El artículo evidencia la preocupante escalada de la deuda en empresas públicas bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, pero podría profundizar más en las causas estructurales de este endeudamiento. La crítica del PP al Gobierno resulta previsible, pero aporta contexto político a la noticia.
El Ministerio de Hacienda ha alcanzado un récord de recaudación fiscal, generando hasta octubre 3.091 millones de euros, superando en un 16,6% las previsiones de la AIReF. Este incremento no se debe a una mayor actividad económica, sino a un endurecimiento normativo que actúa como una subida de impuestos encubierta. La Ley 7/2024 ha sido clave en este proceso. El Tribunal Constitucional ha avalado recientemente los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades calculados sobre el resultado contable, en lugar de la base imponible real, una medida criticada por cinco de sus magistrados. La mayoría del tribunal, con la magistrada Segoviano como ponente y Conde-Pumpido como figura central, considera que este sistema no vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31. Sin embargo, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías han emitido votos particulares, calificando el sistema como un “negocio piramidal”. Argumentan que los pagos anticipados financian devoluciones de ingresos indebidos del ejercicio anterior, constituyendo una financiación a coste cero para el Estado y un adelanto forzoso para las empresas. Además, denuncian que se está obligando a tributar por “rentas ficticias”, al tomarse como base el resultado contable sin ajustes, sin compensación de bases imponibles negativas y sin exclusión de rentas exentas. La Ley 7/2024 también ha introducido límites más restrictivos a la compensación de bases negativas, reduciéndolos del 70% al 50% o incluso al 25% para grandes empresas, y una nueva forma de consolidación de pérdidas que ha generado más de 1.000 millones de euros adicionales en julio y casi otros 1.000 millones en el segundo pago anticipado de octubre. Todo esto ocurre mientras los beneficios empresariales se desaceleran y los pagos a cuenta solo crecen un 4% en octubre, en contraste con el 14% del primer anticipo. En resumen, Hacienda logra ingresos récord mientras las empresas enfrentan una presión fiscal creciente, y el Tribunal Constitucional respalda un modelo fiscal que ha generado disidencia interna significativa debido a su percepción de inconstitucionalidad y desequilibrio.
Eslovenia ha blindado el derecho a pagar en efectivo en su Constitución, una decisión que contrasta con la tendencia de la Unión Europea. La iniciativa eslovena surgió en 2023 de una campaña popular en Facebook que recogió más de 50.000 firmas, impulsada por la preocupación ciudadana ante la posible eliminación del dinero físico. El 1 de diciembre, la Asamblea Nacional eslovena aprobó, con 61 votos a favor, una enmienda constitucional para garantizar este derecho. Inicialmente, el gobierno esloveno se opuso, citando la competencia del Banco Central Europeo (BCE) en política monetaria, pero cambió su postura tras confirmación de expertos de que la medida no contravenía las normas monetarias del euro. Este movimiento esloveno se produce mientras la UE, a través del Reglamento 1624/2024, tiene la intención de prohibir a partir de julio de 2027 los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, con el objetivo de mitigar riesgos de uso indebido de grandes sumas de efectivo. Suiza también contempla una votación en referéndum en marzo para proteger el efectivo en su Constitución. En España, la situación es opuesta: el Gobierno prohíbe pagos en efectivo superiores a 1.000 euros cuando interviene un profesional o una empresa, y hasta 10.000 euros si el pagador es una persona física sin domicilio fiscal en España y no actúa profesionalmente. La Agencia Tributaria incluso insta a denunciar incumplimientos de estas limitaciones. Paralelamente, el Banco de España, presidido por José Luis Escrivá, firmó en noviembre un convenio de cuatro años para acceder a datos agregados de operaciones de pago, supuestamente para mejorar estadísticas. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció el paso a la siguiente fase del proyecto del euro digital, con planes de emisión definitiva en 2029. Aunque el BCE asegura que el euro digital convivirá con el efectivo, las autoridades muestran una creciente aversión al dinero físico. La Plataforma Denaria reportó que la mitad de las quejas por no aceptar efectivo (46,5%) provienen de la Administración Pública, con más de 90 quejas en los primeros seis meses del año. Denaria critica que el efectivo sea asociado con el fraude y sujeto a límites como los 1.000 euros, mientras Bizum no tiene restricciones. Según el V Barómetro de Denaria, más del 80% de las personas considera el efectivo necesario, el 74% lo ve importante en su día a día, y el 93% valora la protección de la privacidad como motivo para mantenerlo.
