Crítica:
La sentencia es contundente, pero la redacción deja dudas sobre su alcance real. ¿Se ha frenado definitivamente la IGP Jamón Serrano o es solo un retraso?
La justicia tumba el intento del Gobierno de igualar al alza la calidad de todo el jamón serrano
Justicia frena IGP Jamón Serrano
Otros artículos
Cataluña reduce su aportación financiera
El nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y ERC reduce sustancialmente la aportación de Cataluña al sistema, pasando de 2.266 millones a 1.456 millones. Según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, esta rebaja se produce mientras Madrid aumenta su aporte de 7.975 millones a 8.013 millones. El experto advierte que la propuesta introduce elementos de arbitrariedad, como el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes, que benefician desproporcionadamente a Cataluña. Además, critica la limitación de la capacidad normativa de las CCAA en materia tributaria y el posible camino hacia la ruptura del principio de caja única. La propuesta también supone una inyección considerable de recursos al sistema a cargo del Estado, lo que podría agravar la falta de incentivos para la disciplina fiscal. A pesar de ello, Fedea considera que el nuevo esquema simplifica el modelo y reduce las disparidades entre territorios.
Balizas V16 y empresas chinas
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha homologado cien modelos de balizas V16 a Limburg Technology Limited, una empresa británica con fundadores chinos creada en 2022 con un capital inicial de 20.000 euros. La empresa matriz de Limburg es Yumma Tianlong, señalada por blanqueo de capitales y estafas en varios países. La DGT otorgó licencias a Limburg pese a que la empresa no tiene sede en España y su oficina en Brighton está vinculada a más de 9.000 empresas fantasma. La situación genera inquietud sobre el perfil de las empresas que dominan el mercado de las balizas V16, un negocio que ha surgido al hilo de la normativa que las hará obligatorias en 2026.
Doble lenguaje fiscal en España
En el corazón del debate fiscal español late un dato revelador: las rentas superiores a 60.000 euros, pese a representar apenas el 5,61% de los declarantes (1.346.400 de 23.987.211), aportan el 42,31% de la cuota líquida incrementada total del IRPF, que asciende a 118.153 millones de euros. Esta concentración no es nueva, pero su evolución sí es alarmante: en 2003, estos tramos representaban el 2,19% de las liquidaciones y contribuían con el 30,40% de la cuota agregada. Veinte años después, han aumentado su peso en 3,4 puntos porcentuales en cuanto a número de declarantes, pero su contribución a la cuota ha crecido casi 12 puntos. Esta tendencia plantea interrogantes sobre la progresividad del sistema y su impacto en la competitividad de España para atraer y retener talento en un mercado laboral global. Mientras el Gobierno defiende la ordinalidad para Cataluña en la financiación autonómica, asegurando que quien más aporta no quede peor posicionado tras la redistribución, el IRPF muestra una progresividad que concentra la carga en los tramos más altos, precisamente aquellos más expuestos a la competencia internacional. Esta dualidad entre ordinalidad territorial y progresividad individual genera un doble lenguaje fiscal que puede erosionar la base imponible y desincentivar la inversión y el talento. El debate debería centrarse en diseñar una estructura recaudatoria que maximice ingresos sostenibles sin comprometer la innovación ni el capital humano.
Inmobiliaria: estafa de 140.000€
En un caso que ha conmocionado a la provincia de Alicante, el dueño de una inmobiliaria se enfrenta a seis años de cárcel por presunta estafa tras vender una vivienda por 140.000 euros que, según la Fiscalía, no era habitable. El juicio se celebra este martes 13 de enero en la Audiencia Provincial de Alicante. La acusación pública sostiene que el acusado engañó a un matrimonio haciéndoles creer que la propiedad era habitable tanto en su planta principal como en el semisótano, donde pretendían instalar su hogar. Sin embargo, la normativa municipal impedía su habitabilidad, y pese a pagar 140.000 euros, los compradores nunca obtuvieron la cédula de habitabilidad. El contrato de venta se firmó el 21 de octubre de 2009, y desde entonces, el caso ha recorrido un largo camino hasta llegar a juicio. La Fiscalía argumenta que el acusado cometió un delito de estafa al ocultar información crucial sobre la vivienda.
Tabaco subirá a 7 euros
La Comisión Europea planea aumentar los impuestos especiales sobre los productos del tabaco, lo que podría llevar el precio de las cajetillas de tabaco a superar los 7 euros en 2028. Según expertos, el coste por paquete podría aumentar en alrededor de 1,40 euros. La propuesta, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2028, incluye un impuesto sobre el valor o un impuesto específico, o una combinación de ambos. El sector del tabaco ha expresado su preocupación, argumentando que la subida de impuestos podría tener consecuencias dramáticas en la economía, la sociedad y la salud pública, y que podría socavar los objetivos de salud de la UE. Los representantes del sector han enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a otros funcionarios, denunciando que la propuesta frenaría el crecimiento, la investigación y la innovación, y que podría alimentar el comercio ilícito y la delincuencia organizada. El sector del tabaco aporta 224.000 millones de euros al PIB de la UE y da empleo a más de 2 millones de personas.
Casa 47 necesita 260 millones
La nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, creada por el Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar el acceso a un alquiler barato, ya necesita un rescate de 260 millones de euros para el ejercicio 2026. A pesar de no haber empezado a funcionar, el Ejecutivo ha nombrado a 42 cargos públicos para su gestión y prevé nombrar más de 90 en total. La entidad justifica la necesidad de estos fondos adicionales para garantizar su viabilidad financiera y hacer frente al incremento de costes asociados a sus inversiones. Sin embargo, el plan anual de Casa 47 reconoce que su viabilidad depende de factores externos como la marcha de la economía española, la política fiscal y monetaria, y la implicación de múltiples agentes públicos y privados. El Gobierno ha publicado la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2025 y prevé incorporar al menos 50 nuevos efectivos en 2026.
Transparencia salarial en España 2026
La entrada en vigor de la Ley de Transparencia Salarial en junio de 2026 supondrá un cambio significativo en el mercado laboral español, obligando a las empresas a ser más transparentes en sus políticas salariales. Esta normativa europea, traspuesta a la legislación española, busca reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y promover la igualdad retributiva. Las compañías deberán publicar rangos salariales en ofertas de empleo, informar sobre brechas salariales y corregir diferencias injustificadas. Además, se prohíbe preguntar por antiguos salarios en entrevistas y los empleados tendrán derecho a solicitar información sobre salarios medios de puestos equivalentes. Aunque algunas grandes empresas ya han iniciado planes de adaptación, muchas pymes aún enfrentan este cambio con dudas y falta de cultura retributiva transparente. Según Hays, líder global en selección y soluciones de recursos humanos, la transparencia salarial en España es limitada, especialmente en sectores como el tecnológico donde la inflación salarial ha sido rápida y desordenada. Christopher Dottie, director general regional para el Sur y Oeste de Europa de Hays, destaca que esta ley es un paso necesario hacia un mercado laboral más justo y maduro, y que la transparencia salarial bien gestionada será un potente imán de talento en el mercado laboral. Las empresas que adopten la normativa de manera auténtica y coherente saldrán reforzadas en un mercado en el que las nuevas generaciones valoran especialmente la equidad y la justicia social.
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