Crítica:
El texto se limita a reproducir la tesis de Bernardos sin contrastar los datos con otras fuentes fiscales. Es un monólogo económico disfrazado de noticia que ignora las variables del mercado global.
Gonzalo Bernardos, economista: «Quien más especula con la vivienda no son ni los fondos de inversión ni los propietarios: el 40% del precio son impuestos de la Administración pública»
Hacienda: el mayor especulador de viviendas
Otros artículos
Hacienda: el mayor especulador de viviendas
Nos han vendido el cuento de que el villano de la película es el fondo buitre con traje italiano o el casero avaricioso que no arregla la caldera. Un relato cómodo, casi poético, que nos mantiene mirando hacia el lado equivocado mientras el bolsillo sigue sangrando. Pero Gonzalo Bernardos ha decidido soltar la bomba en '20minutos' y cambiar el guion: el verdadero especulador no usa despachos en Nueva York, sino que tiene sello oficial y horario de oficina. Según Bernardos, la Administración pública es la que realmente infla el globo. El dato es un puñetazo en la mesa: más del 40% del precio de una vivienda son impuestos, contando desde que el terreno era un campo de patatas hasta que te entregan las llaves. Para que el ciudadano de a pie lo entienda, es como si al ir al supermercado, casi la mitad del ticket fuera una 'tasa por existir' que no te aporta ni un grano de arroz. El economista pone los números sobre la mesa con una frialdad quirúrgica. Una casa que hoy te clavan en 300.000 euros pasaría a costar 180.000 si el Estado dejara de meter la mano. Y si hablamos de un piso de dos habitaciones, el precio caería hasta los 140.000 o 150.000 euros. Una diferencia que es, básicamente, la distancia entre vivir en un zulo o tener una vida digna. ¿Por qué no se hace? Simple: el negocio es demasiado dulce. El sector de la construcción le inyecta al Estado 53.000 millones en impuestos, sin contar lo que paga el comprador final. Es la paradoja absoluta: el Gobierno grita que hay una 'emergencia habitacional' mientras se sirve un banquete con la recaudación del ladrillo. Al final, la solución para Madrid parece estar en Ciudad Real, porque en la capital el Estado ha decidido que tu techo es su hucha personal.
Alcalde de Tánger huye a España
Hay una elegancia casi coreográfica en la forma en que ciertos políticos gestionan sus crisis: cuando el agua llega al cuello, el billete de avión es el mejor salvavidas. Mounir Laymouri, el alcalde de Tánger y pieza clave del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ha descubierto que España es el refugio ideal cuando en casa las cosas se ponen feas. El detonante no fue una crisis geopolítica, sino algo tan cutre como una bolsa de documentos sospechosos encontrada en la mesa electoral número 84, en la escuela Al Qods del barrio de Casabarata. Básicamente, alguien olvidó cerrar bien la maleta de los trucos electorales y el vídeo de la detención se volvió viral, convirtiendo la red social en el fiscal más eficiente de Marruecos. Mientras cinco personas ya están pasando el rato en el calabozo, la Policía Judicial fue a buscar a Laymouri para un careo que prometía ser digno de una telenovela. Pero el alcalde, que además coordinaba la campaña electoral, aplicó la técnica del 'desvanecimiento estratégico'. El jueves por la noche, justo cuando la Fiscalía de Tánger empezaba a calentar los motores judiciales, el dirigente decidió que el clima español era mucho más propicio para reflexionar sobre la democracia. Es la clásica ingeniería de supervivencia: mientras el Ministerio Público habla de 'medidas legales correspondientes' y 'pesquisas abiertas', el responsable de la campaña disfruta de la distancia. Pasar de gestionar una ciudad a ser el objetivo de una orden de búsqueda nacional es un salto profesional vertiginoso, pero Laymouri lo ha hecho con la naturalidad de quien sale a comprar el pan, solo que en este caso, el pan se compra en otro país para evitar que te pongan las esposas.
