Crítica:
La noticia es un panfleto administrativo que ignora el caos logístico que supondrá para el pequeño comercio gestionar envases sucios. Se vende como ecología, pero es puramente un movimiento para evitar multas comunitarias.
Ya es oficial: bares y restaurantes cobrarán un suplemento extra por las botellas por la nueva norma del Gobierno de España
Tus cañas ahora con 'fianza' obligatoria
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Anthropic: el 'fair use' no paga royalties
Dario Amodei, el cerebro detrás de Anthropic, ha descubierto que el karma no acepta pagos con créditos de computación. Sony Music y Warner, esos titanes que gestionan los derechos de todo lo que suena en el ascensor y en la radio, han soltado un zarpazo legal el pasado viernes noche. La acusación es sencilla y brutal: un 'robo descarado' de propiedad intelectual. Básicamente, Anthropic decidió que pagar licencias era un gasto superfluo y prefirió aspirar decenas de miles de composiciones protegidas para alimentar a su IA, Claude. Aquí es donde la cosa se pone fea. No estamos hablando de un error de cálculo en la factura de la luz. Los demandantes piden hasta 150.000 dólares por obra y una multa de 25.000 dólares cada vez que Anthropic borró los datos de copyright. Si echamos cuentas, el agujero contable podría alcanzar varios miles de millones de dólares. Para que nos entendamos: es pasar de pedir un préstamo para el coche a deber el PIB de un país pequeño. Lo más irónico es que el dataset pirata es el mismo que Benjamin Mann, cofundador y ahora demandado, ya había descargado ilegalmente, lo que terminó en aquel acuerdo millonario de 1.500 millones de dólares en septiembre de 2025. Resulta que entre los millones de libros 'torrented' se colaron joyas como 'Livin’ on a Prayer' de Bon Jovi, 'September' de Earth, Wind & Fire y la eterna 'Hallelujah' de Leonard Cohen. Anthropic ahora intenta vender la moto del 'fair use', ese comodín legal que dice que usar el trabajo ajeno es justo si es para 'aprender'. Pero después de haber soltado ya más de mil millones para callar bocas, intentar convencer al juez de que esta vez fue un malentendido es como intentar explicar que te has colado en el cine porque pensabas que era un museo gratuito.
CEO de Coinbase: donar es perder dinero
Hubo una época en la que los magnates estadounidenses, esos tiburones con el alma oxidada, practicaban la filantropía como quien compra un seguro contra incendios: para evitar que la plebe les quemara la mansión. Rockefeller y Carnegie levantaban bibliotecas y erradicaban parásitos no por amor al prójimo, sino para limpiar el rastro de sangre y sudor de sus fortunas. Pero los nuevos barones del código y el algoritmo han decidido que la modestia es un gasto superfluo. Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, ha decidido subir el tono. Con una fortuna estimada en 8.700 millones de dólares —una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto municipal mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz—, Armstrong soltó en el Katie Miller Podcast que la caridad es, básicamente, un 'efecto neto negativo' para el mundo. Según su lógica, donar dinero es una pérdida de tiempo porque las fundaciones acaban 'capturadas por la ideología'. Es fascinante el giro mental: para Armstrong, Bill Gates no es un filántropo, sino alguien que intentó rehabilitar su imagen tras el lío con el Departamento de Justicia (DoJ). El jefe de Coinbase prefiere mantener sus miles de millones bajo llave, convencido de que su abstinencia generosa es una postura 'contraria' y valiente. Mientras tanto, la tendencia en Silicon Valley es clara: menos hospitales y más yates. El altruismo ha pasado de ser una herramienta de relaciones públicas a ser visto como un error de cálculo financiero. Armstrong no solo cierra el grifo; presume de haberlo hecho, transformando la tacañería a escala global en una declaración de principios.
