Crítica:
El texto original es un retrato crudo, pero peca de optimismo al citar a ejecutivos que llaman 'capital de trabajo' a la desesperación. Le falta analizar quién se forra realmente con las comisiones de estas apps.
The Economy Is So Bad That People Are Using Buy-Now-Pay-Later Apps for Rent and Utilities
Alquilar el piso a plazos: el delirio
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PAC: Dinero hay, pero jóvenes no
El campo español se ha convertido en una residencia de ancianos con tractor. Mientras nosotros peleamos por un alquiler que se come la mitad del sueldo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos vende un cuento de hadas donde el dinero fluye, pero los jóvenes no aparecen. Los datos son un bofetón: el 39,56% de los que cobran la PAC ya tienen edad para estar jubilados y disfrutando de sus nietos, mientras que los menores de 40 años no llegan ni al 9%. Es el relevo generacional en modo pausa. La administración ha intentado comprar el futuro con un talonario abierto. Han soltado 220 millones de euros anuales para el relevo generacional, un 50% más que antes. Solo en 2025, el pago complementario para jóvenes alcanzó los 98,5 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva: es como intentar que alguien se mude a un piso en ruinas prometiéndole que le pagarán el café y el internet durante cinco años. De hecho, 1.705 jóvenes recibieron más de 9 millones de euros en 2025, con una media de 5.290 euros por cabeza. Una cantidad que, para quien sabe sumar, es más un 'apriete los dientes' que un plan de vida. Incluso con ayudas regionales que pueden llegar a los 100.000 euros para montar empresas rurales, la juventud pasa de largo. El número de solicitantes del pago complementario se ha desplomado, pasando de 23.800 en 2022 a unos 18.500 en 2025. Asaja y Unión de Uniones lo dicen sin anestesia: sin rentabilidad no hay futuro. El Estado cree que el campo es una ONG que se mantiene con subvenciones, pero los jóvenes no quieren vivir de migajas institucionales; quieren un negocio que no sea un suicidio financiero. Resulta que el arado no es atractivo cuando el beneficio es un espejismo.
Luz por las nubes: el gas vuelve
Parecía que habíamos superado el trauma, pero la factura de la luz ha decidido jugar al yo-yo y nos ha soltado un bofetón en toda la cara. Este septiembre, España ha vuelto a jugar a la ruleta rusa con el gas natural, quemando el combustible como no se hacía desde el verano de 2022. ¿El motivo? Un verano que no quiere irse y unas borrascas que se han quedado dormidas, dejando que los ciclos combinados se sienten en el trono del mix eléctrico, pisándole los talones a la solar y sosteniendo más del 23% de la producción. Mientras nosotros intentamos que la cuenta corriente no pase a números rojos, el precio del gas se ha triplicado este año hasta los 80 euros/MWh, impulsado por el caos en el Estrecho de Ormuz. Es la clásica ingeniería del desastre: dependemos en más de un 50% de Argelia y Estados Unidos, dos socios que ahora mismo se miran con el ceño fruncido. El resultado es un sablazo directo al bolsillo: el precio medio del MWh en septiembre ha escalado a los 150 euros, un 28% más que en agosto y el doble que hace un año. Hay horas, como las 22:00, donde el coste dispara los 225 euros/MWh, niveles que ya nos trajeron pesadillas en la crisis ucraniana. En medio de este incendio, el Gobierno ha tenido que hacer un giro de 180 grados con Almaraz, prorrogando la nuclear otros tres años porque, admitámoslo, sin ese 18% estable, estaríamos encendiendo la luz con velas o pagando el recibo con un riñón. Pero mientras Christine Lagarde advierte que la inflación seguirá tensa y que el coste de la cesta de la compra seguirá subiendo por culpa de esta energía, el plan anticrisis vence el 30 de septiembre. Básicamente, nos dejan solos en el frío, esperando que el sol salga más horas para no arruinarnos.
