El título sugiere una conexión directa entre la financiación a Forestalia y el 'caso Leire', pero el artículo no establece claramente esta relación. La investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas y posibles delitos medioambientales en el megaproyecto de Teruel añade complejidad al caso.
Leire Díez firmó un contrato para comercializar balizas de emergencia V16 en Correos en 2023. La venta de estas balizas será obligatoria en vehículos desde el 1 de enero de 2026. Correos comercializa estas balizas a 49,90 euros, casi el doble que en Aliexpress (26,50 euros). La empresa pública acelera la venta de un paquete de balizas que será ilegal a partir de 2026 por no cumplir con la regulación de 12 años de conectividad. El contrato se firmó cuando Díez era directora de Filatelia y Antonio Rueda era director de Operaciones. Juan Manuel Serrano era presidente de Correos desde 2018, cercano a Pedro Sánchez. El negocio de balizas en Correos supone 1.500 millones de euros. El Real Decreto exige que la fecha de caducidad figure en el envase y en el dispositivo. Correos declinó hacer declaraciones sobre el contrato y la diferencia de precios. Díez no fue localizada para comentar.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el jueves 5 de Enero al dueño, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, de la aerolínea Plus Ultra. La operación se produjo en el marco de una investigación por presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes registraron la sede de la aerolínea venezolana y accedieron a archivos internos, sistemas informáticos y realizaron volcados de datos de móviles y equipos. La investigación se centra en posibles movimientos económicos sospechosos vinculados a la gestión y uso de dinero público. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid instruye la causa bajo secreto de sumario. En enero de 2023, este mismo juzgado archivó una causa relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra durante la pandemia, pero la ha reabierto tras recibir nuevas aportaciones y documentación relevante. La jueza Esperanza Collazos había dictado el sobreseimiento inicial debido a la falta de pruebas concluyentes y porque la aprobación del rescate correspondió al Consejo de Ministros.
España cerró 2024 con 41.493 millones de euros en subvenciones, un 48% gestionado por el gobierno central, 42% por comunidades autónomas y 11% por entidades locales. Se celebraron 71.150 convocatorias para adjudicar estos recursos. El gasto equivale a 2.100 euros por hogar y al 82% de lo recaudado por el Impuesto de Sociedades en 2024. El Instituto Juan de Mariana advierte que este gasto no genera retornos económicos equivalentes y sostiene estructuras de gasto corriente. España tiene 19.834 entes públicos activos, lo que dificulta la evaluación del gasto y eleva el coste fijo del Estado. La ausencia de control detallado sobre sus costes unitarios impide medir correctamente la productividad del gasto público agregado. El informe relaciona esta dinámica con el estancamiento de la productividad y la dependencia del Estado. Más de 7 millones de personas reciben subsidios.
Next Generation Caliope Innova, empresa ligada a Santos Cerdán a través de Joseba Antxon Alonso Egurrola, comparte sede en Serrano 76 (Madrid) con sociedades vinculadas a Forestalia. La empresa de Alonso se instaló en septiembre de 2022 y abandonó el 26 de noviembre. Forestalia, presidida por Fernando Samper, tiene numerosas filiales en España, especialmente en Aragón, Madrid y Navarra. La coincidencia registral no implica dependencia societaria, pero delimita un mismo espacio de actividad mercantil. Next Generation Caliope Innova presenta ausencia de empleados y un activo corriente de 2,1 millones de euros. Mediaciones Martínez/Promociones Inmobiliarias Ku-ma, vinculada a Forestalia y la familia Sumelzo, transfirió al menos 147.000 euros a Servinabar, empresa compartida por Cerdán y Alonso Egurrola. La familia Sumelzo abonó 12.100 euros a Servinabar. Forestalia impulsa proyectos renovables en Aragón, Navarra y el País Vasco, incluyendo una línea de Muy Alta Tensión de 270 kilómetros entre Zaragoza y Gatika. Alonso Egurrola actuó como interlocutor ante el Gobierno de Navarra en reuniones sobre proyectos de Forestalia. La Guardia Civil investiga presuntas comisiones y adjudicaciones públicas relacionadas con estas empresas. El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, otorgó declaraciones de impacto ambiental favorables para varios tramos del proyecto de Forestalia.
