Crítica:
El informe es contundente, pero ¿refleja la realidad sobre el terreno? La narrativa gubernamental de protección de lo público choca frontalmente con la percepción de los expertos.
Pensiones y sanidad pública, por primera vez en riesgo en España, según Davos
Davos alerta sobre pensiones España
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Autónomos: 6/10 solicitudes rechazadas
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha denunciado que la prestación por cese de actividad para autónomos es un 'gran fiasco' debido a que seis de cada diez solicitudes son denegadas. Según los datos de la Seguridad Social de octubre de 2025, solo el 45,7% de las solicitudes fueron aprobadas, mientras que el 58,8% fueron rechazadas. Abad ha criticado la complejidad administrativa y los requisitos estrictos del sistema, argumentando que expulsa del sistema de protección a miles de autónomos que cesan su actividad de manera involuntaria. Ha instado al Ministerio de Seguridad Social a reformar esta prestación esencial y a retomar el Observatorio del Cese de Actividad junto a asociaciones representativas y agentes sociales. Asimismo, ha exigido a la ministra Elma Saiz que 'deje de mirar para otro lado' y retome las negociaciones para mejorar la protección social del colectivo y adaptar el sistema de cotización por ingresos reales. La situación es especialmente grave en sectores tradicionales y con mayores dificultades de continuidad.
Justicia frena IGP Jamón Serrano
La justicia ha dado un golpe significativo al intento del Gobierno y la asociación Anice de crear una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para todo el jamón serrano a nivel nacional. La sentencia, conocida el 14 de enero de 2026, indica que la solicitud de registro de la IGP Jamón Serrano presentada por CONFECARNE (ahora ANICE) el 30 de abril de 2015 ante el Ministerio de Agricultura carecía del informe preceptivo sobre las marcas previas registradas, lo que ha generado indefensión hacia la IGP de Trevélez y de Serón. La IGP es una categoría de calidad muy elevada que actualmente solo ostentan en España la IGP de Trevélez y la IGP de Serón, debido a sus estrictos estándares de calidad. La sentencia anula la resolución favorable al registro de la IGP Jamón Serrano y ordena retroceder las actuaciones para subsanar el defecto formal. Expertos del sector han criticado la iniciativa por considerar que metería en el mismo saco productos de diferentes calidades, sin diferenciarlos adecuadamente.
Cataluña reduce su aportación financiera
El nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y ERC reduce sustancialmente la aportación de Cataluña al sistema, pasando de 2.266 millones a 1.456 millones. Según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, esta rebaja se produce mientras Madrid aumenta su aporte de 7.975 millones a 8.013 millones. El experto advierte que la propuesta introduce elementos de arbitrariedad, como el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes, que benefician desproporcionadamente a Cataluña. Además, critica la limitación de la capacidad normativa de las CCAA en materia tributaria y el posible camino hacia la ruptura del principio de caja única. La propuesta también supone una inyección considerable de recursos al sistema a cargo del Estado, lo que podría agravar la falta de incentivos para la disciplina fiscal. A pesar de ello, Fedea considera que el nuevo esquema simplifica el modelo y reduce las disparidades entre territorios.
Balizas V16 y empresas chinas
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha homologado cien modelos de balizas V16 a Limburg Technology Limited, una empresa británica con fundadores chinos creada en 2022 con un capital inicial de 20.000 euros. La empresa matriz de Limburg es Yumma Tianlong, señalada por blanqueo de capitales y estafas en varios países. La DGT otorgó licencias a Limburg pese a que la empresa no tiene sede en España y su oficina en Brighton está vinculada a más de 9.000 empresas fantasma. La situación genera inquietud sobre el perfil de las empresas que dominan el mercado de las balizas V16, un negocio que ha surgido al hilo de la normativa que las hará obligatorias en 2026.
Doble lenguaje fiscal en España
En el corazón del debate fiscal español late un dato revelador: las rentas superiores a 60.000 euros, pese a representar apenas el 5,61% de los declarantes (1.346.400 de 23.987.211), aportan el 42,31% de la cuota líquida incrementada total del IRPF, que asciende a 118.153 millones de euros. Esta concentración no es nueva, pero su evolución sí es alarmante: en 2003, estos tramos representaban el 2,19% de las liquidaciones y contribuían con el 30,40% de la cuota agregada. Veinte años después, han aumentado su peso en 3,4 puntos porcentuales en cuanto a número de declarantes, pero su contribución a la cuota ha crecido casi 12 puntos. Esta tendencia plantea interrogantes sobre la progresividad del sistema y su impacto en la competitividad de España para atraer y retener talento en un mercado laboral global. Mientras el Gobierno defiende la ordinalidad para Cataluña en la financiación autonómica, asegurando que quien más aporta no quede peor posicionado tras la redistribución, el IRPF muestra una progresividad que concentra la carga en los tramos más altos, precisamente aquellos más expuestos a la competencia internacional. Esta dualidad entre ordinalidad territorial y progresividad individual genera un doble lenguaje fiscal que puede erosionar la base imponible y desincentivar la inversión y el talento. El debate debería centrarse en diseñar una estructura recaudatoria que maximice ingresos sostenibles sin comprometer la innovación ni el capital humano.
Inmobiliaria: estafa de 140.000€
En un caso que ha conmocionado a la provincia de Alicante, el dueño de una inmobiliaria se enfrenta a seis años de cárcel por presunta estafa tras vender una vivienda por 140.000 euros que, según la Fiscalía, no era habitable. El juicio se celebra este martes 13 de enero en la Audiencia Provincial de Alicante. La acusación pública sostiene que el acusado engañó a un matrimonio haciéndoles creer que la propiedad era habitable tanto en su planta principal como en el semisótano, donde pretendían instalar su hogar. Sin embargo, la normativa municipal impedía su habitabilidad, y pese a pagar 140.000 euros, los compradores nunca obtuvieron la cédula de habitabilidad. El contrato de venta se firmó el 21 de octubre de 2009, y desde entonces, el caso ha recorrido un largo camino hasta llegar a juicio. La Fiscalía argumenta que el acusado cometió un delito de estafa al ocultar información crucial sobre la vivienda.
Tabaco subirá a 7 euros
La Comisión Europea planea aumentar los impuestos especiales sobre los productos del tabaco, lo que podría llevar el precio de las cajetillas de tabaco a superar los 7 euros en 2028. Según expertos, el coste por paquete podría aumentar en alrededor de 1,40 euros. La propuesta, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2028, incluye un impuesto sobre el valor o un impuesto específico, o una combinación de ambos. El sector del tabaco ha expresado su preocupación, argumentando que la subida de impuestos podría tener consecuencias dramáticas en la economía, la sociedad y la salud pública, y que podría socavar los objetivos de salud de la UE. Los representantes del sector han enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a otros funcionarios, denunciando que la propuesta frenaría el crecimiento, la investigación y la innovación, y que podría alimentar el comercio ilícito y la delincuencia organizada. El sector del tabaco aporta 224.000 millones de euros al PIB de la UE y da empleo a más de 2 millones de personas.
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