España: el tercer podio del sablazo laboral
España ha decidido que la forma más eficiente de llenar la hucha pública es apretar el cuello de quien madruga. Según el último informe de la OCDE, ya somos el tercer país que más 'exprime' los ingresos derivados del IRPF y las cotizaciones sociales, situándonos en el podio del castigo al currante, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. En 2023, estos conceptos ya suponían el 60% de los recursos del Estado. Básicamente, el Gobierno ha convertido la nómina en un cajero automático donde él tiene la tarjeta y nosotros la clave. La ingeniería financiera es sutil pero implacable. Se nos vendió la reforma de pensiones como un escudo contra el 'baby boom', pero en la calle se siente como un sablazo mensual. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es la punta del iceberg; este año ha subido al 0,9%, mientras que la cuota de solidaridad ya muerde a quienes superan los 5.100 euros mensuales en 2026. Para el ciudadano medio, esto es como intentar llenar un cubo con agujeros: suben las bases máximas de cotización (que en 2026 pasaron a 5.101,20 euros, un incremento de 191,70 euros al mes), pero el poder adquisitivo se queda en la puerta. Lo más cínico ocurre en el balance final. Mientras Hacienda recauda 325.000 millones y la Seguridad Social ingresa 176.918 millones en 2025, el peso del IRPF y las cuotas juntas llega al 63% de los recursos totales. Y ojo al dato: desde 2023, los costes de las cotizaciones crecen más rápido que los salarios. En el primer trimestre de 2026, los costes no salariales ya ascendían a 874 euros por trabajador al mes. En resumen, el Estado prefiere que el empresario pague más impuestos que más sueldos, convirtiendo el trabajo en un deporte de riesgo fiscal.
Cuerpo presume bienestar y el INE lo desmonta
Carlos Cuerpo, el ministro de Economía y vicepresidente primero, se paseó el pasado 8 de septiembre por el Senado con una narrativa que solo encaja en el folleto de una inmobiliaria optimista. Según Cuerpo, las familias españolas viven 'significativamente mejor' que en 2018. Para sostener este castillo de naipes, sacó a relucir que el porcentaje de hogares con dificultades para llegar a fin de mes bajó del 26% al 20%. Un descenso de seis puntos que, en el lenguaje de la calle, es como decir que te han bajado la cuota del gimnasio mientras el alquiler te sube el triple: un detalle irrelevante frente al sablazo general. Pero aquí llega el choque frontal con la realidad. Si dejamos de escuchar la música del Gobierno y miramos la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, el cuento se desmorona. Mientras el ministro presume de indicadores, la 'carencia material severa' ha pegado un salto incómodo. En 2018, el 14,4% de las mujeres y el 13,3% de los hombres estaban en el hoyo; para 2025, las cifras trepan al 17,5% y 17% respectivamente. La hipocresía se vuelve tangible cuando analizamos la cesta de la compra y los recibos. No poder permitirse carne, pollo o pescado cada dos días ha pasado del 3,6% al 5,4%. Mantener la casa caliente ya no es un derecho, sino un lujo para el 15,9% que no puede hacerlo, frente al 9,1% de 2018. Los retrasos en la hipoteca o el alquiler han subido del 8,8% al 11,4%. En resumen, el Gobierno nos dice que el barco flota mejor que hace seis años, pero los datos del INE confirman que hay más gente que que nadando con el agua al cuello y sin saber cómo pagar la luz.
Motos aplasta a Broncano en la cartera
En el mundo del espectáculo, que alguien te quiera es bonito, pero que te paguen es fundamental. Mientras en la pantalla nos venden una guerra de egos y chistes rápidos entre El Hormiguero y La Revuelta, en los despachos la diferencia no es un peldaño, es un rascacielos. Pablo Motos no solo domina el acces prime time, sino que ha convertido su productora, 7yacción, en una máquina de hacer billetes que no conoce la palabra 'crisis'. Facturar 35 millones de euros en 2025 y embolsarse 6,6 millones de beneficios es, básicamente, jugar a la vida en modo fácil. Mientras tanto, David Broncano y sus socios, Ricardo Castella y Jorge Ponce, parecen estar gestionando Encofrados Encofrasa con la alegría de quien ve cómo se le escapa el dinero por el desagüe. La comparativa es casi cruel. Mientras Motos se pasea por la cuenta bancaria con la soltura de quien no mira el ticket del súper, la productora de Broncano ha pasado de ganar 215.000 euros en 2023 a unos míseros 15.000 euros en 2025. Sí, quince mil euros. Para alguien que mueve millones en pantalla, ese beneficio es el equivalente a que te sobre algo de cambio después de pagar la hipoteca y la luz. Y no es que no haya presupuesto; RTVE ha subido el contrato a 31,88 millones frente a los 28 millones iniciales, pero el dinero parece evaporarse en el camino. Para rematar la faena, El Terrat, el socio de Buenafuente, ha cerrado 2025 con un agujero contable de un millón de euros. Al final, la política y las audiencias son el envoltorio, pero los números son la realidad: mientras unos construyen un imperio, otros están intentando que el barco no haga agua antes de que lleguen las elecciones y el viento sople en contra.
