El artículo presenta una clara relación entre la propuesta de Dinamarca y su impacto en Extremadura, pero podría profundizar más en las posibles reacciones de otros países de la UE. La información económica proporcionada es detallada y relevante.
España recibirá 840.000 inmigrantes más en 2026, según Funcas, mientras enfrenta un déficit de 1,7 millones de viviendas. La inmigración ha aumentado un 40% en regiones como Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La construcción insuficiente y límites regulatorios están elevando los precios de la vivienda. El mercado inmobiliario español sufre una demanda creciente y una oferta estancada, con precios aumentando a ritmos de doble dígito tanto en alquiler como en compra. La llegada de inmigrantes ha tenido un impacto positivo en el empleo y el PIB, con el 40% del empleo creado entre 2022 y 2023 ocupado por extranjeros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado la importancia de abordar este déficit. El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) señala que la escasez de oferta está ejerciendo presión al alza sobre los precios debido a límites regulatorios, falta de suelo y tramitaciones complejas.
La escasez de vivienda en España se agrava por la creciente demanda y la lenta construcción de nuevas viviendas. A cierre de 2024, hay 27 millones de viviendas, con un incremento de 102.322 respecto al año anterior. Aunque se terminaron 100.980 viviendas de obra nueva, la cifra sigue siendo insuficiente frente a los 250.000 hogares que se forman anualmente. La técnica de 'remonta' o ampliación en altura de edificios existentes gana terreno como solución. Empresas como Pladur promueven esta técnica usando sistemas industrializados y módulos prefabricados que reducen tiempos y riesgos. Enrique Ramírez, director general de Pladur, destaca que esta técnica permite crecer en altura, rehabilitar con eficiencia y reducir costes. La remonta conlleva mejoras energéticas y revalorización del inmueble, pero enfrenta desafíos como estudios estructurales y trámites burocráticos. La normativa urbanística y el consenso entre propietarios son cruciales para su implementación. A pesar de los obstáculos, esta técnica se abre paso en países con alta densidad urbana y escasez de suelo disponible.
Las empresas públicas dependientes del Gobierno alcanzaron un récord de deuda de 35.237 millones de euros en el primer semestre de este año, con un incremento del 20% desde 2018. ADIF y Renfe Operadora acumulan más de la mitad de esta deuda, con 19.673 y 6.862 millones respectivamente. La deuda total de España, incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos, supera 1,7 billones de euros. El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, criticó al Gobierno por el incremento de la deuda y los fallos en los servicios públicos, como los AVE. El ministro Óscar Puente anunció un plan para mejorar infraestructuras ferroviarias, elevando la velocidad de los AVE a 350 km/h y destinando 60.000 millones en cuatro años a infraestructuras de movilidad. El aumento de la deuda se ha producido en un contexto de fluctuaciones en los tipos de interés.
El Ministerio de Hacienda ha alcanzado un récord de recaudación fiscal, generando hasta octubre 3.091 millones de euros, superando en un 16,6% las previsiones de la AIReF. Este incremento no se debe a una mayor actividad económica, sino a un endurecimiento normativo que actúa como una subida de impuestos encubierta. La Ley 7/2024 ha sido clave en este proceso. El Tribunal Constitucional ha avalado recientemente los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades calculados sobre el resultado contable, en lugar de la base imponible real, una medida criticada por cinco de sus magistrados. La mayoría del tribunal, con la magistrada Segoviano como ponente y Conde-Pumpido como figura central, considera que este sistema no vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31. Sin embargo, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías han emitido votos particulares, calificando el sistema como un “negocio piramidal”. Argumentan que los pagos anticipados financian devoluciones de ingresos indebidos del ejercicio anterior, constituyendo una financiación a coste cero para el Estado y un adelanto forzoso para las empresas. Además, denuncian que se está obligando a tributar por “rentas ficticias”, al tomarse como base el resultado contable sin ajustes, sin compensación de bases imponibles negativas y sin exclusión de rentas exentas. La Ley 7/2024 también ha introducido límites más restrictivos a la compensación de bases negativas, reduciéndolos del 70% al 50% o incluso al 25% para grandes empresas, y una nueva forma de consolidación de pérdidas que ha generado más de 1.000 millones de euros adicionales en julio y casi otros 1.000 millones en el segundo pago anticipado de octubre. Todo esto ocurre mientras los beneficios empresariales se desaceleran y los pagos a cuenta solo crecen un 4% en octubre, en contraste con el 14% del primer anticipo. En resumen, Hacienda logra ingresos récord mientras las empresas enfrentan una presión fiscal creciente, y el Tribunal Constitucional respalda un modelo fiscal que ha generado disidencia interna significativa debido a su percepción de inconstitucionalidad y desequilibrio.
