Crítica:
El artículo ofrece una visión detallada del problema de las viviendas okupadas en España, pero podría profundizar más en las causas estructurales de este fenómeno. La falta de medidas concretas para abordar el problema es notoria.
El artículo ofrece una visión detallada del problema de las viviendas okupadas en España, pero podría profundizar más en las causas estructurales de este fenómeno. La falta de medidas concretas para abordar el problema es notoria.
En España, pese al récord histórico de gasto público superando los 700.000 millones de euros, los servicios públicos como sanidad, educación y transportes se han deteriorado. La principal causa es el aumento exponencial del gasto en pensiones, que ha consumido casi la mitad del incremento del gasto público en los últimos 30 años. En 2026, el coste de las pensiones equivaldrá al PIB de Hungría, unos 230.000 millones de euros. Expertos como Daniel Fernández y Miguel Ángel García Díaz explican que este 'agujero' en las finanzas públicas explica la percepción ciudadana de deterioro pese al aumento del gasto. El gasto en pensiones por habitante se ha multiplicado por cuatro desde 1995, mientras sanidad y educación apenas han crecido un 100% y 50% respectivamente en términos reales. La inversión pública ha caído desde su máximo pre-crisis y el gasto en familia e hijos sigue siendo residual. La brecha entre la revalorización de las pensiones (72% desde 1995) y el estancamiento de los salarios (apenas 4%) agudiza la presión sobre las finanzas públicas. El Estado del bienestar se ha orientado progresivamente hacia la jubilación, limitando el margen para otras políticas sociales urgentes como la vivienda o la natalidad.
El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ha rechazado la implementación del IVA franquiciado para autónomos con bajos ingresos, una medida que podría ahorrarles 660 euros anuales. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denuncia que España es el único país de la UE que no ha adoptado esta medida, pese a estar contemplada en la Directiva europea. Según ATA, 770.000 autónomos se beneficiarían de esta exención, lo que supondría un ahorro conjunto de 508,2 millones de euros. Sin embargo, Hacienda argumenta que ya cuenta con regímenes especiales que impiden adaptar la norma nacional a la Directiva europea. ATA ha elevado una queja formal ante la Comisión Europea, exigiendo la implantación de un régimen real de simplificación y exención de IVA para pequeños negocios. La negativa del Gobierno español supone un desajuste de más de 140 millones de euros en la recaudación y resta competitividad a los autónomos españoles en comparación con otros países de la UE, como Francia, Irlanda o Italia, que ya han implementado esta medida.
En un giro inesperado, Marruecos ha alcanzado un récord en la exportación de fresas congeladas a Estados Unidos en 2025, con 7.900 toneladas valoradas en 19 millones de dólares entre enero y octubre. Este logro supone un incremento del 22% respecto al año anterior y un 15% más que el anterior récord establecido en 2019. Estados Unidos, conocido como el mayor importador mundial de fresas congeladas, absorbió el 17,3% de las exportaciones marroquíes durante este periodo, consolidando su posición como el principal mercado para Rabat. Los envíos alcanzaron su punto álgido entre mayo y agosto, con un máximo de 2.500 toneladas exportadas en junio de 2025. La disminución en las exportaciones mexicanas debido a problemas climáticos y la imposición de derechos antidumping en marzo de 2025 obligó a los compradores estadounidenses a diversificar sus fuentes, lo que benefició directamente a Marruecos, permitiéndole lograr estas ventas récord en el mercado estadounidense.
La industria automovilística europea está en alerta máxima ante una supuesta estrategia china para frenar el desarrollo del vehículo eléctrico en el continente. Según fuentes del sector y de Bruselas, China estaría utilizando fondos comunitarios para debilitar la capacidad industrial europea. La estrategia se articula en torno a dos frentes: alianzas con fabricantes europeos para construir fábricas en suelo comunitario con personal asiático y proyectos desarrollados en solitario por empresas chinas que acumulan retrasos y riesgos de no materializarse. Proyectos como SVOLT en Alemania, Envision en España, CATL en Hungría y las alianzas de Volkswagen con Gotion o de Stellantis con CATL en Zaragoza están en el punto de mira. Bruselas ha impuesto aranceles a los coches eléctricos chinos y vigila con atención las inversiones chinas en fábricas europeas. La Comisión Europea prepara la Ley de Aceleración Industrial, que incluirá condiciones más duras para la inversión extranjera.
La Unión Europea ha dado un vuelco inesperado a los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al desmontar su anunciado 'fondo soberano'. En su lugar, la UE ha aprobado una inyección de capital de 10.500 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), condicionada a una evaluación futura dentro del marco de la séptima petición de pago de los fondos Next Generation. La Comisión Europea evaluará los 'hitos asociados a esta inyección de capital', incluyendo la creación del fondo soberano, en el marco de dicha séptima petición de pago prevista para 2026. La solicitud inicial de España, presentada el 29 de noviembre de 2025, proponía apoyar una inyección de capital en el ICO para impulsar el crecimiento económico, pero omitía cualquier mención al fondo soberano. El dinero aprobado proviene de la dotación de subvenciones (837.579.571 euros) y de préstamos (9.662.420.429 euros), totalizando exactamente la cantidad que Sánchez destinaba a su fondo soberano, que en realidad se traduce en más deuda en lugar de beneficios o superávits, esencia de los fondos soberanos. La decisión de la UE limita el uso de estos fondos y pone en riesgo la aprobación del séptimo pago si no se cumplen los objetivos.
El absentismo laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para la economía española. Según datos compartidos por la periodista Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE', 1.166.000 personas no van a trabajar cada mañana solo por bajas temporales, cifra que asciende a 1,6 millones si se suman ausencias por maternidad, paternidad, conflictos laborales o permisos remunerados. El coste total del absentismo para la economía española asciende a 129.000 millones de euros, lo que equivale al 8% del PIB y a casi el 70% del gasto total en pensiones. Las ausencias al trabajo se han disparado más de un 50% desde la pandemia, pasando de 80 horas al año en 2019 a 114 horas en 2025. Un reciente informe de Randstad Research confirma la gravedad del escenario, con un absentismo laboral que crece interanualmente tres décimas, hasta el 6,6% en el tercer trimestre de 2025, afectando a 1,48 millones de empleados cada día. El sector industrial presenta la tasa de absentismo general más alta (7,2%), seguido del sector servicios con un 6,6%. Las pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial español, se ven abocadas a reducir su estructura como mecanismo de supervivencia, regresando a 'la fórmula de los años 70', donde empresas familiares trabajan toda la familia y renuncian al crecimiento.
La inversión de 3.240 millones de euros en el sistema de seguridad ERTMS para 1.786 kilómetros de red de alta velocidad en España resulta inútil debido a la falta de obligatoriedad en su activación por parte de los operadores ferroviarios. Expertos denuncian que la permisividad en la exigencia de activación del sistema ha convertido una inversión millonaria en un gasto baldío. El ERTMS, estándar europeo de señalización y control de trenes, evita colisiones mediante frenado automático, pero sin su activación obligatoria, la infraestructura carece de sentido. La línea Madrid-Sevilla cuenta con sistemas ERTMS nivel 1 y 2 instalados, pero fuentes técnicas señalan que solo funciona de manera íntegra en un 10% de los kilómetros en los que está instalado. El accidente de Adamuz y la tragedia de Angrois en 2013 pusieron de manifiesto las carencias del sistema y la necesidad de revisar protocolos de seguridad. Sin embargo, cambios en la cúpula directiva de Adif suprimieron la Dirección General de Seguridad, debilitando la estructura de seguridad ferroviaria en España.
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