Crítica:
Título promete información concreta pero el contenido se diluye en generalidades. Faltan detalles específicos sobre implementación y plazos.
Título promete información concreta pero el contenido se diluye en generalidades. Faltan detalles específicos sobre implementación y plazos.
La juez Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, ha expulsado de la causa del caso DANA a una mujer que perdió a su hermano, su cuñada y su sobrino de 4 años en la riada. La magistrada tomó esta decisión el 4 de septiembre, considerándola un abuso de derecho y fraude procesal por criticar su instrucción en internet. La víctima, que había solicitado personarse en la causa, había cambiado de representación legal y contratado a la letrada Pilar Esquinas. La expulsión se produce después de que el abogado José María Bueno Manzanares, defensor de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, solicitara información sobre la participación del marido de la juez, Jorge Martínez Rivera, en la causa. La mujer había solicitado personarse en la pieza separada abierta al abogado Bueno Manzanares el 3 de septiembre, pero un día después la juez decidió su expulsión. La abogada de la víctima solicitó aclaración sobre los motivos de la expulsión, pero la juez lo denegó el 11 de septiembre.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha decretado el cierre definitivo del centro de inmigrantes tras un estudio de alegaciones y un recurso de reposición presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 14 de agosto. El centro, que carece de licencia para acoger personas, alberga actualmente a 400 inmigrantes. El Consistorio ha otorgado cuatro meses al Gobierno central para realojar a los ocupantes. El centro, con una licencia de 2013 que no permite uso residencial, fue adquirido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2001 por más de 86 millones de euros. El complejo, de 24.773,52 metros cuadrados, incluye oficinas, aulas de formación, un hotel con 124 habitaciones y 27 suites, cafetería, restaurante, gimnasio y piscina climatizada. En julio, Pozuelo solicitó el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) debido a la falta de licencia necesaria. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la entidad gestora del centro fueron notificadas de la ausencia de licencia preceptiva.
Una plaga de ratas afecta la Terminal1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y dependencias de la Guardia Civil. La asociación Jucil denuncia condiciones insalubres, con roedores en la zona de equipajes y oficinas de la Benemérita. El problema se extiende a la presencia de ratas muertas y sangre en sillas y paredes. Jucil critica la desidia en uno de los aeropuertos más importantes de Europa y solicita medidas urgentes. La situación se agrava con antecedentes como la plaga de chinches en la Terminal4. Jucil acusa al Ministerio del Interior de abandono, denunciando falta de limpieza, medios y personal. La problemática se suma a la lista de precarias condiciones laborales de los agentes.
El Ministerio de Trabajo ha abierto una consulta pública sobre un nuevo reglamento de registro de jornada hasta el 26 de septiembre. El objetivo principal es regular las horas extraordinarias no remuneradas. Según un informe de Comisiones Obreras, los trabajadores realizan 2.61 millones de horas extraordinarias no pagadas a la semana, lo que supone un coste laboral de 3.254 millones. El nuevo registro de jornada debe precisar cada tipo de tiempo de trabajo registrado, incluyendo horas ordinarias y extraordinarias. El reglamento puede incluir obligaciones como que la representación legal de los trabajadores obtenga copias del registro con cierta periodicidad. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, advirtió que si el Congreso tumbaba la ley de reducción de jornada, el Ministerio desarrollaría un reglamento para evitar fraude en jornadas y horas extraordinarias. Entre 2015 y 2024, el Ejecutivo recaudó 15 millones de euros a través de la intervención de la Inspección de Trabajo en fraudes relacionados con horas extraordinarias.
El movimiento feminista en Aranjuez logró frenar la celebración del I Congreso Aranjuez por la Vida, organizado por Hazte Oír y Refugio Provida, programado para el 25, 26 y 27 de septiembre en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. La presión ejercida por el movimiento feminista local y la publicación del evento en un medio de comunicación llevaron a la cancelación del congreso. Hazte Oír anunció la cancelación en sus redes sociales, atribuyendo la decisión a la falta de espacio para desarrollar la Cumbre debido a la 'gran afluencia de personas' que tenían previsto asistir. Sin embargo, el portavoz del PSOE en Aranjuez, Óscar Blanco, celebró la clausura del acto, considerándolo un 'atentado contra los derechos de las mujeres y también contra Aranjuez'. El Partido Socialista denunció el acto desde su anuncio y criticó la 'tibieza' del Alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, quien no se pronunció públicamente sobre la celebración del congreso. La Asamblea Feminista de Aranjuez expresó su satisfacción por la paralización del evento, pero mantiene su atención en los próximos pasos del Ayuntamiento. Hazte Oír tiene un historial de hostigamiento sistemático en las puertas de clínicas y difusión de bulos sobre el aborto.
La startup Emocional Technologies22 SL, especializada en coaching empresarial, ha obtenido 23 contratos públicos en el último año, totalizando 1,22 millones de euros. De estos contratos, 12 están relacionados con atención psicosocial, violencia de género y puntos lila, sumando 820.030 euros. El contrato más destacado es el gestionado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para atender a hombres víctimas de violencia sexual, por 371.360 euros. La empresa fue creada en abril de 2021 en Girona y ha recibido financiación de inversores como Redarbor, BackFund, BCombinator y APX. En septiembre de 2023, obtuvo la declaración de empresa emergente, lo que le permite tributar al 15% en el Impuesto de Sociedades durante cinco años. Los principales accionistas actuales son Costa Espinosa Ventures SL y Aniol Hervás Royo, que poseen más del 60% del capital social. La empresa cuenta con más de 300 colaboradores a través de relaciones mercantiles estables. Su facturación ha crecido rápidamente, pasando de 7.002 euros en 2021 a 376.088 euros en 2023.
Los sindicatos sanitarios, representados por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, han amenazado con iniciar movilizaciones el martes 16 de septiembre si el Ministerio de Sanidad no retoma la negociación del Estatuto Marco. Han denunciado que Sanidad pretende 'romper unilateralmente' el calendario pactado y cerrar el proceso de negociación tras casi tres años de trabajo y cerca de 40 reuniones. El secretario general FSS-CCOO, Humberto Muñoz, ha señalado que si Sanidad da por rotas las negociaciones, los sindicatos no están de acuerdo con el último borrador presentado. Los sindicatos exigen un nuevo borrador que recoja las aportaciones de las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales. Las medidas irrenunciables incluyen el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional, el derecho a la jubilación voluntaria, anticipada o parcial, la generalización de la jornada de 35 horas semanales, el reconocimiento del solape de jornada y la mejora de la organización de la jornada laboral. El presidente del sector nacional de Sanidad CSIF, Fernando Hontangas, ha asegurado que los informes jurídicos publicados recientemente por Sanidad carecen de sentido y responden a demandas que los sindicatos nunca han planteado.
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