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En Lopera, el paisaje de olivos está empezando a parecer un tablero de Monopoly donde alguien ha decidido jugar con dados trucados. Este 20 de octubre, la calle Sevilla y el polígono Santa Quiteria se han llenado de tractores, no para labrar la tierra, sino para arañar la paciencia de un Ayuntamiento socialista que ha confundido la gestión pública con un club privado de secretos. La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares no pide milagros, solo pide leer los papeles. Tres veces han solicitado los expedientes y tres veces han recibido el equivalente administrativo a un 'vete a paseo'. La ironía es exquisita: mientras la alcaldesa se toma su tiempo para convocar plenos municipales —que llevan un año en coma inducido—, para aprobar el plan especial del 9 de octubre ha tenido una agilidad envidiable, avisando a los afectados el día 16 mediante una carta, como quien envía una invitación a una boda a la que nadie quiere ir. Pero el verdadero 'sablazo' no está en el calendario, sino en la ley. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar, en un auto del 26 de enero de 2026 (Diligencias Previas 103/2025), ya puso el dedo en la llaga: hay indicios de fraude de ley. Al parecer, fragmentar proyectos fotovoltaicos en Marmolejo, Arjona y Lopera es la nueva moda para esquivar controles ambientales, olvidando convenientemente que el alzacola rojizo, una especie vulnerable, no entiende de ingeniería financiera ni de licencias rápidas. Entre la opacidad de los informes de la Diputación de Jaén y el cierre de la residencia de mayores que deja a 25 usuarios en el aire, el gobierno local parece aplicar la técnica del 'estira y encoge'. Para el agricultor expropiado, el progreso tiene el sabor amargo de un expediente cerrado con llave y un silencio administrativo que atrona.
Hay una forma muy elegante de decirte que no eres invitado a la fiesta: no avisarte de que la fiesta existe. Mientras Pedro Sánchez se imaginaba liderando la vanguardia verde, Emmanuel Macron y Friedrich Merz se han reunido el pasado viernes para cocinar un pacto que mantiene vivo el motor de combustión más allá de 2035. Básicamente, han dejado al Gobierno español en el banquillo, como si España no fuera el segundo fabricante de coches de Europa ni tuviera la capacidad de matricular más de un millón de vehículos. Es el equivalente político a que tus socios monten un grupo de WhatsApp para decidir el menú y a ti te enteres por una foto en Instagram. La paradoja es deliciosa. España es la única potencia automovilística que sigue insistiendo en que el 1 de enero de 2035 y el 1 de enero de 2050 sean fechas límite para enterrar el petróleo. Teresa Ribera, desde la Comisión Europea, y el propio Sánchez —que hasta le escribió una carta a Ursula von der Leyen para pedir el veto total— han jugado a ser los guardianes del planeta. Pero en Bruselas, las cartas de cortesía tienen el mismo valor que un ticket de parking caducado. La Comisión ha preferido escuchar el rugido de los motores alemanes, permitiendo una producción limitada que respete un margen del 10% de las emisiones de CO2 de 2021. Ahora, Francia y Alemania, con el guiño de Giorgia Meloni, han sacado la artillería pesada. Proponen una 'flexibilidad' que permite que los híbridos enchufables y los motores internos sigan facturando, maquillando el asunto con 'créditos verdes' y acero europeo. Todo esto ocurre mientras los fabricantes chinos aterrizan en Europa como quien llega a un buffet libre, aprovechando que la industria europea está al borde de la quiebra técnica. Al final, la ecología es un lujo que Berlín y París han decidido que no pueden permitirse si quieren evitar el cierre de sus fábricas.
