El texto original mezcla la tragedia animal con la crisis migratoria de forma casi quirúrgica para señalar la inacción administrativa. Le falta rigor técnico sobre qué químicos exactos están matando a las aves, pero sobra intención política.
En el mundo de la informática, hay quien estudia cinco años para que un título le avale y hay quien decide que el título es un accesorio prescindible, como el manual de instrucciones de un microondas. Manuel Huerta, el director general de Lazarus Technology, parece pertenecer a este segundo grupo. Mientras el ciudadano medio lucha contra el laberinto de la administración pública para renovar un carné, Huerta se paseaba por el caso de Marta del Castillo haciendo de perito informático con el móvil de Miguel Carcaño entre manos, sin tener una titulación académica válida en España. Un detalle menor, casi anecdótico, si no fuera porque estaba manejando pruebas en un caso que ha paralizado al país. El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), encabezado por su decano Pedro de la Torre, ha decidido que ya basta de jugar al 'informático de barrio' en los juzgados. El CPITIA ha pedido al juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla que deje de dar vueltas y pase directamente al procedimiento abreviado. ¿El motivo? Un presunto delito de intrusismo profesional en su modalidad agravada. Lo más delirante de la crónica es la desfachatez: Huerta no solo firmó informes periciales, sino que presumió de ello en medios de comunicación, sosteniendo que para ser perito no hace falta estudiar. Es como si un señor que sabe cambiar una rueda pretendiera operar un corazón alegando que 'lo importante es la práctica'. El decano de los ingenieros no se ha tragado el cuento y denuncia una continuidad delictiva, ya que el equipo de Lazarus Technology sigue operando sin títulos. Al final, la ingeniería informática se ha convertido en un buffet libre donde algunos se sirven el prestigio sin haber pagado la matrícula.
Hay algo profundamente poético, si es que uno disfruta de la tragedia, en el hecho de que mientras el mundo discute sobre sostenibilidad, en Ceuta el método de gestión urbanística sea el fuego. El viernes noche, el campamento junto a las naves del Tarajal decidió convertirse en una hoguera improvisada. Cuarenta chabolas calcinadas. Así de simple. Para quien vive en un piso con hipoteca, cuarenta chabolas son un dato; para cientos de inmigrantes que llegaron en la ola de finales de julio, es la pérdida total de lo poco que habían logrado rescatar del barro. El despliegue fue digno de una película de acción: bomberos, Policía Nacional, Policía Local y militares. Un despliegue de fuerza y recursos públicos impresionante para evitar que las llamas tocaran las naves, que presumiblemente valen más que el sueño de quien duerme en una lona. Lo curioso es que el fuego no fue un evento aislado, sino parte de un 'festival' de llamas. Entre las ocho de la tarde y la una de la madrugada, se registraron 10 llamadas por incendios. Dos coches, contenedores y el campamento. Alguien, con el tiempo libre que da la desesperación o el odio, se dio a la fuga tras quemar un vehículo, dejando la ciudad autónoma como un tablero de Monopoly incendiado. Y no olvidemos el monte de la Tortuga en García Aldave. Allí, entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados de bosque pasaron a mejor vida esta misma semana. Las entidades ecologistas ya habían avisado, pero claro, las advertencias ambientales suelen quedar en segundo plano cuando el problema es humano y el remedio es mirar hacia otro lado hasta que el humo se ve desde el centro de la ciudad. Al final, el balance es el de siempre: cenizas, investigaciones abiertas y una gestión de la crisis que parece basarse en esperar a que el fuego lo borre todo.
