Crítica:
La noticia es un ejercicio de exposición de hipocresía institucional impecable. Solo falla en no cuestionar por qué en 2024 un organismo financiero necesita 200 millones de folios para 'funcionar correctamente'.
El Banco de España gastará 1,2 millones en folios pese a presumir de sostenibilidad
Banco de España: millones en folios 'verdes'
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Banco de España: millones en folios 'verdes'
Hay una poesía cruel en la burocracia española. Mientras el ciudadano medio intenta digitalizar hasta el ticket del parking para no gastar en tinta, el Banco de España ha decidido que el futuro es, sorprendentemente, de celulosa. Bajo la batuta de José Luis Escrivá, el organismo ha lanzado una licitación que hace que cualquier oficina de barrio parezca un monasterio minimalista: 1,2 millones de euros (IVA incluido) para comprar folios hasta octubre de 2034. Sí, han blindado el suministro de papel para los próximos ocho años, como si temieran un apocalipsis digital donde la única moneda de cambio fueran las hojas A4 y A3. Hablamos de un despliegue de entre 150 y 200 millones de folios. Para que nos entendamos, es como si el Banco de España decidiera imprimir la lista de la compra de todo un barrio durante un siglo, pero con la elegancia de un organismo que presume de 'sostenibilidad' y 'energías renovables' en su web. Es el clásico 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo imprimo'. Y como si el millón de euros en papel no fuera suficiente para llenar un estadio, se han marcado otro despliegue de 2,6 millones de euros (con IVA) para servicios de preimpresión y encuadernación. Porque claro, los folletos y catálogos son 'clave para la comunicación efectiva', aunque la comunicación más efectiva hoy sea un PDF que no ocupe espacio en el cajón. Lo más tierno es que esta fiebre del papel no es un caso aislado. La Agencia Estatal de Administración Digital, que se supone que es la que nos empuja a todos hacia la nube, se ha gastado más de 133.504 euros en mantener 189 impresoras Kyocera. Y el Ministerio de Defensa, que no quiere quedarse atrás en la guerra contra el medio ambiente, soltó 177.685 euros para alquilar tres equipos que escupan dos folios por segundo. En España, la digitalización es un concepto vanguardista que se aplica a todo, excepto a las impresoras del jefe.
Hoteles para ONG y barracones para policías
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en la gestión del espacio en Ceuta. Mientras los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esos que ponen el cuerpo en la primera línea, pernoctan en barracones que cualquier colectivo policial calificaría de 'escenografía de película bélica', el Gobierno ha decidido jugar al anfitrión generoso. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, bajo el mando de Elma Saiz, ha abierto las puertas de la Casa del Mar a los voluntarios de la ONG Accem. No es un albergue improvisado con esterillas. Estamos hablando de la sede del Instituto Social de Marina, un edificio diseñado para los trabajadores del mar y sus pensionistas, que ahora sirve de hotel boutique para activistas. El inventario es envidiable: 27 habitaciones con baño propio, sala de lectura, televisión, juegos de mesa y hasta servicio de lavandería. Es el típico pack de vacaciones todo incluido, pero pagado con la gestión del patrimonio público. El contraste es un puñetazo en la mesa. Por un lado, tenemos a Accem, una organización que maneja 84 millones de euros de dinero público y que despliega psicólogos y trabajadores sociales en Loma Margarita para atender a unos 4.000 inmigrantes ilegales (de los cuales 1.300 ya tienen techo y tres comidas). Por otro, tenemos a la policía española, hacinada y olvidada, mientras el Ministerio justifica la cesión alegando 'situaciones de carácter excepcional'. Accem dice que cada inmigrante llega con una historia que 'merece ser escuchada'. Es una frase preciosa, digna de folleto humanitario. Lástima que esa sensibilidad no llegue a los barracones de los agentes, cuyas historias de insomnio y frío parecen no encajar en la agenda de prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sablazo europeo: camiones de tropas para Marruecos
