El texto se limita a narrar la debacle sin profundizar en las causas estructurales del fracaso. La conexión con el independentismo se menciona, pero sin analizar su impacto real en la viabilidad del negocio. Parece una crónica de obituario con falta de autocrítica.
El Gobierno celebra récords de afiliación, pero el brindis es con agua de vaquita. Los datos, fríos como el mármol, revelan que el empleo crece, sí, pero a costa de una precarización galopante. Mientras el español medio lucha por llegar a fin de mes, 3.359.548 extranjeros cotizan a la Seguridad Social, un 9,4% más que el año pasado, superando con creces el tímido 1,4% de los nacionales. En resumen, la máquina de hacer empleo funciona, pero alimentada a base de contratos temporales y jornadas de infarto. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, la afiliación de extranjeros ha explotado un 65,8%, sumando 1.332.989 cotizantes, mientras que la española apenas ha crecido un 11,8%. Un dato que no esconde, sino que grita, la dependencia del mercado laboral de mano de obra barata. Y no se trata de un auge en sectores punteros, sino en hostelería, agricultura y cuidados: el trío de la precariedad. ¿El Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo de Fedea y BBVA Research lo confirma? Sí, la población extranjera acumula las peores condiciones laborales. La reforma laboral, lejos de ser la panacea, ha trasladado la temporalidad hacia contratos fijos discontinuos, que suenan bien en la firma, pero se traducen en una inestabilidad perpetua. La regularización masiva, con su promesa de PIB y crecimiento, parece más un parche burocrático que una solución real, con expedientes admitidos a un ritmo del 0,1% debido al colapso administrativo. En definitiva, la bonanza laboral es una ilusión óptica, un castillo de naipes construido sobre la precariedad y la inestabilidad. Y mientras tanto, la lista de la compra sigue siendo un campo de batalla.
La Roja, preparada para disputar el Mundial de 2026, podría encontrarse con un inesperado marcaje… no de un defensa rival, sino de acreedores internacionales. Mientras los jugadores sudan la camiseta, España acumula una deuda de 2.316 millones de euros –una hipoteca que duplica con creces el presupuesto anual de la sanidad en algunas comunidades autónomas–, fruto de unos recortes en las energías renovables que, al parecer, se hicieron sin mirar al alero. El Gobierno de Rajoy, en una jugada que hoy se antoja más cara que un billete en primera línea para la final, decidió recortar las retribuciones, y ahora la factura, con intereses y sobrecostes legales que elevan la cifra hasta los 552 millones adicionales, llega en el peor momento. Los fondos de inversión, con la paciencia de un banquero esperando el cambio, han ido ganando la mayoría de los pleitos, y ahora han decidido poner el cerco a los activos españoles en Estados Unidos, aprovechando la celebracion del mundial. No se trata de un simple aviso, sino de una estrategia para bloquear pagos y embargar bienes en diez estados americanos: Nueva York, Nueva Jersey, California… la lista es larga, y coincide con las sedes del Mundial. La justicia belga ya ha bloqueado 250 millones de euros, y la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos, la embajada cultural, ya tiene un cartel de ‘en garantía’. Los acreedores, liderados por Blasket Renewable Investments y representados por el bufete King & Spalding, no andan con chiquitas, y siguen utilizando todas las herramientas legales a su alcance. En resumen, mientras España sueña con levantar la copa del mundo, sus deudas amenazan con dejar a La Roja con las manos vacías.
