Crítica:
El artículo expone un caso de presunto despilfarro en Renfe bajo el mandato de Álvaro Fernández Heredia, destacando la ironía de su defensa del uso de la bicicleta mientras promueve el uso de vehículos de lujo.
El artículo expone un caso de presunto despilfarro en Renfe bajo el mandato de Álvaro Fernández Heredia, destacando la ironía de su defensa del uso de la bicicleta mientras promueve el uso de vehículos de lujo.
Los inversores extranjeros elogian el mercado español para proyectos energéticos gracias a su mix renovable, que superó el 50% de la electricidad generada en el último año. Sin embargo, la factura de la luz sigue siendo elevada debido al complejo sistema marginalista y los múltiples costes asociados, como peajes de redes y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Bill Gates, con su fondo de inversión en proyectos verdes, ha mostrado interés en este asunto. La explicación radica en que todas las tecnologías del mix cobran por el precio de la última central necesaria para cubrir la demanda, generalmente la de gas, lo que eleva los precios del mercado diario por encima de los 100 euros megavatio hora en ciertas horas. Además, la polarización política y la parálisis en el Congreso complican la aprobación de leyes clave, como la ley de Industria. El sector energético enfrenta una crisis de confianza tras el apagón del 28 de abril y tensiones internas en el regulador, la CNMC, evidenciadas por la dimisión de una de sus consejeras. Se proponen soluciones como la digitalización de la red para aumentar su eficiencia, pero el modelo totex implementado por el regulador no ha logrado incentivar la inversión en la transformación de la red.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo para multar a los conductores que no lleven la baliza de preseñalización de emergencia V-16 en su vehículo. El director de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que se está dando un 'tiempo cómodo' para adaptarse a la norma, aunque ha evitado dar fechas concretas para el fin de dicho periodo. La baliza V-16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. No llevarla o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción de 80 euros. Además, los conductores que no lleven chaleco reflectante en el vehículo pueden ser sancionados con entre 80 y 200 euros. El PP ha pedido a la DGT expedientes e informes que acrediten la eficacia de la medida.
Las subvenciones públicas españolas a países extranjeros han experimentado un crecimiento del 35% en el último año, alcanzando un total de más de 600 millones de euros. Según el Listado de Grandes Beneficiarios de estas ayudas en el exterior, actualizado en 2025, el número de beneficiarios ha pasado de 236 a 318. La mayoría de estas subvenciones se destinan a países latinoamericanos, africanos y de Oriente Medio, destacando Colombia, Venezuela, Marruecos, Palestina y Mauritania. La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) lidera el ranking con 89,9 millones de euros. Las entidades públicas son las principales receptoras de estas ayudas, con ministerios, regiones y ayuntamientos figurando entre los beneficiarios. La falta de transparencia en la gestión de estas subvenciones es notable, con casos de datos identificativos incompletos y partidas replicadas. Entre los beneficiarios se encuentran también fundaciones, universidades y organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales han recibido cantidades significativas para proyectos específicos. La opacidad en la concesión y gestión de estas ayudas plantea interrogantes sobre su efectividad y justificación.
La inversión en la red de Alta Velocidad (AVE) en España ha recibido un impulso significativo gracias a los fondos UE Next Generation desde 2021. Hasta la fecha, se han formalizado contratos por un valor de 3.756 millones de euros, un 25% más que la dotación inicial de 2.988 millones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recogido estos datos, destacando que la Alta Velocidad es la línea de inversión que más dinero europeo ha recibido, por delante de otros programas como el Kit Digital (2.565 millones) o el hidrógeno renovable (2.350 millones). De los 6.665 millones asignados al Componente 6 del Plan de los fondos UE, dedicado a la 'Movilidad Sostenible, Segura y Conectada', un 56% ha ido destinado al AVE. Entre los contratos más cuantiosos se encuentran la construcción del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad en Valencia, la remodelación de la estación de Joaquín Sorolla y la ampliación del aparcamiento, con 366 millones adjudicados. Además, hay más de 300 licitaciones financiadas con fondos UE para inversiones en la Alta Velocidad, incluyendo varias en la línea Madrid-Sevilla. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) figura como el mayor beneficiario de estos fondos UE. Sin embargo, tras la tragedia de Adamuz, surge la pregunta sobre la efectividad de esta inversión colosal. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el accidente no se debió a la falta de mantenimiento ni inversión, y recordó las revisiones realizadas en el tramo de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sigue investigando las causas del siniestro. España cuenta con la red de Alta Velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, con más de 4.000 kilómetros en funcionamiento. La demanda y el tráfico han crecido con la liberalización en 2021, coincidiendo con el inicio de los fondos UE. Sin embargo, el reto sigue siendo el mantenimiento, ya que España dedica un 40% menos que la media de los Estados miembros de la UE. Los fondos UE Next Generation finalizan este año, y a partir de entonces, el gasto estructural deberá cubrirse con el presupuesto nacional.
