Crítica:
El artículo carece de una visión integral de la política energética y no considera las implicaciones a largo plazo de la decisión. La falta de transparencia en la información proporcionada por Red Eléctrica y el Gobierno es preocupante.
Los técnicos de Red Eléctrica admiten en privado que el sistema "no puede soportar" el fin nuclear
Riesgo nuclear en España
Otros artículos
Apagón energético inminente
La energética Endesa advirtió de un inminente apagón una hora y media antes de que se produjera, según audios obtenidos por OKDIARIO. El 28 de abril, un operador de Endesa en el centro de control de Sevilla alertó a la central de Red Eléctrica sobre la falta de recursos convencionales para garantizar la seguridad del suministro, pronosticando un «cero gordo» energético. La conversación revela que Red Eléctrica admitió la necesidad de más generación térmica para estabilizar el sistema, pero atribuyó el apagón a la producción fotovoltaica. Los trabajadores de Red Eléctrica destacaron las subidas y bajadas bruscas de tensión que estaban percibiendo, lo que finalmente llevó al colapso del sistema eléctrico. La falta de generación convencional y la inestabilidad de la energía solar fueron los factores clave que contribuyeron al apagón. Endesa y Red Eléctrica parecen haber tenido conocimiento de la situación, pero no lograron evitar el desastre. La pregunta es, ¿qué medidas se tomarán para evitar que esto vuelva a suceder? El apagón afectó a toda España, dejando a millones de personas sin electricidad. La investigación sobre el incidente sigue en curso, pero ya se han identificado algunos de los factores que contribuyeron al colapso del sistema eléctrico. La energía solar, que es una fuente de energía renovable, puede ser inestable y causar problemas en el sistema eléctrico si no se gestiona correctamente. Por otro lado, la falta de generación convencional, como la térmica, puede dejar al sistema eléctrico vulnerable a los cambios en la demanda de energía. En este contexto, es fundamental que las empresas energéticas y los reguladores trabajen juntos para encontrar soluciones que garanticen la estabilidad y la seguridad del suministro de energía. Alba Martín, periodista de OKDIARIO, ha estado investigando el incidente y ha obtenido los audios que revelan la conversación entre los trabajadores de Endesa y Red Eléctrica. La noticia ha generado un gran interés y preocupación entre la población, que se pregunta qué pasó y cómo se puede evitar que vuelva a suceder. En resumen, el apagón energético del 28 de abril fue un incidente grave que afectó a toda España y que ha generado un gran debate sobre la seguridad y la estabilidad del suministro de energía. Las empresas energéticas y los reguladores deben trabajar juntos para encontrar soluciones que garanticen la estabilidad y la seguridad del suministro de energía.
Apagón eléctrico España
El 28 de abril de 2025, España vivió un apagón eléctrico que dejó marcada la fecha en la memoria colectiva. Sin embargo, nuevos audios internos de Red Eléctrica de España (REE) revelan que el sistema ya mostraba signos de inestabilidad desde enero de 2025. En una conversación del 31 de enero, operadores de la central de Barcelona admitían que en Ascó estuvieron 'a punto' de que saltara algún grupo, lo que habría provocado un apagón generalizado. 'Si saltan nos quedamos a cero', reconocían. Estos audios, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, también muestran cómo los operadores detectaron problemas crecientes en la red, especialmente en zonas con alta producción solar. 'La solar no es como la eólica, la eólica lleva inercia, pero la solar llega alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lían, y es lo que pasa', admitían. Ya en abril, reconocían 'un problemón brutal' con las tensiones, lo que finalmente se tradujo en el apagón del 28 de abril. Los trabajadores de Red Eléctrica vaticinaban que el Gobierno no iba a actuar en consecuencia y que la problemática no se podía 'soportar'. 'En algún momento igual nos la damos seguro', aseguraban en los audios anticipando el apagón que finalmente se produjo tres semanas después. El día del apagón, el sistema eléctrico español recibió una sucesión de advertencias técnicas que no fueron atendidas a tiempo. Con un precio de salida de 50€, fijado para hoy, la empresa busca... no, en este caso, es la seguridad y la estabilidad del sistema lo que se busca. La falta de inercia del sistema o, lo que es lo mismo, de la existencia de pocos grupos convencionales programados, fue la causa principal del apagón. Los operadores de Red Eléctrica de Sevilla admitían que había 'un problemón brutal con las tensiones' y que la inestabilidad se extendía a todo el país. 'Es en todas las provincias…Estamos así en toda España, eh', aseguraban. El CEO de Red Eléctrica sentenció que la situación era insostenible y que se necesitaban soluciones urgentes. La empresa busca encontrar soluciones para evitar que se repita el apagón y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico español. Con la llegada de la primavera y el aumento de la demanda de energía, la empresa se enfrenta a un reto importante para mantener la estabilidad del sistema. La situación es crítica y requiere la atención inmediata de las autoridades y de la empresa. La empresa busca garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico español y evitar que se repita el apagón del 28 de abril de 2025.
