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En los despachos de Bruselas y Madrid, el tabaco es un pecado; en Extremadura, es la hipoteca pagada y la cena en la mesa. Mientras los burócratas juegan al Monopoly con la salud pública, en pueblos como Losar de la Vera el tabaco no es un vicio, es el 85% de la renta. Para Antonio Sánchez, su alcalde, quitar la hoja es básicamente firmar el acta de defunción del pueblo. No es que quieran convertir a Europa en un cenicero gigante, es que, sencillamente, no hay un 'plan B' que no sea la emigración masiva. España es el segundo productor europeo, pero el 98% del peso recae en Extremadura. Hablamos de un motor que inyecta 91 millones de euros de valor añadido al PIB regional y que sostiene a 3.000 familias. Es una maquinaria aceitada: desde la cooperativa Coolosar, que mueve 8,6 millones de euros vendiendo hoja seca a 4,30 euros el kilo, hasta Cetarsa, que procesa 17 millones de kilos al año. Es una cadena de montaje rural donde 20.000 puestos de trabajo dependen de que la hoja siga siendo legal y rentable. La ironía es deliciosa: el Estado se llena los bolsillos con 9.000 millones de euros anuales en impuestos, pero ahora mira de reojo al sector. Philip Morris International (PMI) intenta salvar los muebles apostando por el tabaco calentado —un 95% menos dañino— e invirtiendo 230 millones de euros en la última década. Incluso han montado centros digitales en Olivenza y Almendralejo para que el campo no sea solo sudor, sino también bits. Pero si la normativa europea decide que 'todo lo que huela a tabaco es malo', el resultado no será una población más sana, sino pueblos fantasma y un agujero contable que ni el mejor ingeniero financiero de la UE sabría tapar.
Gestionar la sanidad en Ceuta se ha convertido en el arte de poner tiritas en una fractura expuesta. Mientras el ciudadano de a pie intenta que su cita médica no sea un ejercicio de fe, el Ministerio de Sanidad y el Ingesa juegan al escondite con la realidad. No es que falten recursos, es que parecen haberse evaporado en un agujero contable de negligencias y promesas vacías. Para el ceutí, acceder a un especialista es hoy un deporte de riesgo, una odisea donde la distancia con la Península pesa más que el propio diagnóstico. La ministra Mónica García ha aterrizado en la ciudad no para traer soluciones, sino para ejecutar una coreografía de negación. Sus dos últimas visitas han tenido más aire de operación encubierta que de gestión pública: entradas 'clandestinas' al Hospital Universitario, escoltadas por un despliegue de seguridad que haría palidecer a un jefe de Estado, evitando deliberadamente a los médicos. Es la gestión del 'aquí no pasa nada' mientras el centro sanitario es, en palabras claras, un polvorín sanitario. El debate se ha degenerado en una pelea semántica absurda sobre si la palabra 'colapso' es técnicamente correcta. Es como discutir si el incendio de tu casa es un 'fuego intenso' o una 'combustión acelerada' mientras el techo se te cae encima. Detrás de esa gimnasia mental, hay plazas vacías y profesionales quemados que cargan al hombro un sistema que se cae a trozos. El catedrático Antonio Alarcó Hernández lo deja claro: la inacción ya no es incompetencia, es una traición a los derechos básicos. En Ceuta, la sanidad de segunda categoría ya no se puede maquillar con comunicados oficiales; el paciente no necesita adjetivos, necesita médicos.
Gestionar una frontera es complejo, pero gestionar la logística de quienes deben custodiarla parece haber sido un ejercicio de improvisación creativa. Desde finales de julio, Ceuta ha absorbido la entrada de unas 80.000 personas vía El Tarajal, y el resultado es un tablero donde nadie cabe. Ni los migrantes, ni las víctimas, ni siquiera los propios policías. Resulta casi surrealista que el Ministerio del Interior haya desplegado refuerzos de la UIP y de la Comisaría General de Extranjería para acabar obligándolos a dormir en Algeciras. Sí, han convertido la jornada laboral en un crucero forzoso: dos horas diarias de ferri para que los agentes puedan cerrar los ojos en un hotel gaditano porque en la ciudad autónoma no hay una cama libre. Es como contratar a un fontanero para arreglar una fuga y decirle que, como no hay sitio en el barrio, se instale en la ciudad vecina y viaje en barco cada mañana. Mientras los agentes de Extranjería lidian con documentos falsos de "mucha calidad" y la UIP desmantela asentamientos en la playa de Benítez y la desaladora, la realidad social es un incendio sin extintores. El centro Mediterráneo ha pasado de ser un refugio a un cuello de botella donde las menores víctimas de agresiones sexuales no tienen dónde meterse. Los datos del CGPJ del 22 de septiembre son un puñetazo: 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, un salto del 75% respecto al año pasado. Sin embargo, en el Congreso, la ministra Ana Redondo se ha permitido el lujo de presumir de una labor "muy importante" y de sus 59 centros de crisis. Es la eterna danza del poder: mientras en el terreno se cuentan violaciones y falta espacio, en el despacho se cuentan logros y leyes de paridad. Para rematar el cuadro, Amnistía Internacional señala a los militares por torturas, mientras la ATME, con Marco Antonio Gómez a la cabeza, recuerda que las agresiones a los uniformados también existen, aunque no entren en el catálogo de las ONG.
