Crítica:
La noticia es clara y concisa, pero podría profundizar más en las consecuencias del fraude para el sector agroalimentario y los consumidores. La falta de detalles sobre la empresa certificadora y el ganadero condenados es notable.
Condenados por un fraude de 260.000 euros en la certificación de cerdos ibéricos
Fraude ibérico descubierto
Otros artículos
IVA franquiciado para autónomos
El Gobierno español se enfrenta a una posible sanción de la Comisión Europea por no aplicar la directiva que permite a los autónomos con facturaciones anuales inferiores a 85.000 euros no pagar ni declarar el IVA, conocido como IVA franquiciado. Esta medida, que debería haberse implementado desde el 1 de enero de 2025, podría ahorrar a los autónomos hasta 600 euros en costes burocráticos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, critica al Gobierno por discriminar a los autónomos frente al resto de países europeos. El Ministerio de Hacienda argumenta que la transposición de esta directiva está en tramitación, pero los autónomos aseguran que esto es solo una excusa para no aplicarla. La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer esta directiva, lo que podría tener graves consecuencias para el país. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no pueden acogerse al IVA franquiciado, lo que supone un agravio comparativo y una traba para competir en igualdad. El sector estima que más de un millón de autónomos en España podrían beneficiarse de este régimen simplificado del IVA, lo que supondría un importante alivio administrativo. La falta de previsión legal y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados son dos de los obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con inseguridad legislativa. El Gobierno debe retomar este compromiso y cumplir con los autónomos, aseguran los representantes del sector.
Tabaco en peligro
El sector del tabaco se encuentra en una encrucijada debido a las decisiones del Gobierno que, según la organización agraria Asaja Extremadura, buscan 'acabar de facto' con este cultivo. El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, denuncia que las autoridades han prohibido los principales productos fitosanitarios necesarios para la producción de tabaco, lo que dejaría a miles de agricultores extremeños en una situación precaria. La situación comenzó con la obligación de sembrar cultivos como rabanetes y mostazas, que fueron arruinados por las lluvias, y continuó con la prohibición del Dicloropropeno 1.3, un producto que se aplica antes de sembrar para eliminar a los gusanos microscópicos que atacan las raíces de las plantas. Además, el Gobierno propuso a los tabaqueros utilizar el Metam Sodio al 51%, pero meses más tarde, en febrero de 2025, volvió a cambiar las reglas y decidió prohibir su uso, lo que obligaría a los agricultores a cubrir las parcelas con plástico, lo que supondría un coste millonario. Los agricultores dudan de la efectividad de un nuevo producto de origen natural 'hecho a base de ajos' que se les ha propuesto como alternativa. Asaja Extremadura reclama el cese de los responsables de sanidad vegetal del ministerio y exige soluciones realistas que permitan mantener un cultivo clave para el medio rural extremeño. 'Nos estamos jugando el futuro de miles de familias', advierten desde la organización agraria. La situación es fruto de una serie de decisiones tomadas de forma conjunta por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio para la Transición Ecológica, que, a juicio de García Blanco, están poniendo contra las cuerdas a los agricultores extremeños. La prohibición del Dicloropropeno 1.3 y la obligación de cubrir las parcelas con plástico supondrían un coste de casi 27 millones de euros, según los cálculos de los agricultores. Además, la modalidad de tabaco por goteo, que se les propone, 'no la quieren las multinacionales por su bajísima calidad y por los problemas agroambientales que plantea'. Asaja Extremadura considera que el cultivo de tabaco es clave para el medio rural extremeño y que se está jugando el futuro de miles de familias. La situación es cada vez más crítica y los agricultores esperan que el Gobierno tome medidas para evitar el colapso del sector.