Eslovenia ha blindado el derecho a pagar en efectivo en su Constitución, una decisión que contrasta con la tendencia de la Unión Europea. La iniciativa eslovena surgió en 2023 de una campaña popular en Facebook que recogió más de 50.000 firmas, impulsada por la preocupación ciudadana ante la posible eliminación del dinero físico. El 1 de diciembre, la Asamblea Nacional eslovena aprobó, con 61 votos a favor, una enmienda constitucional para garantizar este derecho. Inicialmente, el gobierno esloveno se opuso, citando la competencia del Banco Central Europeo (BCE) en política monetaria, pero cambió su postura tras confirmación de expertos de que la medida no contravenía las normas monetarias del euro. Este movimiento esloveno se produce mientras la UE, a través del Reglamento 1624/2024, tiene la intención de prohibir a partir de julio de 2027 los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, con el objetivo de mitigar riesgos de uso indebido de grandes sumas de efectivo. Suiza también contempla una votación en referéndum en marzo para proteger el efectivo en su Constitución. En España, la situación es opuesta: el Gobierno prohíbe pagos en efectivo superiores a 1.000 euros cuando interviene un profesional o una empresa, y hasta 10.000 euros si el pagador es una persona física sin domicilio fiscal en España y no actúa profesionalmente. La Agencia Tributaria incluso insta a denunciar incumplimientos de estas limitaciones. Paralelamente, el Banco de España, presidido por José Luis Escrivá, firmó en noviembre un convenio de cuatro años para acceder a datos agregados de operaciones de pago, supuestamente para mejorar estadísticas. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció el paso a la siguiente fase del proyecto del euro digital, con planes de emisión definitiva en 2029. Aunque el BCE asegura que el euro digital convivirá con el efectivo, las autoridades muestran una creciente aversión al dinero físico. La Plataforma Denaria reportó que la mitad de las quejas por no aceptar efectivo (46,5%) provienen de la Administración Pública, con más de 90 quejas en los primeros seis meses del año. Denaria critica que el efectivo sea asociado con el fraude y sujeto a límites como los 1.000 euros, mientras Bizum no tiene restricciones. Según el V Barómetro de Denaria, más del 80% de las personas considera el efectivo necesario, el 74% lo ve importante en su día a día, y el 93% valora la protección de la privacidad como motivo para mantenerlo.
La elevada deuda pública y el déficit en España preocupan a los ciudadanos. Economistas de izquierda como Eduardo Garzón y Yago Álvarez Barba proponen soluciones controvertidas. Garzón discute con Iván Espinosa de los Monteros y Juan Ramón Rallo sobre la sostenibilidad de las pensiones. El pasivo del Estado con los pensionistas se estima en más de 5 billones de euros, equivalente al 500% del PIB. Las discusiones en redes sociales revelan desacuerdos sobre la interpretación de los datos económicos. El 18 de noviembre de 2025, Yago Álvarez Barba tuitea sobre la deuda per cápita. El 29 de noviembre de 2025, Eduardo Garzón responde a Iván Espinosa de los Monteros. El 1 de diciembre de 2025, Garzón afirma que la deuda pública 'no es deuda, es dinero inyectado en la economía'. Juan Ramón Rallo explica que los pasivos devengados del Estado en pensiones sí alcanzan el 500% del PIB. La esperanza de vida en España para quienes cumplen 65 años es de unos 86 años.
España es el único país de la UE que no aplica la exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas con facturación inferior a 85.000 euros anuales. La Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, aprobada en 2020, establece este régimen especial a partir del 1 de enero de 2025. La Comisión Europea abrió un expediente a España en enero por no incorporar plenamente esta directiva a su legislación nacional. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene esta medida en pausa debido a la estructura recaudatoria del IVA y el despliegue del nuevo sistema de facturación electrónica. La Plataforma Ciudadana por la Dignidad de los Autónomos se movilizó en 21 ciudades españolas el 30 de noviembre para pedir, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros. Francia, Irlanda e Italia mantienen límites de facturación anual cercanos a los 85.000 euros, mientras que Dinamarca lo sitúa en torno a 6.700 euros anuales. La exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas tiene como objetivo reducir los costes de cumplimiento para estas empresas.
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