El sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) ha solicitado la detención de Juan Manuel González Muñoz, comisario del distrito de Fuencarral-El Pardo en la Policía Municipal de Madrid. Esta petición surge tras la incomparecencia del comisario ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid el 14 de noviembre de 2025 a las 12:15 horas, donde estaba citado como imputado por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la libertad sindical o derecho de huelga.
El abogado del sindicato, Tomás González García, del despacho GC Legal, ha instado al juez a ordenar la detención inmediata de González Muñoz, argumentando que su ausencia sin justificación constituye una obstrucción a la Justicia y agrava su situación procesal. El letrado subraya que esta incomparecencia no es un hecho aislado, sino la culminación de varias citaciones frustradas desde 2022, lo que sugiere una estrategia para evadir la acción judicial.
Ni el comisario ni su abogado han ofrecido explicaciones por la ausencia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez ordenar la detención y multa de quien, debidamente citado, no comparezca sin causa justificada. La investigación contra González Muñoz se inició por una denuncia de UPM, que lo acusa de coaccionar, acosar y discriminar a delegados y afiliados del sindicato en la Unidad Integral de Fuencarral-El Pardo durante años, con el objetivo de eliminar la actividad sindical.
La querella detalla varios casos: un agente retirado de su puesto por ser delegado sindical; otro apartado por cumplir horario sindical, lo que le llevó a pedir traslado; un delegado sindical suspendido de libranzas y señalado públicamente por denunciar falta de medidas COVID durante la pandemia, sufriendo ansiedad y viéndose obligado a marcharse de la unidad.
Otros agentes reportaron humillaciones, una acusación falsa de amenaza con arma reglamentaria, la retirada de vehículo en operativo, asignación a trabajos de oficina indefinidos y negación de libranzas, lo que derivó en aislamiento, depresión y baja laboral por bullying. Estos incidentes provocaron un drástico descenso de la afiliación a UPM en la unidad.
La querella también señala que González Muñoz había gozado de impunidad, con expedientes disciplinarios caducados por sus superiores. Aunque la Fiscalía de Madrid solicitó seis años de prisión para él por coacciones y falsedad en documento oficial, fue absuelto. La defensa de UPM presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez por presunta pasividad, pero fue archivada, ya que el magistrado responsabilizó a los oficiales de su juzgado de Plaza de Castilla por la falta de diligencia.
Crítica:
El título es un cebo eficaz, pero el contenido revela una maraña de acusaciones y dilaciones desde 2022, eclipsando la inmediatez que sugiere. La "detención" es una petición, no un hecho consumado; el clickbait funciona, la precisión sufre.
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