Crítica:
La noticia parece más una crítica al gobierno que un análisis objetivo de la situación económica. Falta información sobre las causas y consecuencias de la tasa de paro en España.
Sánchez infla la cifra del «récord de afiliación» y confunde afiliaciones con ocupados
Sánchez manipula cifras
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Afiliaciones no son empleo
En un giro inesperado, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha corregido públicamente al presidente Pedro Sánchez sobre los datos de afiliaciones a la Seguridad Social. Sánchez había celebrado un supuesto récord de 22 millones de afiliados en marzo, pero Cuerpo ha aclarado que se trata de 22 millones de afiliaciones en términos desestacionalizados, y que la cifra real es de 21,8 millones. Esta distinción es crucial, ya que una persona puede tener varias afiliaciones si tiene múltiples trabajos. De hecho, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 21,9 millones de personas durante la última quincena de marzo. La media de afiliaciones en marzo fue de 211.510, un aumento del 1% respecto al mes anterior, impulsado en gran medida por empleos temporales en hostelería. Sin embargo, este dato no se traduce en un aumento del número de ocupados, ya que un afiliado es quien cotiza, no necesariamente quien trabaja. El economista Daniel Lacalle ha apuntado que el paro efectivo no baja en marzo, con un total de 3.892.314 personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas. La celebración del Gobierno por el supuesto récord de afiliados ha sido cuestionada, ya que la estadística de la Seguridad Social se refiere al número de afiliaciones, no al número de personas afiliadas. Esto significa que los trabajadores pluriempleados están computados más de una vez, y que algunos afiliados pueden no estar realmente ocupados. En resumen, el debate sobre el empleo en España sigue siendo complejo, y la corrección de Cuerpo a Sánchez ha puesto de relieve la importancia de precisar los términos y no confundir afiliaciones con ocupados.
Employo en España
En un anuncio que ha generado polémica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España ha superado los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social, un récord histórico. Sin embargo, especialistas en el ámbito económico y laboral han cuestionado esta cifra, argumentando que se trata de un dato hinchado que contabiliza dobles afiliaciones por pluriempleo, trabajadores en prácticas y parados del SEPE. En realidad, la cifra que ha superado los 22 millones es la de afiliaciones, no la de personas afiliadas, que asciende a 21,88 millones. Aunque el Ejecutivo celebra este logro, la distinción entre afiliados y trabajadores puede llevar a confusión, ya que los afiliados incluyen a perceptores de prestaciones por desempleo o becarios en prácticas. El pluriempleo y la pluriactividad también pueden generar altas y bajas en el mes, lo que complica la interpretación de los datos. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones defiende que la metodología de cómputo no ha cambiado y que la afiliación media y desestacionalizada excluye a los parados y otros colectivos. Mientras tanto, el número de desempleados registrados en los servicios de empleo se mantiene en niveles no registrados desde 2008, con 2,4 millones de personas, y el empleo ha aumentado en 524.501 personas en términos interanuales. La hostelería, la construcción y las actividades administrativas y servicios auxiliares han impulsado el empleo, y el número de trabajadores autónomos se mantiene por encima de los 3,4 millones. Aunque el paro registrado se ha reducido en algunos sectores, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años sigue siendo un problema, con 188.977 parados en marzo. En este contexto, la celebración del récord de afiliados en la Seguridad Social puede ser prematura, ya que la situación laboral en España sigue siendo compleja y requiere un análisis más profundo.
