Crítica:
El Gobierno parece tener los recursos pero no los utiliza efectivamente para resolver el problema de la okupación. La falta de intervención de los Servicios Sociales es alarmante.
El Gobierno parece tener los recursos pero no los utiliza efectivamente para resolver el problema de la okupación. La falta de intervención de los Servicios Sociales es alarmante.
El sector del transporte en España se encuentra en una situación crítica. La huelga de trenes convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero por los sindicatos de maquinistas (SEMAF, CCOO y UGT) tras una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, pone de relieve los problemas estructurales de seguridad y calidad en el ferrocarril. Mientras tanto, el estado de las carreteras españolas sigue siendo un tema preocupante. Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), denuncia que el sector aporta cerca de 21.000 millones de euros en impuestos, pero apenas se destinan 2.000 millones a mantenimiento. La falta de inversión en infraestructuras viales y ferroviarias está provocando un aumento en los costes operativos y poniendo en riesgo la cadena de suministro. Además, el sector sufre una grave falta de mano de obra, con una necesidad de 30.000 profesionales, y enfrenta problemas de inseguridad como robos de mercancías y amenazas a los conductores.
La Comisión Europea ha admitido que ha perdido el control de las importaciones de tomate marroquí, cuyos envíos siguen llegando a los mercados europeos pese a haber desaparecido de las estadísticas oficiales. La COAG ha denunciado esta situación como «inaceptable» y ha responsabilizado a las aduanas de algunos Estados miembros de la falta de transparencia. El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, ha reconocido la existencia de graves problemas de transparencia en una reunión con la Coordinadora Europea Vía Campesina. Las cifras de importaciones han dejado de actualizarse en la web de la Dirección General de Agricultura de Bruselas, que señala que los volúmenes importados estarían muy por debajo de lo habitual, algo que contradice la realidad del mercado. Los precios no se han disparado debido a la fuerte presencia del tomate marroquí en la UE. La COAG ha reclamado explicaciones a las aduanas españolas y a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (DG TAXUD). El problema se agrava por la reciente modificación de las normas de comercialización que permite a Marruecos emitir certificados de conformidad para productos del Sáhara Occidental sin indicar el país de origen. Mientras tanto, la UE avanza en la liberalización comercial con Marruecos.
Los transportistas denuncian que el ministro Óscar Puente no invierte lo suficiente en carreteras, equiparando la situación con la dejadez en el mantenimiento de los trenes. Carmelo González, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Mercancías (CETM), asegura que se necesitan 1.200 millones de euros más para solucionar los problemas de infraestructuras y la falta de seguridad de los camioneros. González critica que se priorizan las inauguraciones de alta velocidad, mientras que el mantenimiento de las carreteras es deficiente, con un presupuesto de 800 millones de euros frente a los 2.000 millones necesarios. Además, denuncia la falta de un plan estable de mantenimiento y modernización de la red de carreteras. El sector también enfrenta un déficit de 30.000 conductores, con una edad media de 55 años, y reclama soluciones estructurales como formación profesional para atraer a jóvenes y mujeres.
En un giro irónico de la historia financiera, el oro vendido por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2007 por una fracción de su valor actual ha generado un debate sobre las decisiones económicas del pasado. En ese período, el Banco de España redujo sus reservas de oro en un 46,2%, pasando de 16,826 millones de onzas a 9,05 millones, lo que equivale a la venta de aproximadamente 7,7 millones de onzas. Considerando el precio del oro en ese momento, que osciló entre 300 y 545 euros por onza, las ventas habrían generado entre 2.310 y 4.197 millones de euros. Sin embargo, al precio actual de 4.187 euros por onza, esas mismas 7,7 millones de onzas valdrían alrededor de 32.239 millones de euros, lo que pone de relieve una pérdida potencial de aproximadamente 30.000 millones de euros para las arcas públicas. El exministro de Economía, Pedro Solbes, justificó la venta argumentando que el oro 'no es un activo rentable', una afirmación que contrasta con la reciente apreciación del metal precioso, que ha aumentado un 45,2% en los últimos seis meses a pesar de recientes caídas. Esta venta, combinada con las controvertidas declaraciones de Solbes sobre 'brotes verdes' durante la crisis económica española y su subestimación del impacto de la crisis hipotecaria estadounidense, ha generado críticas hacia las decisiones económicas tomadas durante el gobierno de Zapatero.
La industria conservera gallega se enfrenta a un doble desafío: Marruecos ha vetado la exportación de sardina en bruto a partir del 1 de febrero, lo que reduce la materia prima disponible para las conserveras gallegas, mientras que Chile ha multiplicado por 17 su producción de mejillón desde el 2000, lo que supone una competencia creciente para los bateeiros gallegos. El informe del Comité de Pesca del Parlamento Europeo revela que la UE ha construido una dependencia industrial y de consumo de sardina marroquí, lo que repercute en un recurso cada vez más tensionado. Los costes de producción en Marruecos y Chile son significativamente más bajos que en Galicia, lo que les permite ofrecer productos a precios más competitivos. La autosuficiencia europea en mejillón ha caído del 80% en 2019 al 70% en 2023, lo que pone en riesgo la sostenibilidad y la soberanía alimentaria de la región.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que las importaciones de tomate de Marruecos y el Sáhara Occidental han desaparecido de las estadísticas oficiales de la Comisión Europea. Pese a que los envíos continúan llegando a los mercados comunitarios, las cifras han dejado de actualizarse en la web de la Dirección General de Agricultura. El Comisario de Agricultura, Christophe Hansen, ha reconocido graves problemas de transparencia y ha culpado a las autoridades aduaneras de algunos estados miembros. COAG ha reclamado información actualizada y ha criticado la modificación normativa que permite etiquetar los productos del Sáhara Occidental sin indicar su país de origen, lo que ha generado mayor incertidumbre. Mientras tanto, el Consejo de Asociación UE-Marruecos busca relanzar la asociación y profundizar en la liberalización comercial, lo que COAG considera perjudicial para las pequeñas explotaciones y consumidores.
La consultora Acento, fundada por José Blanco y Alfonso Alonso en 2019, ha sido vendida a la firma francesa Havas, filial de Vivendi, por un importe cercano a los 30 millones de euros. La operación se produce en un momento en que Acento está en su momento de máximo esplendor, con un beneficio bruto de más de tres millones de euros y una sólida posición en Madrid, Barcelona y Bruselas, así como en China. La venta se interpreta como una operación de manual, ya que Blanco y Alonso han decidido vender antes de un posible cambio de gobierno en España, lo que podría afectar a su capacidad de influencia. La consultora ha estado vinculada a polémicas, especialmente por sus conexiones con Huawei y la expansión en China, lo que ha generado críticas desde el PP. Con esta venta, Havas refuerza su presencia en el mercado español y amplía su capacidad de influencia en el ámbito de la consultoría de asuntos públicos.
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