Julio Iglesias, el hombre que ha conquistado corazones con sus canciones, también parece imbatible en los tribunales. Al menos, en la República Dominicana. La querella iniciada en 2020 por los hermanos Villanueva –Rogelio (59), con 21 años de servicio a 750 euros mensuales, y Eleuterio (58), con 9 años a 372 euros– ha tocado a su fin. Reclamaban casi 50.000 euros por despido injustificado durante la pandemia, un auténtico sablazo en tiempos de confinamiento. Pero la justicia dominicana ha dictaminado que eran personal doméstico, no empleados con derecho a la hucha de prestaciones. El caso, que ha recorrido cuatro instancias judiciales en casi cuatro años, se centró en si Villa Corales 5, la propiedad del cantante en Punta Cana, era una residencia familiar o un negocio de alquiler vacacional. Los hermanos argumentaban que, pintando, carpinterando y conduciendo, eran mucho más que simples sirvientes. Incluso aportaron un certificado de Inversiones Emexterez que, irónicamente, certificaba que la villa NO se alquilaba. La corte, sin embargo, prefirió creer a un testigo que juró que la villa era exclusivamente para uso familiar. Un testigo, imaginen, frente a una certificación. La guinda la puso un accidente de tráfico de 2017, donde Rogelio conducía un vehículo de Iglesias. ¿Prueba de que era chófer? No, según el tribunal, simplemente una tarea ocasional compatible con el servicio doméstico. La reclamación por no estar dados de alta en la Seguridad Social ni siquiera se consideró, porque, según el tribunal, era un añadido de última hora. Al final, el cantante ha ganado una batalla legal que, más allá de los 45.000 euros en juego, pone de manifiesto cómo el dinero y las buenas conexiones pueden inclinar la balanza. Y, claro, cómo la justicia a veces baila al son que tocan los poderosos.
El fútbol, ese opio del pueblo, ha dejado de ser un refugio para la Selección Española. Mientras Luis de la Fuente prepara el asalto al Mundial de 2026 en EEUU, los fondos buitre, esos coleccionistas de deudas que no perdonan ni un céntimo, han logrado un permiso judicial para embargar a España en cada ciudad donde pise el equipo. Imaginen la escena: la Roja marcando un gol y, simultáneamente, un agente judicial requisando el autobús del equipo. Un espectáculo. La factura, cortesía de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, asciende a 79,5 millones de euros solo en el caso Watkins, una pequeña porción de los más de 700 millones de euros que España debe por las primas a las renovables que se recortaron unilateralmente. O sea, mientras prometíamos un futuro verde, estábamos sembrando la semilla de futuros embargos. La cosa ha ido tan lejos que incluso el avión del Rey podría ser retenido si se aventura a cruzar el Atlántico. Los fondos, liderados por Blasket Renewable Investments y asesorados por el bufete King & Spalding, no se andan con chiquitas. Han registrado la sentencia en Nueva York, Nueva Jersey, California… ¡En todas partes! Buscan activos como si estuvieran buscando setas en una encina. Adidas, la Baylor School, incluso el Instituto Cervantes en Holanda ya están en la mira. La deuda total con las empresas afectadas ya supera los 2.316 millones, con 552 millones adicionales en intereses y costas legales. Es decir, que los sobrecostes por no pagar a tiempo son casi una cuarta parte de la deuda original. ¿Quién dijo que la crisis no tenía sentido del humor? El Gobierno de Pedro Sánchez, fiel a su estrategia de 'resistir y renegociar', sigue alegando que Bruselas no le permite pagar porque serían ayudas de Estado. Pero los fondos ya no se andan con rodeos: prefieren los tribunales de EEUU, donde la justicia, al parecer, tiene menos consideración por las excusas políticas.
España, a punto de ir al Mundial de Estados Unidos, podría tener un disgusto mayor que una derrota. No es un rival deportivo el que amenaza su pase a la siguiente ronda, sino una factura pendiente de 700 millones de euros. Las empresas de renovables, hartas de esperar las indemnizaciones prometidas y luego recortadas por sucesivos gobiernos (Zapatero inició la fiesta, Rajoy cortó el grifo), han decidido jugar su propia partida. Y lo hacen con la dureza de quien ha visto cómo se le escapa el dinero. Olvídese del glamour de los patrocinios de ‘La Roja’. La estrategia es simple: embargar hasta la última moneda que ingrese por publicidad en suelo americano. Pero la cosa va más allá. Desde el pasado verano, la Corte de Distrito de Columbia ha dictaminado siete sentencias en contra de España (Watkins: 93 millones, NextEra: 290,6 millones... la lista sigue). Ahora, esas sentencias tienen eco en Nueva York, California, Texas… justo donde se celebrará el Mundial. El ‘Falcon’, el avión oficial que transporta a Pedro Sánchez y a la Casa Real, está en la mira. Imagínese la foto: el avión presidencial embargado en territorio estadounidense. Un sablazo en la imagen nacional de dimensiones épicas. Y no es solo eso. Se han puesto notificaciones judiciales a bancos, empresas, e incluso se ha bloqueado la posible compra de misiles Patriot por valor de 1.445 millones. La deuda total asciende a 2.310 millones, una cifra que suena a timo a la altura de las mejores estafas. Reino Unido, Bélgica, Australia… ya han dado luz verde a embargos similares. ¿Será el Mundial el principio del fin de la impunidad?
