Crítica:
El informe de la AIReF es exhaustivo, pero se centra demasiado en los números y poco en las causas. ¿Quiénes son los responsables de estas sentencias? ¿Por qué se recurre tanto a los tribunales? Falta contexto y un análisis más profundo.
El informe de la AIReF es exhaustivo, pero se centra demasiado en los números y poco en las causas. ¿Quiénes son los responsables de estas sentencias? ¿Por qué se recurre tanto a los tribunales? Falta contexto y un análisis más profundo.
Zapatero, el hombre que nos vendió el oro barato, ahora presume de un ajuar joyero tasado en 1,3 millones de euros. Ansorena y el Instituto Gemológico Español certifican el botín: oro blanco, diamantes, esmeraldas… un catálogo de caprichos mientras la cesta de la compra se encarecía. La ironía, amigos, es que el oro, precisamente el que él vendió en 2007 argumentando que “ya no era rentable”, se ha disparado un 124% en cinco años, alcanzando los 4.238 dólares la onza. ¿Rentable ahora, verdad? Aquella operación, que le inyectó 2.150 millones a las arcas públicas, hoy equivaldría a casi seis veces más. La plata, por si fuera poco, ha subido un 150%. Los diamantes, eso sí, han perdido brillo, víctimas de la competencia de los sintéticos y la sobreoferta. Una caída del 6% desde 2021. Pero las esmeraldas y los zafiros, más exclusivos, han visto su valor incrementarse, impulsando el índice Gemval un 10,84%. Y no olvidemos que una joya ya tallada vale el doble. Mientras tanto, un 21% de los españoles ve las joyas como inversión, un 19% como ahorro y el resto… ¿sentimentalismo? En 2024, la joyería y relojería facturó 2.100 millones, con la joyería representando el 55% del total. Un dato que contrasta con la austeridad que nos predicaban. ¿Casualidad? Difícilmente. La pregunta no es cuánto valen las joyas de Zapatero, sino quién pagó la factura de su “rentabilidad” fallida.
La Seguridad Social, con la gracia de un elefante en una cacharrería, ha decidido que 500.000 autónomos societarios y colaboradores paguen la cuenta. Prometieron que las cuotas no subirían, pero las promesas, como las rebajas de enero, suelen ser más relucientes en el escaparate que en el bolsillo. El batacazo: un incremento del 42% en la base mínima de cotización, pasando de 1.000 a 1.424,40 euros mensuales. ¿El impacto? Un sablazo de 135 euros al mes, o 1.600 euros anuales, directo a la billetera de quienes ya están exprimiendo las nueces. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), liderada por Lorenzo Amor, lleva meses gritando al desierto, advirtiendo que esta medida afectará especialmente a mujeres que ayudan en negocios familiares del entorno rural, donde la palabra “margen” suena a lujo. Mientras tanto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sonríe: la subida inyectará 1.550 millones de euros a las arcas públicas, una décima del PIB. ¡Qué alivio para las pensiones! La ironía es que la reforma de cotización por ingresos reales de 2022 preveía una evaluación con los agentes sociales que nunca llegó a buen término. Junts, con una enmienda en el Congreso, intenta poner freno al desastre, pero la Administración, con el apetito de un león hambriento, parece decidida a mantener el plan. La moraleja: cuando ves al político prometer, agarra la cartera. Y prepárate para el sablazo. Porque, al final, siempre somos los mismos los que pagamos la fiesta.
La Seguridad Social, con la gracia de un elefante en una cacharrería, insiste en subir las cuotas a 500.000 autónomos societarios y colaboradores en 2026. Promesas rotas, ¿dicen? Sí, las mismas que vendían como agua embotellada hace meses. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva meses gritando, pero parece que sus súplicas rebotan en las paredes de un ministerio sordo. El golpe, que se siente especialmente fuerte en los bolsillos de esos autónomos colaboradores – muchas veces mujeres en negocios familiares rurales – se traduce en un sablazo de unos 135 euros al mes. Para la Administración, claro, es una mina de oro: 1.550 millones de euros más al año, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Una décima del PIB, para ser exactos. ¿Quién necesita un plan de pensiones cuando tienes a los autónomos para exprimir? La cosa es que esta subida no es un capricho. Es el resultado de una reforma de 2022 que ahora, convenientemente, se aplica sin haber escuchado a los afectados. Junts incluso intentó poner un freno en el Congreso, pero la necesidad de esos 1.550 millones parece ser más fuerte que la palabra dada. La Seguridad Social, con una base mínima que salta de 1.000 a 1.424,40 euros, argumenta que es necesario para equilibrar el sistema. Los autónomos, por su parte, ven un robo a plena luz del día. Y mientras tanto, la Airef confirma que la recaudación será mayor de lo previsto. La guinda del pastel. En resumen, un baile de números y promesas incumplidas donde los autónomos pagan el pato y la Administración celebra la lluvia de millones. Y la pregunta es, ¿cuántas veces más tendremos que ver esta misma película?
