Crítica:
El artículo cumple con las expectativas del título, pero carece de profundidad en el análisis de las causas del aumento del gasto público. La información es clara y concisa.
El artículo cumple con las expectativas del título, pero carece de profundidad en el análisis de las causas del aumento del gasto público. La información es clara y concisa.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha emitido un comunicado inusualmente duro en respuesta a críticas públicas formuladas por economistas como José Ramón Riera y Javier Santacruz, quienes han cuestionado tanto la metodología como la presentación de algunos datos oficiales. El debate se centra en la fiabilidad de las estadísticas públicas, especialmente en un momento de volatilidad económica y creciente desconfianza hacia las instituciones. Riera asevera que si se ven en la necesidad de publicar esta nota es porque «están preocupados porque saben que están manipulando y tezanizando los datos» para favorecer al Gobierno. El economista destaca que el instituto de estadística «acaba de publicar la quinta revisión del PIB desde que Elena Manzanera llegó a la presidencia en 2022» y eso «solo un mes después de publicar» los datos iniciales. Santacruz considera que las revisiones estadísticas son normales y necesarias, pero pide mayor claridad en su explicación. En defensa del INE han salido otros economistas y académicos, como Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, quien destaca el rigor técnico del organismo. Ferran Brunet, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, plantea que el debate sobre los datos es internacional. El comunicado del INE ha abierto un intenso debate sobre la transparencia y fiabilidad de las estadísticas públicas.
La Administración fiscal española, liderada por expertos como Andrés Millán y María Orea, ha destacado su eficacia en el control de declaraciones de contribuyentes. Utilizando Inteligencia Artificial, el 75% de las investigaciones se inician con algoritmos, analizando más de 70 millones de declaraciones anuales y cruzando datos de consumo, bancarios e inmobiliarios. Los sistemas de Big Data como Dédalo y Hermes calculan perfiles de riesgo, dificultando tener 'dinero B'. Si una declaración es incoherente, la IA lanza un aviso automático para inspección. La combinación de tecnología y factor humano ha convertido a España en una referencia internacional en control fiscal predictivo.
El Banco de España analizará los límites impuestos por entidades bancarias a transferencias inmediatas tras denuncia de la OCU. El Reglamento Europeo permite pagos de hasta 100.000 euros en 20 segundos. Numerosos bancos españoles aplican límites restrictivos: Caja de Ingenieros (700 euros), BBVA y Bankinter (1.000 euros), CaixaBank, Sabadell, Santander e Ibercaja (15.000 euros), solo Abanca, Kutxabank/Caja Sur y Revolut permiten 100.000 euros. El Banco de España realizará seguimiento para garantizar cumplimiento del Reglamento Europeo sobre transferencias inmediatas, que entró en vigor en marzo de 2024. A partir del 9 de octubre de 2025, entidades deberán ofrecer servicio de transferencias inmediatas. La OCU solicita criterios claros sobre límites y propone establecer criterios técnicos, garantizar transparencia y permitir modificación por usuarios.
El Gobierno de Sánchez ha impuesto condiciones a las centrales nucleares que han llevado a Iberdrola a considerar el cierre de la planta de Almaraz, una de las mejores del mundo en tecnología y seguridad. La empresa ha iniciado trámites para su cierre. Iberdrola ha instalado energía renovable en la zona para compensar la pérdida de potencia. Las compañías energéticas Endesa y Naturgy no se oponen al cierre debido a las condiciones impuestas por el Gobierno. La carga fiscal del sector nuclear ha aumentado un 70% en cinco años, según Price Waterhouse Cooper. El impuesto puede superar los 28 euros por megavatio hora, lo que supera los ingresos de generación. Un informe de EY señala que España es uno de los países que más penaliza fiscalmente a sus centrales nucleares.
Un lote de almendras de EE.UU. detectadas en Países Bajos el 22 de septiembre contenían 29,3 microgramos por kilo de aflatoxinas, triplicando el límite máximo de 10,0 microgramos por kilo. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denuncia que las importaciones estadounidenses incumplen las exigencias de seguridad alimentaria y solicita a la UE que intensifique los controles. Las almendras estadounidenses entran en la UE sin aranceles, mientras que las europeas pagan un 15% de aranceles para entrar en EE.UU. AVA-Asaja insta a preferir almendras nacionales y de la UE, que garantizan altos estándares de trazabilidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad. La cosecha de almendra en la Comunidad Valenciana será ligeramente inferior debido a la sequía y altas temperaturas.
El sector de las infraestructuras en España enfrenta incertidumbre debido a la situación política y los próximos comicios. A pesar de que el Gobierno tiene la intención de desbloquear cerca de 30.000 millones de euros en fondos europeos antes del 31 de agosto de 2025, las empresas constructoras y de infraestructuras están experimentando dificultades para concertar reuniones con altos mandos del Ministerio de Hacienda. Según fuentes empresariales, esto se debe a la caótica situación en el ministerio liderado por María Jesús Montero, quien se enfrenta a desafíos como la incertidumbre sobre los Presupuestos Generales del Estado y su propia designación como candidata a los comicios andaluces. Las empresas constructoras, como Adif, están a la espera de contratos públicos y fondos para ejecutar proyectos de infraestructuras. La Unidad Next Generation de LLYC informa que, a enero de 2025, las subvenciones concedidas ascendían a 80.661 millones de euros, pero solo se habían adjudicado 50.397 millones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que se han aprobado transferencias por valor de 79.854 millones y que el sector de la construcción ocupa el primer puesto en beneficiarios de fondos, con más de 6.500 millones asignados. El Gobierno podría verse obligado a encauzar grandes partidas hacia la vía más rápida de ejecución: las infraestructuras, especialmente en un periodo preelectoral con citas importantes como las elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y las andaluzas antes del 30 de junio.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha determinado que los trabajadores que renuncian voluntariamente a su empleo tienen derecho a cobrar el paro solo si encuentran un nuevo trabajo y son cesados por motivos ajenos a su voluntad, como la finalización de contrato. Deben haber trabajado al menos tres meses en el nuevo empleo. Si renuncian y no superan el periodo de prueba en un segundo trabajo, no tendrán derecho a paro si no han transcurrido más de tres meses desde la renuncia inicial. El SEPE aclara que, tras perder el empleo de forma involuntaria, pueden acceder a la prestación por desempleo. Los trabajadores que no cumplan estos requisitos pueden optar a otras ayudas como el subsidio por insuficiencia de cotización, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Activa de Inserción (RAI). El subsidio por cotizaciones insuficientes requiere al menos 90 días de cotización y puede percibirse durante 21 meses. El IMV está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad económica y social, mientras que la RAI es para parados de larga duración mayores de 45 años.
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