Vivienda sin solución
La crisis de la vivienda en España se ha convertido en un tema candente, con precios de inmuebles disparados y una gran dificultad para que las familias españolas accedan a un techo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha implementado políticas como la Ley de Vivienda, que han supuesto un freno para la construcción y la oferta de nuevas viviendas en alquiler, y han optado por el populismo, ofreciendo supuestas soluciones que agravan la crisis. La ministra de Vivienda ha negado que la solución pase por incrementar la oferta de inmuebles y ha señalado a actores como los fondos de inversión y las empresas de alquiler turístico, como Airbnb, como responsables del incremento de los precios. Sin embargo, la realidad es que menos del 1% del parque de viviendas en alquiler se destina a esta modalidad, y que las compraventas realizadas por ciudadanos extranjeros no explican por sí solas el problema de acceso generalizado que existe en España. El fin de las Golden Visa, que concedían permisos de residencia vinculados a inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros, no ha logrado frenar los precios de la vivienda, que siguen disparados, con un aumento del 14,3% en el último año, según el informe publicado por Tinsa by Accumin. La situación es grave, y se requiere una solución estructural y compleja, que incluya aumentar la oferta de vivienda asequible, agilizar los procesos urbanísticos y crear un marco estable que permita construir más y mejor. Con un precio de salida de 1.987 euros por metro cuadrado, y un esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda que se sitúa en el 33,9% de la renta disponible, la crisis de la vivienda en España es un tema que requiere atención inmediata y soluciones efectivas. La portavoz de la compañía iAhorro destacaba que la solución pasa por aumentar la oferta, especialmente la vivienda asequible, agilizar los procesos urbanísticos y crear un marco estable que permita construir más y mejor. En este sentido, es fundamental que el Gobierno de España reconsidere sus políticas y busque soluciones que realmente aborden el problema, en lugar de seguir señalando a actores externos como responsables de la crisis. La crisis de la vivienda en España es un tema que requiere una solución integral y efectiva, que incluya a todos los actores involucrados, desde el Gobierno hasta los ciudadanos, para encontrar una solución que permita a las familias españolas acceder a un techo digno y asequible. Con el fin de las Golden Visa, y la falta de resultados en la reducción de los precios de la vivienda, es hora de que el Gobierno de España cambie de estrategia y busque soluciones que realmente aborden el problema. La situación es grave, y se requiere una solución inmediata y efectiva, que incluya aumentar la oferta de vivienda asequible, agilizar los procesos urbanísticos y crear un marco estable que permita construir más y mejor. La crisis de la vivienda en España no puede esperar más, y es hora de que el Gobierno de España tome medidas concretas y efectivas para abordar el problema de una vez por todas. Con los precios de la vivienda siguiendo disparados, y la falta de soluciones efectivas, la crisis de la vivienda en España es un tema que requiere atención inmediata y soluciones concretas. En este sentido, es fundamental que el Gobierno de España reconsidere sus políticas y busque soluciones que realmente aborden el problema, en lugar de seguir señalando a actores externos como responsables de la crisis. La crisis de la vivienda en España es un tema que requiere una solución integral y efectiva, que incluya a todos los actores involucrados, desde el Gobierno hasta los ciudadanos, para encontrar una solución que permita a las familias españolas acceder a un techo digno y asequible. Con el fin de las Golden Visa, y la falta de resultados en la reducción de los precios de la vivienda, es hora de que el Gobierno de España cambie de estrategia y busque soluciones que realmente aborden el problema. La situación es grave, y se requiere una solución inmediata y efectiva, que incluya aumentar la oferta de vivienda asequible, agilizar los procesos urbanísticos y crear un marco estable que permita construir más y mejor.
Entes públicos sobredimensionados
En un país donde la burocracia parece no tener fin, España cuenta con más de 19.300 entes públicos, de los cuales un tercio son instrumentales. Esta cifra, que supera con creces la de cualquier otro país de la Unión Europea, pone de relieve la complejidad y la ineficiencia del sector público en España. Con un gasto corriente que se dispara y una falta de transparencia que impide saber con certeza cuántos de estos entes son realmente necesarios, la situación es crítica. La Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos acumulan estas entidades, muchas de las cuales se solapan en sus funciones y tienen un régimen de personal y presupuesto propio, lo que genera una falta de control y una opacidad que beneficia a los partidos políticos y a sus afines, pero no a los ciudadanos. Desde el Ministerio de Hacienda, que intenta poner orden, hasta las comunidades autónomas y los ayuntamientos, todos parecen tener su propia red de entes públicos, lo que hace imposible una gestión eficiente y transparente. La pregunta es, ¿cómo se puede justificar esta situación en un país que necesita urgentemente una reforma que le permita ser competitivo y eficiente en el siglo XXI? Con la llegada de la Inteligencia Artificial y la inversión en nuevas tecnologías, parece que el camino hacia la modernización y la simplificación del sector público es una necesidad imperiosa, pero que todavía no se ha puesto en marcha de manera efectiva. Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando el precio de una burocracia sobredimensionada y poco eficiente, que parece más interesada en mantener sus propias estructuras y privilegios que en servir a la sociedad. La situación es compleja, y la búsqueda de soluciones no será fácil, pero es hora de que se tomen medidas para racionalizar y modernizar el sector público, y que los ciudadanos puedan disfrutar de servicios públicos eficientes y transparentes.
