La noticia pone de manifiesto la falta de coordinación y supervisión en la implementación de sistemas de seguridad ferroviarios en España. La permisividad en la activación del ERTMS es un grave error que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.
El absentismo laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para la economía española. Según datos compartidos por la periodista Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE', 1.166.000 personas no van a trabajar cada mañana solo por bajas temporales, cifra que asciende a 1,6 millones si se suman ausencias por maternidad, paternidad, conflictos laborales o permisos remunerados. El coste total del absentismo para la economía española asciende a 129.000 millones de euros, lo que equivale al 8% del PIB y a casi el 70% del gasto total en pensiones. Las ausencias al trabajo se han disparado más de un 50% desde la pandemia, pasando de 80 horas al año en 2019 a 114 horas en 2025. Un reciente informe de Randstad Research confirma la gravedad del escenario, con un absentismo laboral que crece interanualmente tres décimas, hasta el 6,6% en el tercer trimestre de 2025, afectando a 1,48 millones de empleados cada día. El sector industrial presenta la tasa de absentismo general más alta (7,2%), seguido del sector servicios con un 6,6%. Las pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial español, se ven abocadas a reducir su estructura como mecanismo de supervivencia, regresando a 'la fórmula de los años 70', donde empresas familiares trabajan toda la familia y renuncian al crecimiento.
El Ministerio de Hacienda ha generado una gran tensión en el sector petrolero al establecer que solo Repsol y Moeve pueden ser considerados 'operadores confiables' para el manejo de hidrocarburos, dejando fuera a otras empresas importantes como BP, Galp y Axoil. Esta designación es crucial porque permite a las empresas evitar una medida contra el fraude del fuel impulsada por el Gobierno, que obliga a aportar una garantía por el IVA al extraer carburante. Para lograr este estatus, las empresas deben cumplir con cuatro requisitos: estar inscritas en el registro de extractores, tener un volumen mínimo de extracciones de 1.000 millones de litros anuales, haber realizado operaciones al por mayor durante tres años y demostrar solvencia financiera. El plazo para ser reconocido como 'operador confiable' vence el 31 de enero. El sector critica la decisión por considerar que genera competencia desleal. La medida, conocida como 'solución italiana', se inspira en una norma aprobada en Italia para combatir el fraude fiscal. Hacienda retrasó un año la implementación de esta medida después de su publicación en el BOE a través de la Ley 7/2024. La obligación entrará en vigor el 1 de febrero de 2026. En los últimos años, el Gobierno ha sido estricto con las compañías del sector, dando de alta a varias empresas y también inhabilitando a otras por no cumplir con los requisitos. El sector recuerda el gran fallo de Hacienda en 2023 al permitir que empresas sin capacidad técnica ni económica extrajeran combustible de los depósitos fiscales, lo que resultó en un aumento del fraude fiscal.
Expertos denuncian que Adif ha desmantelado los controles de seguridad independientes creados tras el accidente de Angrois en 2013. La reestructuración ha degradado los mecanismos de control y verificación en infraestructuras ferroviarias, poniendo en riesgo la seguridad de la red española de alta velocidad. El cambio organizativo ha eliminado la Dirección General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos, que reportaba directamente al Consejo de Administración. Ahora, el área de Mantenimiento se ha convertido en 'juez y parte', ya que es responsable de verificar sus propios protocolos. La decisión ha tenido consecuencias a nivel europeo, paralizando un proyecto pionero en colaboración con la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. España iba a ser pionera en seguridad ferroviaria en Europa, pero la nueva dirección ha dejado de invertir recursos en este proyecto, lo que ha llevado a que los socios ferroviarios europeos corten relaciones con España. Los expertos cuestionan los nombramientos en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y en Renfe, destacando la falta de conocimiento técnico en los altos cargos. La situación refleja un deterioro generalizado de los controles de seguridad y una falta de dirección y liderazgo en el sector ferroviario español.
