La puesta en marcha de la nueva compañía de autobuses de Renfe revela un escenario de problemas en el servicio de trenes que se extenderá en el tiempo. Según la licitación diseñada por el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, la corporación tendrá que estar preparada para trasladar viajeros por carretera afectados por problemas derivados de averías, fenómenos meteorológicos y problemas por las obras durante tres lustros.
El concurso alumbrará una empresa con una titularidad repartida, donde Renfe tendrá el 49% de la misma, mientras que la corporación adjudicataria poseerá el 51% restante. Los pliegos establecen diez años de contrato más cinco años adicionales de prórrogas, un total de 15 años.
Esto sugiere que el remozamiento y mantenimiento exhaustivo de las infraestructuras va para largo, y que las averías y el cambio climático acarrearán problemas en la red ferroviaria como los que ya se han visto en los últimos meses. El sistema ferroviario busca una transformación radical, después de vivir uno de los peores momentos de su historia, pese a que Puente declaró hace meses que vivía «el mejor momento de su historia».
La liberalización trajo consigo la llegada de Iryo y Ouigo y la reducción drástica de los precios, pero en paralelo las incidencias y retrasos se han disparado. El trágico accidente de Adamuz (Córdoba) que acabó con la vida de 49 personas ha sido el punto de inflexión. Días después del siniestro y tras múltiples protestas —y una huelga— del sector ferroviario contra Óscar Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, el Ministerio y los sindicatos llegaban a un acuerdo para incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones, crear 3.650 empleos y reforzar la seguridad del ferrocarril público.
Un plan con un horizonte de cuatro años —hasta 2030—, si bien desde Transportes son conscientes de que las inversiones deben ampliarse. La llegada de los nuevos operadores ferroviarios ha supuesto una sobrecarga de las infraestructuras, que se encuentran más tensionadas que nunca.
A pesar de que desde la cartera Puente se asegura que la red es mantenida y revisada según sus necesidades, los sindicatos consideran que se puede hacer más. Todo esto sucede con el telón de fondo de la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre lo sucedido en Adamuz.
Está pendiente que dé un veredicto que determine la causa del suceso. Con las conclusiones sobre la mesa, el Ministerio de Transportes y Adif elaborarán medidas destinadas a que no vuelva a repetirse una tragedia que se ha convertido en la más grave de la alta velocidad española.
Con un precio de salida de 1.800 millones para el plan de mantenimiento y una inversión en seguridad, la empresa busca garantizar la competitividad presente y futura del sistema ferroviario español. La puesta en marcha de la nueva compañía de autobuses de Renfe puede ser vista como un paso hacia la modernización del transporte público, pero también como un reconocimiento de los problemas que aquejan al sistema ferroviario actual.
En cualquier caso, el futuro del transporte ferroviario en España parece estar lleno de desafíos y oportunidades para la innovación y la mejora.
Crítica:
La noticia carece de una visión crítica sobre la gestión de Óscar Puente y el Ministerio de Transportes, y se centra más en la descripción de los hechos que en el análisis de las causas y consecuencias. El título es engañoso, ya que no se trata solo de que Renfe lance su propia línea de autobuses, sino de que el sistema ferroviario español enfrenta problemas graves.
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