Gestionar la red ferroviaria en España es, a veces, como intentar tapar una gotera con un chicle mientras el techo se te cae encima. La última joya del surrealismo institucional nos llega desde el Levante, donde Renfe y sus maquinistas han decidido jugar al 'teléfono escacharrado' con la seguridad. El escenario: una alerta roja de la Aemet que convertiría cualquier vía en un tobogán. El conflicto: el sindicato Semaf acusa a la empresa de coacciones para que los conductores se lanzaran al aguacero, mientras Renfe sostiene que hay un protocolo desde marzo. Sí, desde marzo. Un documento que, curiosamente, los trabajadores descubrieron el domingo, justo cuando el cielo se caía a pedazos sobre Valencia. La hipocresía es el combustible de esta historia. Mientras el operador público presume de precisión técnica —con Adif informando cada 3 kilómetros—, la realidad en el andén es que cientos de pasajeros en las líneas C1 (Valencia-Gandía) y C2 (Valencia-Xàtiva-Moixent) se quedaron mirando el vacío el pasado domingo. La empresa dice que el plan existe; el sindicato sugiere que es una invención creativa de última hora o un olvido monumental. No es un caso aislado. A principios de octubre, en Barcelona, la cosa terminó en tragedia cómica: un tren contra un árbol y un talud en Vilanova i la Geltrú, con incendio y evacuación nocturna de cien personas. Aquel susto debería haber servido para cerrar el acuerdo del 9 de febrero con CCOO y UGT, pero parece que en Renfe prefieren gestionar la seguridad como quien gestiona la lista de la compra: improvisando sobre la marcha y esperando que no falte el pan. Al final, Adif solo admitió que había que parar los trenes a las 20:00 horas del domingo, cuando el caos ya era el paisaje habitual.
En el mundo real, si el mecánico de confianza te dice que el coche de tu vecino tiene el motor fundido, no se lo compras. Pero en el universo paralelo de la administración pública, el Gobierno ha decidido contratar a alguien que, según el Banco de España, no tiene ni idea de cómo funciona el mercado. Así de surrealista es la jugada de Casa 47: soltar más de 267.000 euros al Grupo ST (concretamente a Sociedad de Tasación, S.A.) para que pongan precio a las viviendas que el Estado quiere comprar. Lo gracioso es que, mientras nosotros miramos la cuenta corriente con pánico, el Ejecutivo ignora que en enero de 2025 el propio José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, le puso un correctivo a esta empresa. Una multa de 540.000 euros por una «infracción grave» debido a deficiencias técnicas y falta de control interno. Básicamente, el regulador dijo que no estaban capacitados para conocer la realidad del mercado inmobiliario. Pero claro, el Gobierno ha aplicado la lógica del 'está más barato', justificando la contratación porque fue la mejor oferta económica entre 12 licitadores. El despliegue de hipocresía es fascinante. Mientras el Banco de España multaba a la cúpula —con Juan Fernández-Aceytuno pagando 16.000 euros, Tomás Nicolau 12.000, Ignacio Morer 6.000 e Ignacio Estevas 4.500—, el Gobierno se deslumbra con que la empresa factura 48 millones en 2025. Es como contratar a un cirujano que ha sido multado por operar borracho, pero justificarlo porque tiene el consultorio más grande de la ciudad y factura millones. Desde el 18 de septiembre, el precio de las casas públicas depende de quien no sabe tasar, pero sabe cobrar.
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible, pero en este caso parece más el arte de 'arreglar el papeleo' sobre la marcha. Resulta que tenemos a más de 163.000 personas en un limbo jurídico, los llamados 'nietos del exilio', que el Tribunal Supremo ha dejado en el banquillo del voto para las elecciones del 29 de noviembre. El problema es que el Gobierno, en un alarde de eficiencia, admite que sacar a estos ciudadanos del censo es «complejo». Traducido al lenguaje de la calle: se han liado una parda con la Ley de Memoria Democrática y ahora no saben quién es quién en el censo. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren el IBI dos veces, el PSOE ha decidido montar su propio despacho de abogados gratuito. El partido de Pedro Sánchez, a través de su filial en Uruguay, ha lanzado un formulario de 'registro de interés'. Básicamente, te ofrecen el traje y la corbata jurídica gratis para ir a tocarle la puerta al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Es una jugada maestra: el Estado no puede limpiar el censo a tiempo, pero el partido ofrece la asesoría para que el afectado recurra la decisión del Supremo. La trama tiene un giro delicioso: Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica, decidió que cualquiera que emigrara entre 1936 y 1955 era exiliado por defecto. Una presunción tan generosa que abrió la puerta a nacionalizaciones masivas, casi arqueológicas. Ahora, con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, insistiendo en que el voto es indisoluble de la nacionalidad, la Oficina del Censo Electoral confirma que los 163.000 afectados siguen ahí, apuntados, aunque sea para hacer bulto. El resultado es un caos administrativo donde la Junta Electoral enviará papeletas a ciegas entre el 24 y 30 de octubre, rezando para que nadie impugne el resultado final.