Corrupción en Forestalia
En un giro inesperado, Fernando Samper, presidente de Forestalia, ha presentado su dimisión mientras se encontraba en el ojo del huracán por presunta corrupción en la tramitación de las energías renovables. La investigación, que involucra al Gobierno de Aragón y el Gobierno central, apunta a una trama de corrupción que vincula a Forestalia con altos cargos del Gobierno, incluyendo una reunión de Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica. Con una carrera en Forestalia de más de seis años, Ricardo Samper García, hijo de Fernando Samper, ha sido nombrado nuevo director general del Grupo Forestalia, asumiendo las responsabilidades ejecutivas y de dirección para asegurar la continuidad operativa del grupo. La empresa, que se encuentra bajo la lupa de la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), asegura que esta medida forma parte de su voluntad de incorporar mejores prácticas del sector y consolidar una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y la transparencia. En este contexto, Forestalia reforzará su área de compliance mediante la incorporación de dos despachos, Cuatrecasas y Hogan Lovells International, como asesores externos independientes, con el objetivo de seguir desarrollando su marco de cumplimiento y alineándolo con los estándares internacionales de referencia. La noticia ha sacudido el sector de las energías renovables, donde Forestalia es una de las empresas más destacadas, y ha generado un debate sobre la transparencia y la integridad en la industria. Con la investigación en curso, es probable que se revelen más detalles sobre la presunta trama de corrupción y sus implicaciones para el sector. Mientras tanto, Forestalia asegura que continuará colaborando con las autoridades competentes y mantendrá su actividad con normalidad en los mercados en los que opera. La dimisión de Fernando Samper y el nombramiento de Ricardo Samper García como nuevo director general marcan un nuevo capítulo en la historia de Forestalia, y es probable que tengan un impacto significativo en el sector de las energías renovables en los próximos meses.
Impuestos récord en España
La carga fiscal en España ha alcanzado un récord histórico, con cada español pagando una media de 21.144 euros al año en cotizaciones e impuestos a Hacienda. Según el informe Impuestómetro 2026, elaborado por el Instituto Juan de Mariana, la presión fiscal ha aumentado un 39,7% desde 2018, lo que supone un incremento de 168.166 millones de euros. Esto se traduce en que el 54% de lo que cuesta a una empresa emplear a un trabajador acaba recayendo en Hacienda, mientras que el asalariado solo retiene 46 euros de renta efectiva. La carga fiscal se ha concentrado en el trabajo, con un aumento del 56,3% en impuestos directos desde la presidencia de Pedro Sánchez. Los impuestos indirectos, como el IVA, también han aumentado, lo que ha provocado una pérdida de salario neto real del 5,9% en rentas bajas. El informe destaca que la presión fiscal en España es una de las más altas de la Unión Europea, y que la carga fiscal se ha reducido en otros países como Francia, Suecia, Alemania o Bélgica. Los autores del informe critican la política fiscal actual, argumentando que castiga a la clase media trabajadora y utiliza la inflación como impuesto encubierto. La situación es aún más grave si se considera que un individuo medio paga 460.600 euros a Hacienda a lo largo de su vida, principalmente por cargas al trabajo, consumo y capital. El informe también destaca que el gasto público se ha disparado en 221.813 millones de euros en 2024 en comparación con 2018, y que las pensiones y la sanidad consumen un porcentaje significativo del total. En resumen, la carga fiscal en España es alta y ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que ha provocado una pérdida de salario neto real y una carga fiscal extraordinariamente elevada para los asalariados.
Pepino marroquí invade España
La influencia de Marruecos en el mercado agroalimentario español y europeo es cada vez más notoria, especialmente en lo que respecta a la producción de pepinos. En solo diez años, las importaciones de pepinos de Marruecos han aumentado un 215,6%, pasando de 578,104 toneladas en 2016 a 18.243,626 toneladas en 2025. Esto representa un 71,71% de las importaciones totales de España, muy por encima de la cuota de Alemania y Portugal. La provincia de Almería, con la mayor superficie de cultivo en España, es la zona que más pepinos importa, con un 50,52% del total. Los agricultores nacionales critican esta situación, argumentando que la industria está colapsando el mercado nacional con productos ajenos a la UE, lo que distorsiona las existencias y hunde los precios en origen. De hecho, según el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD), los agrarios españoles percibieron un promedio de 0,68 euros por kilo de pepino en agosto de 2025, mientras que el promedio de las importaciones con origen Marruecos fue de 1,16 euros por kilo. La importación de pepinos ha generado un gasto de 30,9 millones de euros en 2025, un aumento del 340,17% respecto a 2016. La pregunta es, ¿qué impacto tendrá esta tendencia en la producción nacional y en la economía local? Con un precio de salida de 0,68 euros por kilo para los productores españoles, y un precio de importación de 1,16 euros por kilo para los pepinos marroquíes, la competencia es feroz. La industria española debe encontrar formas de adaptarse a esta nueva realidad y proteger a los productores nacionales. La situación es compleja, y no hay una solución sencilla. Sin embargo, es fundamental que se tomen medidas para proteger la producción nacional y garantizar un precio justo para los productores. La Unión Europea debe replantear sus políticas comerciales y encontrar formas de apoyar a los productores nacionales. La batalla por el mercado de los pepinos es solo el comienzo de una guerra más grande, una guerra por la supervivencia de la agricultura europea. Los próximos años serán decisivos para determinar el futuro de la producción de pepinos en España y en la Unión Europea. La cuestión es, ¿qué pasará con los productores nacionales si la tendencia de importación de pepinos sigue aumentando? ¿Podrán competir con los precios más bajos de los productores marroquíes? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, la industria del pepino en España y en la Unión Europea nunca volverá a ser la misma.
