limitar el gasto en Defensa al 2,1% del PIB, mientras que la OTAN recomienda un 5%. La banca española, que ya tiene 206.493 millones de euros en deuda pública, podría convertirse en el principal tenedor de deuda pública española si la tendencia continúa. Agencias de calificación como S&P y el FMI han criticado al Gobierno por no aprovechar el crecimiento económico para reducir la deuda pública.
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