El artículo presenta casos alarmantes de secuestros relacionados con criptomillonarios, aunque podría profundizar más en las soluciones legales y tecnológicas para prevenir estos crímenes. La inclusión de expertos como Fernando Navas aporta credibilidad al análisis.
Un estudio de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) y el Adam Smith Center de la Florida International University (FIU) revela que las microempresas españolas dedican 53 días laborales al año a trámites burocráticos. El Índice de Burocracia analiza cinco territorios: Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana. Madrid completa los trámites de apertura en 29,1 días, un 16,9% menos que la media nacional (35 días), mientras que Cataluña tarda 38,7 días (10,4% más que la media). En funcionamiento, Madrid dedica 49 jornadas a trámites (6,9% menos que la media de 53 días), mientras que Valencia alcanza 55,2 jornadas (5,1% más). El estudio estima que el tiempo perdido en trámites equivale a 60.000 millones de euros anuales, según la productividad media por hora en España (40,9 euros). El informe destaca que el 80% del tiempo total depende de organismos estatales, especialmente por obligaciones fiscales y contables que consumen 22 jornadas laborales al año. Madrid se presenta como modelo por prácticas como el reconocimiento automático de licencias externas. El estudio recomienda armonizar procedimientos, asegurar plazos administrativos y simplificar la administración tributaria.
El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha excluido a una unión temporal de empresas (UTE) participada por Telefónica de su contrato unificado de telefonía por no tener actualizado su plan de igualdad. El contrato tiene un presupuesto de 826.446,28 euros y se refiere a servicios de comunicaciones para el Ayuntamiento y sus organismos autónomos. La resolución indica que Telefónica IOT & Big Data Tech no ha acreditado la vigencia de su plan de igualdad, que expira el 31 de mayo de 2026. Telefónica afirma que su plan de igualdad está vigente hasta esa fecha y está registrado en el RegCon del Ministerio de Trabajo. Otras empresas como Orange Espagne y Vodafone España han sido admitidas en el concurso. El sector de las telecomunicaciones muestra su sorpresa por esta decisión, que consideran habitual en concursos públicos recientes. Un caso similar ocurrió con el contrato unificado de telecomunicaciones del Estado, Cora, donde MasOrange fue excluido por no tener un plan de igualdad vigente.
La Generalitat de Cataluña licita la venta de Fabricación de Alimentos SA (FADAIC), empresa dedicada a elaborar pasta para canelones y lasañas. Fundada en 1961 en Ripollet (Barcelona), FADAIC fue heredada por la Generalitat tras fallecer su propietaria, Manuela Marimon, sin herederos. La primera licitación fracasó, y en la segunda se fija un precio mínimo de 228.306 euros, un 22,9% menos que la anterior. La Generalitat heredó el 100% de FADAIC, un molino harinero en Huesca, una vivienda y plazas de aparcamiento en Ripollet. FADAIC facturó 390.498 euros en 2023 y 355.150 euros en 2024. La Generalitat recibe propiedades por herencias intestadas, incluyendo bienes inmuebles, terrenos, dinero y objetos de valor. En 2006, tramitaba 531 expedientes de herencias intestadas. En 2021, adjudicó 2,8 millones de euros a departamentos de Derechos Sociales y Cultura. La recaudación por Impuesto de Sucesiones en Cataluña se dobló en cinco años hasta 2023. La venta de viviendas procedentes de herencias generó 3,8 millones de euros. La Generalitat destina estos fondos a programas sociales y de vivienda.