El oro sube, los diamantes bajan, y a alguien le sale el cálculo. Mientras tú y yo miramos los precios en el supermercado con lupa, el ajuar del expresidente Zapatero se ha revalorizado en 1,3 millones de euros, según Ansorena y el Instituto Gemológico Español. ¡Un detallito! Oro blanco, diamantes, zafiros… un catálogo de lujos que, casualmente, se ha apreciado justo después de que su gobierno vendiera las reservas del Banco de España a precio de saldo. En 2007, España se deshizo de 4,3 millones de onzas de oro, argumentando que “ya no era rentable”. ¡Vaya ironía! Hoy, esas onzas valdrían casi seis veces más, un pelotazo que podría haber llenado las arcas públicas. La plata, por cierto, ha pegado un salto del 150%. Los diamantes, en cambio, están en crisis por la gema sintética, pero las esmeraldas y los zafiros, más exclusivos, se han disparado. Mientras tanto, un 21% de los españoles guarda joyas como inversión, y un 64% ni siquiera sabe cuánto valen. Las ventas de joyería en España rozan los 2.100 millones de euros, un negocio que no entiende de crisis. ¿Casualidad? Que cada uno saque sus conclusiones. El valor sentimental, según las encuestas, es lo de menos.
Ben McKenzie, el chico de 'The O.C.' que estudió economía (¿quién lo diría?), ha destapado la caja de Pandora de las criptomonedas con un documental que se llama, con una honestidad brutal, 'Everyone Is Lying To You for Money'. Mientras el ciudadano de a pie intenta pagar el súper, figuras como Matt Damon, en un anuncio del Super Bowl de 2021, nos vendían la moto de que 'la fortuna favorece a los audaces' con un guiño a crypto.com. McKenzie, en cambio, se quedó en shock. El documental rastrea el ascenso de las criptos desde la crisis de 2008, un caldo de cultivo para la desconfianza, hasta convertirse en un 'negocio' donde, según McKenzie, el engaño es la norma. Se despacha a gusto con los 'gurús' de las cripto-bolsas, entrevistando a tipos como Alexander Mashinsky (ex-CEO de Celsius, ahora conociendo las paredes de una celda) y Sam Bankman-Fried (el rey caído de FTX, un nombre que ahora suena a epitafio). No se salva nadie, ni siquiera los actores de Hollywood que se apuntaron al carro sin entender ni papa. Mckenzie no solo denuncia la estafa, sino la narrativa. Esas 'stablecoins' que no son tan estables, la 'descentralización' que es una falacia. En resumen, 'líneas de código' disfrazadas de futuro financiero. Y el silencio de Matt Damon, tras la premier del documental, es tan elocuente como sus palabras en aquel anuncio. El documental llega a las salas, como un aviso: no hay nada nuevo bajo el sol, solo viejas estafas con un disfraz digital.
El brindis al sol del Gobierno con la bajada del paro sabe a rancio. Mientras Pedro Sánchez se pone la camiseta del 22 (¿del 22 a la calle, o del 22 a la cola del paro?), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha inflado sus cifras como un globo sonda. En junio de 2020, el IMV era un experimento con 86.000 titulares. En mayo de 2026, ¡862.859! Un 903,32% más. ¿Y los beneficiarios? De 280.000 a 2,63 millones. Un 839,84% de aumento. O sea, que mientras el paro caía de 3,72 millones (mediados de 2020) a 2,7 millones (primer trimestre de 2026), el IMV se disparaba. ¿Dónde está la lógica? Quizás en el empleo precario, en esos trabajos que saben a poco y obligan a “trabajadores pobres” a tirar de subsidios. La factura del IMV ya ha ascendido a 20.831 millones de euros, con una nómina de mayo de 2026 de 500,1 millones, un récord que presagia más de lo mismo. La paradoja es que la izquierda, antes de gobernar, diagnosticaba con lupa este problema del empleo de baja calidad. Ahora, la lupa parece empañada. ¿Será que el IMV es un parche, una solución a medias que enmascara un problema estructural? Y mientras tanto, el ciudadano de a pie, con la lista de la compra cada vez más corta, se pregunta si la recuperación es para todos o solo para las estadísticas.
Mientras el fútbol se prepara para la fiesta del 2026, España se enfrenta a una resaca mucho más amarga. Pedro Sánchez ha dicho 'no' a un salvavidas lanzado por los acreedores internacionales de las renovables, un 'no' que suena a 'vamos a verlas venir' en plena vorágine de embargos. La cosa va seria: 700 millones de euros en sentencias firmes en Estados Unidos, más un rosario de laudos pendientes que convierten a España en el moroso VIP de la inversión internacional. El despacho King & Spalding, representando a inversores con más paciencia que un monje trapense, ofreció una tregua: suspender los embargos durante el Mundial a cambio de una fianza, un seguro de que el Estado no saldría corriendo con el balón. Pero Moncloa, con la testarudez de quien se niega a reconocer que se ha pasado de presupuesto, prefirió el pulso. El precedente belga, donde España tuvo que poner 250 millones en una cuenta bloqueada para calmar las aguas, quedó en anécdota. Ahora, los acreedores, en lugar de esperar un milagro, están ampliando el registro de sentencias en las ciudades que acogerán el Mundial, como quien prepara la lista de la compra antes de ir al supermercado. La estrategia es clara: facilitar la localización de activos, como buscar las llaves justo antes de salir de casa. Y no se trata de una amenaza vacía. El programa de notificaciones judiciales y rastreo de activos se ha puesto en modo turbo. Los recortes retroactivos a las renovables, la raíz del problema, han convertido a España en un caso de estudio de cómo no hacer las cosas. Un agujero contable de 700 millones y contando, mientras se alaban las virtudes de la transición ecológica. La ironía, en este caso, es tan fina como el hielo.
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