El artículo revela conexiones preocupantes entre Plus Ultra y redes de corrupción vinculadas al chavismo, pero no acusa directamente a la aerolínea de actividades ilícitas. La falta de claridad sobre la participación directa de Plus Ultra en la corrupción podría dejar al lector con más preguntas que respuestas.
En un giro inesperado, el Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, dio luz verde a un proyecto eólico de Forestalia en el Maestrazgo (Teruel) pese a informes negativos que advertían de su impacto en la reintroducción del quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción. El proyecto, valorado en 800 millones de euros y con capacidad para generar 2.500 empleos, incluía la instalación de 122 aerogeneradores, 84 de ellos dentro de la Red Natura 2000. La decisión del Ministerio, sellada por el alto cargo Eugenio Domínguez, quien posteriormente fue detenido por presunto favoritismo hacia Forestalia a cambio de acciones, provocó la paralización del plan de conservación del quebrantahuesos. Las simulaciones realizadas por los técnicos del proyecto indicaban que más de 700 aves colisionarían con los molinos. Forestalia, empresa ligada a Fernando Samper, obtuvo las licencias ambientales y posteriormente vendió el proyecto al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) por unos 500 millones de euros, generando un beneficio millonario. La operación levantó sospechas sobre la facilidad con la que Forestalia obtenía licencias en áreas protegidas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vinculado una transferencia de más de 519.000 dólares realizada por la aerolínea española Plus Ultra en 2021 con una red financiera relacionada con la corrupción en Venezuela. La operación, mencionada en un documento oficial de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), describe cómo el dinero fue enviado a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo investigado por blanqueo de capitales. Esta cuenta se utilizaba para pagar el salario de un intermediario financiero que facilitaba operaciones vinculadas al desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El intermediario manejaba fondos procedentes de la corrupción petrolera venezolana para distintos beneficiarios, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros del chavismo. El documento del Tesoro justifica la propuesta de sanciones contra el MBaer Merchant Bank AG, un banco suizo que, según FinCEN, representa un riesgo significativo para el sistema financiero estadounidense. La investigación sobre Plus Ultra se produce en un contexto de sospechas sobre el uso de fondos públicos tras recibir un rescate de 53 millones de euros en 2021. Fiscalías en Francia y Suiza han solicitado colaboración a España para investigar fondos vinculados a negocios del chavismo, y en diciembre de 2025 fueron detenidos varios directivos de la aerolínea y un empresario vinculado. El caso sigue abierto con investigaciones sobre posibles devoluciones de préstamos con dinero público.
Un Dassault Falcon 900 del Ejército del Aire español, identificado como T-18-3, realizó un vuelo desde Santo Domingo (República Dominicana) hasta Cúcuta (Colombia), muy cerca de la frontera con Venezuela, el 12 de junio de 2023. El trayecto no figura en los registros públicos de seguimiento aéreo, lo que ha levantado sospechas sobre su propósito. Un documento oficial, denominado 'General Declaration', al que ha tenido acceso El Debate, confirma el vuelo y detalla la tripulación militar, pero deja en blanco el apartado destinado a los pasajeros. Este vuelo forma parte de una serie de movimientos aéreos oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez que han generado controversia debido a la falta de transparencia sobre sus ocupantes y objetivos. El Falcon T-18-3 estaba desplegado en el Caribe en junio de 2023, coincidiendo con un desplazamiento oficial del Ejecutivo vinculado a proyectos de cooperación en Colombia a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Sin embargo, el vuelo a Cúcuta no está incluido en el itinerario público de ese viaje institucional, aumentando las dudas sobre su naturaleza. La ausencia de registro del vuelo en las plataformas civiles de seguimiento aéreo sugiere que se desactivó el localizador para evitar dejar rastro.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una nueva normativa ha generado controversia entre los ciclistas en España. La medida permite eliminar los arcenes en determinadas carreteras nacionales para habilitar carriles bici junto a la calzada, lo que ha generado preocupación entre los usuarios de bicicletas. Hasta ahora, los ciclistas podían circular por los arcenes de las carreteras nacionales, pero esta práctica podría quedar restringida en ciertos tramos. