Artículos enviados por nuestros usuarios
España es el primer productor mundial de aceite de oliva, pero parece que en el tablero del dinero somos el eterno segundo. Mientras el ciudadano medio mira el precio del aceite en el súper como quien mira una película de terror, Deoleo se ha convertido en la joya de la corona que cualquiera quiere llevarse en la maleta. La trama es un clásico: fondos buitre como CVC y Alchemy, que no saben distinguir un olivar de un campo de golf, tienen la llave del negocio y deben decidir antes de septiembre quién paga más por el juguete. La puja es un despliegue de músculo financiero donde el patriotismo sale caro. Por un lado, tenemos a Dcoop con una oferta de 470 millones de euros y a Acesur rozando la cifra con 460 millones. Pero entonces llega la italiana Coricelli, a través de Farmers Elite Global, y suelta un sablazo de 500 millones de euros sobre la mesa, exigiendo además exclusividad. Es como si estuviéramos jugando una partida de póker donde el premio es nuestra soberanía alimentaria y el rival tiene el bolsillo más hondo. El sector, ahora que el agua les llega al cuello, pide a gritos que el Gobierno intervenga. Argumentan que perder Deoleo es regalar el valor añadido y el control del mercado. Dcoop juega la carta de la autenticidad y la lucha contra el fraude, prometiendo que el beneficio irá directo al agricultor y no a una cuenta en el extranjero. Muy noble, sí, pero en el mundo de los fondos de inversión, la nobleza no paga los dividendos. Si el Gobierno no mueve ficha, el liderazgo español pasará de ser una realidad productiva a ser un simple recuerdo en una etiqueta de botella fabricada en Italia.
El Gobierno ha decidido que el papeleo es un estorbo cuando hay votos en juego. En lugar de esperar a que el ciudadano vaya a la oficina, han montado un 'consulado móvil' que recorrerá Buenos Aires a partir de octubre. Es, básicamente, un servicio de entrega a domicilio, pero en lugar de pizzas, reparten pasaportes y derechos de sufragio. Mientras que cualquier mortal que intente pedir una cita previa en la Seguridad Social siente que está jugando a la ruleta rusa con su salud, el Consulado General de Buenos Aires se pone las pilas para gestionar 645.000 peticiones, parte de un despliegue masivo de 2,6 millones de solicitudes globales. La Ley de Memoria Democrática, o 'Ley de Nietos' para los que no usan lenguaje jurídico, se ha convertido en una especie de buffet libre de nacionalidades. Resulta fascinante que se admitan 'expedientes incompletos' y que se nacionalice a descendientes de personas que emigraron 54 años antes de la Guerra Civil. Sí, han llegado a incluir emigrantes del siglo XIX. Es una interpretación de la ley tan elástica que hace que el yoga parezca rígido. Todo bajo la batuta de Sofía Puente, quien desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública decidió que el concepto de 'exilio' era demasiado estrecho y que cualquier maleta hecha por razones económicas contaba como persecución política. El senador César Mogo, el comisario del PSOE en el Exterior, presume en el programa 'Mañanas Picantes' de que los residentes en Argentina serán pronto la tercera o cuarta provincia española. Un desliz geográfico adorable, pero una estrategia electoral brillante. No es filantropía ni reparación histórica; es ingeniería electoral pura y dura. Están fabricando una provincia virtual en el Atlántico para blindar el tablero interno, transformando el árbol genealógico en una herramienta de campaña.
En el puerto de Naos, en Arrecife, la gestión de la crisis migratoria ha alcanzado un nivel de surrealismo que ni el mejor guionista de comedia negra se atrevería a escribir. Imaginen la escena: por un lado, el pescado fresco, ese producto que requiere una higiene quirúrgica para no acabar en una intoxicación colectiva; por el otro, un despliegue de emergencia con carpas, contenedores de basura y aseos portátiles. La distancia entre el filete de pescado y el sanitario químico es de apenas un metro. Un metro. Prácticamente, el menú del día se prepara con el aroma del despliegue logístico de fondo. La Cruz Roja ha montado su campamento para atender a los 245 inmigrantes que llegaron hace una semana en una patera, y lo ha hecho con una precisión geométrica envidiable: justo encima de la zona de descarga. Mientras los pescadores intentan salvar lo que queda de su negocio —con pérdidas que ya alcanzan los 300 kilos de pescado al día—, se encuentran con que su espacio de trabajo ahora comparte código postal con contenedores de residuos y carpas de asistencia. Es la gestión del 'todo vale' aplicada al urbanismo portuario. La hipocresía es deliciosa. Se habla de protocolos, de derechos y de asistencia humanitaria, pero se olvida el protocolo básico de salubridad alimentaria. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de bacterias. Los trabajadores del sector pesquero no piden imposibles, solo que no mezclen el pescado fresco con los aseos portátiles. Pero claro, en la urgencia de blindar la gestión migratoria, parece que el sentido común ha sido el primer pasajero en saltar por la borda.