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien simplemente mueve las piezas ajenas hasta que encajen en su tablero. Pedro Sánchez ha demostrado que, cuando el camino legal es un muro, siempre hay una puerta trasera si tienes la llave de la Abogacía del Estado. La historia es casi un chiste de mal gusto: el 12 de octubre, mientras España celebraba la Fiesta Nacional, Ángel Gabilondo se paseaba por la recepción asegurando a quien quisiera escucharlo que el Defensor del Pueblo no podía intervenir en el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos. ¿La razón? El asunto estaba 'sub iudice'. En cristiano: que mientras el Tribunal Supremo tuviera la palabra, Gabilondo no pensaba meter la mano en el fuego. Pero en Moncloa no gustan los 'no', especialmente cuando hay votos en juego. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Gobierno diseñó una ingeniería financiera de argumentos. El 16 de octubre, cuatro días después de que Gabilondo se marcara un 'no puedo' rotundo, la Oficina del Defensor del Pueblo presentaba un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. El giro de guion fue quirúrgico: el Ejecutivo, que el mismo 12-O decía que no podía recurrir por 'cuestiones estratégicas' (traducción: no querían quedar como los malos de la película peleándose con el Supremo), decidió que Gabilondo fuera el escudo. Para lograr que el Defensor del Pueblo pasara del 'no' al 'sí, señor', la Abogacía del Estado cocinó un informe a medida, convenciendo a Gabilondo de que el trámite judicial ya había terminado. Así, el Gobierno mantuvo el perfil bajo, evitó el barro directo y utilizó una institución independiente como su brazo ejecutor. Un movimiento maestro de manual: el riesgo para el político es cero, pero la maquinaria electoral sigue girando.
Hay una romantización del caos que solo se puede cultivar desde la comodidad de un sofá, con el Wi-Fi funcionando y un café en la mano. Resulta fascinante observar cómo el Sindicato de Estudiantes, específicamente en el grupo de WhatsApp 'Corredor del Henares', ha decidido que la pedagogía ya no es suficiente y que lo que Madrid necesita es un toque de 'estilo parisino'. No hablan de urbanismo, sino de incendios. La consigna es clara: imitar los disturbios de París, Lille o Marsella, porque aparentemente, si el Ayuntamiento de Limoges ardió, el de Madrid tiene que ser el siguiente en la lista de deseos. La ingeniería moral de estos jóvenes es digna de un premio: proponen no tocar el comercio local —porque el tendero del barrio es 'pueblo'—, pero sugieren que Apple y Starbucks pueden arder sin remordimientos. Es la lógica del 'vandalismo gourmet'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la inflación y mira la cuenta bancaria como quien mira una película de terror, estos estrategists del teclado planean el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez, como el día ideal para 'espabilar y quemar las calles'. La tensión ha escalado hasta el punto de que Isabel Díaz Ayuso tuvo que ser evacuada tras pasar 40 minutos 'secuestrada' en un acto, un preludio incómodo de lo que la presidenta llama la 'izquierda antidemocrática'. Lo más irónico es que el único freno a esta 'revolución' no es la ética ni el miedo a la ley, sino el temor a quedar en ridículo. Algunos admiten que no están lo suficientemente unidos y que intentar importar el caos francés podría hacer que 'nos miren peor'. Al final, la gran tragedia de estos revolucionarios de WhatsApp no es la falta de gasolina, sino que se dan cuenta de que, fuera del chat, la calle no baila a su ritmo.
En el barrio de Salamanca, el aire es puro, pero los precios son pura fantasía. O eso es lo que ocurre cuando no eres Iván Redondo. El ex gurú de Moncloa ha logrado una proeza financiera que cualquier ciudadano, mientras lucha contra la inflación y ve cómo el alquiler se come su sueldo, calificaría de 'milagro'. Redondo y su mujer se hicieron con un piso de 147 metros cuadrados en la calle Diego de León por 1.120.921 euros. Un precio que, visto así, parece un sablazo, pero que en la realidad del mercado es casi una oferta de liquidación. La hipocresía se sirve fría y con datos del propio vendedor. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que actúa como inmobiliaria del Estado, vendió el piso de Redondo el 16 de septiembre de 2025 mediante adjudicación directa. Sin puja, sin sudar la gota gorda, simplemente aprovechando su condición de inquilino. Sin embargo, el 5 de marzo de 2026, la misma TGSS sacó a subasta un ático en el mismo bloque. El resultado fue un despliegue de avaricia competitiva: se adjudicó por 1.510.000 euros, un 64% más de su valor estimado. Aquí llega la traducción para los mortales: el metro cuadrado del ático se pagó a 15.894 euros. Si aplicamos esa misma tarifa al piso de Redondo, la cuenta subiría a 2.336.418 euros. El ex asesor se ha ahorrado, básicamente, 1.215.497 euros. Es como si tú fueras al supermercado y, por ser 'conocido del dueño', te cobraran el kilo de jamón a precio de salchichón, mientras que el vecino, que llega cinco minutos después, paga el triple. Redondo pagó solo 7.625 euros por metro cuadrado, mientras el mercado gritaba que valía el doble. Un ahorro millonario que se firma con una hipoteca de 769.000 euros a 30 años y un silencio sepulcral ante las preguntas.