Paro: gasto récord que huele a 2013
Hacer malabares con el presupuesto doméstico es un arte, pero el Gobierno ha decidido convertirlo en deporte olímpico. Mientras Yolanda Díaz nos vende que perder 162.840 cotizantes es, básicamente, un éxito porque 'podría haber sido peor', la realidad nos escupe un dato que huele a naftalina: el gasto en prestaciones por desempleo ha vuelto a niveles de 2013. Sí, regresamos a la época del rescate bancario y las colas del hambre, pero con un envoltorio de marketing moderno. En julio de este año, el Estado soltó 2.115 millones de euros para cubrir el paro. Para que el ciudadano medio lo entienda: es un sablazo del 5,53% respecto a los 2.004 millones de julio del año pasado. Es como si tu factura de la luz subiera sin que hayas encendido un solo aire acondicionado. Si quitamos el paréntesis surrealista de 2020, donde la pandemia infló el gasto a 3.237 millones, no veíamos una sangría así desde aquel julio de 2013, cuando el país agonizaba con 2.439 millones en prestaciones. La aritmética del optimismo oficial ignora que hay 2,35 millones de personas buscando curro. Además, el número de beneficiarios ha escalado a 1.857.263 personas, la cifra más alta desde 2021 (cuando tuvimos 1.977.597). Para rematar la jugada, la cuantía media que recibe cada desempleado ha subido a 999,9 euros, frente a los 976 euros del año anterior. En resumen: más gente cobrando, más dinero por persona y un agujero contable que crece mientras en Moncloa nos dicen que el cielo es verde. El empleo no se crea, se maquilla con regularizaciones migratorias para que la caída no sea tan estrepitosa.
Hacienda: el socio oculto de tu pensión
La inflación en España es ese invitado pesado que no se va de casa y, de paso, se come todo lo que hay en la nevera. En agosto, el IPC marcó un 4,3% interanual, una cifra que para el ciudadano medio es un sablazo directo al presupuesto mensual, mientras que para el Estado es una herramienta de ingeniería financiera fascinante. Desde 2021, el bolsillo del español ha sufrido una erosión del 24%. Básicamente, el dinero ha perdido valor más rápido de lo que tarda un político en prometer que todo está bajo control. Aquí entra el juego de espejos del Gobierno: indexar las pensiones al IPC. Suena a justicia social, pero miremos la letra pequeña. Con una inflación media proyectada del 3,6%, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas —que ya alcanzó los 195.000 millones de euros el año pasado— se disparará. Según Funcas, el recargo para 2027 será de 7.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 1.000 millones por las clases pasivas. Es una cifra astronómica, como si el Estado decidiera comprarse un yate nuevo cada mañana. Pero el verdadero giro de guion ocurre en el despacho de Hacienda. Mientras el jubilado celebra que su pensión sube para poder comprar el mismo kilo de tomates que el año pasado, el IRPF espera al acecho en la esquina. Una parte considerable de esa revalorización volverá directamente a las arcas públicas. Es el círculo perfecto: el Estado sube la pensión con una mano para que el jubilado no se asfixie, y con la otra, Hacienda recupera la tajada vía impuestos. A esto súmale el 'efecto sustitución', donde los nuevos jubilados cobran más que los que se van, y tenemos una receta perfecta para que el sistema engorde mientras el ciudadano sigue haciendo malabares con la lista de la compra.
España y Marruecos: el sablazo comercial
Durante décadas, España jugó al señorito en el comercio con Marruecos, disfrutando de un superávit que parecía eterno. Pero el tablero ha girado. En 2025, por primera vez, hemos pasado a un déficit comercial que deja un agujero de unos 3.000 millones de euros, según los datos de UN Comtrade. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si durante años hubieras sido el que invita a las cañas y, de repente, te despiertas descubriendo que no solo estás pagando la ronda, sino que el otro te ha dejado el carrito de la compra lleno de cables y aceite de argán mientras tú solo puedes ofrecerle gas licuado. La jugada es maestra. Mientras España se ha quedado estancada en una zona de confort exportadora, Marruecos ha decidido dejar de ser la periferia para convertirse en el proveedor. Han pasado de comprar nuestra tecnología agrícola a vendernos sus propios productos, aprovechando que las normas europeas ya no son el muro infranqueable de antes. Las cifras no mienten y son un bofetón de realidad: en 2024 aún nos salvábamos con exportaciones de 18.000 millones frente a importaciones de 16.000 millones, pero en 2025 la tortilla se dio la vuelta. Marruecos exportó 19.600 millones e importó solo 16.500 millones. María Ángeles Ruiz Ezpeleta, de EAE Business School, lo resume con una elegancia casi cruel: Marruecos crece mientras España crece 'poquito'. La hipocresía reside en que, aunque Rabat sigue dependiendo de nosotros para respirar económicamente, España ha perdido la capacidad de marcar el ritmo. Seguimos comprando gas a Rusia y vendiendo gas a Marruecos, pero el reino alauita ha doblado sus exportaciones globales en tres años. Básicamente, nos han adelantado en el carril rápido mientras nosotros seguíamos convencidos de que el camino era el de siempre.