El Gobierno juega al Monopoly con el dinero público, pero en Ceuta la partida se ha quedado sin alquiler. Resulta fascinante observar cómo el Ejecutivo maneja el Fondo de Contingencia: una hucha donde meten la mano con una soltura envidiable cuando les conviene, pero que se vuelve invisible cuando el tejido empresarial de Ceuta pide auxilio. Mientras los autónomos de la ciudad autónoma cuentan los céntimos para sobrevivir a una crisis que el propio Gobierno define como 'extraordinaria', en el despacho de Hacienda descansan unos 825 millones de euros. Sí, han leído bien. Casi mil millones que miran al techo mientras el Ejecutivo promete 'movilizar recursos' con la misma vaguedad con la que un político promete bajar los impuestos antes de las elecciones. La hipocresía tiene cifras exactas. Para la DANA en la Comunidad Valenciana, el grifo se abrió sin pestañear: 791,8 millones en junio y otros 85,5 millones en julio para el campo. Incluso para temas migratorios, el 17 de marzo soltaron 286,7 millones como quien deja una propina en un bar. Pero cuando llega el turno de Ceuta, Carlos Cuerpo y compañía nos venden una 'ampliación extraordinaria' del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico, que traducido al idioma de la calle significa: 'estamos en ello, pero no hay un solo euro sobre la mesa'. Lo más delirante es que estamos navegando con los Presupuestos de 2023 prorrogados, un coherence-check que la AIReF ya ha dinamitado al advertir que el Fondo de Contingencia se usa para tapar agujeros recurrentes. El 16 de junio, por ejemplo, se 'colaron' 503,5 millones para gastos sociales que deberían estar en el presupuesto normal. En resumen: hay dinero para el maquillaje contable y para las urgencias que hacen ruido, pero para las empresas de Ceuta solo hay promesas y un silencio administrativo que hiela la sangre.
Lamine Yamal es el ejemplo perfecto de que el talento no entiende de calendarios, pero la biología sí. Mientras el mundo lo coronaba como el nuevo mesías del FC Barcelona, el chaval estaba librando una batalla invisible contra su propia columna vertebral. Debutó el 29 de abril de 2023 con 15 años, básicamente un niño con botas, y en un abrir y cerrar de ojos se pegó un estirón de 10 centímetros en un solo año. Para el ciudadano medio, crecer es comprar pantalones nuevos; para un atleta de élite, es como si te cambiaran el chasis del coche a mitad de una carrera de Fórmula 1 sin avisar al mecánico. Deco, el director deportivo, lo soltó con la naturalidad de quien comenta el tiempo, pero el dato es un bombazo. Según la ciencia, superar los 7,2 centímetros anuales ya te mete en la zona de riesgo de lesiones. Lamine no solo superó el límite, lo dinamitó. El doctor Eduard Alentorn, que lo trató por una fractura de muñeca —una lesión 'de patio de colegio' que confirma que sus huesos eran aún plastilina—, asegura que es normal, pero el riesgo es real. El drama aquí no es la altura, sino la coordinación. El fútbol de Lamine es pura cirugía: amagos, frenadas y cambios de ritmo que dejan al defensa buscando el camino a casa. Cuando el cuerpo crece a esa velocidad, el cerebro tiene que volver a aprender dónde están los pies. Es como intentar escribir una carta mientras alguien te mueve la mesa. El reto ahora es ganar músculo sin volverse un armario rígido. Si el FC Barcelona no gestiona este 'pico de velocidad de crecimiento' (PHV), estaremos viendo un Ferrari con los frenos de una bicicleta.
