Crítica:
El informe del Tribunal de Cuentas Europeo es demoledor: España ha estado importando aceite de oliva sin control alguno. La falta de acción es alarmante.
La UE acusa a España de no controlar los contaminantes en el aceite de oliva importado de terceros países
UE reprende a España
Otros artículos
Reino Unido liquida Limburg Technology
La Companies House británica ha marcado a Limburg Technology, empresa de capital chino que domina el mercado de balizas V16 en España, para su liquidación. Con cerca de 100 licencias de las 300 disponibles, Limburg ha vendido millones de balizas bajo marcas como Sos Auto Conect o Blue Castle. La liquidación podría dejar sin responsable legal a millones de dispositivos. Fabricantes españoles, que apenas representan el 30% del negocio pese a ser ellos quienes impulsaron la obligatoriedad de las balizas, habían alertado a la DGT sobre la situación. La empresa, con sede en Brighton compartida con otras 9.153 sociedades creadas por la consultora Yunma Tianlong -vinculada a exportaciones ilegales y blanqueo-, carece de estructura societaria. Si prospera la liquidación, los bienes de Limburg, incluyendo las licencias, pasarían a la Corona británica o serían gestionados por la DGT. La desaparición de la empresa complicaría las auditorías anuales obligatorias para los fabricantes de balizas V16.
UE reprende fraude aceite
El Tribunal de Cuentas Europeo ha destapado un fraude en el sector del aceite de oliva, poniendo en evidencia deficiencias en los sistemas de control de la UE. España, uno de los mayores productores mundiales junto a Italia, ha sido reprendido por no realizar suficientes controles desde 2020. El informe destaca que los controles al aceite importado de fuera de la UE son prácticamente inexistentes, lo que podría comprometer la calidad y seguridad del producto. Los auditores encontraron casos de fraude punible en una muestra de 24 aceites de oliva vírgenes o vírgenes extra, donde no fue posible confirmar el origen en la etiqueta en cuatro casos. La UE es el principal productor, exportador y consumidor mundial de aceite de oliva, con el 61%, 65% y 45% del mercado mundial respectivamente. Las autoridades españolas han sido criticadas por tardar en aplicar sanciones, con un promedio de cinco meses, comparado con el 1,2 meses de Italia. El Tribunal subraya la necesidad de mejorar los controles, la trazabilidad y la claridad jurídica para proteger a los consumidores y la reputación del aceite de oliva europeo.
Multa por fraude laboral
La Justicia ha impuesto una multa de 7.501 euros a una empresa de la provincia de León por simular el despido de una trabajadora de 62 años con el fin de que pudiera cobrar la prestación por desempleo hasta alcanzar la edad de jubilación. El Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada consideró probado que la separación laboral fue un fraude pactado entre las partes. La investigación, iniciada por la Inspección de Trabajo, reveló irregularidades en el proceso de despido, como la falta de lógica en un despido disciplinario tras una baja médica y la pasividad de la trabajadora, que no recurrió la decisión. La sentencia ratificó la sanción económica y obligó a la trabajadora a devolver las prestaciones indebidamente percibidas. Este caso evidencia la lucha contra el fraude en el sistema de protección por desempleo.
Subvenciones transforman ganadería española
La evolución de las subvenciones ganaderas en España ha provocado un cambio significativo en el paisaje rural, pasando de predominar vacas lecheras blancas y negras a un mayor número de vacas rojas destinadas a carne. En las últimas dos décadas, Asturias ha perdido 62.878 vacas lecheras, y a nivel nacional, la cifra alcanza las 419.743. Este cambio se debe a la reducción de ayudas a la producción de leche y al aumento de la rentabilidad del ganado destinado a carne. Los expertos atribuyen este descenso a factores económicos, normativos y sociales, como la escasa rentabilidad, el aumento de la industrialización y los cambios en el consumo.
Paro larga duración bate récord
En España, el 45,9% de los parados registrados ya se consideran de larga duración, es decir, llevan más de 12 meses sin trabajar. Esta cifra alcanza el 49,8% en el caso de las mujeres, lo que supone ocho puntos más que los hombres. Según la Unión Sindical Obrera (USO), la situación es especialmente preocupante para las mujeres mayores de 50 años, que representan el 28,55% del total de parados. El sindicato denuncia que el paro registrado no refleja la realidad, ya que no contabiliza a los fijos discontinuos inactivos, los que están en ERTE o los que tienen una disposición limitada para trabajar. En diciembre de 2023, el total de personas registradas en el SEPE que no estaban trabajando ascendió a 3.854.911, lo que supone 1.446.241 personas más que el dato oficial de paro registrado. La USO critica que el Ministerio de Trabajo no proporciona datos transparentes sobre los fijos discontinuos inactivos y propone modificar la orden ministerial de 1985 para que se considere parados a todos aquellos que demandan empleo y no tienen una ocupación.
Gobierno recorta fondos ICO drásticamente
El Gobierno ha asestado un duro golpe a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al reducir en 29.250 millones los recursos destinados a estos instrumentos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation. Esta decisión se produce apenas horas después del anuncio de Pedro Sánchez sobre el lanzamiento de un 'fondo soberano' dotado con 10.500 millones de los Next Generation, precisamente a cargo del ICO, con el objetivo de mantener el impacto de los fondos europeos más allá de 2026. Las líneas ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores son las más afectadas, pasando de recibir 30.150 millones a solo 900 millones. ICO Verde queda prácticamente extinguida, pasando de 22.000 millones a apenas 300, mientras que ICO Empresas y Emprendedores cae de 8.150 millones a 600. El nuevo fondo soberano, que se detallará el próximo lunes, funcionará mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave como vivienda, energía, digitalización e Inteligencia Artificial. Aunque inicialmente solo incluirá préstamos, se especula que podría utilizarse para entrar en empresas cotizadas a través de 'instrumentos de capital', lo que supone un cambio significativo en cómo se gestionarán estos recursos.
Sánchez presenta falso fondo soberano
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el fondo 'España Crece' como un instrumento financiero de vanguardia para asegurar el futuro económico de España. Sin embargo, detrás de la retórica de la 'soberanía nacional', el fondo no cumple con las características de un fondo soberano tradicional. A diferencia de los fondos de Noruega, Kuwait o Arabia Saudí, que se nutren de excedentes generados por materias primas, o de China y Singapur, que lo hacen a partir de superávits comerciales y reservas de divisas masivas, el fondo 'España Crece' nace de la deuda europea. Con una dotación inicial de 10.500 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, su objetivo es reciclar fondos europeos y evitar que se pierdan tras el límite de 2026. En lugar de una hucha de ahorro para las generaciones futuras, estamos ante un mecanismo de ingeniería financiera gestionado por el ICO, cuyo objetivo es la concesión de préstamos y avales en sectores considerados 'estratégicos'. El anuncio llega en un contexto de debilidad parlamentaria, sin Presupuestos Generales aprobados desde 2022 y con el asedio de casos de corrupción, lo que sugiere que el Gobierno necesita relatos de fortaleza económica. En esencia, 'España Crece' se asemeja más a un instrumento de intervención estatal dirigida que a un fondo soberano al uso, condicionando la llegada de capital privado a la agenda política de la Moncloa.
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