El artículo plantea una crítica mordaz a la preparación del Banco de España para una crisis financiera, destacando la saturación de su web en una operación simple. La comparación entre la reserva de visitas y un posible corralito es pertinente, aunque podría profundizarse en soluciones concretas.
EH Bildu ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para prorrogar en 2026 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y el aumento del bono social eléctrico. Esta medida, que ya ha demostrado reducir la oferta de alquileres, se produce mientras el precio del alquiler en España se disparó un 9.9% en noviembre hasta los 14.6 euros por metro cuadrado según Idealista. La oferta de vivienda en alquiler se reduce debido a la inseguridad jurídica, lo que provoca que los propietarios retiren sus pisos del mercado o los destinen a alquiler turístico. Podemos considera esta medida insuficiente y propone regular los precios del alquiler. Hasta 51 capitales españolas registran precios del alquiler más altos que en noviembre del año pasado, con Ceuta liderando el encarecimiento con un 18.7%.
La jornada laboral en el sector público ha estado por debajo de 35 horas semanales durante tres trimestres consecutivos entre 2024 y 2025 según la Encuesta de Población Activa del INE. El Gobierno y sindicatos acordaron implementar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado para febrero o marzo de 2025. El tiempo de trabajo real en el sector público fue de 33.7 horas en el cuarto trimestre de 2021 y 33.8 horas en el cuarto trimestre de 2022. En el tercer trimestre de 2025, la jornada laboral repuntó a 35.5 horas semanales, pero los expertos creen que podría ser un dato aislado. El sector privado trabajó un promedio de 36 horas semanales. Los trabajadores públicos recibirán un incremento salarial del 2.5% en 2025 y del 1.5% en 2026, con un posible incremento adicional de 0.5% si el IPC supera el 1.5%.
El Gobierno español enfrenta dificultades para ejecutar los fondos Next Generation de la UE, inicialmente dotados con 163.000 millones para España. A diciembre de 2025, se han ejecutado 70.900 millones, quedando 30.000 millones por repartir en menos de nueve meses. Las empresas devuelven fondos debido a retrasos en las adjudicaciones, con estimaciones de varios miles de millones. El Gobierno renuncia a 60.000 millones en créditos, citando mejores condiciones de financiación en el mercado. Los expertos señalan que no se alcanzarán los objetivos de ejecución y que los fondos no han dinamizado suficientemente el tejido productivo ni impulsado las reformas estructurales prometidas. La Comisión Europea aprueba la simplificación de los fondos restantes.
El crecimiento económico de España es un 'trampantojo' según el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Mientras el PIB crece, el PIB per cápita sigue por debajo de la media de la UE y la eurozona. Entre 2019 y 2024, el PIB per cápita converge solo un punto porcentual. El crecimiento se debe principalmente al aumento de la población (4.3% desde 2019) y no a la productividad, que permanece estancada. La tasa de ocupación ha aumentado un 5.8% en 2025 respecto a 2019, siendo el principal factor del crecimiento del PIB per cápita. Sin embargo, las horas trabajadas por ocupado han caído un 1.9% en el mismo periodo. Expertos como Gregorio Izquierdo, María Jesús Fernández y Jorge Sicilia coinciden en que la productividad española está estancada, a diferencia de la eurozona, donde ha crecido. La productividad por hora creció un 1.2% entre 2019 y 2025. El IEE utiliza la metodología de Ángel de la Fuente y Rafael Doménech para analizar el PIB per cápita.
La afiliación media a la Seguridad Social superó los 21,8 millones en noviembre, con un aumento de 522.000 afiliados en el último año. Sin embargo, este récord no refleja necesariamente un aumento en el número de personas trabajando, ya que una misma persona puede figurar varias veces en el cómputo mensual si mantiene más de una relación laboral activa o cotiza simultáneamente en distintos regímenes. Según datos oficiales, 1.736.734 afiliaciones corresponden en realidad a 823.107 personas que figuran dos o más veces en la estadística, lo que implica que cada uno de estos trabajadores computa de media 2,11 veces en el registro oficial. La Seguridad Social recoge casos en los que un mismo trabajador llega a computar hasta seis veces en la estadística en un mismo periodo. Esto se debe a personas que encadenan varios empleos por cuenta ajena, compatibilizan trabajo asalariado con actividad como autónomos o cotizan simultáneamente en distintos regímenes. El crecimiento de la afiliación se explica en parte por más empleos por persona, no exclusivamente por la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral. La afiliación sigue siendo un indicador válido para fines administrativos y de recaudación, pero pierde precisión como termómetro directo del número real de personas trabajando.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó en el primer trimestre de este año la solicitud de Plus Ultra para aplazar y fraccionar el pago de los intereses del préstamo de rescate de 53 millones de euros concedido durante la pandemia. La aerolínea no ha devuelto ni un solo euro hasta la fecha. El préstamo se compone de un préstamo participativo de 34 millones de euros a siete años y un préstamo ordinario de 19 millones de euros a cinco años. El interés del préstamo participativo es variable y se calcula en función de un componente fijo y otro variable ligado a la actividad de la empresa. Plus Ultra solo ha pagado los intereses del préstamo, unos ocho millones de euros al cerrar 2025. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga a la aerolínea por presunto uso indebido del dinero recibido y duda que pueda devolver el rescate. La SEPI tenía un representante en el consejo de administración de Plus Ultra, pero no parece haber influido en las decisiones de la empresa. El patrimonio de Plus Ultra ha empeorado progresivamente desde 2021, pasando de -24 millones a -40,5 millones en 2024. La tesorería actual de la aerolínea es de solo 26 millones, la mitad de lo necesario para devolver el préstamo.
El sector lechero español enfrenta una crisis debido a la disminución de explotaciones ganaderas, especialmente en Galicia, donde el número se ha reducido a la mitad. Esto ha llevado a considerar la importación de leche de países como Marruecos. Los ganaderos españoles se oponen a esta medida, argumentando que refleja el fracaso de las políticas públicas para proteger la producción nacional. La importación de leche de países fuera de la Unión Europea, incluido Marruecos, ha generado debate debido a las diferencias en condiciones de producción y estándares sanitarios, ambientales y sociales. Los profesionales y organizaciones agrarias alertan sobre el impacto en la seguridad alimentaria y la soberanía productiva en España. La producción lechera en Galicia ha sido históricamente fundamental para el sector en España. La disminución de explotaciones ha llevado a buscar soluciones alternativas para satisfacer las necesidades del mercado interno. Marruecos se ofrece como una de estas alternativas.
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