El artículo presenta una visión crítica de la política fiscal del Gobierno y su impacto en los precios de la gasolina y el sistema de pensiones. Aunque proporciona datos interesantes, podría profundizar más en las causas y consecuencias de estas políticas.
La liberalización del sector ferroviario en España ha generado un intenso debate tras el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), con más de 40 fallecidos. Sectores afines al Gobierno y partidos como Podemos han apuntado a un presunto exceso de trenes en las vías como posible causa del accidente. Sin embargo, los datos desmienten esta tesis. Según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado hace tres meses, la red ferroviaria española de alta velocidad está infrautilizada en comparación con Francia e Italia. El promedio de trenes de alta velocidad que circulan por kilómetro de red en España es de 58, mientras que en Francia es de 96 y en Italia alcanza las 248 circulaciones diarias. Esto muestra que hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura sin que ello suponga un riesgo para la seguridad. El informe de la CNMC también destaca que el uso de la red de alta velocidad en España es menor que en otros países europeos, lo que contradice la idea de que hay demasiados AVE circulando. Además, un estudio de la consultora KPMG de 2022 señalaba que la red de alta velocidad continúa infrautilizada debido al alto precio de los billetes y la escasez de frecuencias. La entrada de operadores privados como Ouigo e Iryo ha aumentado la competencia, pero el gasto público en mantenimiento de la infraestructura sigue siendo elevado. En 2023, ADIF gastó 974 millones de euros en explotación, conservación y mantenimiento de la red ferroviaria, de los cuales 373 millones fueron para la red de alta velocidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido la eficiencia de ADIF en la gestión de la red, destacando que España tiene el coste por kilómetro más bajo del mundo. Sin embargo, la tragedia de Adamuz ha puesto de relieve la importancia de garantizar el buen estado de las vías y la necesidad de analizar el gasto público en mantenimiento de manera más efectiva.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido reducir las ayudas al coche eléctrico en un 70% con la entrada en vigor del Plan Auto+, pasando de 7.000 euros en 2025 a 2.000 euros por vehículo. Esta medida se debe a la reducción del presupuesto a la mitad, hasta los 400 millones de euros, y al aumento de la demanda de este tipo de motorizaciones. El objetivo es hacer que los fondos duren hasta septiembre, aunque se barajan otros escenarios como 4.000 euros hasta mayo o 1.000 euros durante todo el año. Mientras tanto, Alemania ha lanzado un programa de subvenciones de 3.000 millones de euros hasta 2029 para vehículos eléctricos o híbridos enchufables, con subvenciones que van desde 1.500 a 6.000 euros según el tipo de vehículo y las condiciones del comprador.
En España, pese al récord histórico de gasto público superando los 700.000 millones de euros, los servicios públicos como sanidad, educación y transportes se han deteriorado. La principal causa es el aumento exponencial del gasto en pensiones, que ha consumido casi la mitad del incremento del gasto público en los últimos 30 años. En 2026, el coste de las pensiones equivaldrá al PIB de Hungría, unos 230.000 millones de euros. Expertos como Daniel Fernández y Miguel Ángel García Díaz explican que este 'agujero' en las finanzas públicas explica la percepción ciudadana de deterioro pese al aumento del gasto. El gasto en pensiones por habitante se ha multiplicado por cuatro desde 1995, mientras sanidad y educación apenas han crecido un 100% y 50% respectivamente en términos reales. La inversión pública ha caído desde su máximo pre-crisis y el gasto en familia e hijos sigue siendo residual. La brecha entre la revalorización de las pensiones (72% desde 1995) y el estancamiento de los salarios (apenas 4%) agudiza la presión sobre las finanzas públicas. El Estado del bienestar se ha orientado progresivamente hacia la jubilación, limitando el margen para otras políticas sociales urgentes como la vivienda o la natalidad.
El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ha rechazado la implementación del IVA franquiciado para autónomos con bajos ingresos, una medida que podría ahorrarles 660 euros anuales. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denuncia que España es el único país de la UE que no ha adoptado esta medida, pese a estar contemplada en la Directiva europea. Según ATA, 770.000 autónomos se beneficiarían de esta exención, lo que supondría un ahorro conjunto de 508,2 millones de euros. Sin embargo, Hacienda argumenta que ya cuenta con regímenes especiales que impiden adaptar la norma nacional a la Directiva europea. ATA ha elevado una queja formal ante la Comisión Europea, exigiendo la implantación de un régimen real de simplificación y exención de IVA para pequeños negocios. La negativa del Gobierno español supone un desajuste de más de 140 millones de euros en la recaudación y resta competitividad a los autónomos españoles en comparación con otros países de la UE, como Francia, Irlanda o Italia, que ya han implementado esta medida.
La plaga de viviendas okupadas anunciadas en portales inmobiliarios sigue en aumento. Según Idealista, en el cuarto trimestre de 2025 se registraron 24.058 viviendas okupadas a la venta en España, un 17,6% más que en el mismo período del año anterior y un 4,6% más que en el trimestre precedente. Este incremento refleja una tendencia preocupante que va más allá de un repunte puntual, evidenciando el impacto de la inseguridad jurídica sobre los propietarios. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, subraya que 'el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario'. El fenómeno varía geográficamente: ciudades como Tarragona (8,5%), Girona (8,1%) y Huesca (7,8%) tienen las mayores proporciones de viviendas okupadas en venta sobre el total de la oferta. En números absolutos, Madrid (857 inmuebles) y Barcelona (787) lideran el ranking de viviendas okupadas anunciadas. Cataluña concentra el 40% de todas las viviendas okupadas a la venta en España, seguida de Andalucía (20%) y la Comunidad Valenciana (11%).
En un giro inesperado, Marruecos ha alcanzado un récord en la exportación de fresas congeladas a Estados Unidos en 2025, con 7.900 toneladas valoradas en 19 millones de dólares entre enero y octubre. Este logro supone un incremento del 22% respecto al año anterior y un 15% más que el anterior récord establecido en 2019. Estados Unidos, conocido como el mayor importador mundial de fresas congeladas, absorbió el 17,3% de las exportaciones marroquíes durante este periodo, consolidando su posición como el principal mercado para Rabat. Los envíos alcanzaron su punto álgido entre mayo y agosto, con un máximo de 2.500 toneladas exportadas en junio de 2025. La disminución en las exportaciones mexicanas debido a problemas climáticos y la imposición de derechos antidumping en marzo de 2025 obligó a los compradores estadounidenses a diversificar sus fuentes, lo que benefició directamente a Marruecos, permitiéndole lograr estas ventas récord en el mercado estadounidense.
La industria automovilística europea está en alerta máxima ante una supuesta estrategia china para frenar el desarrollo del vehículo eléctrico en el continente. Según fuentes del sector y de Bruselas, China estaría utilizando fondos comunitarios para debilitar la capacidad industrial europea. La estrategia se articula en torno a dos frentes: alianzas con fabricantes europeos para construir fábricas en suelo comunitario con personal asiático y proyectos desarrollados en solitario por empresas chinas que acumulan retrasos y riesgos de no materializarse. Proyectos como SVOLT en Alemania, Envision en España, CATL en Hungría y las alianzas de Volkswagen con Gotion o de Stellantis con CATL en Zaragoza están en el punto de mira. Bruselas ha impuesto aranceles a los coches eléctricos chinos y vigila con atención las inversiones chinas en fábricas europeas. La Comisión Europea prepara la Ley de Aceleración Industrial, que incluirá condiciones más duras para la inversión extranjera.
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