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Mantener la silla en Moncloa es, al parecer, un deporte extremo que justifica cualquier pirueta ética. No hablamos de negociar presupuestos o repartir ministerios, sino de entrar en el terreno del barro más denso. Según los papeles que ha rescatado THE OBJECTIVE de un sumario de la Audiencia Nacional, las 'cloacas' del PSOE no solo estaban dispuestas a todo, sino que diseñaron un plan de demolición personal contra el fiscal Anticorrupción José Grinda. La estrategia era tan rudimentaria como cruel: fabricar mentiras, inventar desviaciones sexuales y salpicar incluso a la familia del fiscal para convertirlo en un paria. Todo esto no era un capricho, sino una moneda de cambio, un 'vale por un favor' para Junts y Carles Puigdemont. El documento de 44 páginas lee como un guion de serie B donde la verdad es un estorbo. Querían que Junts lanzara la denuncia el día 12, usando información falsa como un ariete para tumbar causas espinosas como el 3 por ciento, el caso Pujol o las indagaciones sobre Aigües de Girona. Es la ingeniería financiera del chantaje: cambiar la honorabilidad de un funcionario por la supervivencia política de un Gobierno. En el camino, no dudaron en señalar a Consuelo Madrigal o a mandos de la Guardia Civil, tratando la justicia como si fuera una lista de la compra donde se tachan nombres según convenga al calendario electoral. Lo más delirante es ver cómo se obsesionaban con un policía de la UDEF llamado Fran, creyendo que eliminar el eslabón más débil haría colapsar todo el castillo de naipes. Mientras el ciudadano medio lucha por pagar la luz, en los despachos del poder se fraguaba una alianza de conveniencia basada en el fango, donde el objetivo no era la justicia, sino que el tablero siguiera configurado a su favor. Una danza macabra entre el socialismo y el independentismo con el fiscal Grinda como sacrificio ritual.
Véndenos el éxito, pero que no se note el truco. Así es el marketing del mercado laboral español. Mientras desde los despachos se brinda con champán por la reforma laboral de 2022 de Yolanda Díaz, en la calle la realidad es un mal chiste. Nos dicen que el empleo crece, pero el paro es ese invitado pesado que se niega a irse de la fiesta, manteniéndose en un 9,9% que nos deja como el campeón europeo de la precariedad, con una tasa que duplica la media de Europa. Entremos en la cocina de los datos. Randstad Research ha destapado el juego: el pluriempleo ha subido un 30% en cinco años. No hablamos de académicos con pasión, sino de gente que tiene que hacer malabares con tres trabajos para que la cuenta corriente no se quede en números rojos. Son 151.000 personas más que en 2021 que han descubierto que un solo sueldo es hoy un artículo de lujo. Pero lo más delirante son los 'contratos cerilla'. Es una ingeniería financiera del absurdo: firmar más de un contrato indefinido en un mismo mes. Esta práctica se ha disparado un 140% en cinco años. Pasamos de 2.000 casos mensuales a 30.000. Es el truco del mago: te llaman 'indefinido' para que la estadística brille, pero te despiden antes de que el café se enfríe. Valentín Bote lo deja claro: el 60% de los indefinidos post-2022 no llegan ni al primer aniversario. Es el contrato 'indefinido' usado para cubrir una boda un sábado; una pantomima para esquivar a la Inspección de Trabajo sin pagar indemnizaciones. Con más de 10 millones de fijos discontinuos firmados, el Gobierno ha logrado lo que cualquier publicista envidiaría: cambiar el nombre del problema sin solucionar la enfermedad. Hemos sustituido la temporalidad por una etiqueta bonita, mientras la microempresa agoniza y el paro efectivo sigue ahí, riéndose en nuestra cara.