A cierre de noviembre, los hogares españoles acumulaban 922.318 millones de euros en cuentas corrientes, según el Banco de España. Esta cifra ha fluctuado en los últimos años, repuntando en 2025 debido a la incertidumbre económica. Los expertos financieros denominan a este fenómeno «ahorro forzoso». Cristina Casillas, responsable de depósitos de HelpMyCash, explica que la cuenta corriente tiene un interés medio del 0,14%, lo que significa que por cada 10.000 euros, se pierden 270 euros de poder adquisitivo al año debido a la inflación del 2,9% en diciembre de 2025. Para mitigar esta pérdida, se recomienda remunerar la liquidez en cuentas remuneradas sin condiciones, que ofrecen cerca del 2%, o incluso más con promociones. También se sugiere apartar el dinero que no se necesita en productos con rentabilidad cerrada, como depósitos que ofrecen hasta el 3%, o invertir a largo plazo en productos como fondos indexados, que automatizan la inversión y tienen costes más bajos. La clave está en comparar las ofertas y entender las condiciones. «La liquidez aporta tranquilidad, ahora el reto es que esa tranquilidad no salga tan cara», sentencia Casillas.
El accidente ferroviario de Adamuz ha provocado un efecto dominó en los planes del Ministerio de Transportes, cancelando 'sine die' la firma del contrato de extensión para el corredor de alta velocidad entre Medina y La Meca, uno de los proyectos estrella de la industria ferroviaria española. El ministro Óscar Puente ha priorizado la atención a las víctimas y la investigación de las causas del siniestro, que ha cobrado 45 vidas. El consorcio español, liderado por Renfe, Adif e Ineco, aspiraba a vender más trenes y operar más años el corredor saudí, cuyo contrato inicial se firmó en 2012 y se ha ido prorrogando. La tecnología española de alta velocidad ha sido exportada a varios países, pero este accidente podría tener un impacto reputacional negativo. El nuevo acuerdo, pactado tras el verano, incluía la ampliación por hasta cinco años más del plazo de explotación, extendiendo la operación hasta 2038, y la compra de 20 trenes adicionales por unos 800 millones.
La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido recibida como una victoria por las organizaciones agrarias, que ven en este paso un freno a un pacto considerado perjudicial para el sector. Sin embargo, la Comisión Europea podría aplicar provisionalmente la parte comercial del acuerdo sin esperar a la sentencia del TJUE, prevista para dentro de 18 a 24 meses. Las organizaciones agrarias, como COAG y Asaja, mantienen su presión para impedir la ratificación del acuerdo, mientras que la Comisión Europea, presionada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, se inclina por aplicar el acuerdo de forma provisional. La vicepresidenta ejecutiva, Teresa Ribera, ha abogado por aplicar provisionalmente el pacto, argumentando que políticamente no se puede retrasar por mucho tiempo un acuerdo que ha tardado tanto en alcanzarse y firmarse. El voto de la Eurocámara se aprobó por una diferencia mínima, con 334 votos a favor y 324 en contra, y cuestiona la legalidad del acuerdo, específicamente el mecanismo de reequilibrio y la base legal del acuerdo. La Comisión Europea prefiere esperar al resultado de las discusiones en la cumbre extraordinaria de la UE antes de activar el tratado, para garantizar consenso político.
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