Hay gente que nace con un don y luego está Omar Ndiaye, que convirtió el formulario de ayudas sociales en su propia mina de oro personal. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, Ndiaye se dedicó durante 14 años —desde 2008 hasta marzo de 2022— a jugar al 'Sims' con la administración vasca. No se conformó con una identidad; se fabricó 62. Sesenta y dos formas de ser alguien distinto para que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y las ayudas de vivienda le soltaran 1,09 millones de euros. De esos, 780.000 euros fueron de la Renta de Garantía de Ingresos y 311.000 euros fueron para el techo, aunque irónicamente acumuló sentencias por no pagar alquileres de 1.262 y 8.954 euros. Un genio de la contabilidad creativa. Pero el hambre de 'beneficios' no conoce fronteras. Tras desaparecer de Bilbao en 2022, aterrizó en Canadá como solicitante de asilo, alegando una persecución por su orientación sexual que choca frontalmente con el hecho de tener esposa y cinco hijos en Senegal. Allí, en Quebec, intentó repetir la receta: 55 solicitudes fraudulentas, 37 aprobadas y un agujero contable de 180.000 dólares canadienses (unos 155.000 euros) entre 2024 y 2026. Lo pillaron con un pasaporte congoleño trucado y otro pasaporte ajeno en casa. La jueza Sonia Mastro Matteo, que no compra el cuento, lo mantiene en prisión preventiva porque el riesgo de que Ndiaye se convierta en humo es más alto que la inflación. Ahora se enfrenta a cinco años de cárcel, descubriendo que, al final, el juego de las identidades falsas siempre termina en una celda muy real.
El Gobierno ha decidido que la seguridad vial se mide ahora con regla y cronómetro, transformando el acto de adelantar a un coche averiado en una operación de precisión quirúrgica. A partir del 1 de octubre, el Real Decreto 518/2026 —cocinado en el Consejo de Ministros el pasado junio— nos obliga a levantar el pie del acelerador con una exactitud casi religiosa: 20 km/h menos que el límite de la vía. No es una sugerencia amable; es un mandato. Traducido al lenguaje de la calle, si vas por la autopista a 120 km/h y te encuentras un vehículo inmovilizado, deberás bajar a 100 km/h. Si el tramo ya está recortado a 80 km/h, te tocará pasar a 60 km/h. En carretera convencional, el baile es similar: de 90 km/h a 70 km/h, o de 70 km/h a 50 km/h. Todo esto mientras mantienes una distancia de 1,5 metros, la misma que se le exige a un ciclista, como si el coche averiado fuera una bicicleta gigante y metálica. La justificación es humana y dolorosa: este verano de 2026 han muerto 26 personas atropelladas, tres más que el año pasado. De esas tragedias, 14 ocurrieron en autopistas y 12 en convencionales, incluyendo a un operario de conservación. Es el precio de la prisa. Ahora bien, aquí llega la ironía administrativa. El Artículo 88 del Reglamento General de Circulación se actualiza para que, si no cumples este ritual de deceleración, te lleves un sablazo de 200 euros en la cuenta corriente. Una 'infracción grave' que, curiosamente, no te quita puntos del carnet, a diferencia de lo que ocurre con los ciclistas. Parece que para el Estado, el bolsillo duele más que la licencia, pero solo si el obstáculo tiene cuatro ruedas y un motor fundido.
España ha decidido que la mejor forma de proteger al ciclista es, básicamente, rodearlo de multas. Mientras el verano se teñía de negro con 12 ciclistas perdiendo la vida en julio y agosto —un incremento del 33% frente a 2025 que hace que el optimismo sea un deporte extremo—, la DGT ha lanzado su nueva artillería normativa para el 1 de octubre de 2026. La paradoja es deliciosa: nos venden un enfoque centrado en las personas y el concepto de «usuario vulnerable de la vía», pero la traducción real es que ahora el arcén es terreno prohibido y el bolsillo del ciclista, el objetivo. Si eres rider, prepárate para el sablazo: casco y chaleco reflectante son obligatorios o te cae una multa de 200 euros. Para el resto de los mortales, el casco en vías interurbanas ya no admite excepciones. Y si te pilla la patrulla con el móvil o los auriculares, son otros 200 euros; básicamente, el precio de una cena decente para dos, pero pagada al Estado por el pecado de la distracción. Lo más surrealista llega con el alcohol y las drogas: si das positivo, la broma sube entre los 500 y los 1.000 euros. Un agujero contable que duele más que una caída en grava. Para equilibrar la balanza, la DGT pide a los conductores reducir la velocidad en 20 km/h al adelantar y dejar 1,5 metros de distancia. En ciudad, el ciclista deberá ir por el centro del carril, jugando al gallito con los coches, mientras estos deben mantener cinco metros de distancia. Todo esto mientras nos exigen luces homologadas visibles a 150 metros bajo amenaza de otra multa de 200 euros. En resumen: queremos que pedalees seguro, pero si te equivocas en un milímetro del Reglamento General de Circulación, la multa te costará más que la propia bicicleta.