Sánchez: más pescado marroquí, menos flota española
Hay una receta muy sencilla para hundir la industria nacional: ponle normativas asfixiantes a los tuyos y ábrele la puerta de casa al vecino. Mientras el pescador español lucha contra el gasóleo a 1,20 euros el litro —un sablazo que hace que salir a faenar sea casi un deporte de riesgo financiero—, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el pescado marroquí es el nuevo plato estrella. Los datos de Datacomex no mienten: hemos pasado de importar 91,7 millones de kilos en 2018 a unos impactantes 137,2 millones en 2025. Un incremento del 49,6% que suena a éxito comercial, pero que huele a rendición. En el libro de cuentas, la cifra es igualmente delirante. La factura ha subido de 620,1 millones a 864,6 millones de euros. Básicamente, estamos tirando la tarjeta en el mercado vecino mientras nuestra propia flota se encoge. Javier Garat, de Cepesca, lo tiene claro: es un doble rasero. A los nuestros les exigen estándares europeos que rozan la utopía, mientras que el pez espada marroquí entra en el mercado capturado con redes a la deriva, una técnica prohibida en la UE por ser un desastre ecológico. Es como obligar a un corredor a ir con pesas en los tobillos mientras el rival va en moto. La hipocresía alcanza su cénit con el atún chino, cuyos contingentes libres de aranceles pasaron de 20.000 a 200.000 toneladas. Pero volviendo al vecino del sur, la dependencia es total: las importaciones agroalimentarias saltaron de 1.524 millones en 2018 a 2.223 millones en 2024. Mientras Luis Planas escucha las quejas del sector en despachos climatizados, la realidad es que España ya no pesca para sí misma; prefiere hacer el pedido por catálogo al Magreb, ignorando que el acuerdo de pesca está suspendido por la Justicia europea por el asunto saharaui. Un negocio redondo, siempre que no seas el que maneja la red.
Moncloa guarda el petróleo y tú pagas
Hay una magia muy particular en los despachos de la Moncloa: la capacidad de anunciar un banquete y servir solo la entrada. El 17 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros salió al balcón a decirnos que, para combatir la crisis por la guerra en Irán, soltarían 11.553 millones de barriles de petróleo (unos 12,3 días de consumo). Sonaba muy bien en el BOE del 20 de marzo. Pero, como ocurre con las promesas de dieta en enero, la ejecución se quedó a medio camino. El Gobierno aplicó una primera fase de cuatro días y luego se quedó dormido en los laureles. El resto, esos 8,3 días adicionales que dependían del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siguen guardados bajo llave. En lenguaje de calle: nos prometieron bajar el precio del combustible, pero han dejado el 67,5% del petróleo inmovilizado mientras nosotros seguimos pagando el sablazo en la gasolinera. Mientras Italia ejecutó su parte el 26 de marzo sin pestañear, aquí en España el petróleo se ha quedado cogiendo polvo. ¿Y quién paga esta 'siesta' administrativa? El coste de mantener ese producto guardado oscila entre los 79 y los 215 millones de euros anuales. Es como pagar el alquiler de un trastero carísimo para guardar algo que deberíamos estar usando para ahorrar dinero. Ese capital inmovilizado, valorado en hasta 1.100 millones de euros, acaba trasladándose al precio final. El resultado es un IPC de agosto de 2026 que escala al 4,3% y un diésel que ha subido el 40% desde febrero. La CNMC registra precios históricos mientras el Ministerio guarda silencio. Al final, la estrategia fue brillante: anunciar la medicina, pero dejar la jeringuilla en la nevera.
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