La Roja, con el balón en los pies y un embargo acechando. Mientras Luis de la Fuente intenta meter goles, los fondos buitre se preparan para meter mano en la caja. La selección española, en pleno Mundial de Estados Unidos 2026, podría ver sus movimientos vigilados, no por la defensa contraria, sino por acreedores internacionales. El origen del embrollo, como suele ocurrir, es una historia de promesas rotas y facturas sin pagar: 79,5 millones de euros por el principal más intereses, una cifra que suena a sablazo en la factura de la luz. Pero la cosa no queda ahí. La deuda total acumulada por España en arbitrajes internacionales supera los 700 millones de euros, una suma que podría comprarse un estadio de fútbol… varias veces. Los fondos, liderados por Blasket Renewable Investments y representados por el bufete King & Spalding, no se andan con chiquitas. Han registrado la sentencia en juzgados de Nueva York, Nueva Jersey, California… ¡casi toda la costa americana! Incluso el avión del Rey podría ser objetivo, un detalle que levanta más ampollas que un penalti discutido. Todo esto, por cierto, viene de lejos. De las primas a las renovables aprobadas por Zapatero en 2007 y recortadas después por Rajoy en 2012, un carrusel de decisiones que ha terminado en una deuda de 2.316 millones de euros, con sobrecostes financieros que elevan la cifra a 552 millones más. El Gobierno de Sánchez, fiel a su estilo, se defiende alegando que Bruselas no le permite pagar, un argumento que suena a excusa barata para los acreedores. Mientras tanto, la selección española corre el riesgo de convertirse en un peón en esta partida de ajedrez financiera. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿tendremos que vender la camiseta de la selección para pagar las deudas?
Barcelona, marzo de 2024. La Ley de Vivienda, esa promesa de techo para todos, parece más un paraguas roto en medio de un huracán inmobiliario. Fedea, el think tank que se atrevió a mirar los números sin gafas de color rosa, nos cuenta que la oferta de alquiler en Barcelona se ha desplomado un 22,2%. ¿El motivo? Limitar los precios, al parecer, no anima a los propietarios a poner sus pisos en el mercado. ¿Quién lo diría? Mientras tanto, en Madrid, donde la ley es letra muerta, la oferta sube un 3,9%. La diferencia es como comparar la cola del Rastro con la de un restaurante con estrella Michelin. Cataluña, convertida en el laboratorio de esta experiencia, ha visto cómo la presión por cada vivienda se ha multiplicado por cuatro. ¡368 personas peleándose por el mismo piso! En Barcelona, la cosa está aún más cruda: 462 contactos por inmueble. Imaginen la escena: un anuncio, una horda y un casero sonriendo. La Comunidad Valenciana y Andalucía, que no han sucumbido a la tentación de la regulación, retroceden un modesto 10%, una cifra que parece un oasis en comparación. El Gobierno, mientras tanto, sigue acusando a Madrid de sabotaje. Un 'tú más' digno de un patio de colegio. La moderación de los precios, según Fedea, convive con la escasez y la competencia feroz. Es decir, que el pastel es más pequeño y hay más gente con tenedor. La subida generalizada de precios, insisten, no es culpa de la ley, sino de un déficit de oferta. Suena a excusa barata, pero bueno, en política, la realidad suele ser el primer engaño. Fernando Pinto, profesor de la Rey Juan Carlos, lo tiene claro: la ley no soluciona el problema, lo agrava. Y la lista de espera para un piso en Barcelona, señores, es más larga que la de Hacienda.
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