Hay una ironía deliciosa en el destino. Maricarmen Abascal, convertida hoy en el estandarte sentimental de la lucha contra los desahucios, resultó que ya conocía el camino al juzgado, pero esta vez no era como víctima, sino como propietaria con las cuentas en rojo. Retrocedamos al 13 de junio de 2000. Mientras el país se acostumbraba al euro, el BOE publicaba un edicto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado-Villalba. El motivo: un procedimiento hipotecario (número 117/99) promovido por el Banco Zaragozano. El objeto del deseo era un chalet en la urbanización Reajo del Roble, en Collado Mediano, justo al lado del embalse de Navacerrada. Una zona donde el aire es puro y el suelo caro. En el registro figuraba como 'vivienda en construcción', aunque en el mundo real —donde las cosas no siempre coinciden con el papel— es probable que Maricarmen ya estuviera disfrutando de las vistas. De hecho, Urbagestión, la empresa que luego protagonizaría su batalla por el piso del Retiro, soltó la bomba el 24 de septiembre: según el padrón, la señora vivió allí hasta 2001. La broma terminó cuando el banco decidió que ya bastaba de paciencia. Se fijó una primera subasta el 13 de julio de 2000 por 20 millones de pesetas. Un sablazo considerable para la época que terminó en un agujero contable. El calendario de ejecuciones estaba servido: segunda subasta el 13 de septiembre y tercera el 18 de octubre. Resulta fascinante el contraste. Por un lado, la lucha por un piso en renta antigua heredado en 1956, donde Urbagestión alega que la subrogación de 2005 fue un salto al vacío legal sin discapacidad acreditada. Por otro, el sueño frustrado de la sierra madrileña. Maricarmen no solo sabe lo que es que te pidan la casa; sabe perfectamente lo que es que el banco te la quite por no pagar la letra.
En el tablero político de Barcelona, el aire huele a naftalina y revancha. Daniel Sirera, el portavoz del PP que ya se visualiza en la alcaldía para 2027, ha decidido que es el momento de recordarnos que Ada Colau quiere volver al ruedo. Para Sirera, el regreso de la exalcaldesa al 'frente amplio de izquierdas' no es un acto de vocación, sino una maniobra de supervivencia financiera: según él, Colau no tiene 'ni oficio ni beneficio' y vuelve porque 'hace frío fuera de la política' y quiere seguir cobrando un sueldo público sin despeinarse. El contraste es brutal y Sirera lo usa como un mazo. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler en Barcelona se ha convertido en un deporte de riesgo —siendo el metro cuadrado más caro de España—, el portavoz recuerda que la política del 30% de reserva para vivienda social fue un agujero negro: querían 300 viviendas y solo materializaron 36. Un rendimiento que haría llorar a cualquier gestor de barrio. Pero la crónica del 'desastre' no para ahí. Sirera pinta una ciudad dantesca donde la seguridad es una sugerencia y no una realidad, con 400 delitos diarios y una 'cultura de la navaja' que el Ayuntamiento ignora. La hipocresía alcanza su pico cuando menciona que, mientras el alcalde Jaume Collboni le da la espalda a Ceuta, se ha gastado 1,5 millones de euros de los contribuyentes en el llamado 'Distrito Gaza'. Es la clásica ingeniería de prioridades: fondos para la pancarta internacional, pero silencio sepulcral para el vecino que tiene que esquivar orines y basuras en su propia calle. En resumen, para Sirera, Barcelona es hoy un sainete donde los de arriba cobran y los de abajo, entre asentamientos y okupas, esperan que alguien deje de hacer política y empiece a gobernar.