Olvídense de la estampa del náufrago desesperado que llega a la orilla con lo puesto y la mirada perdida. La nueva temporada de llegadas a Baleares viene con un catálogo distinto: iPhones de última generación, zapatillas Nike que no han pisado el barro y neceseres organizados como si se fueran de escapada a Benidorm. No es una huida improvisada; es una logística de precisión. Estamos ante las llamadas ‘taxi-pateras’, un servicio de transporte marítimo donde el equipaje de mano es prioridad y la mudanza está planificada. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra, algunos desembarcan en Cabrera y Palma con un kit de supervivencia que envidiaría cualquier influencer. La Guardia Civil y la Policía Nacional han confirmado que el 'outfit' de llegada incluye ropa de recambio y terminales de alta gama, rompiendo el mito de la miseria absoluta. El contraste es casi surrealista: decenas de personas aterrizando junto a hoteles de lujo en Palma, portando calzado deportivo de marca que probablemente costó más que el propio pasaje en la patera. Los números no mienten, aunque la narrativa sí. En una sola semana, 11 pateras han depositado a 183 inmigrantes en el archipiélago. El martes fue un día de actividad frenética: desde las 11:50 en Can Parra (Formentera) con 18 magrebíes, pasando por Portocolom con 9 más, hasta el despliegue en el Pilar de la Mola y s’Estufador. La jornada cerró con un desfile de llegadas: 24 subsaharianos rescatados a una milla al sur de Cabrera a las 03:24, y otros 23 magrebíes en el faro de n’Ensiola a las 08:30. Todo coordinado, todo con mudas limpias. La migración ya no es solo un drama humano; es, en ciertos casos, un traslado con equipaje optimizado.
El sistema educativo español ha pasado de estar en la cuerda floja a caerse al vacío con un ruido ensordecedor. El último informe PISA de la OCDE no es una estadística más; es una autopsia en vivo. Nuestros chavales de quince años han firmado el peor resultado de la serie histórica en lectura, matemáticas y ciencias. Para que nos entendamos: en lectura hemos bajado a 451 puntos, perdiendo 23 puntos desde 2022. En el lenguaje de la calle, es como si el alumno hubiera borrado un curso entero de su cerebro en un abrir y cerrar de ojos. Si miramos la última década, el sablazo es aún más brutal: una caída de 45 puntos entre 2015 y 2025. Básicamente, hemos retrocedido dos cursos escolares mientras los políticos se felicitaban el currículo de la LOMLOE, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2020. En matemáticas, la sangría no para. Tras el desastre de 2022 con 473 puntos, hemos vuelto a tropezar cayendo hasta los 457. Estamos seis puntos por debajo de la media de la UE y la OCDE (463), confirmando que sumar y restar se ha vuelto un deporte de riesgo. En ciencias, la historia es la misma: 477 puntos, una caída que equivale a casi dos cursos desde 2015. Lo único que parece salvar el orgullo nacional es la resolución computacional de problemas (499 puntos), donde al menos no somos el último de la clase. En el mapa interno, la Comunidad de Madrid, bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso, juega en otra liga con 477 en matemáticas y 495 en ciencias, dejando claro que el código postal importa más que la ley nacional. Mientras Asturias resiste en lectura con 471 puntos, regiones como Ceuta (397) y Melilla (379) están en una zona de peligro absoluto. Lo más surrealista es que, según la OCDE, los hijos de familias acomodadas también están cayendo, rompiendo la regla de oro de que el dinero compra notas. El barco se hunde, pero parece que el agua llega a todas las cubiertas.
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