Impuestos en España suben
La recaudación de Hacienda con el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado un 8,4% en 2024, casi tres veces más que la economía, que creció un 3,5% en el mismo período. Esto se debe a la aprobación de 97 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018, lo que ha llevado a una recaudación histórica de 294.734 millones de euros. El Impuesto de Sociedades ha experimentado una expansión notable, alcanzando los 39.096 millones de euros en 2024, un 57% más que en 2018. Sin embargo, el Instituto Juan de Mariana advierte que el tipo nominal del Impuesto de Sociedades en España es uno de los más altos de la UE, con un 25% frente a una media del 21%. El análisis basado en la Curva de Laffer muestra que una reducción de 3,4 puntos permitiría mantener o incluso mejorar la recaudación, al ampliar las bases imponibles. Además, la evidencia científica sugiere que el 50% del Impuesto de Sociedades se traslada a los trabajadores en forma de ingresos más bajos, lo que significa que las empresas no son las únicas víctimas de este sistema fiscal. Un modelo fiscal más eficiente y menos distorsionador reforzaría el crecimiento, la actividad privada y el dinamismo de la economía. La situación es preocupante, ya que España se sitúa en el tramo alto de la UE en fiscalidad empresarial, y otros países como Alemania, Italia y Países Bajos han anunciado rebajas relevantes en sus impuestos durante los próximos años. En este contexto, es fundamental replantear el sistema fiscal para fomentar la competitividad y el crecimiento económico en España. El Informe del Instituto Juan de Mariana ofrece una visión crítica y objetiva de la situación, y sus recomendaciones podrían ser clave para mejorar la economía española. La recaudación de Sánchez ha sido histórica, pero es importante analizar si este aumento es sostenible y beneficioso para la economía en el largo plazo. La opinión de expertos como Benjamín Santamaría, economista y analista, es esencial para entender las implicaciones de estas políticas fiscales. La situación es compleja, y es necesario considerar todos los factores para tomar decisiones informadas. La economía española requiere un enfoque integral y equilibrado para lograr un crecimiento sostenible y beneficiar a todos los sectores de la sociedad. La recaudación de Hacienda es solo una parte del panorama económico, y es fundamental analizar todos los aspectos para tener una visión completa de la situación. En resumen, la recaudación de Sánchez ha aumentado significativamente, pero es importante considerar las implicaciones a largo plazo y buscar un equilibrio entre la recaudación y la competitividad para fomentar el crecimiento económico en España.
Tensión Trump-Sánchez afecta
En un giro inesperado, las agencias de calificación crediticia Fitch y S&P Global han decidido no mejorar el rating de España, debido en gran parte a las tensiones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta decisión llega en un momento crítico, ya que la economía española se enfrenta a desafíos significativos, incluyendo una deuda pública disparada y una dependencia importante de las importaciones de petróleo y gas de Estados Unidos. Con un contexto marcado por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo están en ascenso, lo que agudiza la incertidumbre económica. Las agencias de calificación han dejado claro que cualquier mejora en el rating de España dependerá de una consolidación presupuestaria más ambiciosa y de una reducción significativa de la deuda pública. Sin embargo, con un gobierno que opera sin presupuestos y una deuda pública que supera el 100% del PIB, según los datos del Banco de España, el panorama económico parece sombrío. La única agencia que ha asignado una perspectiva positiva a la economía española es Scope, pero incluso esta podría revisar su calificación a la baja si la situación no mejora. En este contexto, la relación entre Sánchez y Trump se ha convertido en un factor crucial para la estabilidad económica de España, y cualquier escalada en las tensiones entre ambos líderes podría tener consecuencias negativas para la economía del país. Con todo, los analistas consultados por OKDIARIO coinciden en que la mejora de la calificación de España requerirá más que una simple reducción de la deuda pública; necesitará un compromiso sostenido con la consolidación fiscal y un crecimiento económico sostenido. La pregunta ahora es si el gobierno español podrá tomar las medidas necesarias para apuntalar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y mejorar la competitividad externa, o si la economía española seguirá navegando en aguas turbulentas.
Contratos sin rivalidad
Un dato alarmante sacude la contratación pública estatal en 2025: casi la mitad de los contratos del Estado se adjudicaron a una sola empresa, sin rivalidad entre empresas. Los datos analizados por THE OBJECTIVE, procedentes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), revelan que el 45,82% de las concesiones de la Administración General del Estado se resolvió con un solo licitador, por un importe de 6.307 millones de euros. Esto supone una cuarta parte del importe total adjudicado durante ese ejercicio. La situación afecta a 25.874 contratos o lotes adjudicados con una única empresa participante, lo que refleja una concurrencia empresarial limitada. La Comisión Europea ha advertido que cuando el porcentaje de contratos con un único licitador supera el 20%, el indicador entra en zona de riesgo. En este caso, los datos de la Administración General del Estado en 2025 duplican ampliamente ese umbral. La falta de competencia en la contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto público, ya que las administraciones pueden pagar más por bienes o servicios que en un entorno competitivo. Los organismos europeos y las autoridades de competencia consideran que este indicador es clave para evaluar la apertura del mercado público. La baja participación empresarial en las licitaciones públicas lleva años preocupando a los organismos de supervisión, y factores como pliegos de condiciones restrictivos, contratos de gran tamaño, requisitos de solvencia elevados o mercados con un número reducido de operadores pueden explicar esta situación. El resultado es una imagen clara del mercado público estatal: casi uno de cada dos contratos del Estado se adjudicó en 2025 sin rivalidad entre empresas, lo que reduce la competencia y limita la presión del mercado para bajar precios en los contratos públicos. El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido que la caída de la competencia en la contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto público. En España, diversos análisis sobre contratación pública también han señalado factores que pueden explicar la baja participación empresarial en las licitaciones. La importancia de este indicador no es solo estadística, ya que la competencia entre empresas suele traducirse en rebajas sobre el presupuesto inicial del contrato. Cuando varias compañías presentan ofertas, la administración puede comparar propuestas, exigir mejores condiciones técnicas y presionar a la baja el precio final. En este sentido, la situación actual de la contratación pública estatal en España es preocupante, ya que la falta de competencia puede llevar a un aumento en el gasto público y a una disminución en la eficiencia de los contratos. Es importante que se tomen medidas para fomentar la competencia en la contratación pública y asegurar que las administraciones públicas obtengan los mejores precios y condiciones posibles para los contratos que adjudican. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la contratación pública, y es necesario que se vigile de cerca la situación para evitar abusos y asegurar que el dinero público se utilice de manera eficiente.
