Crítica:
Falta una investigación más profunda sobre los casos concretos y la responsabilidad de los funcionarios. El titular, aunque llamativo, podría ser más preciso.
Calvià, Mallorca, ha decidido que el Mundial 2026 es asunto de estado… o, al menos, de los bares. El alcalde, Juan Antonio Amengual (PP), ha decretado una prórroga horaria para que nadie se pierda un gol, una prórroga o, Dios no lo quiera, los penaltis. ¿La razón? Equilibrar el derecho a ver fútbol con el derecho a dormir… o a no tener que escuchar a los vecinos gritar “¡Goooool!” a las 2 de la mañana. La normativa, que ya se probó con éxito en la Eurocopa 2024, permite a los bares alargar hasta 15 minutos su horario si un partido está en juego al cierre. 15 minutos, el tiempo justo para digerir una derrota o celebrar una victoria. Pero ojo, que no todo vale. A medianoche, el volumen baja, y las pantallas deben mirar al interior, porque en Calvià, la tranquilidad del guiri es sagrada. La medida beneficia a los fans de España, Alemania, Inglaterra y Escocia, y se aplica hasta la final del 11 de julio. ¿El coste? Aún no lo sabemos, pero seguro que es menor que el impacto de un penal fallado en el minuto 90. Mientras tanto, los hosteleros deben colaborar, bajo amenaza de multa, para que la fiesta no se convierta en un caos. En resumen, un bando municipal para que el Mundial no interrumpa las vacaciones… y los beneficios.
Madrid, 11 de junio de 2026. Mientras el IBEX 35 se pavonea y las autonomías se quejan de la financiación, el centro de menas Arteaga en Carabanchel ha declarado la guerra… a las chinches. Sí, esos pequeños vampiros de la cama, que campan a sus anchas como si fueran inversores extranjeros en un paraíso fiscal. Los empleados públicos, lejos de sentirse héroes de la integración, se sienten abandonados, picoteados y con la moral por los suelos. La primera alerta saltó el 23 de marzo. Chinches en el comedor, en las neveras, ¡hasta en las taquillas! Una invasión silenciosa que KUO, la empresa de seguridad, y el centro, gestionado bajo la batuta del Gobierno de Pedro Sánchez, ignoraron olímpicamente. Tras la segunda denuncia en abril, la respuesta fue… mascarillas. Mascarillas contra chinches. Genial. Algunos trabajadores de Cruz Roja, literalmente mordidos por el problema, acabaron de baja médica. Y no solo ellos; incluso los propios menores extranjeros no acompañados se han visto afectados, aunque el centro maneja la información “internamente”, porque la transparencia, ya saben, es un lujo. El Real Decreto 664/1997 exige evaluar y prevenir riesgos biológicos, pero parece que las chinches no entran en esa categoría. Tragsa hizo un tratamiento “superficial”, como ponerle un parche a un iceberg. Y mientras tanto, los vigilantes de seguridad, además de velar por el orden, deben hacer de auxiliares de limpieza, porque en este país, la polivalencia es la nueva norma. FTSP USO Madrid reclamó EPIs (Equipos de Protección Individual) y controles médicos para los residentes, pero sus peticiones se perdieron en el laberinto burocrático. En el centro, además de chinches, también se han detectado casos de tuberculosis, varicela y sarna. Un cóctel de bienvenida para los recién llegados. La situación es tan grotesca que roza lo surrealista. Mientras los políticos debaten sobre inmigración, las chinches se reproducen sin control, y los empleados públicos se preguntan si han entrado en una pesadilla kafkiana.
Malú, la voz que vendió un millón de copias con 'Aprendiz' a los 15 años (y con ella, la excusa perfecta para saltarse el instituto), se enfrentó a una noche de contrastes en 'El Hormiguero'. Mientras Pablo Motos, con su sonrisa de presentador profesional, relataba la voracidad de la cantante con la merienda de David de Jorge –morcilla, chistorra, pollo, lechazo y pan de pueblo, un festín digno de un rey, o de una artista con ansiedad–, Malú confesaba haber pasado “muy mal” consigo misma, lidiando con un síndrome del impostor que, irónicamente, no impidió la venta de quince álbumes. Quince, número místico en su vida, pero que no parece protegerla de las pullas de Trancas y Barrancas. La cosa escaló cuando las hormigas, con su particular sentido del humor, le recordaron su origen escolar –“Cantabas para no ir al colegio y llamas al disco Aprendiz”–, provocando la genuina incomprensión de Malú: “No entiendo ese humor”. La reacción de Motos, una pausa para “reflexionar”, fue la guinda de una noche que demostró que, incluso para las estrellas, el sablazo del humor ajeno puede ser más indigesto que un festín de productos ibéricos. El episodio, digno de un meme instantáneo, revela cómo la búsqueda de la autoaceptación, tras 28 años, puede verse interrumpida por un chiste mal digerido en horario de máxima audiencia. Y todo, mientras la cuenta de Twitter del programa (@El_Hormiguero) publicaba un vídeo de Malú proclamando su felicidad, ajena a la tormenta de morcilla y sarcasmo.
