El artículo proporciona datos alarmantes sobre el absentismo laboral, pero podría profundizar más en las causas subyacentes y proponer soluciones más concretas. La crítica de AMAT al sistema actual es contundente, pero se echa en falta una visión más integral del problema.
En los últimos cinco años, el empleo tecnológico ha sufrido una debacle global del 35% en economías avanzadas como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Sin embargo, España se destaca con un crecimiento cercano al 30%, superando a Singapur. Según un análisis de Brendon Bernard para Indeed, el sector tecnológico español muestra un saldo neto de ofertas entre un 25% y 30% superior al de 2020. El peso del sector 'tech' en España era inicialmente menor, lo que permitió un mayor margen de mejora. Los países emergentes como India, México y Filipinas también muestran un crecimiento significativo en ofertas de empleo tecnológico. Bernard advierte que, aunque España mantiene una demanda elevada, esta podría verse afectada si la financiación europea disminuye o si las tendencias globales cambian. La comparativa de 27 países muestra que las ofertas de empleo tecnológico cayeron un 58% desde su pico en 2022, mientras que en los países emergentes la caída fue del 32%.
El Estatuto de los Trabajadores protege el derecho a la desconexión digital y la intimidad de los trabajadores, incluyendo aquellos que teletrabajan o están en modelo híbrido. El artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores establece que las empresas deben respetar el derecho a desconectar de los trabajadores fuera de su jornada laboral. Las empresas que no respeten este derecho pueden ser sancionadas con multas de hasta 7.500 euros. Los trabajadores pueden negarse a responder correos electrónicos, llamadas o mensajes fuera de su horario laboral sin repercusiones legales. Si la situación persiste, los trabajadores pueden reclamar por vía interna o ante el comité de empresa, o denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo. El derecho a la desconexión digital busca proteger el descanso y la intimidad de los trabajadores. Las multas por incumplimiento varían desde 571 hasta 7.500 euros según la gravedad y tamaño de la empresa. Los protocolos internos deben delimitar el uso de dispositivos y controles legítimos.
Renfe ha publicado las estadísticas de puntualidad de sus trenes de larga distancia correspondientes a septiembre. El retraso medio en los trenes de larga distancia se ha duplicado en lo que va de año, pasando de 3,5 minutos en enero a 6,4 minutos en septiembre. Los trenes de alta velocidad han visto cómo su demora ha crecido de 13,5 minutos a 16,4 minutos desde enero hasta septiembre. Un total de 8.530 trenes de alta velocidad circularon en septiembre, de los cuales el 32,2% sufrieron retrasos de más de cinco minutos, un 26,2% de más de 15 minutos y un 9,6% más de 30 minutos. El 2,6% de los trenes llegaron con más de una hora de demora. Los sindicatos achacan estos retrasos al mal estado de las vías y la falta de inversión. La llegada de Ouigo e Iryo en 2021 y 2022 ha incrementado el tráfico ferroviario y el desgaste de las infraestructuras. Renfe ha tenido problemas con los 30 trenes Talgo S106 (Avril) entregados hace un año y medio, de los cuales cinco fueron retirados por fisuras en los bogies. Un incendio cercano a las vías entre Guadajoz y Majarabique afectó a seis trenes de larga distancia y alta velocidad y un tren Avant el pasado fin de semana, con demoras medias de 40 minutos.
La CNMC ha rechazado la reforma del Procedimiento de Operación 7.4 (PO 7.4) propuesta por Red Eléctrica para evitar apagones debido a posibles riesgos para la integridad de las instalaciones y la estabilidad del sistema eléctrico. Generadores alegaron que las exigencias eran de difícil o imposible cumplimiento, especialmente para centrales convencionales. La CNMC considera necesario un análisis más exhaustivo antes de introducir cambios. Red Eléctrica deberá intensificar acciones para lograr un control más efectivo de la tensión, coordinándose con agentes del sector y garantizando transparencia. La CNMC insta a Red Eléctrica a acelerar habilitación de instalaciones y flexibilizar requisitos técnicos temporalmente. Se anuncia un plan de trabajo conjunto para abordar la implementación del PO 7.4 y estudiar adaptaciones del diseño del mercado y servicios de ajuste. La situación actual, marcada por mayor penetración de renovables y menor demanda, puede reproducirse en el futuro.
El precio de la gasolina podría alcanzar los 2 euros por litro debido a la nueva política fiscal de la Unión Europea que grava las emisiones de dióxido de carbono. La Comisión Europea propone un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión que obligará a los distribuidores y comercializadores de combustibles a pagar por las toneladas de dióxido de carbono que emitan a partir de 2027. El impacto económico se extenderá más allá de los conductores particulares, afectando a sectores como el transporte y la edificación. Los gravámenes sobre los combustibles ya suponen más del 40% del precio final que paga el consumidor. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, este marco fiscal podría encarecer en torno a un 25% el litro de gasolina en 2030 si no se implementan medidas compensatorias. Se estima que el coste por litro de gasolina se incremente entre 25 y 40 céntimos. En 2024, la recaudación por hidrocarburos alcanzó 6.927 millones de euros, un incremento del 2,1% respecto al año anterior.
La Comisión Europea critica la Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez por su intervencionismo, que ha reducido la oferta de viviendas y aumentado los precios. En el primer trimestre de 2025, las viviendas terminadas cayeron un 7,4% hasta 21.139 unidades. Los certificados finales de obra disminuyeron un 11,4% a 20.674. La vivienda libre terminada se redujo casi un 8% a 18.642 unidades, pese a que las iniciadas aumentaron un 11,5%. El precio medio de la vivienda libre subió un 9% interanual a 2.033 €/m². Bruselas señala que el control de precios no resuelve el problema del mercado de la vivienda y puede generar burbujas inmobiliarias y desajustes entre oferta y demanda. La regulación de alquileres limita los aumentos a un índice vinculado al IPC. La Comisión Europea advierte que estas medidas pueden tener efectos ambiguos en la asequibilidad y la oferta de viviendas. El Gobierno ha establecido límites de crecimiento de precios del 2% en 2023 y del 3% en 2024. El mercado de la vivienda en España enfrenta una crisis debido al intervencionismo gubernamental y la falta de comprensión de la economía por parte del Ejecutivo.
El gobierno español planea aumentar las cotizaciones de los autónomos hasta 2028. Asociaciones y autónomos protestan. Políticos como Eduardo Garzón y Julen Bollaín argumentan que menos autónomos significa más empleo estable. Comparan con países ricos como Noruega (4,6%), Dinamarca (7,4%) y Suecia (10,7%) donde hay pocos autónomos. Sin embargo, se critica que la causalidad es inversa: estos países son ricos porque son productivos, no al revés. La medida podría asfixiar a pequeños empresarios y autónomos. El autor cuestiona el modelo laboral que promueve la izquierda española, que parece rechazar tanto a autónomos como a grandes empresas. Se plantea la pregunta de cuál es el tamaño correcto de empleador y si el modelo de países nórdicos es deseable. El artículo concluye que la izquierda española parece tener una visión contradictoria sobre el tamaño y tipo de empresas que debería haber en España.
Comentarios