El Tribunal Supremo ha anulado una multa de 275.966,25 euros impuesta por el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, a un contribuyente. La sanción original se dictó por presuntas facturas falsas emitidas en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, catalogadas como infracción tributaria muy grave. El contribuyente solicitó la práctica de pruebas durante el plazo de alegaciones, pero Hacienda rechazó su petición, argumentando que el obligado tributario no puede determinar las pruebas que debe realizar la Administración, sino solo aportar documentos, datos y pruebas. Esta decisión de Hacienda fue revertida por el Tribunal Supremo en una sentencia del 24 de noviembre, que estima el recurso del contribuyente contra una sentencia previa de diciembre de 2022 de la Audiencia Nacional. El Supremo dictaminó que Hacienda vulneró el derecho a la presunción de inocencia del afectado. La Corte destacó que, aunque el procedimiento sancionador tributario posee particularidades, como la ausencia de un periodo específico de prueba, esta singularidad no invalida el derecho a realizar alegaciones y a aportar medios de prueba para la defensa del posible infractor. Por tanto, el rechazo inmotivado de pruebas por parte de Hacienda invalida la sanción. La sentencia subraya la interconexión de dos derechos fundamentales: el uso de medios de prueba pertinentes para la defensa y la presunción de inocencia, este último garantizado por la Constitución. La resolución concluye que, al pasar directamente del requerimiento al procedimiento sancionador sin admitir las pruebas, Hacienda vulneró estos derechos fundamentales del contribuyente.
La Comisión Europea, a través de una carta de la vicepresidenta Teresa Ribera, ha rechazado el modelo intervencionista del Plan de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, específicamente la regulación de precios de alquiler. La misiva, a la que OKDIARIO ha tenido acceso y fechada el 9 de Diciembre de 2025, aclara al Partido Popular Europeo (PPE) que Bruselas "no tiene intención de regular los precios de la vivienda como parte del próximo Plan de Vivienda Asequible". Esta declaración contradice las afirmaciones previas de Ribera, quien había sugerido que la Comisión sí propondría un precio mínimo y máximo para alquiler y venta de viviendas. En el documento, Ribera matiza que la propuesta inicial de Moncloa se refería a "salvaguardias y condiciones de los programas nacionales de apoyo público", no a la regulación general de precios. Aunque enfatiza la necesidad de que los fondos públicos para vivienda asequible se destinen adecuadamente y que los precios se fijen de forma transparente, también rectifica la postura del Gobierno, indicando que los precios no deberían reducirse "más de lo necesario para alcanzar sus objetivos de asequibilidad". Este rechazo de Bruselas se alinea con la postura del Partido Popular Europeo, que argumenta que el control directo de precios es "ineficaz" y genera una "ilusión de alivio inmediato para unos pocos", mientras empeora el acceso a la vivienda para el público en general. El PPE sostiene que topar los precios es una "vía regulatoria que ya ha fracasado", desincentivando la inversión, reduciendo el stock disponible y alimentando mercados paralelos menos transparentes. Las declaraciones de Ribera sobre establecer precios mínimos y máximos habían sido consideradas "especialmente preocupantes" por el PPE, al carecer de respaldo empírico y apuntar a un modelo con "efectos adversos". El PPE confía en que la Comisión opte por soluciones eficaces en lugar de fórmulas que "conducen a una mayor escasez".
Bélgica ha iniciado una reforma histórica de sus prestaciones por desempleo y enfermedad para acabar con el paro indefinido y aumentar la participación en el mercado laboral. El Gobierno de Bart De Wever ha comenzado a enviar cartas para anunciar el fin de estas prestaciones. A principios de 2025, las personas que lleven más de 20 años desempleadas perderán su ayuda, y posteriormente también la perderán quienes acumulen más de dos años en paro, salvo excepciones. El objetivo es que la fuerza laboral crezca en decenas de miles de personas y se reduzca el paro de larga duración, especialmente entre la población de origen no belga. Bélgica tiene una tasa de paro general del 5,8%, pero arrastra problemas como un desempleo alto entre extranjeros no UE (una de las tasas más altas de la eurozona) y más de 100.000 desempleados de larga duración. El Gobierno también controlará más estrictamente las bajas por enfermedad, exigiendo a quienes llevan más de un año de baja que demuestren su incapacidad laboral de forma recurrente. El Ejecutivo busca reducir la dependencia de las ayudas, aumentar los ingresos fiscales y recortar un déficit público proyectado del 5,3% para 2025. Expertos advierten que el impacto real de estas medidas es difícil de cuantificar.
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