La elevada deuda pública y el déficit en España preocupan a los ciudadanos. Economistas de izquierda como Eduardo Garzón y Yago Álvarez Barba proponen soluciones controvertidas. Garzón discute con Iván Espinosa de los Monteros y Juan Ramón Rallo sobre la sostenibilidad de las pensiones. El pasivo del Estado con los pensionistas se estima en más de 5 billones de euros, equivalente al 500% del PIB. Las discusiones en redes sociales revelan desacuerdos sobre la interpretación de los datos económicos. El 18 de noviembre de 2025, Yago Álvarez Barba tuitea sobre la deuda per cápita. El 29 de noviembre de 2025, Eduardo Garzón responde a Iván Espinosa de los Monteros. El 1 de diciembre de 2025, Garzón afirma que la deuda pública 'no es deuda, es dinero inyectado en la economía'. Juan Ramón Rallo explica que los pasivos devengados del Estado en pensiones sí alcanzan el 500% del PIB. La esperanza de vida en España para quienes cumplen 65 años es de unos 86 años.
España es el único país de la UE que no aplica la exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas con facturación inferior a 85.000 euros anuales. La Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, aprobada en 2020, establece este régimen especial a partir del 1 de enero de 2025. La Comisión Europea abrió un expediente a España en enero por no incorporar plenamente esta directiva a su legislación nacional. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene esta medida en pausa debido a la estructura recaudatoria del IVA y el despliegue del nuevo sistema de facturación electrónica. La Plataforma Ciudadana por la Dignidad de los Autónomos se movilizó en 21 ciudades españolas el 30 de noviembre para pedir, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros. Francia, Irlanda e Italia mantienen límites de facturación anual cercanos a los 85.000 euros, mientras que Dinamarca lo sitúa en torno a 6.700 euros anuales. La exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas tiene como objetivo reducir los costes de cumplimiento para estas empresas.
El Ministerio de Hacienda retrasa un año la entrada en vigor de Verifactu debido a la confusión generada entre empresas y autónomos. La nueva fecha límite es el 1 de enero de 2027 para personas jurídicas y el 1 de julio de 2027 para personas físicas. La Agencia Tributaria había enviado cartas a entidades que tributan en el Impuesto sobre Sociedades para adaptar sus sistemas informáticos de facturación antes del 31 de diciembre. Representantes de pymes y autónomos habían pedido un aplazamiento a 2027. El Real Decreto-ley que aprueba el retraso debe someterse a votación en el Congreso en un plazo de 30 días. CEOE, CEPYME y ATA celebraron una jornada sobre Verifactu donde se confirmaron los plazos iniciales. La factura electrónica, regulada por la Ley Crea y Crece, entrará en vigor previsiblemente al mismo tiempo que Verifactu.
Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, recibieron 124.000 euros en dividendos de What The Fav, agencia de márketing e e-sports fundada por Laura en 2019. La empresa facturó 471.810,68 euros en 2024 con 125.639,98 euros de beneficio. En 2023 distribuyeron 74.074 euros en dividendos y en 2024, 50.000 euros. What The Fav acumula más de 223.000 euros en reservas. Laura compró una vivienda en Madrid por 300.000 euros con hipoteca de 184.000 euros. Alba adquirió otra vivienda similar con hipoteca de 240.000 euros. La empresa tiene 5 empleados fijos y ha trabajado con clientes como Huawei, La Razón y El Español. What The Fav emprendió un proyecto en Venezuela en 2024.
El Gobierno renuncia a 60.000 millones de euros de fondos UE Next Generation, el 37% del total asignado. España recibirá 80.000 millones en ayudas directas y deberá devolver 23.000 millones en créditos. El Ejecutivo reconoce dificultades para gastar 15.000 millones restantes. La decisión afecta programas como el Perte Chip (10.750 millones), Línea ICO-Verde (22.000 millones) y Fondo de Resiliencia Autonómica (20.000 millones). Hasta noviembre de 2023, solo se habían adjudicado 6.900 millones de los 83.000 millones en créditos disponibles. El Gobierno elabora una nueva adenda al Plan de Recuperación, modificando la anterior aprobada en octubre de 2023. La renuncia incluye el 75% de los préstamos asignados (83.000 millones). El coste de estos créditos ronda el 3,84%. Los fondos comprometidos se destinaron principalmente a entidades públicas: Adif (2.961 millones), Adif Alta Velocidad (2.915 millones) y Generalitat de Cataluña (1.072 millones).
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