Imagínese que usted paga sus impuestos con la precisión de un reloj suizo, pero el Estado gestiona la Justicia como quien monta un mueble de IKEA sin leer las instrucciones y perdiendo tornillos por el camino. En 2025, el sablazo ha sido histórico: 6.727.369,51 euros. No es un error de redondeo; es más del doble de los 3.193.665,53 euros que se soltaron en 2024. Básicamente, la Administración ha decidido que equivocarse con la vida de la gente es un lujo que puede permitirse pagar con el dinero de todos. Desde el año 2000, la factura acumulada asciende a 78.049.823,59 euros. De ese agujero contable, 34.040.035,52 euros se resolvieron por las buenas (vía administrativa), pero los otros 44.009.788,07 euros fueron el resultado de que los tribunales obligaran al Ministerio de Justicia a soltar la pasta. Solo en 2025, el Estado tuvo que pagar 4.855.977,79 euros por sentencias contencioso-administrativas, mientras que en la vía administrativa solo reconoció 1.871.391,72 euros. Traducido al lenguaje de la calle: el Estado no admite que mete la pata hasta que un juez le pone la pistola en la sien. La maquinaria del error no para. En 2025 se abrieron 911 expedientes, disparando las reclamaciones por error judicial de 66 en 2024 a 157 en 2025. El ejemplo más sangrante es el de Ahmed Tommouhi. Quince años de cárcel por violaciones que no cometió porque alguien decidió ignorar una prueba de ADN de la Policía Científica. El Tribunal Supremo ha tenido que soltar 2,5 millones de euros para intentar compensar una vida destrozada. Una cifra astronómica que, aunque parece mucho, es solo una gota en el océano de una serie histórica donde, en 2000, solo se pagaban 1.119.097,29 euros. Parece que la Justicia, con el tiempo, ha aprendido a fallar con presupuestos mucho más generosos.
La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el patio de recreo de la utopía, pero esta vez el menú no es la 'transversalidad' del 15-M, sino una lucha de egos ideológicos. Todo empezó el 26 de septiembre con un motivo humano y desgarrador: el desahucio de Maricarmen Abascal, una señora de 87 años que terminó siendo la chispa para que el Sindicato de Inquilinas plantara sus tiendas. Pero, como ocurre en cualquier barrio donde alguien deja una puerta abierta, llegaron los que saben organizar el caos. La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), esa rama madrileña del Movimiento Socialista que se siente heredera de Marx y Lenin, ha hecho un 'golpe de estado' en versión camping. Mientras el Sindicato de Inquilinas se dedicaba a dar entrevistas y a lucir sus camisetas naranjas —estilo gestión corporativa de la protesta—, la CJS aplicaba la ley de la calle: organización, músculo joven y pancartas de diez metros que mandan al PSOE y a Sumar a paseo. Es la diferencia entre quien pide permiso para protestar y quien monta un checkpoint para decidir quién entra y quién no en el 'fortín'. Lo irónico es que los medios seguían vendiendo la narrativa de la 'unión ciudadana' mientras la CJS ya había vallado el perímetro, prohibiendo fotos y filtrando la prensa como si estuvieran en una zona militar. Han pasado de luchar por el techo de una anciana a convertir Sol en un laboratorio de iconografía republicana y banderas de Palestina. El Sindicato de Inquilinas, que ya sugería levantar el campamento el pasado viernes, se ha quedado como el invitado que puso la casa pero terminó durmiendo en el sofá. Ahora, con la CJS al mando y buscando el choque directo contra la derecha radical, la acampada ya no es una petición de vivienda; es una declaración de guerra ideológica con tiendas de campaña.
La geopolítica de la desesperación funciona como un GPS averiado: si cierras una calle, el tráfico busca el callejón más oscuro. Tras el 'cerrojo' impuesto en Ceuta después de la avalancha de los 30 y 31 de julio, el flujo migratorio ha decidido que el Atlántico es un mal menor. En septiembre, las llegadas a Canarias se han triplicado respecto al año pasado, pasando de 737 a 2.100 personas. Es la ley del vaso comunicante aplicada a la tragedia humana. El Ministerio del Interior juega al Tetris con las cifras. Nos dicen que entre enero y septiembre llegaron 7.133 personas a Canarias, un 44,5% menos que en 2025. Pero ojo al truco: si comparamos el verano, el incremento es del 196%. En el estío de 2025 llegaron 1.557 personas; en 2026, la cifra subió a 3.425. Mientras tanto, Lanzarote y El Hierro se llevan el grueso del sablazo, concentrando 5.600 llegadas (el 80% del total), con El Hierro como puerto preferido para 3.515 náufragos. La hipocresía alcanza niveles olímpicos en Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que la avalancha de entre 80.000 y 90.000 personas de julio no cuenta en las estadísticas oficiales porque ya pasaron por 'triaje'. Es como si en tu cuenta bancaria desaparecieran 90.000 euros y el banco te dijera que no cuentan porque 'ya han sido procesados'. Mientras el Gobierno dice que solo quedan 3.500 inmigrantes, los sindicatos policiales, que son los que pisan el barro, estiman que hay 15.000 refugiados en campamentos y 'pisos patera'. En Ceuta, el negocio es redondo. Hay locales alquilando garajes y descansillos por más de 1.000 euros al mes, una tarifa de lujo para vivir en condiciones infrahumanas. Y para los que quieren saltar a la Península, las mafias cobran entre 3.000 y 4.000 euros por un viaje en neumática o, para los más aventureros, en kayak. Un mercado negro donde el riesgo es para el cliente y el beneficio para el dealer.