Técnicos jurídicos con requisitos rebajados
En un giro inesperado, ADIF, el gestor ferroviario público, ha decidido rebajar drásticamente los requisitos para cubrir los puestos de técnico jurídico. Esto sucede después de que se lanzara la convocatoria el 16 de julio de 2025, ofreciendo 57 plazas, de las cuales nueve eran para este perfil específico. Inicialmente, se estableció que los aspirantes debían lograr 100 puntos de los 200 totales para superar la primera fase, es decir, un cinco sobre diez. Sin embargo, en una resolución publicada el 18 de diciembre, la empresa alteró estas reglas, permitiendo que los técnicos jurídicos pasaran la primera fase con solo 60 puntos de los 200 totales, lo que equivale a un tres sobre diez. Este cambio ha generado un revuelo interno y ha llevado a algunos a cuestionar si se busca 'colocar' a trabajadores afines. La convocatoria original exigía una puntuación mínima del 50% en la fase de oposición y un mínimo del 40% en cada test. No obstante, con la nueva resolución, se ha rebajado no solo la puntuación total necesaria sino también la puntuación mínima requerida en cada apartado, lo que ha desencadenado críticas y especulaciones sobre la transparencia y justicia del proceso de selección. Además, este movimiento controvertido se suma a una política de ocultismo dentro de la empresa, que ha limitado el conocimiento de los trabajadores sobre los nombramientos internos, incluso cuando estos les afectan directamente. La directora de Recursos Humanos, Concepción Casillas, y el presidente de la empresa, Luis Pedro Marco de la Peña, han firmado documentos internos relacionados con estos nombramientos, a los que el resto de la plantilla no ha tenido acceso. La empresa ha ofrecido puestos para diversos perfiles, incluyendo técnico de economía, técnico de gestión, técnico de comunicación, técnico de medicina del trabajo, técnico de arquitectura, técnico de ingeniería civil, técnico de ingeniería industrial, técnico de ingeniería de telecomunicación y técnico informático, manteniendo para estos el requisito original de lograr 100 puntos de los 200 totales para pasar a la siguiente fase. Este escenario ha levantado preocupaciones sobre la equidad y la transparencia en el proceso de selección de personal en ADIF.
Supremo corrige Hacienda
Un golpe contundente para Hacienda. El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que las compensaciones del IVA no deben ser consideradas como ingresos agrarios, lo que supone un cambio de rumbo para miles de agricultores y ganaderos que se ven afectados por esta decisión. Con cerca de 800.000 profesionales del sector en juego, la resolución abre la puerta a reclamaciones de devolución de impuestos pagados indebidamente en los últimos cuatro años. Hasta ahora, la Agencia Tributaria seguía el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que permitía incluir estas compensaciones dentro del cómputo total de ingresos, lo que provocaba que muchas explotaciones superasen artificialmente el límite de 250.000 euros de facturación, obligándolas a pasar al régimen de estimación directa, más complejo y con mayor carga administrativa. El Tribunal Supremo corrige ahora esta interpretación, señalando que incluir estas compensaciones como ingresos 'viciaba' el cálculo real de los resultados de las explotaciones agrarias y terminaba expulsando de manera artificial a numerosos profesionales del sistema simplificado de tributación. La sentencia del Supremo recuerda que el objetivo del régimen de estimación objetiva es simplificar las obligaciones fiscales de pequeños negocios y explotaciones agrarias, y subraya que la propia Ley del IVA ya excluye estas compensaciones del concepto de ingresos. Las órdenes ministeriales que regulan el sistema de módulos para 2025 y 2026 ya habían incorporado esta interpretación para evitar futuras controversias. La decisión del Supremo supone un alivio para muchos agricultores y ganaderos que se han visto obligados a soportar una carga administrativa y fiscal excesiva. Ahora, podrán solicitar la rectificación de sus declaraciones en los ejercicios no prescritos y reclamar la devolución de los ingresos indebidos. La noticia ha sido difundida por la organización agraria Asaja, que ha acogido con satisfacción la sentencia del Supremo. Con este cambio, se espera que el sector agrario pueda recuperar algo de tranquilidad y estabilidad después de años de incertidumbre fiscal. La sentencia del Supremo es un paso importante hacia la clarificación de las normas fiscales que rigen el sector agrario, y supone un gran avance para la justicia y la equidad en el tratamiento fiscal de los agricultores y ganaderos.
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