Crítica:
El artículo destaca la contradicción entre la intención del Gobierno de regular los microcréditos y su propio sobreendeudamiento. La medida puede tener efectos no deseados en los más vulnerables.
Los españoles se están descapitalizando: el ahorro cae y el crédito al consumo sube
España en crisis crediticia
Otros artículos
Langostinos de Venezuela a España
En un giro inesperado del comercio internacional, España ha importado 3,6 toneladas de langostinos de Venezuela por valor de 15,7 millones de euros en los primeros diez meses del año pasado. Esta cifra convierte a los langostinos en el segundo producto más importado desde el país sudamericano, solo por detrás del petróleo. La captura de langostinos penaeus, la especie más común en estas importaciones, es limitada en España debido a las condiciones climáticas y geográficas más favorables en zonas tropicales y subtropicales de América, Asia y África. Países como China, India, Ecuador y México lideran la producción mundial de langostinos, principalmente a través de acuicultura. El comercio entre España y Venezuela es más diverso de lo que se suele reconocer, con importaciones que incluyen cacao, manufacturas de hierro y aluminio, además del petróleo. La inestabilidad política en Venezuela, especialmente tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, genera preocupación en España por el impacto potencial en varios sectores económicos más allá del energético.
Cataluña: Cerdos en Crisis
La reciente crisis de peste porcina africana en Cataluña ha reavivado el debate sobre la concentración de ganado en las granjas de la región. Con 7,9 millones de cerdos, casi uno por habitante, la industria cárnica catalana es una de las más productivas de Europa. Sin embargo, esta concentración plantea riesgos sanitarios y medioambientales. La media de animales por granja se ha quintuplicado en los últimos 30 años, pasando de 374 a 1.901 cerdos. Ocho empresas gestionan el 30% de las 5.000 instalaciones ganaderas de la región. Mientras algunos defienden la industrialización como necesaria para la competitividad, otros reclaman alternativas que fomenten la supervivencia de los pequeños ganaderos. Un informe de la entidad ecologista GDT alerta de los peligros de subvencionar una industria vulnerable y reclama un cambio de modelo productivo.
Empleo público supera autónomos
La cifra de empleados públicos en España ha superado a la de trabajadores por cuenta propia, con un total de 3,533 millones de empleados públicos frente a 3,272 millones de autónomos a cierre del tercer trimestre del año pasado. Esta tendencia se invirtió en 2018, cuando por primera vez en años hubo más trabajadores en el sector público que autónomos. El mayor número de empleados públicos se encuentra en las comunidades autónomas, con 1,934 millones de personas, lo que representa el 62,25% del total. La Administración del Estado cuenta con unos 540.000 trabajadores, de los cuales más de la mitad están en las Fuerzas Armadas o en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Madrid, donde se ubican las sedes centrales de los 22 ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, trabajan cerca de 96.500 personas, aunque muchas de ellas lo hacen en delegaciones en comunidades autónomas. Además, 108.000 personas están empleadas en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
Montero frena dumping fiscal autonómico
La vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que el Gobierno buscará limitar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas, especialmente las llevadas a cabo por Madrid, a través de la reforma del sistema de financiación autonómica. Este nuevo modelo, que cede a las comunidades 21.000 millones de euros adicionales, pretende evitar el llamado 'dumping fiscal'. El Gobierno analiza dos opciones: reservarse un mínimo de imposición o limitar la capacidad de las autonomías para bajar impuestos. La reforma también incluye la cesión de un mayor porcentaje de IVA e IRPF a las comunidades, y la incorporación de nuevos impuestos a la 'cesta común'. Andalucía y Cataluña serán las mayores beneficiadas, con casi 5.000 millones de euros cada una, mientras que Madrid recibirá 2.555 millones más. El modelo debe ser aprobado en el Congreso y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Rescate de Plus Ultra bajo lupa
La jueza que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra tiene en su poder un informe del sindicato Manos Limpias que señala graves irregularidades en la operación de 53 millones de euros aprobada por el Gobierno. Según el documento, la compañía incumplía los requisitos exigidos para recibir ayudas públicas al estar en crisis antes de la pandemia y no ser considerada estratégica. Además, el informe destaca que Plus Ultra acumulaba pérdidas continuadas, tenía un préstamo pendiente de más de seis millones de euros y no disponía de aviones en propiedad. El sindicato insta a la jueza a investigar estas irregularidades y a depurar responsabilidades.
UE da razón a agricultores
La Comisión Europea ha dado la razón a los agricultores españoles en sus reivindicaciones contra las directivas de la Unión Europea (UE), mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, permanecen callados. Las protestas agrarias en Bruselas el 18 de diciembre, con cientos de tractores y miles de personas, han obligado a la reflexión en el gabinete de Ursula von der Leyen. Los comisarios europeos Christophe Hansen y Maroš Šefčovič han liderado las modificaciones que ofrecen más garantías a los productores españoles y europeos. Según fuentes agrarias, la comunicación con la cúpula de la Comisión Europea ha sido fluida y beneficiosa, mientras que el trato con Sánchez, Ribera y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido opuesto. Los comisarios europeos han respaldado iniciativas del campo español y han rectificado sobre la inclusión de los fertilizantes en el CBAM, retrasando dos años su implementación debido a las quejas de los agricultores españoles.
Mercosur: ¿Competencia Desleal?
La aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur ha generado una ola de críticas entre los agricultores y ganaderos españoles. Miguel Padilla, secretario general de COAG, denuncia que el sector ha sido utilizado como moneda de cambio en favor de otros intereses económicos. La entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en el mercado europeo supone, según COAG, una competencia desleal que podría poner en jaque la seguridad alimentaria y perjudicar especialmente a la agricultura ecológica y las explotaciones familiares. Pese a las cláusulas de salvaguardia negociadas en diciembre para proteger al sector agroalimentario europeo, los agricultores españoles han manifestado su descontento viajando a Bruselas en diciembre para protestar contra la Comisión Europea. El Gobierno español, por su parte, ha celebrado la aprobación del acuerdo considerándolo un hito histórico que refuerza el compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional.
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