Crítica:
La noticia omite detalles sobre cómo afectará la medida a los sectores más vulnerables y no ofrece alternativas para mitigar el impacto.
La página web de El Economista ha sido bloqueada, mostrando un error 'Access Denied' al intentar acceder a un artículo sobre el caos inmobiliario en España y su repercusión internacional. El contenido, que Bloomberg supuestamente descubrió al mundo, revelaba la avalancha de viviendas okupadas a la venta. El error de acceso referencia #18.4e9bf748.1772053783.a60da65 sugiere un bloqueo técnico o de seguridad. Este incidente ha generado curiosidad sobre el contenido del artículo y su posible impacto en la opinión pública internacional.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Transición Ecológica, está tramitando un real decreto que endurece las exigencias medioambientales para los 'data centers', instalaciones cruciales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta normativa, que está en fase de alegaciones, impone requisitos más estrictos en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, lo que ha generado inquietud en el sector energético y entre los inversores. El artículo 6 del real decreto obliga a los 'data centers' de más de 100 megavatios a cumplir con las mejores prácticas del Código de Conducta Europeo y a situarse dentro del 15% de instalaciones con mejores prestaciones en cuanto a eficiencia energética, uso de agua y energía renovable. Esto supone un aumento en los costes de mantenimiento y genera incertidumbre entre los inversores, que deben destinar más capital para cumplir con estos requisitos. Además, el Gobierno ha mostrado su recelo hacia estas instalaciones debido a su alto consumo de recursos y su impacto ambiental. En un evento celebrado en septiembre de 2023, el Ministerio presentó un plan de inversión de 13.000 millones de euros para potenciar la red eléctrica hasta 2030, priorizando el hidrógeno verde y la electrificación de la industria sobre los 'data centers', a los que asignó 3,8 gigavatios frente a los 13,1 gigavatios para el hidrógeno y 9 gigavatios para la industria. Esta política ha levantado sospechas de que el Ejecutivo busca castigar a comunidades gobernadas por el Partido Popular que han apostado fuerte por esta industria, como Aragón.
El Tribunal de Cuentas ha destapado una posible irregularidad en la contabilidad de Renfe relacionada con el proyecto de alta velocidad La Meca-Medina, valorado en 211,4 millones de euros. Según el informe del Tribunal, Renfe utilizó un método de estimación de ingresos basado en un plan de negocio que quedó obsoleto tras la paralización del proyecto en 2024. Esto pone en duda la fiabilidad de los ingresos registrados y las cantidades pendientes de facturar. Renfe ha respondido que la reorganización del consorcio se resolvió con la firma de un nuevo contrato en febrero de 2024, que asegura la continuidad del proyecto hasta 2038. Además, el Tribunal de Cuentas ha señalado otra irregularidad relacionada con una deuda de 100 millones de euros que la Generalitat de Catalunya mantiene con Renfe y que el Estado debería asumir según un acuerdo de 2024. El informe del Tribunal de Cuentas está pendiente de alegaciones, por lo que Renfe podrá responder a estas observaciones.
En un giro inesperado, Polonia ha superado a España en PIB per cápita según el Fondo Monetario Internacional (FMI), gracias a una estrategia de seducción a inversores y un fuerte impulso industrial. Con un PIB por habitante previsto de 58.559 dólares para 2026, Polonia se posiciona por delante de España, que se queda en 58.348 dólares. Este cambio de tornas se debe a la decidida apuesta polaca por la industria y la seguridad jurídica, lo que ha atraído grandes inversiones extranjeras. Mientras tanto, España sufre una desindustrialización y pérdida de empleo en el sector manufacturero. La nación eslava también destaca por su crecimiento en el sector turístico y su posición como actor clave en servicios empresariales en Europa. Con una tasa de crecimiento del 3,6%, Polonia sigue atrayendo multinacionales como Google, Microsoft y Amazon.
Casi nueve años después del fallido referéndum independentista del 1-O, Cataluña apenas ha recuperado un 7% de las 10.394 empresas que abandonaron la región en 2017. Solo 762 empresas han regresado, mientras que 5.245 nuevas empresas se han instalado en el territorio, dejando un saldo negativo de 5.149 sociedades. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se había marcado como objetivo lograr el retorno de la mayoría de las compañías que abandonaron Cataluña, pero las ventajas fiscales ofrecidas no han sido suficientes para convencer a las grandes entidades. Algunas empresas como Fundación La Caixa, Criteria, Banco Sabadell y Applus+ han regresado, pero otras como Naturgy, CaixaBank y Colonial no tienen planes de hacerlo. En términos globales, Cataluña presenta un saldo negativo de 115 empresas en 2025, mientras que Madrid atesora un saldo positivo de 1.982 nuevas sedes desde 2017. El informe de Informa D&B destaca que el 20% de las empresas que llegaron a Madrid en 2025 procedían de Cataluña.
La sociedad Tojsama 14, vinculada al exministro José Bono, ha incorporado en sus cuentas una valoración de 532.385 euros asociada a su participación en la sociedad dominicana Teivelpir RD. Esta cifra representa un aumento significativo respecto al valor de adquisición de 1.487 euros registrado en 2023. La sociedad Teivelpir RD, constituida en septiembre de 2020, se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría. José Bono figura como titular de esta sociedad con un 99,9% de participación. El valor de la inversión se ha actualizado debido a la incorporación de una valoración de la participación por primera vez en las cuentas de Tojsama. Bono obtuvo la nacionalidad dominicana en septiembre de 2020, poco antes de constituir Teivelpir y otras tres sociedades en el país. Tojsama, que tiene como objeto social el asesoramiento empresarial y la adquisición de bienes inmuebles, ha sido utilizada por Bono para realizar diversas inversiones tanto en España como en el extranjero. El exministro ha utilizado esta sociedad y otra llamada Joasa 2012 SL para comprar inmuebles en Toledo y Tánger (Marruecos).
El Gobierno enfrenta críticas del Partido Popular (PP) por una 'cuña fiscal' de 154.000 millones que afecta duramente a las clases medias. Según un informe de la Vicesecretaría de Economía del PP, liderada por Alberto Nadal y Juan Bravo, esta carga impositiva, derivada del IRPF, IVA y cotizaciones sociales, ha aumentado un 37,9% del PIB en 2025, tres puntos más que en 2018. La decisión de no deflactar el IRPF ha permitido a la Agencia Tributaria recaudar 70.000 millones desde 2018, con un impacto anual adicional de 1.800 millones hasta 2031. Además, el IVA ha generado 23.000 millones y las cotizaciones sociales 61.000 millones. Esta presión fiscal supera en cinco puntos la media de la OCDE y equivale al 83% del presupuesto para pensiones. El informe denuncia que la riqueza bruta ha disminuido en todas las franjas de edad por debajo de 65 años, especialmente entre los menores de 35 años, donde el porcentaje de hogares con vivienda en propiedad cayó ocho puntos porcentuales entre 2018 y 2024. El PP argumenta que el crecimiento del PIB es 'extensivo', basado en el aumento de la población ocupada, principalmente inmigrantes en empleos de baja cualificación, sin traducirse en mejoras para los trabajadores. Actualmente, el 80% de los trabajadores a tiempo completo gana menos de 30.000 euros, y la edad media de emancipación en España es de 30 años, casi cuatro más que la media europea. El PP concluye que el modelo económico actual genera empleo pero no seguridad ni poder adquisitivo, debilitando a la clase media trabajadora.
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