El Estado español cubre 4.861 euros anuales de la pensión de cada jubilado catalán, representando el 27,12% de la pensión media de 17.923 euros. Cataluña tiene 1.810.601 jubilados y un déficit de 8.799,9 millones en la Seguridad Social. La comunidad autónoma aporta 23.852 millones en cotizaciones y recibe 32.441 millones en pensiones. La ratio de cotizantes por jubilado en Cataluña es de 2,1, igual que la media nacional. El déficit de la Seguridad Social en España asciende a 56.420 millones, con un 31,5% de diferencia entre ingresos y gastos. Cataluña es la segunda comunidad que más aporta a la Seguridad Social, con el 19,45% del total nacional. El desempleo en España se prevé que baje al 9% en 2028, pero sigue siendo casi el doble de la media de la UE, que es del 5,9%. La Seguridad Social tiene un ingreso de 122.651,5 millones y un gasto que supera los ingresos en 56.420 millones. El independentismo catalán no incluye el déficit de la Seguridad Social en sus cálculos de déficit fiscal. Solo Baleares tiene un superávit en pensiones, con 82,7 millones. La ratio de cotizantes por jubilado varía entre comunidades, siendo Madrid la más favorable con 2,8 trabajadores por jubilado, mientras que Asturias tiene la ratio más baja con 1,3 trabajadores por pensionista.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, expresó su hartazgo ante la Comisión del Pacto de Toledo el pasado martes. Su mandato termina a primeros de marzo. La AIReF es el único organismo que critica abiertamente al Gobierno. La reforma de pensiones de José Luis Escrivá en 2023 aumentó impuestos sin reducir gasto. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube cotizaciones anualmente a 21 millones de trabajadores y empresas. La AIReF emitió opiniones sobre la sostenibilidad del sistema. El Gobierno incluyó una 'cláusula de cierre' que requiere informe de la AIReF. La regla de gasto establece que el gasto en pensiones neto no puede superar el 13.3% del PIB entre 2022-2050. En 2025, el Gobierno manipuló el examen de la AIReF mediante real decreto, dictando qué considerar como ingresos del sistema. La AIReF dio un aprobado raspado al Gobierno en marzo. Cristina Herrero criticó la inclusión de transferencias del Estado como ingresos y la infravaloración del gasto en pensiones. La AIReF cuestionó la metodología impuesta por el Gobierno y la Comisión Europea. El Gobierno volvió a intervenir en julio, exigiendo un informe adicional antes del 1 de junio de 2026. Cristina Herrero rechazó volver a hacer una evaluación en los términos planteados por el Gobierno, exigiendo libertad para decidir la metodología y calendario.
La Agencia Tributaria interviene en los regalos que hacen los bancos a los ciudadanos, ya sea en forma de dinero u otros productos como televisiones. Los ciudadanos que reciban estos premios por abrirse una nueva cuenta tendrán que liquidar el impuesto correspondiente a través de la declaración de la renta. En 2026, se considerará rendimiento del capital mobiliario y tributará entre el 19% y el 30%. Por ejemplo, si un banco regala 200 euros netos, realmente se están obteniendo 246,91 euros brutos, de los cuales 46,91 irán a parar a Hacienda. En caso de regalos en especie, como una televisión o un teléfono móvil, el banco emitirá un certificado de retenciones donde aclara el precio asignado al regalo y el impuesto retenido. El banco posteriormente restará esos intereses del dinero que el cliente tiene en la cuenta bancaria. Portales especializados como Help My Cash y TaxDown han informado sobre esta práctica y han dado consejos a los beneficiarios de estos regalos.
Acciona utilizó el mismo método en 2007 y 2014 para obtener contratos de Acuamed. En 2007, Acciona Agua pagó 297 millones por la desaladora de Torrevieja a Grupo Inversor G2 sin recibir servicios. El dinero acabó en empresas vinculadas a Alberto Herreras, ex socio de Adrián Baltanás, y Noemí Hernáez, esposa de Fernando Troyano, directivo de Acuamed. En 2014, Acciona Agua pagó 685.000 euros a Grupo Inversor G2, que luego transfirió 615.000 euros a Prhido. La Agencia Tributaria detectó falta de estructura e inactividad en las sociedades intervinientes y denegó deducciones por IVA. El caso permaneció sin investigar pese a las evidencias presentadas al juez Eloy Velasco en 2016. Carlos Massa, director general de Acuamed nombrado por el PSOE, mantuvo su cargo hasta enero de 2016. Dos directivos de Acciona fueron desimputados en el caso Acuamed. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, dirige la empresa desde 2004.
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