El informe del Tribunal de Cuentas Europeo revela la ineficacia de las ayudas agrícolas de la UE para sostener la competitividad del tomate canario. La falta de diversificación y la orientación hacia la sostenibilidad a largo plazo son los principales desafíos.
El Gobierno ha gastado más de 75.000 millones de euros al margen del Presupuesto en 2023, un récord histórico que supera incluso los gastos excepcionales de 2020 durante la pandemia de covid. Según las estadísticas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hasta el 30 de noviembre de 2023, los créditos extraordinarios o modificaciones de crédito alcanzaron los 75.446 millones de euros. Esta cantidad es significativa, ya que representa el 38% del límite de gasto no financiero propuesto por el Gobierno para 2023, un techo de gasto que fue rechazado en el Congreso. El Ministerio de Economía fue el que más recurrió a estos instrumentos no presupuestados, con más de 13.000 millones de euros, seguido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con más de 8.500 millones, y el Ministerio de Defensa con 6.335 millones, mostrando un aumento del 158% respecto al mismo mes del año anterior. Las inversiones militares en infraestructuras y funcionamiento operativo también experimentaron incrementos notables. Las transferencias a la Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales fueron otros de los destinos principales de estos fondos. La gestión de estos créditos ha generado debate sobre la transparencia y el control del gasto público.
General Dynamics European Land Systems (GDELS), la filial española del gigante estadounidense de defensa General Dynamics, ha declarado un beneficio de 32.125.461 euros en 2024, pero solo ha pagado 141.239 euros en Impuesto de Sociedades gracias a una compleja estructura contable. La clave está en un asiento denominado 'otros gastos de explotación', donde cargó 28.289.195 euros en facturas internas contra su propio grupo empresarial, reduciendo drásticamente el beneficio sujeto a tributación. A esto se suman 5.686.382 euros destinados a salarios para solo 31 empleados, con una media de 183.000 euros por trabajador. La estructura contable, aunque legal, plantea interrogantes sobre el equilibrio fiscal entre multinacionales y empresas nacionales, y refuerza la tesis de que General Dynamics utiliza a su filial española para derivar gastos dentro del grupo y minimizar su contribución fiscal en España.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha generado controversia al gastar 313.632 euros en cuatro coches de alta gama para su cúpula directiva mientras la red ferroviaria española enfrenta problemas constantes de choques y descarrilamientos. La licitación, que incluye vehículos híbridos enchufables con chofer y tapicería de cuero, ha sido criticada por su elevado coste y la contradicción con las políticas de sostenibilidad que Fernández Heredia ha promovido en el pasado, como su defensa del uso de la bicicleta. Los vehículos, que serán devueltos después de cuatro años, cuentan con tecnología avanzada y comodidades para los cuatro directivos que los utilizarán: Fernández Heredia, José Alfonso Gálvez, Sergio Bueno y Lucas Calzado. La contratación ha levantado críticas por el contraste entre el lujo de los coches y los problemas operativos de Renfe.
Los inversores extranjeros elogian el mercado español para proyectos energéticos gracias a su mix renovable, que superó el 50% de la electricidad generada en el último año. Sin embargo, la factura de la luz sigue siendo elevada debido al complejo sistema marginalista y los múltiples costes asociados, como peajes de redes y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Bill Gates, con su fondo de inversión en proyectos verdes, ha mostrado interés en este asunto. La explicación radica en que todas las tecnologías del mix cobran por el precio de la última central necesaria para cubrir la demanda, generalmente la de gas, lo que eleva los precios del mercado diario por encima de los 100 euros megavatio hora en ciertas horas. Además, la polarización política y la parálisis en el Congreso complican la aprobación de leyes clave, como la ley de Industria. El sector energético enfrenta una crisis de confianza tras el apagón del 28 de abril y tensiones internas en el regulador, la CNMC, evidenciadas por la dimisión de una de sus consejeras. Se proponen soluciones como la digitalización de la red para aumentar su eficiencia, pero el modelo totex implementado por el regulador no ha logrado incentivar la inversión en la transformación de la red.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo para multar a los conductores que no lleven la baliza de preseñalización de emergencia V-16 en su vehículo. El director de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que se está dando un 'tiempo cómodo' para adaptarse a la norma, aunque ha evitado dar fechas concretas para el fin de dicho periodo. La baliza V-16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. No llevarla o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción de 80 euros. Además, los conductores que no lleven chaleco reflectante en el vehículo pueden ser sancionados con entre 80 y 200 euros. El PP ha pedido a la DGT expedientes e informes que acrediten la eficacia de la medida.
Las subvenciones públicas españolas a países extranjeros han experimentado un crecimiento del 35% en el último año, alcanzando un total de más de 600 millones de euros. Según el Listado de Grandes Beneficiarios de estas ayudas en el exterior, actualizado en 2025, el número de beneficiarios ha pasado de 236 a 318. La mayoría de estas subvenciones se destinan a países latinoamericanos, africanos y de Oriente Medio, destacando Colombia, Venezuela, Marruecos, Palestina y Mauritania. La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) lidera el ranking con 89,9 millones de euros. Las entidades públicas son las principales receptoras de estas ayudas, con ministerios, regiones y ayuntamientos figurando entre los beneficiarios. La falta de transparencia en la gestión de estas subvenciones es notable, con casos de datos identificativos incompletos y partidas replicadas. Entre los beneficiarios se encuentran también fundaciones, universidades y organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales han recibido cantidades significativas para proyectos específicos. La opacidad en la concesión y gestión de estas ayudas plantea interrogantes sobre su efectividad y justificación.
La inversión en la red de Alta Velocidad (AVE) en España ha recibido un impulso significativo gracias a los fondos UE Next Generation desde 2021. Hasta la fecha, se han formalizado contratos por un valor de 3.756 millones de euros, un 25% más que la dotación inicial de 2.988 millones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recogido estos datos, destacando que la Alta Velocidad es la línea de inversión que más dinero europeo ha recibido, por delante de otros programas como el Kit Digital (2.565 millones) o el hidrógeno renovable (2.350 millones). De los 6.665 millones asignados al Componente 6 del Plan de los fondos UE, dedicado a la 'Movilidad Sostenible, Segura y Conectada', un 56% ha ido destinado al AVE. Entre los contratos más cuantiosos se encuentran la construcción del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad en Valencia, la remodelación de la estación de Joaquín Sorolla y la ampliación del aparcamiento, con 366 millones adjudicados. Además, hay más de 300 licitaciones financiadas con fondos UE para inversiones en la Alta Velocidad, incluyendo varias en la línea Madrid-Sevilla. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) figura como el mayor beneficiario de estos fondos UE. Sin embargo, tras la tragedia de Adamuz, surge la pregunta sobre la efectividad de esta inversión colosal. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el accidente no se debió a la falta de mantenimiento ni inversión, y recordó las revisiones realizadas en el tramo de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sigue investigando las causas del siniestro. España cuenta con la red de Alta Velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, con más de 4.000 kilómetros en funcionamiento. La demanda y el tráfico han crecido con la liberalización en 2021, coincidiendo con el inicio de los fondos UE. Sin embargo, el reto sigue siendo el mantenimiento, ya que España dedica un 40% menos que la media de los Estados miembros de la UE. Los fondos UE Next Generation finalizan este año, y a partir de entonces, el gasto estructural deberá cubrirse con el presupuesto nacional.
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