Cuatro mil ciento veintiséis. Ese es el número de aspirantes a futuro brillante en Marruecos que, según el Ministerio de Educación, decidieron que la honestidad era opcional durante el examen de bachillerato. Un 49% más que el año pasado. ¡Casi la mitad! Mientras tú te preocupas por si te ha subido el precio del aceite de oliva, ellos se preocupaban por cómo colar en un sistema que, por cierto, ya estaba diseñado para pillarles. El Ministerio, con la calma china de quien ya espera estos sobresaltos, asegura que todo se desarrolló en un ambiente “bueno y positivo”. Un ambiente bueno y positivo salpicado de trampas, vaya. La operación 'Pillar Tramposos' movilizó a 31.622 profesores correctores, que ahora tendrán que decidir qué hacer con estos 4.126 alumnos. ¿Sanciones? ¿Repetición de curso? ¿Un curso intensivo de ética? Mientras, 464.919 estudiantes, con una asistencia del 96,5% (los que se apuntaron) y un 52,7% (los valientes), sudaban tinta para demostrar lo que saben. Los resultados, como siempre, se anunciarán después del 16 de junio, un día después de las deliberaciones. Todo un ritual. Y mientras tanto, la vida sigue, con el aroma a corrupción académica flotando en el aire. Porque, seamos sinceros, la creatividad para hacer trampas a veces supera a la creatividad para estudiar.
Móstoles se planta en el mapa... pero no precisamente por sus parques. La ciudad, otrora un remanso de paz en la Comunidad de Madrid, ahora presume de ser la segunda con mayor crecimiento de la criminalidad convencional, un escalofriante 12,6% más que el año pasado. Alcorcón, con un 30,2%, se lleva la palma, pero Móstoles le pisa los talones como quien no quiere la cosa. ¿Qué significa esto? Pues que, mientras el Gobierno de España presume de eficacia policial, en Móstoles la cosa se pone fea. El dato frío: de 1.488 delitos en 2025, se ha pasado a 1.675. No, los homicidios no han aumentado (siguen en cero, gracias a la estadística), pero los robos con fuerza en domicilios sí, un impactante 80,6%. O sea, que si dejas la ventana abierta, no solo te robarán el móvil, sino que probablemente te vacíen la casa. Y la cosa no acaba ahí: los delitos contra la libertad sexual se han disparado un 150%, pasando de 8 a 20. La cibercriminalidad, eso sí, baja un 0,8%, pero eso no consuela a nadie que haya sido víctima de un robo a mano armada. Mientras tanto, en Parla la delincuencia baja un 15,5%. ¿Será que tienen mejores cerrojos? O quizás más patrullas. En fin, Móstoles es ahora un lugar donde hay que andar con los ojos bien abiertos, porque la seguridad, al parecer, es un lujo que no todos pueden permitirse. Y todo esto, mientras los políticos se dan palmaditas en la espalda por los 'buenos' datos generales.
La Federación Americana de Maestros (AFT) ha lanzado una bomba. No, no una bomba literal, aunque algunos padres ya deben estar pensando en dinamitar las iPads. Randi Weingarten, presidenta de la AFT, la segunda unión de maestros más grande de EE.UU., ha declarado la guerra a la inteligencia artificial en las aulas de primaria. La excusa, según sus diez demandas presentadas en el National Press Club, es que los niños se nos están convirtiendo en sus 'amigos' virtuales y eso, amigos, es un sablazo directo al desarrollo cognitivo y social. La AFT no pide una hoguera de Chromebooks (¡tranquilos, los de Google!), sino algo más sutil: prohibir los sistemas de IA en primaria y las pantallas para los más peques, hasta segundo grado. También quieren poner un cerrojo a los chatbots para menores de 16 años, esos que ya están adoptando las escuelas a un ritmo que da escalofríos. Weingarten teme perder una generación de niños, una frase que suena a drama apocalíptico, pero que esconde una preocupación real: ¿estamos cambiando el trabajo de enseñar y aprender por un simple algoritmo? Un estudio del Brookings Institution, esa gente que se dedica a pensar por nosotros, respalda la postura de la AFT. La IA, al parecer, no es tan inocente como parece y puede hacer más daño que bien. Mientras los gigantes tecnológicos nos venden la moto de la educación del futuro, la AFT nos recuerda que el futuro, a veces, es mejor sin 'amigos' de silicio. Y todo esto, mientras la lista de la compra sigue siendo más compleja que un modelo de lenguaje grande.
¡Diecisiete millones de dólares por un espejismo! Así, a grandes rasgos, se resume la aventura de la California State University (CSU) con ChatGPT Edu, la versión 'light' de OpenAI. Un pelotazo publicitario, una jugada de marketing para que la universidad se sintiera a la última, mientras la mayoría de sus más de 500.000 estudiantes y profesores miraban el experimento con más cara de '¿y esto qué pinta aquí?' que de '¡Eureka!'. La encuesta lo deja claro: un 65% de los estudiantes y un 59% del profesorado son escépticos. ¿El motivo? Pues, según la profesora Jennifer Trainor, “les preocupa el impacto ambiental, el sesgo, la pérdida de empleos y la supresión de su creatividad”. Vamos, que el futuro 'supercharged' que prometía OpenAI suena a sablazo en la factura. Un 80% de los alumnos, por cierto, no se atreven a entregar trabajos generados por IA como propios, y casi el 84% sí la usan, pero con recelo. La CSU, en su afán de ser pionera, gastó 17 millones en el primer año y acaba de renovar el contrato por 13 millones anuales durante tres años. ¡Treinta y nueve millones en total! Ironías de la vida, todo esto mientras la universidad enfrenta recortes presupuestarios de 144 millones. Es como si te hubieran vendido un Ferrari con el depósito vacío y la promesa de que te llevaría a la luna. El 'branding opportunity', como lo llamaron internamente, ha resultado ser más bien un agujero negro de dinero y desconfianza. La resistencia estudiantil es palpable, y figuras como Martha Kenney lideran peticiones para dar marcha atrás. ¿El problema? Que la IA, además de generar dudas éticas, parece que afecta a la capacidad de pensar y la memoria, según algunos estudios. En resumen, la promesa de la IA se ha estrellado contra la dura realidad del aula.
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