Langostas invaden Marruecos
La plaga de langostas del desierto que azota Marruecos desde principios de 2026 ha llevado al gobierno a emprender una campaña de fumigación masiva. Con condiciones climáticas inusualmente húmedas en el Sahel y el Sáhara, los enjambres de langostas provenientes de Mauritania han cruzado la frontera sur, invadiendo regiones críticas como El Aaiún y Cabo Bojador, y avanzando hacia el norte hasta zonas agrícolas estratégicas como Agadir. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha advertido que esta plaga representa una amenaza severa para la seguridad alimentaria de la región, con un riesgo real de propagación hacia Argelia y las Islas Canarias, donde ya se han detectado ejemplares aislados. Ante esta emergencia, el gobierno marroquí ha movilizado equipos de fumigación que han tratado más de 39,000 hectáreas con pesticidas, centrando sus esfuerzos en localizar y destruir los focos de cría antes de que las ninfas maduren y formen nubes voladoras capaces de devorar toneladas de vegetación en un solo día. La situación es crítica, y las autoridades locales y organismos internacionales mantienen una vigilancia constante para intentar contener el avance de este fenómeno migratorio antes de que cause daños irreparables en las cosechas nacionales. La FAO ha destacado la importancia de la coordinación internacional para abordar esta crisis, y el gobierno marroquí ha asegurado que está tomando todas las medidas necesarias para proteger la agricultura y la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, la lucha contra la plaga de langostas es un desafío continuo, y se requiere una acción sostenida y coordinada para evitar que esta amenaza se convierta en una catástrofe para la región.
Vivienda limitada
En un intento por abordar la creciente crisis de vivienda en España, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha encargado un informe jurídico para explorar la viabilidad de limitar la compra de viviendas según la zona y el tipo de comprador. Este movimiento se produce en un contexto de máxima tensión en el mercado inmobiliario, donde la falta de vivienda disponible y el aumento de los precios han convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales problemas estructurales de la economía española. El informe, valorado en 14.490 euros sin impuestos, deberá analizar si es posible establecer restricciones a la adquisición de inmuebles en función de la ubicación y del perfil del adquiriente, y si estas medidas serían compatibles con el marco legal vigente y el derecho europeo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha planteado la idea de limitar la compra de vivienda para usos considerados 'especulativos', es decir, aquellas adquisiciones que no tengan como finalidad el uso residencial directo. Sin embargo, expertos jurídicos advierten que una medida de este tipo podría chocar frontalmente con el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada, y con la libre circulación de capitales recogida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Gobierno sigue avanzando en su hoja de ruta, pese a las dudas y críticas, y el informe encargado se convierte en una pieza clave para definir el futuro de la política inmobiliaria del Ejecutivo. Mientras tanto, el problema de fondo sigue sin resolverse: la falta de vivienda disponible y la presión sobre los precios, que amenazan con seguir tensionando la economía española en los próximos años. Con un mercado inmobiliario que alcanzará nuevos récords durante el primer semestre de 2026, la situación del acceso a la vivienda se ha deteriorado desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda hace casi tres años, y las previsiones apuntan a que la espiral de precios y falta de oferta seguirá en aumento. El Ministerio de Vivienda busca encontrar encaje legal a una intervención más profunda en el mercado, en un momento en el que el Ejecutivo carece de margen parlamentario para impulsar grandes reformas legislativas. El estudio deberá analizar qué mecanismos permitirían introducir estas restricciones sin vulnerar la normativa vigente, y si medidas como limitaciones territoriales o dirigidas a determinados perfiles de compradores podrían ser efectivas. Sin embargo, el riesgo de estas políticas es evidente, y el mercado ya ha reaccionado negativamente a las medidas adoptadas en los últimos años, con una retirada progresiva de viviendas del alquiler y una caída de la inversión en el sector residencial. En este contexto, el informe encargado por el Ministerio de Vivienda se convierte en un paso crucial para determinar el rumbo de la política inmobiliaria del Gobierno y abordar de manera efectiva la crisis de vivienda en España.