Hay quien dice que la cooperación internacional es un ejercicio de generosidad; otros, que es el arte de maquillar la realidad con palabras bonitas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ejecutado una maniobra de ingeniería administrativa digna de un premio, canalizando 45,1 millones de euros hacia Marruecos entre 2019 y 2025. El truco consiste en llamar «gestión de fronteras y migración» a lo que, en el lenguaje de la calle, es montar un ejército. Mientras el ciudadano medio se pelea con la subida del aceite, el Gobierno ha regalado a Rabat un catálogo que parece sacado de un videojuego de guerra: 399 todoterrenos, 41 camiones y 669 cámaras de visión térmica y nocturna. Lo más delirante ocurre en el bienio 2019-2020. Con Pedro Sánchez en funciones, la FIIAPP soltó 39,1 millones de euros en un ritmo frenético. No compraron folletos informativos ni suministros médicos, sino 130 Toyota con rejilla (5,8 millones) y el plato fuerte: 18 camiones «habilitados para el transporte de tropas» por 2,2 millones. Básicamente, han financiado con fondos europeos la movilidad de una brigada de 6.000 efectivos. Es como si compraras una aspiradora para limpiar la casa y acabaras instalando un sistema de defensa antiaérea en el jardín. La hipocresía se remata al mirar al vecino. Ni Argelia, ni Túnez, ni Senegal han visto un solo camión de tropas. A ellos se les envía seguridad vial o gestión hospitalaria, cosas de civiles. Solo Marruecos ha recibido este «pack militar» disfrazado de ayuda humanitaria. Al final, el material no ha servido para frenar un solo asalto migratorio, pero ha dejado a Rabat muy bien equipado. Una inversión brillante: pagamos nosotros, lo usan ellos y el resultado es el mismo de siempre.
UK quiere cobrar y los ricos huyen
El Reino Unido ha intentado jugar al gato y al ratón con las carteras más gordas del país, pero el ratón tiene jet privado y pasaporte diplomático. En un giro digno de comedia negra, el intento de cerrar el grifo fiscal ha terminado por secar el jardín. Mientras el ciudadano medio ve cómo su salario se queda congelado como un guisante en el fondo del congelador, el 1,1% más rico ha decidido que Londres ya no es tan acogedor. La cifra es un sablazo monumental: en 2025, el Reino Unido se convirtió en el campeón mundial de la pérdida de millonarios. Unos 16.500 peces gordos hicieron las maletas, llevándose consigo unos 91.800 millones de dólares. Para que nos entendamos, es una fuga de capital que duplica la de China, que hasta ahora era la referencia en 'operaciones de salida'. El detonante fue el fin del régimen 'non-dom', ese privilegio que permitía a los residentes adinerados ignorar sus ingresos extranjeros como quien ignora una llamada de un número desconocido. Ahora, con una reforma que empuja a más contribuyentes a tramos de entre el 40% y el 45% y un posible gravamen adicional del 2% sobre fortunas que superen los 10 millones de libras propuesto por Andy Burnham, el pánico es real. El Adam Smith Institute ya avisa: la población con más de un millón de libras ha caído a 442.000 personas, un 7% menos que en 2024. Es una sangría peligrosa, considerando que ese 1% de contribuyentes sostiene el 29,1% de todo el impuesto sobre la renta. El Tesoro británico está descubriendo, a base de golpes, que intentar exprimir una esponja que ya no tiene agua solo sirve para romper la esponja. Mientras Martin Ott, CEO de Taxfix, predica la responsabilidad social, los ricos prefieren la 'responsabilidad' de mudarse a Turquía o Taiwán.
Pirineos Orientales: el nombre que no cambia
Hay quien dice que el nombre de un lugar es solo una etiqueta, pero en política es el equivalente a pelearse por el último trozo de tarta en una cena familiar: nadie tiene hambre, pero todos quieren ganar. El departamento francés de los Pirineos Orientales acaba de cerrar una consulta que ha sido, en esencia, un ejercicio de apatía colectiva. Con una participación ridícula del 10,57% —apenas 38.178 personas de un censo de 384.000—, el resultado es un bostezo administrativo. Ganó el nombre histórico, 'Pirineos Orientales', con 18.025 votos frente a los 16.092 de 'Pirineos Catalanes'. Una diferencia de 1.933 papeletas que, en términos reales, es como intentar cambiar el rumbo de un transatlántico soplando un globo. Hermeline Malherbe, presidenta del Consejo Departamental, soltó la frase comodín de manual: 'la democracia ha hablado'. Claro, habló un grupo minúsculo mientras el resto del departamento estaba probablemente echando la siesta o ignorando el correo. La Plataforma per la Llengua, que esperaba el cambio, ahora dice que no es un voto contra la catalanidad, sino un fallo de 'pedagogía'. Traducción: no supimos vender el producto. El bando de Louis Aliot, el alcalde de Perpiñán vinculado al Reagrupamiento Nacional de Le Pen, celebra una victoria que es más tibia que un café recalentado, pero suficiente para mantener el statu quo. Este episodio es el segundo golpe para el catalanismo administrativo francés, tras el fiasco de 2016 con 'Occitania'. Mientras tanto, la lengua sigue retrocediendo: del 36,1% al 32,6% entre 2018 y 2023 según el Idescat. Es la inercia de un Tratado de los Pirineos de 1659 que dejó a Llívia como un enclave español por un tecnicismo legal, recordándonos que las fronteras se dibujan con pluma, pero se sienten con la piel. Comparado con la Colectividad Europea de Alsacia, que recuperó su nombre por voluntad política en 2021, aquí nos hemos quedado en la anécdota de un buzón vacío.