En una España donde la política se ha convertido en una pelea de bar con el volumen al máximo, lo normal es que si el rival respira, tú aguantes la respiración. Pero el pasado sábado, en la isla de La Toja, ocurrió un fenómeno paranormal: Cristina Narbona y José Borrell no huyeron por la puerta de servicio mientras Alberto Núñez Feijóo tomaba el micro. Al contrario, se plantaron en primera fila, como quien espera el resultado de la lotería, para escuchar al líder del PP diseccionar el desastre nacional. Feijóo, con la elegancia de quien sabe que el otro lado está escuchando, ignoró el manual de 'recetas para salvar el mundo' que Pedro Sánchez había desplegado el jueves previo. Mientras el presidente del Gobierno se ponía la capa de salvador del clima y la IA —como si el estado del patio nacional fuera un detalle menor que se soluciona con un mensaje de WhatsApp—, Feijóo decidió que era hora de limpiar la casa. Soltó que España carece de la 'mínima higiene democrática' y denunció la apropiación de las instituciones, un sablazo conceptual que en cualquier otro contexto habría provocado un éxodo masivo de socialistas. Sin embargo, el milagro fue total. Narbona y Borrell no solo aguantaron el tirón, sino que aplaudieron. Sí, aplaudieron que les dijeran que su Gobierno es un caos. Para rematar la jugada, terminaron compartiendo mesa en el Gran Hotel de La Toja, propiedad de Amancio López Seijas, donde los postres supieron a tregua y las palabras fueron cariñosas. El contraste es brutal: mientras Sánchez le soltó una puñalada barriobajera en público a Alfonso Rueda por un simple agradecimiento sobre inversiones en Galicia, Narbona y Borrell demostraron que todavía quedan algunos políticos que saben comportarse sin necesidad de un manual de instrucciones. Una anomalía refrescante en un ecosistema donde la cortesía es ahora un deporte de riesgo.
Hay una danza muy curiosa en el Ayuntamiento de Granada. Por un lado, tenemos el discurso oficial, ese que huele a incienso social y que abraza a las víctimas del desahucio con una ternura casi cinematográfica. Por otro, tenemos la declaración de bienes del 17 de junio de 2023 de Raquel Ruz, la portavoz socialista y aspirante a alcaldesa para 2027, que parece escrita por un agente inmobiliario con delirios de grandeza. Mientras Ruz visita a Paloma Navarro en la calle Imprenta para lamentar que los 'grandes tenedores' devoren los barrios, la propia candidata gestiona un catálogo que haría palidecer a cualquier gestoría de barrio. Hablamos de 18 inmuebles, una mezcla de viviendas y locales comerciales cuyo valor catastral supera el millón de euros. No es que tenga una casita para el verano; es que participa en tres comunidades de bienes diseñadas específicamente para el negocio del alquiler: Boteros CB (con 13 inmuebles en Granada desde 2004), Prayca CB y Carpe CB, esta última con una propiedad en Padul. La ingeniería financiera es exquisita. Sus participaciones bailan entre el 8%, 11%, 22% y 33%, una diversificación que permite dormir tranquila mientras se critica la gentrificación en el diario El Ideal. Es la paradoja del 'socialismo de catálogo': predicar el alquiler público y la rehabilitación mientras se acumulan activos que dinamitan los precios del mercado. Ruz pide 'ser valientes' para fomentar la vivienda pública, pero parece que la única valentía real aquí es sostener el espejo frente al discurso de Pedro Sánchez y sus socios. Al final, el problema no es la vivienda turística ni el PGOM, sino esa capacidad casi mágica de combatir a los grandes tenedores siendo, en la práctica, uno de ellos.
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Mario Herrera