SEPI invierte en ciberseguridad
La Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) continúa negociando con S2Grupo, una empresa especializada en ciberseguridad asesorada por la exministra Cristina Garmendia. A pesar de que el expediente califica la operación como un «cuento de la lechera», la SEPI, bajo la dirección de Belén Gualda, tiene instrucciones de acelerar la operación para evitar que se convierta en un culebrón económico. La operación, conocida como «Operación Savoia», implica que la SEPI recibiría el 20% de las acciones de S2Grupo a cambio de desembolsar 38,5 millones de euros, lo que se considera desproporcionado por algunos. S2Grupo, cofundada y dirigida por José Miguel Rosell Tejada y Miguel Ángel Juan Bello, ha consolidado un crecimiento por encima del 50% y facturó 56,7 millones de euros anuales en 2025. La empresa cuenta con clientes como el Ministerio de Defensa y el Centro Criptológico Nacional, y ha desarrollado herramientas de análisis de ciberataques con capacidades de inteligencia artificial. A pesar de la polémica, la SEPI sigue adelante con la operación, amparándose en la dificultad de obtener información de los expedientes. La exministra Garmendia, presidenta del Consejo Asesor de S2Grupo, continuará asesorando a la empresa para que pueda entrar como participada en la SEPI. La operación se considera estratégica para la expansión de S2Grupo en el mercado de la ciberseguridad. Con un plan estratégico 2025-2030 que contempla una inversión superior a 200 millones de euros, S2Grupo busca convertirse en líder en ciberseguridad en Europa. La SEPI, por su parte, busca diversificar sus inversiones y aumentar su presencia en el sector de la ciberseguridad. La operación está en línea con el objetivo de la SEPI de apoyar a empresas españolas con potencial de crecimiento y innovación. Sin embargo, la operación también genera críticas por la falta de transparencia y la posible desproporción en la valoración de la empresa. La SEPI y S2Grupo deben demostrar que la operación es beneficiosa para ambas partes y que se ajusta a los intereses del Estado. La situación es compleja y requiere una atención cuidadosa para evitar cualquier conflicto de intereses. La SEPI debe ser transparente en su proceso de toma de decisiones y asegurarse de que la operación se ajusta a las normas y regulaciones vigentes. La exministra Garmendia, por su parte, debe ser cuidadosa en su papel de asesora y asegurarse de que sus intereses personales no influyan en la toma de decisiones. La operación es un desafío para ambas partes, pero también es una oportunidad para demostrar la capacidad de la SEPI y S2Grupo para trabajar juntas y lograr objetivos comunes. La SEPI y S2Grupo deben trabajar juntas para superar los obstáculos y lograr el éxito en la operación. La situación es dinámica y requiere una atención constante para asegurarse de que la operación se desarrolle de manera efectiva y eficiente. La SEPI y S2Grupo deben ser proactivas y tomar medidas para evitar cualquier problema que pueda surgir durante la operación. La operación es un paso importante para la expansión de S2Grupo y la diversificación de la SEPI, y debe ser llevada a cabo de manera responsable y transparente. La SEPI y S2Grupo deben demostrar que la operación es beneficiosa para ambas partes y que se ajusta a los intereses del Estado. La situación es compleja y requiere una atención cuidadosa para evitar cualquier conflicto de intereses. La SEPI debe ser transparente en su proceso de toma de decisiones y asegurarse de que la operación se ajusta a las normas y regulaciones vigentes. La exministra Garmendia, por su parte, debe ser cuidadosa en su papel de asesora y asegurarse de que sus intereses personales no influyan en la toma de decisiones. La operación es un desafío para ambas partes, pero también es una oportunidad para demostrar la capacidad de la SEPI y S2Grupo para trabajar juntas y lograr objetivos comunes.
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