Hacienda falla: recurre o pierde tu dinero
Hacienda juega a la ruleta rusa con el bolsillo del ciudadano y, curiosamente, la casa no siempre gana. Según los datos de 2024, los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) —que son, básicamente, Hacienda revisándose a sí misma frente al espejo— corrigieron total o parcialmente 91.769 recursos. Para que nos entendamos: de cada diez veces que un contribuyente tiene la valentía de decir 'aquí hay un error', la Administración admite que metió la pata en cuatro. Es como si el cajero del súper te cobrara el aguacate como si fuera caviar y solo te devolviera la diferencia si montas un escándalo en la cola. El dato más delirante llega con el IRPF. De 63.911 reclamaciones, Hacienda tuvo que dar la razón en 32.830 casos. Un 51,4%. Es decir, más de la mitad de las veces que el ciudadano se pone firme con su declaración de la renta, descubre que el Estado estaba calculando mal. Y si hablamos de Sucesiones y Donaciones, la fiesta es aún mayor: un 63,6% de estimaciones positivas (4.737 de 7.447). En Transmisiones Patrimoniales, el 61,5% (9.900 de 16.108). Mientras el autónomo promedio se lo piensa dos veces antes de recurrir porque no tiene tiempo ni ganas de pelear contra un gigante, las cifras macro muestran que el error es un deporte institucional. Solo en 2025, el Estado tuvo que soltar 1.250 millones de euros por un fallo en el fondo de comercio y otros 1.057 millones por bases imponibles negativas en Sociedades. Y no olvidemos el sablazo anterior: 4.053 millones devueltos por sentencias del Tribunal Supremo sobre mutualidades laborales. Al final, la estrategia es clara: cobran primero y, si tienes la paciencia de un santo y un buen asesor, quizás te devuelvan el cambio años después.
Verifactu: un fiasco con multa de 50.000€
Hay quien confunde la gestión pública con un simulador de vuelo: lanzan el avión, se dan cuenta de que no tiene alas y luego anuncian que el aterrizaje forzoso es, en realidad, una maniobra planificada. Así nace y muere (o agoniza) Verifactu. María Jesús Montero lo impulsó en 2023 con la ilusión de quien cree que el autónomo español tiene tiempo para jugar al Tetris con la burocracia, pero la realidad ha dado un bofetón de datos: solo el 1,75% de empresas y autónomos lo usa. Sí, han leído bien. Mientras el Ministerio de Trabajo presume de 3.430.313 autónomos y 2.975.490 empresas activas, solo 111.927 han decidido jugar al juego voluntariamente. Es como intentar organizar una fiesta para seis millones de personas y que solo aparezcan los primos y el vecino. El Gobierno, en un alarde de optimismo ciego, quería que el impuesto sobre sociedades estuviera adaptado el 1 de enero de 2026 y el resto el 1 de julio del mismo año. Pero claro, el tejido empresarial no es un Excel. Un estudio de Qonto reveló que el 82% de las pymes de menos de 50 empleados estaban más perdidas que un turista en el metro. Resultado: el calendario se ha desplazado a 2027. Lo más cómico es la ceguera selectiva de la Agencia Tributaria. Monitorizan 40 millones de registros mensuales desde principios de 2026 (frente a los miserables 20.700 de mayo de 2025), pero dicen que no saben distinguir si la factura es de un gigante corporativo o de un fontanero de barrio porque requeriría una «reelaboración». Traducido al cristiano: no tienen ni idea de quién está usando el sistema. Eso sí, para cobrar saben hacer cuentas: si en 2027 no estás homologado, el sablazo puede llegar a los 50.000 euros por ejercicio, y si eres desarrollador de software, la broma sube a 150.000 euros. Un negocio redondo, pero solo para Hacienda.
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