La burocracia tiene un don especial para el surrealismo, pero lo del Ministerio de Igualdad es arte abstracto. Resulta que la asociación Trans No Normativos (TNN), un grupo donde abundan militares y policías que juegan al ajedrez con la identidad y la estética, ha pedido una subvención. El Instituto de las Mujeres les ha cerrado el grifo con una frialdad quirúrgica: dicen que no cumplen el requisito del 65% de mujeres en su Junta Directiva. El problema es que, en el papel, el 75% son mujeres. Tres de cuatro integrantes tienen el sexo registral femenino, pero el Ministerio parece haber hecho la lectura del DNI como quien lee un menú de restaurante: si el nombre suena a 'Juanjo' o 'Roberto', pues hombre será. Es la paradoja del siglo. Estamos ante una administración que, mientras presume de vanguardia, se ha quedado colgada en el siglo XIX al juzgar el género por el nombre. Juanjo Sanz, Daniel Gutiérrez, Javier Sanz y Roberto Coronel son los nombres que han detonado el conflicto. Para el Ministerio, estos nombres son un muro infranqueable que anula la ley trans de Irene Montero. Es como si te denegaran la entrada a un club de lectura porque tu nombre no suena a 'intelectual', ignorando que llevas la biblioteca entera bajo el brazo. La asociación, indignada, recuerda el caso de Emma Colao en abril de 2024 para subrayar que la apariencia sigue siendo la ley no escrita en los pasillos del poder. TNN no pide un cheque regalo ni un trato VIP; pide que alguien en el Ministerio deje de mirar la superficie y empiece a mirar los documentos. Al final, la igualdad parece funcionar como una aplicación de citas: si la foto (o el nombre) no encaja con el algoritmo del funcionario de turno, no hay 'match' ni hay subvención.
Hay empresas que no vuelan, sino que levitan sobre el cinismo. Plus Ultra, la aerolínea que convirtió un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia en una especie de deporte de riesgo financiero, busca ahora un salvavidas. Y no cualquier salvavidas: negocia con Iberojet para que entre como socio inversor y le insufle un músculo financiero que, a estas alturas, parece más una prótesis que un músculo. Mientras tanto, la compañía navega en un mar de expedientes judiciales por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, con el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero orbitando la trama y exdirectivos como Julio Martínez Solá y Roberto Roselli soltando en el juzgado que se pagaban comisiones del 1% por el 'éxito' del rescate. Un porcentaje modesto para algunos, pero una bofetada para quien paga sus impuestos. En la calle, la realidad es más cruda y huele a aeropuerto vacío. Para conseguir liquidez, la compañía ha empezado a malvender billetes a precios de saldo, una estrategia desesperada que recuerda a quien vacía el garaje para pagar el alquiler. El resultado es un caos operativo: rutas a Bogotá y Cartagena canceladas en junio y frecuencias a Buenos Aires recortadas de cinco a dos vuelos semanales. Hay familias colombianas que han soltado 2.700 euros por ocho billetes y ahora solo reciben el silencio administrativo, y pasajeros que han visto cómo sus ahorros, entre 1.400 y 4.500 euros, se evaporan en el aire. Plus Ultra se escuda en que ya ha devuelto el 78% de los billetes de Colombia, pero el resto de los usuarios, organizados en WhatsApp y Facebook, saben que luchar contra una aerolínea es como intentar soplar una vela en un huracán. Mientras Barceló y la dirección de la firma guardan un silencio sepulcral, los pasajeros esperan que la AESA o la OCU hagan algo antes de que el avión termine de estrellarse contra la realidad contable.
Hay quien hace cola tres años para renovar el DNI y hay quien recibe el pasaporte español como si fuera un regalo de Navidad por ser 'VIP'. La Ley de Memoria Democrática nació para sanar heridas del exilio, pero en el Consulado de España en México parece que la han confundido con un programa de puntos de fidelidad para políticos. El 5 de diciembre de 2023, Nancy de la Sierra Arámburo, senadora del PRI, y tres familiares se colgaron la medalla de la nacionalidad española sin que hubiera un solo antepasado que hubiera huido de la Guerra Civil o de Franco. El truco fue sencillo: una ingeniería familiar liderada por su padre, Óscar de la Sierra Said, de 87 años. El señor Óscar alegó ser nieto de un español basándose en un acta matrimonial, omitiendo convenientemente actas de nacimiento o bautismo. Sus padres, José Manuel y su madre, nacieron en Puebla y México respectivamente en 1903 y 1909. O sea, que el 'vínculo' se remonta al siglo XIX, décadas antes de que empezara el lío de 1936. Pero en la administración pública, cuando eres un 'VIP', los requisitos son sugerencias. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia, a la familia de la senadora los recibieron con alfombra roja y WhatsApps internos para que el padre no tuviera que esperar porque 'no escucha demasiado'. El combo fue redondo: el 5 de diciembre obtuvieron el premio Óscar, Lilia y el propio hijo Óscar, junto a Nancy. Una jugada maestra de conveniencia política: Nancy, que saltó del PRI a la coalición de López Obrador y volvió al PRI el 3 de octubre de 2023, consiguió el pasaporte apenas dos meses después. Según fuentes consulares, esto no es un error, sino un sistema: el 90% de los nacionalizados por esta vía no tienen ancestros en el periodo 1936-1955. Básicamente, están regalando la ciudadanía a cambio de favores o proximidad al Gobierno de Pedro Sánchez.