Albares: 4 millones a ONG 'invisible'
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cesta de la compra no parezca un atraco a mano armada, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la batuta de José Manuel Albares, juega a la filantropía con el dinero ajeno. Estamos hablando de una arquitectura financiera donde la transparencia es un concepto abstracto, casi mitológico. El caso estrella es Community Family Services International, INC., una ONG filipina que ha sabido navegar los vientos del poder con una soltura envidiable, embolsándose más de cuatro millones de euros de los contribuyentes españoles. El desglose es una oda al optimismo presupuestario. Empezamos en 2019 con un millón de euros para servicios básicos en Mindanao; resultados: silencio administrativo. Saltamos a 2022 con el 'Camps of learning project' y otros 600.000 euros que se evaporaron en el éter de la gestión. Pero la generosidad no tiene techo: para 2025 ya hay reservados dos millones para el 'Communities for learning and employment project' y, como si fuera un regalo de Navidad anticipado, otros 500.000 euros para septiembre de 2026 destinados al 'Youth moving up project'. Lo verdaderamente fascinante no es solo que el Tribunal de Cuentas y la Airef se pierdan en el laberinto de la trazabilidad de los 4.500 millones anuales de cooperación, sino la ingratitud del beneficiario. En la web de la ONG, el Banco Mundial y Australia son los protagonistas del cuadro de honor. España, que ha soltado el dinero sin pestañear, ni siquiera merece una mención en los agradecimientos. Es la definición perfecta de la diplomacia actual: pagar la fiesta completa y que ni siquiera te inviten a sentarte en la mesa. Un sablazo con guante blanco que deja al contribuyente como el tonto útil de la geopolítica.
Albares y el políglota tour por Europa
Hay gestos que son como comprarse un coche eléctrico para ir a una manifestación contra el precio de la luz: quedan muy bien en la foto, pero el motor sigue siendo el mismo. El pasado sábado 26 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo de las Lenguas, José Manuel Albares decidió que la diplomacia de despacho se quedaba corta y se lanzó a las redes sociales con un despliegue políglota que haría palidecer a cualquier traductor de aeropuerto. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se marcó un triple lingüístico, saltando del vasco al gallego y al catalán con la soltura de quien sabe que el algoritmo premia el postureo institucional. En vascuence, Albares empezó soltando que «celebramos nuestra diversidad», mientras que en gallego aseguró que estas lenguas son «cultura y futuro europeo» y que deben ser oficiales en la Unión Europea. Para cerrar el círculo, el catalán sirvió para prometer que el Ministerio trabajará «sin descanso» hasta lograr la oficialidad plena. Es una estrategia curiosa: pedirle a Bruselas que acepte tres idiomas más en el menú oficial mientras el ciudadano de a pie lucha por entender la letra pequeña de su contrato de alquiler o el sablazo de la última factura del gas. La paradoja es deliciosa. Mientras en castellano sentenciaba que «no pararemos hasta que la voz de toda nuestra ciudadanía resuene con plenos derechos», el vídeo se sentía más como un ejercicio de marketing electoral que como una hoja de ruta diplomática. Porque pedir la oficialidad en la UE es como intentar meter un sofá tres plazas en un ascensor pequeño; es posible, pero requiere más que un vídeo viral y ganas de quedar bien. Al final, Albares ha vuelto a repetir en los tres idiomas que «serán oficiales», convirtiendo la geopolítica en un clip de TikTok con tintes románticos.
El 'Tetris' ilegal de los pisos patera
En el barrio de Azcárate, el urbanismo ha dejado de ser una cuestión de planos y licencias para convertirse en un juego de Tetris clandestino. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un permiso de reforma que tarda meses, algunas familias marroquíes en Ceuta han decidido que las leyes de edificación son meras sugerencias. Están levantando plantas enteras y ampliando sus casas a ritmo de vértigo, no por un deseo súbito de amplitud arquitectónica, sino para alimentar el lucrativo mercado de los 'pisos patera'. Es la ingeniería del hacinamiento. El cemento y el ladrillo fluyen por las calles estrechas de la zona alta, creando un monopolio de materiales que deja sin suministros a quien quiera hacer una reforma legal. El negocio es sencillo: alquilar espacios minúsculos a quienes buscan invisibilidad antes de saltar hacia la Península. La Policía Nacional ya ha puesto el dedo en la llaga esta semana, rescatando a 28 inmigrantes hacinados en dos inmuebles de la barriada de El Príncipe y Loma Colmenar. Uno de ellos era un esqueleto de hormigón sin agua ni luz, donde el pago no siempre era en efectivo, sino en mano de obra para seguir ampliando el imperio. El Gobierno de Ceuta admite que las denuncias por obras sin licencia se han disparado, pero la cifra real es la que marea. Se calcula que unos 10.000 inmigrantes viven ocultos en la ciudad, repartidos entre garajes, locales y viviendas abandonadas. Es una ciudad paralela donde el mercado inmobiliario no se rige por el IBI, sino por la capacidad de esconder personas en el sótano mientras se espera el momento justo para llegar a Algeciras o Málaga. Un urbanismo del hambre gestionado con la eficiencia de quien sabe que el control institucional es, en ciertas calles, un mito.