Pymes asfixiadas por impuestos
La asfixia fiscal y de costes laborales está pasando una factura muy cara a las pequeñas y medianas empresas en España. Según el 'Barómetro de primavera de 2026' del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, una de cada cinco pymes registraron pérdidas en 2025, y nada menos que el 42% no logró generar beneficios. Esto sucede en un contexto de crecimiento económico, donde el empleo y el consumo privado están en alza, pero donde las cargas fiscales y laborales están erosionando los márgenes de beneficio de los negocios más pequeños. El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, advierte que la situación es preocupante, no solo por el número de empresas en pérdidas, sino por la cantidad de empresas que han pasado a estarlo recientemente. 'Es decir, más de cuatro de cada diez empresas no están generando rentabilidad', señalan los Gestores Administrativos. La presión fiscal y los costes laborales son los principales obstáculos que enfrentan las pymes, lo que está generando una compresión generalizada de márgenes y una disminución de la capacidad de resistir en el tiempo. El 64,7% de las empresas ha mantenido su plantilla en 2025, pero lo ha hecho con menos margen, más presión y mayor riesgo. El 15% de las empresas se han visto obligadas a realizar despidos y solo un 20,4% han contratado a nuevos trabajadores. La situación es crítica, y los expertos advierten que si las reglas, el marco regulatorio y las decisiones de política económica no cambian, el tejido productivo español puede sufrir graves consecuencias. 'Las empresas están haciendo más para conseguir menos', advierte el presidente del Consejo General. 'Están vendiendo más, trabajando más, asumiendo más riesgo... pero con menor retorno. Y eso no es sostenible en el tiempo'. La incertidumbre económica y la presión fiscal están generando un caldo de cultivo para la erosión de la rentabilidad de los negocios, y el 56,15% de los profesionales considera que el riesgo empresarial está aumentando. En este escenario, las pymes están respondiendo, pero la cuestión es cuánto tiempo pueden seguir haciéndolo en estas condiciones. El Barómetro de primavera de 2026 revela que el 69,1% de los gestores administrativos percibe un aumento de la presión fiscal, mientras que el 81,85% señala los costes laborales como uno de los principales problemas. La situación es compleja, y los expertos advierten que es necesario acompañar a las empresas en su toma de decisiones y en su cumplimiento de obligaciones en un sistema cada vez más complejo. 'Hoy el valor no está solo en analizar o en representar, sino en acompañar de verdad a las empresas cuando tienen que tomar decisiones, cumplir obligaciones y seguir operando en un sistema cada vez más complejo', señala Santiago. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pueden seguir resistiendo las pymes en este entorno hostil?
Trump sanciona a Repsol
La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, ha diseñado un plan de sanciones contra España que podría afectar significativamente al sector energético español, en particular a Repsol, debido a la negativa de Pedro Sánchez a permitir el uso de bases militares españolas para la ofensiva contra Irán. Según fuentes próximas a la Administración estadounidense, el Departamento de Tesoro ha preparado un cuadro sancionador que incluye a empresas españolas con negocio en Estados Unidos, poniendo en la diana de Trump los intereses de Repsol en EEUU y en el resto del continente americano. La compañía energética española tiene importantes intereses en explotación de yacimientos petrolíferos en Texas y Alaska, en generación y producción de gas no convencional en Pensilvania, y en proyectos fotovoltaicos y de desarrollo de energías renovables en Nuevo México. Además, Repsol mantiene una fuerte apuesta inversora de 10.000 millones de euros para los próximos tres años en Estados Unidos. La inquina del secretario del Tesoro, Scott Bessent, hacia el posicionamiento del Gobierno español respecto a la guerra de Irán, ha sido clave en la elaboración de este plan sancionador. El criterio de los asesores de la Administración estadounidense es que si la guerra con Irán se enquista, Trump elegirá el sector energético para que España pague los platos rotos. La primera medida de represalia fue advertir a las empresas estadounidenses con intereses en territorio español de que España no era considerada un socio fiable por la Administración Trump. Ahora, la Casa Blanca ha requerido información sobre las empresas españolas con participación pública que operan en territorio estadounidense, lo que podría apuntar a medidas de presión sobre firmas como Indra, Telefónica y Navantia. La situación es tensa y podría tener consecuencias graves para la economía española y la relación entre España y Estados Unidos.
Comentarios