La DGT nos lo repite como si fuera el catecismo: el carril derecho es el hogar natural del conductor. Punto. El resto son para adelantar. Muy bonito sobre el papel, pero intentar seguir la norma hoy en día es jugar a la ruleta rusa con la suspensión del coche. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos para que la cesta de la compra no suba un euro más, el Estado ha dejado que el asfalto se convierta en un queso gruyère. No es manía ni falta de civismo; es supervivencia. El carril derecho ha pasado de ser una vía de circulación a una zona de guerra llena de socavones y roderas profundas, esculpidas por el paso incansable de camiones que pesan más que las promesas electorales. El resultado es un escenario dantesco: cuando llueve, esas roderas se transforman en canales de riego improvisados que invitan al aquaplaning, ese momento mágico donde tu coche decide que prefiere navegar que conducir y pierdes el control del volante. Lo más delirante es el contraste contable. Tenemos un déficit de conservación superior a los 13.000 millones de euros. Es una cifra astronómica, un agujero financiero que se traduce en baches que parecen cráteres lunares. Sin embargo, la administración prefiere centrarse en la pedagogía del carril que en el cemento. Si decides salvar tus neumáticos y tu seguridad refugiándote en el carril central, prepárate para el 'premio'. La Guardia Civil de Tráfico no entiende de roderas ni de falta de inversión; entiende de multas. Y el precio de tu supervivencia es un sablazo de 200 euros directos al bolsillo, porque es más rentable multar al conductor que arreglar la carretera.
En el manual de supervivencia política, hay una regla de oro: si tienes un amigo en el despacho de al lado, las facturas se vuelven sugerencias. El caso de Ángel Ros es una clase magistral de ingeniería de favores. Mientras el ciudadano medio suda tinta para pagar el IBI, Ros firmó en junio de 2014 un 'borrón y cuenta nueva' de 281.783 euros para Adaix de Negocios, la empresa del novio de Montse Mínguez. Básicamente, le quitó de encima un pufo que para cualquier mortal sería una condena a vivir bajo un puente, permitiendo que Sergi Vélez esquivara el pago del canon y la garantía de derribo de una discoteca. Un gesto generoso, casi filial. La recompensa por este tipo de 'gestiones' no llega en sobres, sino en Real Decreto. En agosto de 2018, Pedro Sánchez, con la firma de Josep Borrell —viejo conocido de Ros por sus días en el PSC—, lo catapultó a Embajador en Andorra. Lo fascinante es que Ros no era diplomático; era un político con contactos. Pasó cuatro años y medio disfrutando del aire pirenaico, organizando la Cumbre Iberoamericana de 2021 y gestionando la diplomacia entre siestas, hasta que pidió la jubilación en febrero de 2023. Pero el lujo tiene grietas. Marta Camps, la teniente de alcalde que terminó en la calle, soltó la bomba: dietas sospechosas en China y Hannover (unos 18.400 euros en total) y un gusto exquisito por fulares y corbatas de diseño que costaron 36.000 euros al erario. Todo archivado, claro. Mientras tanto, Mínguez, la arquitecta del ahorro ajeno, dimite ahora que se sabe que su pareja es un 'gran tenedor' con 30 pisos y un holding de 6,2 millones de euros. La lucha contra la especulación inmobiliaria es muy noble, siempre que el cheque no sea el tuyo.
Tener una segunda vivienda en España ha pasado de ser un ahorro para la jubilación a convertirse en una ruleta rusa donde el premio es que no te quiten la llave. El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a jugar la carta de la prohibición de desahucios, rescatando ese manual de instrucciones que ya conocíamos desde 2020, cuando la pandemia sirvió de excusa para instaurar una 'vulnerabilidad' tan elástica que cabe cualquier cosa. Es como si el Estado decidiera que tu escritura de propiedad es, en realidad, una sugerencia opcional. La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación lleva desde octubre de 2021 enviando cartas al Ministerio de Vivienda que probablemente se usan para calzar mesas. Hablamos de cinco años de un silencio institucional que hace que el juego del escondite parezca una conversación fluida. Mientras tanto, Isabel Rodríguez, la ministra que presume de redactar decretos a la velocidad de un tuit, ha ignorado sistemáticamente solicitudes concretas, como la del 23 de noviembre de 2023 o la más reciente del 2 de octubre. Es la gestión del 'visto' en WhatsApp aplicada a la administración pública. El nuevo despliegue legislativo, que pasó por el Congreso y los reales decretos, vuelve a blindar la situación de quienes no pagan, dejando al pequeño propietario en un limbo jurídico. Lo más surrealista es el reparto de facturas: el decreto pretende que las CCAA se conviertan en deudoras de los caseros si no ofrecen alternativa habitacional a inquilinos morosos con más de dos viviendas. Básicamente, el Gobierno te dice que no puedes echar al que no paga, pero que no te preocupes, que quizá algún día una administración autonómica te devuelva el dinero con la misma agilidad con la que gestionan las citas de la Seguridad Social. Una ingeniería financiera donde el único que pierde es el que paga los impuestos y las hipotecas.
