Kathy Díaz, propietaria de un dúplex en Moncofa, provincia de Castellón, ha recuperado su vivienda tras cinco años de litigios y un proceso judicial "un calvario". La vivienda, una segunda residencia, fue alquilada en 2019 y la inquilina dejó de pagar 300 euros mensuales en 2020.
Amparándose en la normativa extraordinaria aprobada durante la pandemia, la inquilina se negó a abandonar el inmueble, derivando en un largo proceso judicial. Díaz, quien también preside Aprovij (asociación de propietarios afectados por la inseguridad jurídica), cortó los suministros para evitar mayores deudas, lo que resultó en tres denuncias por coacciones interpuestas por la moradora.
Tuvo que esperar la conclusión de estos procedimientos antes de iniciar una denuncia por okupación, lo que sumó al retraso debido a la saturación de los juzgados. Díaz relata la "impotencia e incertidumbre" de esos años. Ni el Ayuntamiento de Moncofa ni los Servicios Sociales intervinieron, a pesar de conocer la situación y la convivencia de la inquilina con decenas de gatos en malas condiciones.
El juicio se celebró tras dos años de espera. Díaz intentó un pacto amistoso, ofreciendo renunciar a los impagos a cambio de las llaves, pero la inquilina "vaciló" alegando conocer el Real Decreto. La inquiokupa, una mujer de avanzada edad, permaneció en la vivienda bajo la protección del Decreto Ley para evitar desahucios de personas vulnerables, que Díaz denuncia como un "escudo para quienes abusan del sistema". Al acceder al dúplex en noviembre de 2025, Díaz encontró la casa en "condiciones extremas": habitaciones cubiertas de excrementos, muebles destrozados, paredes ennegrecidas y restos de al menos catorce gatos abandonados; la inquilina se había llevado otros quince.
El hedor "nauseabundo" había generado quejas continuas de los vecinos durante años, según Kathy Díaz en Radio Castellón. La propietaria calcula que los daños superarán los 40.000 euros, a lo que se añade la pérdida de cinco años de alquiler. Díaz afirma que "no es una victoria", ya que "recuperar la casa no compensa el tiempo perdido ni la sensación de abandono institucional".
Denuncia que la persona que deterioró su propiedad se marcha sin consecuencias, y el marco legal protege a quien okupa, dejando a los propietarios desamparados. Para ella, "este no es un final feliz, es la prueba de que miles de propietarios han sido desprotegidos".
Crítica:
El título es un sensacionalismo puro. La noticia, aunque ofrece detalles dolorosos, se enfoca más en el drama personal que en un análisis profundo de la normativa que, según la propia afectada, causa estos despropósitos.
Comentarios