Crítica:
El título es directo, pero el artículo añade contexto empresarial y político. La decisión de Iberdrola enfría la posibilidad de extender la vida de las centrales nucleares.
El AVE llegó a Ourense hace casi cuatro años con una inversión de 10.000 millones de euros, acortando la distancia con Madrid a poco más de dos horas. Sin embargo, el potencial turístico de la ciudad no se ha aprovechado. Los datos de visitantes muestran que, aunque el tráfico ferroviario aumentó, la mayoría de los pasajeros no se apearon para visitar la ciudad. En el verano de 2021, Ourense recibió 37.577 turistas, un 14,7% menos que los 44.000 del verano de 2019. La ciudad carece de promoción turística y la Intermodal de Ourense no cuenta con un punto de información para guiar a los viajeros. La 'marca Ourense' no se explota a nivel municipal y el gobierno local considera el termalismo un 'bluf'. La falta de promoción del patrimonio y la escasa oferta cultural durante el verano refuerzan la sensación de oportunidad perdida.
Iberdrola, Endesa y Repsol han iniciado un pleito masivo en el Tribunal Supremo por el apagón del 28 de abril. Veintena de empresas como Elawan, Gesternova, IBV, Magnon, Norvento, grupo Gallo y Acesur se han personado en las demandas. El objetivo es tumbar la validez del informe del comité gubernamental que analizó las causas del apagón. El comité, creado el 30 de abril, concluyó que el apagón se debió a un problema de sobretensión con origen multifactorial. Las empresas eléctricas, distribuidoras y comercializadoras se juegan entre 2.000 y 4.000 millones en potenciales indemnizaciones. La estrategia legal de Iberdrola y Endesa busca blindaje y retrasar la causa años si es necesario. Otras empresas se han sumado como partes implicadas para obtener protección legal y seguimiento de los desenlaces jurídicos.
La alta velocidad en España experimentó un aumento del 77,2% en el número de pasajeros en 2024 respecto a 2019, con un total de 39,6 millones de viajeros. Esto se debe a la liberalización del sector y la entrada de nuevos operadores como Ouigo e Iryo, que junto a Renfe, han provocado una caída en los precios del 44% (ajustado por inflación). La competencia ha llevado a un aumento del 42% en el uso de la red de alta velocidad, destacándose el corredor Madrid-Levante con un incremento del 80%. Los precios han bajado un 33% respecto a 2019. Renfe mantiene la liderazgo con el 54% de cuota de mercado, seguido de Iryo con el 21% y Ouigo con el 13%. La liberalización ha generado un beneficio social de 503,9 millones de euros, con ahorros para los viajeros de 431,3 millones y una reducción de emisiones de CO2 de más de 220.000 toneladas. Adif ha ganado 133,3 millones más por cánones, pero las empresas ferroviarias han registrado pérdidas de 99,5 millones en 2024.
El SEPE detalla que para cobrar el paro, el trabajador debe perder su empleo por causas ajenas a su voluntad. Si un empleado renuncia voluntariamente, no podrá acceder a la prestación por desempleo, a menos que cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, si después de la dimisión trabaja al menos tres meses y es despedido por causas legales en ese nuevo empleo, puede solicitar la prestación por desempleo acumulada en trabajos anteriores. La normativa contempla que, incluso si los contratos posteriores a la renuncia voluntaria son de corta duración, siempre que en conjunto sumen un mínimo de tres meses trabajados, el trabajador recupera su derecho al paro. El motivo de la finalización de esos empleos debe ser por despido ordinario, fin de contrato, no haber superado periodos de prueba o estar afectado por un ERE. También se requiere haber cotizado previamente el tiempo necesario. Con 360 días cotizados, se tiene derecho a 120 días de paro. A partir de 2.160 días cotizados (unos seis años) se tiene derecho a 720 días (unos dos años) de prestación por desempleo. Cuando el empleado dimite, el empresario no está obligado a indemnizar al trabajador, pero puede simular un despido disciplinario, lo que es ilegal y puede tener consecuencias legales. El Estatuto de los Trabajadores contempla excepciones en las que la baja voluntaria sí da derecho a cobrar el paro, como cambios unilaterales en la ubicación del puesto de trabajo, modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, acoso laboral o retrasos reiterados en el pago del salario.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado al Juzgado de lo Social número 31 de Madrid que admita a trámite la macrodemanda interpuesta por más de 200 trabajadores de El Corte Inglés contra la compañía y los sindicatos CCOO, Fetico y Valorian. La demanda, presentada en septiembre de 2024, reclama cantidades salariales que los trabajadores consideran adeudadas conforme al convenio colectivo que invocan. El TSJM ha estimado que el juzgado debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, pese a que inicialmente había archivado la demanda. El conflicto se remonta a la integración de trabajadores de logística en El Corte Inglés tras la covid, lo que llevó a la aplicación del Convenio de Grandes Almacenes en lugar del convenio de logística. Los trabajadores reclaman que deberían estar amparados por el convenio de logística debido a las características y riesgos de su trabajo. La demanda reclama cantidades concretas de salarios que solo afectan a los demandantes, sin extenderse a terceros. El Juzgado de lo Social deberá tramitar la macrodemanda y decidir si a los trabajadores les corresponde percibir las cantidades reclamadas.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de Hacienda ha denegado la residencia fiscal en Portugal a un contribuyente con una situación similar a la de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El TEAC, en su resolución 00/08144/2022/00/00, rechazó los argumentos del recurrente, punto por punto, al igual que había aceptado la residencia fiscal de David Sánchez. El contribuyente había solicitado la aplicación del régimen especial portugués de Residentes No Habituales, pero el TEAC consideró que no cumplía los requisitos para ser considerado residente fiscal en Portugal a efectos de aplicación del Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) con Portugal. El TEAC concluyó que el contribuyente debía someterse a la normativa interna española. El caso es similar al de David Sánchez, quien había obtenido un certificado de residente no habitual en Portugal y había sido asesorado por la Agencia Tributaria (AEAT) sobre cómo tributar en su cambio de residencia fiscal a Portugal en 2021. La resolución del TEAC destaca la diferencia en el trato dado a contribuyentes con situaciones similares.
Las grandes empresas tecnológicas como Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon y Oracle están invirtiendo entre un 50% y un 70% de su beneficio operativo en infraestructura y tecnología para avanzar en inteligencia artificial. Esto se asemeja al comportamiento de AT&T antes de la burbuja puntocom, que destinaba un 72% de sus beneficios a inversiones. El gasto en infraestructura y tecnología es crucial para dominar la inteligencia artificial. Alphabet planea gastar más de 85.000 millones de dólares este año, Meta prevé un rango de entre 66.000 y 72.000 millones en 2025 y Microsoft ha anunciado decenas de miles de millones en nuevas instalaciones. En conjunto, el gasto anual agregado de las grandes tecnológicas superará los 300.000 millones de dólares. Los analistas advierten que este nivel de inversión puede ser un riesgo estructural y que los ingresos futuros pueden no compensar el gasto elevado. La industria de semiconductores sigue siendo propensa a ciclos de auge y caída, lo que puede afectar la carrera por la inteligencia artificial.
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