Más de 20.000 millones de euros en fondos europeos de cohesión han quedado expuestos a un sistema de control fallido durante años, según informes recientes del Tribunal de Cuentas Europeo. La Comisión Europea no dispone de herramientas de supervisión suficientes para rastrear el dinero una vez sale de la caja comunitaria. Los instrumentos financieros y las correcciones financieras son los dos mecanismos afectados. El volumen total del programa de cohesión 2014-2020 fue de 404.800 millones de euros. España, como uno de los grandes perceptores de cohesión, opera dentro del mismo marco normativo cuestionado. El informe advierte de que sin refuerzos en la supervisión y trazabilidad, la UE puede mantener un volumen histórico de inversión sin garantizar un control adecuado.
La Companies House británica ha marcado a Limburg Technology, empresa de capital chino que domina el mercado de balizas V16 en España, para su liquidación. Con cerca de 100 licencias de las 300 disponibles, Limburg ha vendido millones de balizas bajo marcas como Sos Auto Conect o Blue Castle. La liquidación podría dejar sin responsable legal a millones de dispositivos. Fabricantes españoles, que apenas representan el 30% del negocio pese a ser ellos quienes impulsaron la obligatoriedad de las balizas, habían alertado a la DGT sobre la situación. La empresa, con sede en Brighton compartida con otras 9.153 sociedades creadas por la consultora Yunma Tianlong -vinculada a exportaciones ilegales y blanqueo-, carece de estructura societaria. Si prospera la liquidación, los bienes de Limburg, incluyendo las licencias, pasarían a la Corona británica o serían gestionados por la DGT. La desaparición de la empresa complicaría las auditorías anuales obligatorias para los fabricantes de balizas V16.
El Tribunal de Cuentas Europeo ha destapado un fraude en el sector del aceite de oliva, poniendo en evidencia deficiencias en los sistemas de control de la UE. España, uno de los mayores productores mundiales junto a Italia, ha sido reprendido por no realizar suficientes controles desde 2020. El informe destaca que los controles al aceite importado de fuera de la UE son prácticamente inexistentes, lo que podría comprometer la calidad y seguridad del producto. Los auditores encontraron casos de fraude punible en una muestra de 24 aceites de oliva vírgenes o vírgenes extra, donde no fue posible confirmar el origen en la etiqueta en cuatro casos. La UE es el principal productor, exportador y consumidor mundial de aceite de oliva, con el 61%, 65% y 45% del mercado mundial respectivamente. Las autoridades españolas han sido criticadas por tardar en aplicar sanciones, con un promedio de cinco meses, comparado con el 1,2 meses de Italia. El Tribunal subraya la necesidad de mejorar los controles, la trazabilidad y la claridad jurídica para proteger a los consumidores y la reputación del aceite de oliva europeo.
La Unión Europea ha lanzado una dura crítica a España por su falta de control sobre los contaminantes en el aceite de oliva importado de terceros países. Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, entre 2018 y 2023, España no realizó evaluaciones de riesgo ni implementó un plan de control para las importaciones de aceite de oliva. En ese período, España importó 458.216,67 toneladas de Túnez, 59.933,11 toneladas de Turquía y 40.873,95 toneladas de Argentina, entre otros. El informe destaca que los controles en relación con plaguicidas y otros contaminantes fueron 'inexistentes'. Solo en 2023 se comenzaron a aplicar algunas inspecciones, pero de manera muy limitada: se analizaron solo tres muestras para detectar residuos de plaguicidas y 50 para otros contaminantes entre 2018 y 2023. La UE subraya que esta falta de control no solo pone en riesgo a los consumidores, sino también la reputación del aceite de oliva europeo. El Tribunal de Cuentas Europeo enfatiza que, aunque la UE cuenta con un marco jurídico sólido para garantizar la calidad del aceite de oliva, los Estados miembros no están aplicando estas normas de manera efectiva.
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