Hay una regla no escrita en los despachos del poder: si el Gobierno llega tarde a una cita, es negligencia; pero si llega corriendo, es que quiere cerrar la puerta por dentro. El caso de la AITAT es el ejemplo perfecto de este malabarismo. Durante un año y medio, el Ministerio de Transportes trató el estatuto de la nueva autoridad de investigación como quien deja la ropa en la lavadora y olvida darle al botón de inicio. La ley del 2 de agosto de 2024 decía claramente que tenían doce meses. Venció el plazo en agosto de 2025 y, mientras el reloj corría, el Gobierno miraba hacia otro lado. Pero claro, el 18 de enero de 2026, la realidad golpeó en Adamuz con 46 muertos y un caos ferroviario que no cabía en un communiqué. De repente, el letargo se convirtió en sprint. En cinco semanas, el 24 de febrero, el Consejo de Ministros parió la AITAT. ¿Por qué tanta prisa ahora? No fue por las víctimas de Spanair ni por un súbito ataque de empatía, sino porque Bruselas empezó a soplar en la nuca. El problema es que han montado un sistema donde el jefe es también el que firma la nómina y el que decide qué se dice y qué se calla. Poner a Gonzalo Guillén, un ingeniero naval vinculado a Benito Núñez, al frente de una investigación ferroviaria es como contratar a un experto en submarinos para arreglar un avión. El resultado es una estructura donde los técnicos ya no pueden decir la verdad sin miedo a que les corten el grifo profesional. El colmo llegó el 30 de septiembre, cuando Guillén canceló una reunión para evitar una recomendación de seguridad que 'crucificaría' a Adif. Mientras las víctimas, representadas por Mario Samper, esperan respuestas, la investigación del mayor desastre de alta velocidad de nuestra historia avanza a paso de tortuga con solo tres investigadores. Una complejidad que, curiosamente, solo existe en los despachos.
En España, buscar un piso de alquiler se ha convertido en una especie de 'Los Juegos del Hambre' inmobiliarios, pero sin el premio final. La última radiografía del Observatorio del Alquiler es un bofetón de realidad: para el cierre de 2026, el mercado perderá más de 15.000 viviendas respecto al final de 2025. No importa si buscas un residencial, un temporal, un turístico o simplemente una habitación donde no te pisen los pies; la oferta se está evaporando como el sueldo el día 5. El detonante es la receta habitual: una dosis masiva de inseguridad jurídica y los cambios normativos de la Ley de Vivienda. Los propietarios, que no son precisamente filántropos, han reaccionado con la velocidad de un rayo. Entre el 28 y el 30 de septiembre, 4.290 ofertas desaparecieron en tres días. A las pocas semanas, la cifra ya era de 7.705 inmuebles retirados. Es el efecto 'pánico' traducido a ladrillos. Mientras el Gobierno intenta poner parches con préstamos de 50.000 euros para la entrada —una cantidad que hoy en día apenas sirve para pagar la fianza y el primer año de un zulo—, la realidad es que desde 2021 hemos sufrido un desplome del 37,1% en la oferta. El resultado es un precio medio de 1.214 euros mensuales, un 2,27% más que a cierre de 2025. Para que nos entendamos: hay una media de 133 interesados peleándose por cada inmueble en sus primeros diez días. Es una carnicería. Lo más triste es que construir no es darle a un botón; convertir suelo finalista en urbanizable tarda entre 8 y 15 años. Si seguimos así, el escenario pesimista prevé que el alquiler tradicional pierda hasta el 25% de sus inmuebles (unos 806.000 pisos) y que los precios suban un 42%. Básicamente, estamos diseñando un futuro donde vivir será un lujo reservado para quienes tengan un árbol de billetes en el jardín.
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Alex Carmona