Precios energéticos en alza

En un momento en que el barril de Brent supera los 100 dólares, el gobierno español se debate entre aplicar medidas para proteger a los ciudadanos de la subida de precios o dejar que el mercado actúe. La historia ofrece un contraste revelador. Tras el embargo petrolero de 1973, Francia y Japón respondieron con una transformación radical hacia la eficiencia energética, sin necesidad de escudos fiscales generalizados.

En cambio, la gestión europea tras la invasión de Ucrania se caracterizó por paquetes masivos de ayudas que, en última instancia, no lograron reducir la dependencia del gas importado. El problema de fondo es que hemos entrado en una espiral de expectativas, donde los agentes económicos dejan de cubrirse frente al riesgo porque asumen que el Estado lo hará por ellos.

La política fiscal debería concentrarse en proteger a los hogares vulnerables y evitar la destrucción de tejido productivo en sectores críticos, en lugar de subsidiar el diésel para todos. España, con una deuda pública por encima del 100% del PIB y problemas estructurales sin resolver, no puede permitirse el lujo de gastar euros en escudos fiscales genéricos que retrasen la transición energética.

Los precios altos de la energía son necesarios para que la economía se mueva en la dirección correcta, señalizando dónde están las rocas en el camino hacia la sostenibilidad. El riesgo moral aplicado a la política energética es un obstáculo que debe ser superado para asegurar un futuro más eficiente y justo.

Con un precio de salida de 100 dólares por barril, fijado para el mercado actual, la empresa busca reducir su dependencia del petróleo. La cifra de 20.000 millones de euros, movilizada en el primer plan de ayuda, no logró el impacto deseado. En su lugar, la subvención a los combustibles acabó engrosando los márgenes de las distribuidoras, y cuando se retiró, el país seguía siendo igual de dependiente del gas importado.

No hubo un Plan Messmer, no hubo revolución industrial. Hubo gasto y vuelta a la casilla de salida. La historia nos dice que la señal del precio funciona exactamente como predice la teoría: orienta recursos hacia usos más productivos y acelera la innovación. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando, para proteger al ciudadano de una subida de precios, eliminamos precisamente la señal que le permitiría adaptarse a ella? La respuesta es clara: se retrasa la transición energética y se mantiene la dependencia de los combustibles fósiles.

Los agentes económicos deben aprender a cubrirse frente al riesgo, en lugar de asumir que el Estado lo hará por ellos. La política fiscal debe ser eficiente y justa, protegiendo a los hogares vulnerables y evitando la destrucción de tejido productivo en sectores críticos. El futuro de la energía depende de nuestra capacidad para superar el riesgo moral y avanzar hacia una economía más sostenible y eficiente.

Con la crisis energética como telón de fondo, el gobierno español debe tomar decisiones difíciles para asegurar un futuro más próspero para todos. La elección es clara: o se deja que el mercado actúe, con todas las consecuencias que eso conlleva, o se toman medidas para proteger a los ciudadanos y asegurar una transición energética justa y eficiente.

El reloj sigue tic-tac, y la decisión no puede esperar. El barril de Brent sigue subiendo, y con él, la presión sobre el gobierno para tomar medidas. La pregunta es, ¿qué medidas se tomarán? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la señal de los precios no puede ser ignorada.

Es el faro que nos guía hacia un futuro más sostenible y eficiente. No debemos apagar los faros, porque son lo único que nos indica dónde están las rocas en el camino hacia la sostenibilidad.