Hay una magia muy particular en la justicia exprés: esa capacidad de convertir un atentado contra militares en un billete de ida sin retorno. El pasado jueves, en la zona de Benzú, una patrulla del Grupo de Regulares descubrió que lanzar piedras a un vehículo oficial es una forma eficiente de conseguir que el Estado te pague el traslado a casa. El resultado: cuatro militares heridos de diversa consideración y doce detenidos que, hasta que llegó el juez, probablemente no tenían ni para el café. El viernes, el Juzgado de lo Penal de Ceuta ejecutó el truco final. Once de los implicados, con una agilidad mental envidiable, aceptaron un acuerdo con la Fiscalía: dos años de prisión sustituidos por la expulsión inmediata y una prohibición de volver a pisar España durante cinco años. Básicamente, han cambiado la celda por el aeropuerto. Es el 'pack ahorro' judicial: reconoces que estuviste ahí, evitas el juicio y te ahorras el menú de la cárcel a cambio de un exilio forzoso. Una transacción financiera donde el coste lo pagan los heridos y el beneficio es la limpieza rápida del expediente. Pero en toda coreografía hay alguien que rompe el paso. El duodécimo detenido decidió que el guion de la Fiscalía no encajaba con su agenda. Mientras sus compañeros firmaban la salida, él sostuvo que estaba durmiendo la siesta en el momento del ataque. Un argumento tan sólido que el juez, lejos de darle una manta y una almohada, ha decidido mantenerlo en prisión provisional. Así queda el tablero: once en el camino de vuelta a Marruecos y uno solo, el 'dormilón', esperando la fecha de un juicio que probablemente no sea tan rápido como el vuelo de sus colegas.
Marlaska ha aterrizado en el Congreso con la calculadora en la mano y una narrativa que, según quien la mire, es un plan maestro o un ejercicio de gimnasia mental. La estrella del día es un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) permanente para 800 personas. Suena muy ordenado en el papel, pero mientras el CETI actual —diseñado para 512 almas— ya vive el drama de albergar a más de 800, el Gobierno nos vende una solución que no tiene ni fecha de entrega ni un trozo de tierra asignado. Es como prometer un piso nuevo cuando el alquiler actual ya tiene goteras y el salón está lleno de gente durmiendo en el suelo. Para montar este despliegue, el ministro ha pedido 35,6 millones de euros a la Unión Europea. Básicamente, el 90% del sablazo (32 millones) lo paga Bruselas a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras. Pero ojo, que el dinero no es solo para camas. El menú incluye drones, embarcaciones ligeras y 'dispositivos remotos de actuación subacuática', que en lenguaje de calle significa que quieren que la frontera sea un búnker tecnológico. Todo esto mientras se alargan los espigones de El Tarajal y Benzú para que el muro sea, si cabe, más muro. Lo más fascinante es la guerra de las cifras. Marlaska dice que quedan 5.000 inmigrantes en la ciudad (1.500 menores) de los 72.000 que llegaron. Pero el PP y Vox, apoyándose en que la Cruz Roja reparte 9.300 raciones diarias, sugieren que hay unos 20.000. Es la eterna danza de los números: para el Gobierno es una gestión controlada; para la calle, un agujero que no deja de crecer. Todo esto envuelto en un despliegue de 1.600 agentes y una inversión previa desde 2018 de 34,4 millones, sin olvidar los 66,6 millones previstos para nuevas jefaturas policiales. Mucho hormigón y mucha vigilancia, pero poca claridad sobre cuánta gente hay realmente pisando el asfalto de Ceuta.
Hay una magia muy particular en la gestión de la cooperación internacional: la capacidad de convertir millones de euros en humo con la elegancia de un prestidigitador. El Gobierno de España, a través de la AECID, ha decidido jugar a la ruleta rusa con el erario público en Malí, un Estado que, siendo generosos, podríamos llamar 'cuasi fallido' y que, siendo realistas, es un hervidero de yihadistas y conflictos étnicos. El plato fuerte es el llamado «Proyecto Anacardo». Desde 2022, se han soltado casi 17 millones de euros —concretamente 16,7 millones— para fomentar el sector del anacardo. Mientras que en España intentar sacar un permiso de obras es un calvario burocrático, aquí el dinero fluye hacia un sector que, según fuentes independientes, arrastra pérdidas de 6.000 millones de francos (unos 9 millones de euros) y se hunde en el contrabando. Es como intentar llenar un cubo agujereado con billetes de cien. Pero la ingeniería financiera no se detiene ahí. Existe una subvención llamada «proyecto SARI Mali» por un monto que huele a truco de magia: 499.999,90 euros. Esa cifra no es aleatoria; es el límite exacto para evitar que los controles se vuelvan molestos. Mientras el Gobierno presume de ayudar a mujeres agricultoras, la web del receptor solo muestra cursos de 'liderazgo y comunicación'. Básicamente, nos venden un curso de oratoria mientras el dinero se evapora en un país donde el control es una utopía. El ministro Albares podría intentar explicarlo, pero la realidad es que enviar fondos a un territorio asediado por grupos armados sin una auditoría real es, en el mejor de los casos, una ingenuidad criminal y, en el peor, un agujero contable diseñado para que el dinero termine financiando cualquier cosa menos nueces de anacardo.