Pesca en Mauritania: el sablazo final
El calendario no perdona y el 14 de noviembre se perfila como el día del juicio final para nuestra flota. Mientras nosotros nos peleamos por unos céntimos en el ticket del supermercado, en Bruselas juegan al póker con el sustento de miles de familias. El acuerdo pesquero con Mauritania, el 'estándar de oro' del sector, está en la cuerda floja porque las negociaciones están más estancadas que el tráfico en hora punta. La aritmética es sencilla pero cruel: la UE suelta 60,8 millones de euros para que unos 100 barcos puedan pescar, y de esos, más de 50 son españoles. Desde los merluceros gallegos hasta los marisqueros andaluces, todos están mirando el reloj. Costas Kadis, el comisario europeo de Pesca, tiene sobre su mesa una carta de Europêche y la federación ETF que básicamente dice: 'Sálvenos ya'. Lo más gracioso —si es que alguien puede reírse mientras ve su negocio hundirse— es la falta de un plan B. María José de Pazo, de la armadora Fuente de Macenlle, lo ha dejado claro: Marruecos es un muro, Senegal tiene la 'tarjeta amarilla' europea y Guinea Bisáu es un parche insuficiente. Si el acuerdo cae, la lonja de Cádiz no es que baje las persianas, es que desaparece del mapa. Mientras tanto, China y Rusia pasean por el caladero como quien es dueño de la calle, aprovechando que la UE prefiere discutir sobre informes científicos y vedas perfectas antes que asegurar que los barcos sigan flotando. Javier Garat, de Cepesca, pide una prórroga de un año, un respiro para evitar que el 14 de noviembre sea la fecha en que la pesca española se convierta en un recuerdo nostálgico.
Lérida: el rostro oculto cuesta 750 euros
Lérida ha decidido que la libertad de vestuario tiene un precio, y es un sablazo considerable. El Ayuntamiento, bajo el mando de Fèlix Larrosa, ha lanzado una nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia que prohíbe ocultar el rostro en espacios públicos. Traducido al lenguaje de la calle: si decides llevar burka o nicab, prepárate para que el Ayuntamiento te pase factura con multas que oscilan entre los 400 y los 750 euros. Es, básicamente, convertir el derecho a la invisibilidad en un lujo que cuesta más que una compra mensual de supermercado para una familia numerosa. Lo fascinante es la ingeniería jurídica. Como el Tribunal Supremo ya les dio un sopapo en 2013 anulando una norma similar de 2010, el PSC y Junts han jugado al juego de las palabras. No mencionan la religión ni el velo; hablan de 'indumentaria que impida mostrar el rostro'. Es el clásico truco de 'no es lo que parece' para intentar esquivar al juez. El artículo 12 se envuelve en una bandera feminista, alegando que buscan evitar que la mujer 'desaparezca', aunque el acuerdo político huela más a conveniencia que a sororidad, habiendo necesitado que Junts aceptara 31 de sus 55 enmiendas para que el texto viera la luz. Mientras tanto, el consistorio despliega un 'Plan de Intervención Socioeducativo', que en cristiano significa dar charlas para explicar que el Corán no obliga a cubrirse. Todo esto ocurre en un escenario donde ERC, PP y Comuns votaron en contra inicialmente, pero donde el pragmatismo electoral terminó imponiéndose. Al final, la ordenanza es un catálogo de prohibiciones que llega hasta los 3.000 euros por faltas graves, incluyendo el veto a ir desnudo. Lérida quiere ser una 'sociedad libre', siempre y cuando tu rostro sea visible y tu cartera esté dispuesta a pagar el peaje del civismo.
Comentarios