El informe del Tribunal de Cuentas Europeo es demoledor, pero sorprende que no se mencione la cuantía económica del fraude ni las acciones concretas que tomará la Comisión Europea para atajar el problema. La crítica a España por su falta de controles es severa, pero falta contexto sobre si esto es un problema crónico o un fallo puntual.
Más de 20.000 millones de euros en fondos europeos de cohesión han quedado expuestos a un sistema de control fallido durante años, según informes recientes del Tribunal de Cuentas Europeo. La Comisión Europea no dispone de herramientas de supervisión suficientes para rastrear el dinero una vez sale de la caja comunitaria. Los instrumentos financieros y las correcciones financieras son los dos mecanismos afectados. El volumen total del programa de cohesión 2014-2020 fue de 404.800 millones de euros. España, como uno de los grandes perceptores de cohesión, opera dentro del mismo marco normativo cuestionado. El informe advierte de que sin refuerzos en la supervisión y trazabilidad, la UE puede mantener un volumen histórico de inversión sin garantizar un control adecuado.
La Companies House británica ha marcado a Limburg Technology, empresa de capital chino que domina el mercado de balizas V16 en España, para su liquidación. Con cerca de 100 licencias de las 300 disponibles, Limburg ha vendido millones de balizas bajo marcas como Sos Auto Conect o Blue Castle. La liquidación podría dejar sin responsable legal a millones de dispositivos. Fabricantes españoles, que apenas representan el 30% del negocio pese a ser ellos quienes impulsaron la obligatoriedad de las balizas, habían alertado a la DGT sobre la situación. La empresa, con sede en Brighton compartida con otras 9.153 sociedades creadas por la consultora Yunma Tianlong -vinculada a exportaciones ilegales y blanqueo-, carece de estructura societaria. Si prospera la liquidación, los bienes de Limburg, incluyendo las licencias, pasarían a la Corona británica o serían gestionados por la DGT. La desaparición de la empresa complicaría las auditorías anuales obligatorias para los fabricantes de balizas V16.
La Unión Europea ha lanzado una dura crítica a España por su falta de control sobre los contaminantes en el aceite de oliva importado de terceros países. Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, entre 2018 y 2023, España no realizó evaluaciones de riesgo ni implementó un plan de control para las importaciones de aceite de oliva. En ese período, España importó 458.216,67 toneladas de Túnez, 59.933,11 toneladas de Turquía y 40.873,95 toneladas de Argentina, entre otros. El informe destaca que los controles en relación con plaguicidas y otros contaminantes fueron 'inexistentes'. Solo en 2023 se comenzaron a aplicar algunas inspecciones, pero de manera muy limitada: se analizaron solo tres muestras para detectar residuos de plaguicidas y 50 para otros contaminantes entre 2018 y 2023. La UE subraya que esta falta de control no solo pone en riesgo a los consumidores, sino también la reputación del aceite de oliva europeo. El Tribunal de Cuentas Europeo enfatiza que, aunque la UE cuenta con un marco jurídico sólido para garantizar la calidad del aceite de oliva, los Estados miembros no están aplicando estas normas de manera efectiva.
La Justicia ha impuesto una multa de 7.501 euros a una empresa de la provincia de León por simular el despido de una trabajadora de 62 años con el fin de que pudiera cobrar la prestación por desempleo hasta alcanzar la edad de jubilación. El Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada consideró probado que la separación laboral fue un fraude pactado entre las partes. La investigación, iniciada por la Inspección de Trabajo, reveló irregularidades en el proceso de despido, como la falta de lógica en un despido disciplinario tras una baja médica y la pasividad de la trabajadora, que no recurrió la decisión. La sentencia ratificó la sanción económica y obligó a la trabajadora a devolver las prestaciones indebidamente percibidas. Este caso evidencia la lucha contra el fraude en el sistema de protección por desempleo.
La evolución de las subvenciones ganaderas en España ha provocado un cambio significativo en el paisaje rural, pasando de predominar vacas lecheras blancas y negras a un mayor número de vacas rojas destinadas a carne. En las últimas dos décadas, Asturias ha perdido 62.878 vacas lecheras, y a nivel nacional, la cifra alcanza las 419.743. Este cambio se debe a la reducción de ayudas a la producción de leche y al aumento de la rentabilidad del ganado destinado a carne. Los expertos atribuyen este descenso a factores económicos, normativos y sociales, como la escasa rentabilidad, el aumento de la industrialización y los cambios en el consumo.
En España, el 45,9% de los parados registrados ya se consideran de larga duración, es decir, llevan más de 12 meses sin trabajar. Esta cifra alcanza el 49,8% en el caso de las mujeres, lo que supone ocho puntos más que los hombres. Según la Unión Sindical Obrera (USO), la situación es especialmente preocupante para las mujeres mayores de 50 años, que representan el 28,55% del total de parados. El sindicato denuncia que el paro registrado no refleja la realidad, ya que no contabiliza a los fijos discontinuos inactivos, los que están en ERTE o los que tienen una disposición limitada para trabajar. En diciembre de 2023, el total de personas registradas en el SEPE que no estaban trabajando ascendió a 3.854.911, lo que supone 1.446.241 personas más que el dato oficial de paro registrado. La USO critica que el Ministerio de Trabajo no proporciona datos transparentes sobre los fijos discontinuos inactivos y propone modificar la orden ministerial de 1985 para que se considere parados a todos aquellos que demandan empleo y no tienen una ocupación.
El Gobierno ha asestado un duro golpe a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al reducir en 29.250 millones los recursos destinados a estos instrumentos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation. Esta decisión se produce apenas horas después del anuncio de Pedro Sánchez sobre el lanzamiento de un 'fondo soberano' dotado con 10.500 millones de los Next Generation, precisamente a cargo del ICO, con el objetivo de mantener el impacto de los fondos europeos más allá de 2026. Las líneas ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores son las más afectadas, pasando de recibir 30.150 millones a solo 900 millones. ICO Verde queda prácticamente extinguida, pasando de 22.000 millones a apenas 300, mientras que ICO Empresas y Emprendedores cae de 8.150 millones a 600. El nuevo fondo soberano, que se detallará el próximo lunes, funcionará mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave como vivienda, energía, digitalización e Inteligencia Artificial. Aunque inicialmente solo incluirá préstamos, se especula que podría utilizarse para entrar en empresas cotizadas a través de 'instrumentos de capital', lo que supone un cambio significativo en cómo se gestionarán estos recursos.
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