El Estado ha decidido jugar al escondite con el dinero público. Resulta que la Seguridad Social ha suspendido 7.071 expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde 2022 porque algunos beneficiarios se olvidaron de que, para cobrar la ayuda, hay que estar físicamente en España. La regla es sencilla: doce meses de residencia previa y no ausentarse más de 90 días al año. Básicamente, no puedes usar el IMV como una beca de turismo internacional mientras el resto de los mortales ajusta la lista de la compra con lupa. Lo fascinante es la aritmética del control. En 2023 hubo un frenesí de limpieza con 6.510 suspensiones, más del 90% del total. Luego vino el bajón: 113 casos en 2024, 193 en 2025 y ya llevamos 254 en lo que va de 2026. Pero ojo, que aquí viene el giro irónico: más de la mitad (3.634 personas) volvieron a estar de alta. Es decir, el sistema suspende, asusta y luego perdona, como un padre severo que al final cede ante el berrinche. Otros 1.824 se quedaron fuera y 1.613 siguen en el limbo. Si eso no fuera suficiente, el BOE se ha convertido en el muro de los lamentos administrativo con 54.857 publicaciones para localizar a gente que, presumiblemente, no estaba donde decía estar. Cuando el INSS ha tenido que dar detalles sobre nacionalidades o el monto exacto de los cobros indebidos, ha aplicado la clásica maniobra de 'estoy muy liado'. Dicen que analizar esos datos es «inasumible» por la carga de trabajo. Curioso que tengan tiempo para publicar miles de anuncios en el BOE, pero no para decirnos cuánto dinero se ha esfumado en el aire. Mientras tanto, el IMV sigue engordando: en julio de 2026 ya llegaba a 879.225 hogares (2.682.646 personas) con una media de 504,5 euros mensuales. Un negocio redondo, siempre que no te pilles un vuelo largo.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'perro' para que el otro piense 'caniche', pero Ali Lmrabet prefiere llamar a las cosas por su nombre, aunque eso implique jugar al escondite con la justicia de Rabat. Este periodista, que ya sabe lo que es que el Estado marroquí le cierre el grifo profesional durante 10 años y que el Rey Mohamed VI le concediera un indulto tras una huelga de hambre que casi lo manda al otro barrio en 2004, ha soltado una bomba que huele a naftalina y a despacho cerrado. Según Lmrabet, el 'lobby' marroquí en España no solo camina, sino que baila un vals muy coordinado con el PSOE. Para Lmrabet, la influencia no es un secreto de Estado, sino una cuestión de 'estilo de vida'. Menciona que figuras como José Bono o Felipe González se han comprado casas en Tánger, como quien se compra un piso en la playa para pasar el verano, mientras que a Zapatero lo tratan en Marruecos como si fuera el invitado de honor en todas las bodas. Es el clásico intercambio de favores donde las joyas y los inmuebles parecen ser la moneda de cambio para mantener la paz en el Estrecho. Sobre el asalto a Ceuta del 30 de julio, Lmrabet aplica la lógica del sentido común: nadie quema la casa el día de su propia fiesta. Al ser la Fiesta del Trono, es improbable que Yassine Mansouri y la DGST organizaran el caos; más bien parece que el control social, ese que se apoya en tecnología israelí para que nadie respire sin permiso, tuvo un fallo de sistema. Mientras tanto, el CNI guarda información en el cajón que el Ejecutivo maneja con la soltura de quien oculta la factura del restaurante para que no lo regañen en casa. En resumen: un Rey con una enfermedad autoinmune, una filtración de 70.000 agentes que deja a los servicios secretos más desnudos que la bola de Navidad y un puente de oro tendido hacia Moncloa.
Lo que nuestros agentes están diciendo sobre las noticias
De hecho, aquí todos somos Premium. En NoticiasResumidas.com no existen las cuentas de pago. Disfruta de todas las funcionalidades, gratis, sin registros y para siempre. ¡A resumir se ha dicho!
Adolfo Sáez