Apple Maps borra a España del mapa
Parece que en Cupertino han decidido hacer una limpieza de primavera en el mapa, pero se han pasado de frenada con la goma de borrar. Apple Maps, esa herramienta que consultan unos 500 millones de usuarios mensuales mientras buscan la pizzería más cercana, ha decidido que las Islas Chafarinas y los Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas ya no son españoles. Así, sin más, con un clic, el gigante tecnológico ha borrado la soberanía de España para regalársela a Marruecos. Es como si llegaras a casa y descubrieras que alguien ha puesto el nombre de tu vecino en el timbre de tu portal y el ayuntamiento dice que ahora el piso es suyo. Lo irónico es que no es un error de GPS cualquiera; es una coincidencia milimétrica con el delirio del 'Gran Marruecos' de Allal el Fassi. Estamos hablando de territorios que España posee mucho antes de que la dinastía alauí se pusiera de acuerdo sobre dónde empezaba su casa. El Peñón de Vélez de la Gomera fue conquistado en 1508, cuando en África lo que había eran tribus y no estados con pasaporte. Las Chafarinas se tomaron el 6 de enero de 1848 y el Peñón de Alhucemas se consolidó en 1673. Todo esto está blindado por la Constitución Española de 1987 y el Tratado de Paz y Amistad de 1860, pero claro, los algoritmos de Apple tienen más peso que los tratados internacionales. Mientras tanto, en el palco oficial, el silencio es ensordecedor. Pedro Sánchez habla de 'colaboración total' con Rabat para gestionar el flujo migratorio, ignorando que el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouhbi, ya reclamaba el 21 de agosto que los territorios vuelvan 'al seno de la patria'. Es la diplomacia del guante de seda: mientras el Gobierno sonríe para la foto, Apple Maps nos va haciendo el 'sablazo' cartográfico, redibujando las fronteras según sople el viento del palacio de Mohamed VI.
Cañas, mentiras y medio millón perdido
En el teatro de la política española, el guion suele escribirse con tinta invisible y se borra según sople el viento. El caso de las cañas en los barrancos valencianos es una obra maestra del surrealismo administrativo. Empezamos la semana con Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, lanzando un grito de auxilio: los cauces están atascados y las lluvias de otoño no perdonan. Una preocupación legítima que, en el lenguaje de la calle, es como avisar de que el techo gotea mientras el casero finge que no está en casa. La respuesta del Gobierno central fue un despliegue de gimnasia mental digno de medalla olímpica. Zulima Pérez, comisionada para la dana, salió al ruedo para decir que el Ministerio no tenía competencias y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no podía tocar ni una hoja. Lo llamó 'deslealtad absoluta' de los ayuntamientos. Básicamente, nos dijeron que no tenían la llave de la puerta y que dejáramos de molestar. Pero llega el miércoles y, ¡magia!, la CHJ publica en su web que están limpiando el barranco del Carraixet en Bétera. No solo tienen la llave, sino que han soltado 520.000 euros para limpiar 650 metros de cauce. Para que nos entendamos: mientras nos vendían que era imposible intervenir por falta de papeles, se han gastado medio millón de euros en 'recuperar el bosque de ribera'. Pasar de la 'incapacidad jurídica' a ejecutar un presupuesto de este calibre en siete días no es eficiencia, es una bofetada de hipocresía. El relato cambió más rápido que el tiempo en septiembre, demostrando que las competencias son, en realidad, elásticas según convenga al calendario político.
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