El artículo presenta una visión alarmista del estado actual de la economía global, pero no ofrece soluciones concretas. La narrativa se centra en la erosión de la confianza en las monedas tradicionales y la subida de activos tangibles, pero podría profundizar más en las causas subyacentes y las posibles consecuencias.
La Comisión Europea ha lanzado una advertencia contundente a España: si no corrige su política respecto al IVA para autónomos en ventas intracomunitarias, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La normativa comunitaria, aprobada en 2020 y prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2025, obliga a los Estados miembros a eximir a los autónomos de repercutir el IVA a sus clientes de otros países de la UE. España, junto con otros cambios fiscales, ha incluido esta medida en un proyecto de ley que actualmente tramita el Congreso. Sin embargo, es el único país de la UE que aún no ha transpuesto esta directiva. La Comisión ha confirmado que no tiene constancia de que España haya cumplido con esta obligación y ha advertido que, de persistir el incumplimiento, elevará el caso al TJUE. La directiva también ofrece la opción de eliminar el IVA a autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, una posibilidad que España ha rechazado. La Asociación de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ya denunció esta decisión ante la Comisión en diciembre.
La derogación del decreto ómnibus ha reactivado 60.000 desahucios paralizados. La medida, vigente desde marzo de 2020, protegía a inquilinos vulnerables de la crisis del Covid-19. Ahora, los propietarios pueden reanudar las demandas de desahucio. Carlos Muñoz, CEO de CIM Tax & Legal, explica que los jueces darán un plazo de dos meses a servicios sociales para buscar alternativas habitacionales. Los grandes tenedores deberán acreditar intentos de conciliación previos. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) denuncia que España es el único país occidental que extendió esta medida más allá de la crisis sanitaria, dejando a 58.000 caseros sin recuperar sus viviendas. El proceso de desahucio se reanudará con distintos plazos según el juzgado y la situación del procedimiento. Los propietarios afectados podrán solicitar compensaciones a las CCAA por los impagos sufridos, con un plazo que vence el 2 de febrero de 2026. Asval destaca que el 80% de las viviendas recuperadas en 2024 se lograron mediante acuerdos extrajudiciales, generalmente con pago de incentivos a los ocupantes.
El Gobierno destinó 1.900 millones de euros a RTVE y Correos en 2024, casi el triple que los 683 millones asignados al mantenimiento de la red ferroviaria española. Informes técnicos y sindicatos coinciden en señalar deficiencias en la conservación de vías y sistemas de seguridad como factores clave del deterioro del servicio ferroviario. La red ferroviaria española, dependiente de ADIF, recibió un 16% del gasto total en infraestructuras ferroviarias para mantenimiento, lo que refleja un claro predominio de la inversión en nuevas líneas frente a la conservación del sistema existente. El Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de control en el gasto de RTVE, mientras que Correos arrastra pérdidas recurrentes debido al declive del negocio postal tradicional. El mantenimiento ferroviario es preventivo y técnico, e incluye la conservación de vías, señalización y sistemas de seguridad, cuyo descuido puede tener impactos acumulativos graves.
La Unión Europea ha dado luz verde a una controvertida modificación en las reglas de origen que permite etiquetar como 'marroquíes' los productos agrícolas cultivados en el Sáhara Occidental. Esta decisión, publicada el 28 de enero en el Diario Oficial de la UE, tiene efecto retroactivo desde el 3 de octubre, fecha en que la UE y Marruecos pactaron ampliar su acuerdo comercial. El cambio busca sortear la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declaraba ilegal esta práctica. Los agricultores españoles, agrupados en Asaja, denuncian 'competencia desleal' y 'abandono' por parte de sus representantes políticos, y han convocado movilizaciones para el 29 de enero. Según Asaja, el Gobierno español, con sus votos en Bruselas, permitió que esta situación saliera adelante pese al rechazo mayoritario del sector. El Parlamento Europeo votó una objeción para frenar este reglamento el 26 de noviembre, pero se perdió por un solo voto, con el PSOE votando en contra. Los agrarios critican que se 'ocultan' los productos bajo regiones marroquíes como Dajla o El Aaiún, y que se ha priorizado la estabilidad diplomática con Rabat sobre la supervivencia de las explotaciones familiares españolas.
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India ha supuesto un hito para el aceite de oliva español. Con la eliminación de aranceles que actualmente oscilan entre el 40% y el 45%, el sector celebra una oportunidad de oro para expandirse en un mercado de más de 1.400 millones de consumidores. La reducción progresiva de estos impuestos en un plazo de cinco años permitirá que el aceite de oliva sea más asequible en los supermercados indios, lo que podría impulsar su consumo. India, que no produce aceite de oliva y depende de las importaciones, compra actualmente unas 10.000 toneladas anuales, de las cuales el 90% proceden de España. Las exportaciones españolas alcanzaron los 35,18 millones de euros en 2024. El acuerdo también beneficia a otros sectores como el vino y los alimentos procesados. Para España, representa una oportunidad clave para reforzar sus exportaciones agroalimentarias en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo.
En un escenario de inflación alimentaria, los huevos han desafiado las expectativas al registrar un aumento del 6,6% en su consumo durante 2025 respecto a 2024, pese a un encarecimiento del 22,7%. Según NIQ, este comportamiento se debe a su relación calidad-precio y su versatilidad en la cocina, lo que lo convierte en un alimento esencial en la dieta española. La producción avícola en España es 120% autosuficiente y exporta alrededor del 20% de su producción, principalmente a la UE. Los expertos prevén que la normalización de la oferta tras el impacto de la influenza aviar tardará entre seis meses y un año. El consumo de huevos ha crecido un 17% desde 2019, consolidándose como una proteína de referencia en la dieta española. El gasto total en la cesta de la compra alcanzó los 131.000 millones de euros en 2025, un 5,8% más que el año anterior, debido a un incremento del 2,5% en los volúmenes y un repunte del 3,2% en el precio promedio.
La fuga de empresas de España continúa acelerándose en 2026, con cuatro compañías trasladando su sede social en lo que va de año. Este ritmo duplica el promedio mensual de finales de 2025, cuando se registraban entre una y dos salidas mensuales. La inversión extranjera en España se ha desplomado un 28% en los primeros nueve meses de 2025, hasta los 18.896 millones de euros, su peor cifra en cuatro años. Las empresas que han abandonado España en los últimos meses son Orozco Asset Management, Neurafica Science & Marketing, Fondolago Inversiones, Breakwater La Zagaleta, Inversiones 112233, Beposana Servicios y Gestiones y Quinta do Acevo, todas ellas de tamaño modesto y con actividades diversas. La mayoría ha optado por jurisdicciones con mejor tratamiento fiscal, como Portugal, Andorra, Italia, Panamá o Delaware (EE. UU.). Estos movimientos coinciden con un clima de inestabilidad política y fiscal en España, marcado por anuncios de posibles subidas de impuestos y casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. El precedente de Ferrovial, que trasladó su domicilio social a Países Bajos en 2023, generó un fuerte malestar en el Ejecutivo, que inicialmente logró frenar otras salidas. Sin embargo, el entorno político se ha relajado desde entonces, aunque miembros del Gobierno siguen lanzando mensajes que pueden ser percibidos como hostiles por las grandes empresas y los inversores extranjeros.
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