En el barrio de Salamanca, el aire huele a perfume caro y a una aritmética que no cuadra ni con calculadora científica. Resulta que la Seguridad Social ha jugado a dos juegos distintos en el mismo edificio de la calle Diego de León. Por un lado, tenemos el 'menú degustación' para el ciudadano común: un ático de 95 metros que el 5 de marzo de 2026 salió a subasta pública. El resultado fue un sablazo de 1.510.000 euros, lo que traduce el metro cuadrado a unos 15.894 euros. Básicamente, pagar el precio de un riñón por cada baldosa. Pero luego está el 'menú VIP' de Iván Redondo. El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez se ha hecho con un piso de 147 metros —un 48% más grande que el ático— por la módica cifra de 1.120.921 euros. Mientras el comprador del ático pagó el precio completo, Redondo abonó unos 7.625 euros por metro. Es una diferencia de casi 400.000 euros que, en el mundo real, es como si fueras al supermercado y a ti te cobraran el kilo de jamón a precio de oro mientras que al vecino le dejan pasar con un cupón de descuento del 50% solo por ser 'el amigo del dueño'. La ingeniería financiera es sencilla: adjudicación directa el 16 de septiembre de 2025, saltándose la subasta gracias a su derecho de adquisición preferente como inquilino. Para darle color al asunto, la operación fue firmada por Rodrigo Francisco Mares Ramírez, director de la Tesorería en Madrid y actual figura en el caso Plus Ultra. Redondo no tuvo que pujar ni sudar; simplemente firmó una hipoteca de 769.000 euros a 30 años, con vencimiento en 2055. En un edificio donde la última venta directa sin subasta desierta fue en 2016, Redondo ha logrado que la ley de arrendamientos urbanos le sirva de alfombra roja hacia una finca privilegiada con sol y vistas, ahorrándose un dinero que, si hubiera pujado, habría superado los 2 millones de euros.
Francia ha decidido que la mejor forma de arreglar el barrio es apagando la luz y echando a todo el mundo a casa. El primer ministro, Sebastién Lecornu, ha jugado la carta del 'encierro preventivo' este lunes 19 de octubre de 2026, lanzando toques de queda que parecen sacados de una película de época pero con presupuesto moderno. La lista de invitados a este silencio forzado empieza por Lille y se extiende a Douai, Wattignies y Denain. El horario es tajante: de las 20:00 de hoy hasta las 06:00 del martes. Básicamente, si no estás en tu sofá, eres sospechoso. Lecornu, moviéndose con la cautela de quien no quiere romper el jarrón pero ya ha sentido el viento del caos, ha evitado la palabra 'emergencia'. No quiere el ruido mediático de un estado de sitio, prefiere el bisturí: toques de queda 'puntuales y muy localizados'. Es la clásica ingeniería política de intentar tapar una inundación con una servilleta de papel. Mientras la tensión social se disparó el pasado fin de semana, el Gobierno nos vende que hay 'consenso con los alcaldes'. Claro, el consenso es más fácil de alcanzar cuando la alternativa es ver cómo vuela el mobiliario urbano por los aires. Al final, la receta es la de siempre: en lugar de bajar al sótano a ver por qué saltan los plomos, prefieren prohibir que alguien toque el interruptor. Lecornu ha dejado la puerta abierta para que cualquier alcalde que tenga miedo pida el cierre perimetral de su pueblo. Es el modelo 'autoservicio' de la seguridad ciudadana: tú eliges cuánto quieres restringir la libertad de tus vecinos para que el Gobierno pueda decir que tiene la situación bajo control mientras el país sigue hirviendo a fuego lento.
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Magdalena Gallego