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha defendido que la bicicleta es un vehículo más y debe cumplir las normas de circulación como cualquier otro. Sin embargo, la eliminación de arcenes podría dejar a los ciclistas sin opciones seguras para circular fuera de los itinerarios específicamente habilitados. La medida se enmarca en la Estrategia Estatal por la Bicicleta y busca fomentar la movilidad activa y sostenible, pero ha sido criticada por asociaciones ciclistas que denuncian la falta de continuidad y el mal estado de los carriles bici que podrían reemplazar a los arcenes. El cambio ya es oficial y las administraciones podrán aplicarlo en la Red Estatal siempre que lo justifiquen técnicamente.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha generado un intenso debate político al negarse a fiscalizar las subvenciones concedidas a EH Bildu en las elecciones municipales de mayo de 2023, a pesar de que la formación proetarra incluyó en sus listas a 23 condenados por terrorismo. La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, impulsada por el PP, solicitó en junio de 2025 un informe específico sobre esta cuestión, ya que la inclusión de etarras en las listas electorales contraviene la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Las subvenciones en cuestión ascendieron a aproximadamente 1,3 millones de euros. Chicano justificó su decisión argumentando que la concesión inicial de subvenciones correspondió a la Junta Electoral Central y al Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska. Fuentes cercanas al Tribunal de Cuentas consideran 'gravísimo' el desafío de Chicano al Parlamento, ya que el tribunal tiene la obligación de atender las peticiones de la Comisión Mixta. Además de negarse a fiscalizar a Bildu, Chicano también se ha negado a rehacer 6 informes de fiscalización sobre los contratos realizados durante la pandemia del covid-19, pese a las resoluciones de la Comisión Mixta. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha manifestado su disconformidad con las peticiones de la Comisión Mixta y ha planteado recurrir al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, o a la justicia europea para defender la autonomía del tribunal. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Tribunal de Cuentas de 'desobediencia' y ha subrayado que la Ley es clara en cuanto a la incompatibilidad de Bildu para recibir subvenciones debido a la presencia de condenados por terrorismo en sus listas.
La DGT parece hacer la vista gorda con los traslados de presos y guardias civiles, pese a que los vehículos utilizados carecen de cinturones de seguridad, una omisión que podría acarrear multas de 200 euros a los ocupantes. La flota, compuesta por 447 vehículos con una edad media de 11 años, ha recorrido más de un millón de kilómetros anuales sin apenas renovaciones. Según una orden ministerial de 2015, estos vehículos deberían estar equipados con cinturones de seguridad, climatización y otros elementos de seguridad básicos. La Guardia Civil denuncia la falta de inversión en la seguridad de los presos y agentes, mientras que la DGT podría sancionar a los ocupantes por no llevar cinturón. La situación es alarmante, ya que un simple frenazo podría tener consecuencias graves.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, por presunto amaño de evaluaciones ambientales vinculadas a proyectos energéticos promovidos por Forestalia. Según la investigación, Domínguez recibió un Mercedes GLC 300 valorado en 80.000 euros el 31 de octubre de 2025, adquirido a través de una sociedad instrumental llamada Estudio de Asesoramiento Dherco SL, creada a nombre de su esposa y sus cuatro hijos. La UCO analiza si el vehículo formó parte de un sistema de compensaciones a cambio de favorecer determinados proyectos energéticos desde el Ministerio. Las diligencias abiertas tratan de determinar si Domínguez utilizó su posición para alterar evaluaciones ambientales o impulsar resoluciones favorables a proyectos concretos, como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), crucial para la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos. La investigación también examina los beneficios económicos obtenidos por Domínguez y su entorno familiar a través de sociedades instrumentales vinculadas a proyectos energéticos. La causa continúa bajo secreto parcial mientras se analizan documentos societarios, expedientes y movimientos financieros.
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